Filmada para IMAX, «Resident Evil: noche cero» lleva al cine la lógica del videojuego: pocas balas, recursos limitados y una ciudad que se derrumba alrededor del protagonista. Zach Cregger, director de «Weapons» y «Barbarian», toma las riendas de una saga que ya superó los 213 millones de copias vendidas. Entradas en parquedelconocimiento.com, con promoción de 2×1 el viernes y 4×2 el domingo.
La nueva «Resident Evil» no adapta directamente ninguno de los videojuegos ni recupera a sus protagonistas clásicos. Cregger eligió contar una historia original dentro de ese universo, con Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que debe trasladar un órgano para trasplante hasta Raccoon City justo cuando todo comienza a salirse de control.
El director definió al proyecto como la película más grande e importante de su carrera hasta el momento. Después de «Barbarian» y «Weapons», el salto también implica trabajar con otra escala: persecuciones, criaturas, acción y una ciudad atravesada por el brote que convirtió a Resident Evil en uno de los nombres fundamentales del survival horror.
Pero la principal conexión con los videojuegos no pasa solamente por Umbrella, los zombis o Raccoon City. Cregger buscó trasladar al cine algo mucho más básico para cualquier jugador de Resident Evil: sobrevivir con poco. Tener apenas unas balas, administrar recursos, equivocarse bajo presión y entrar a un lugar sin saber qué espera del otro lado.
También está presente la lógica de avanzar por niveles. Los escenarios cambian constantemente y Bryan encuentra obstáculos, objetos y recursos que remiten directamente a los juegos. La película incluso recupera elementos reconocibles de la saga, desde las hierbas curativas hasta las máquinas de escribir.
Austin Abrams encarna así a un protagonista muy distinto del héroe de acción tradicional: Bryan no es un soldado ni un especialista en armas. Es un hombre común tratando de atravesar Raccoon City mientras cumple una entrega en medio del desastre. Y en Resident Evil, como sabe cualquiera que alguna vez se quedó frente a una puerta con dos balas en el cargador, sobrevivir casi nunca depende de tener todo bajo control.
Cartelera del IMAX del Conocimiento del jueves 17 al domingo 20 de septiembre (2D-ATP)
La CAIS impulso una jornada de reflexión y actividades por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio en la plaza 9 de Julio. La propuesta tuvo como objetivo promover la prevención y fortalecer los vínculos comunitarios como una herramienta para el cuidado de la salud mental. Bajo el lema “El silencio no protege, los vínculos sí”, la convocatoria invitó a la comunidad a participar de un espacio destinado al encuentro, la escucha y la construcción de lazos de acompañamiento.
La jornada contó con el acompañamiento de las carteras de Educación, Salud Pública, Desarrollo Social, Control de Drogas y Prevención de Adicciones, junto al IPS, la Policía de Misiones, el Servicio Penitenciario Provincial, la Municipalidad de Posadas, y otros organismos gubernamentales y no gubernamentales, y asociaciones civiles. El programa contempló actividades en stands y una intervención cultural a cargo del Ballet de Adultos Mayores de la Municipalidad de Posadas. La iniciativa incluyó un cierre musical de la Banda de Música del Servicio Penitenciario Provincial y una transmisión en vivo con invitados especiales a través de la Dirección de Políticas Estudiantiles.
Una red de contención y apoyo
En la apertura de la jornada, la coordinadora de la CAIS, Natalia Falcone, dio cuenta de que este encuentro representa un abrazo solidario y una forma de transmitir a la comunidad que el Estado está presente, escucha y acompaña. “Nuestro compromiso es poder llegar a tiempo, pero cuando no llegamos, es poder estar acompañando con las personas que quedan”, enfatizó. También agradeció al gobernador Hugo Passalacqua por facilitar el espacio “para poder desarrollar este trabajo tan fundamental” para la comunidad.
En tanto, la directora de Políticas Estudiantiles del Ministerio de Educación, Emilia Lunge, destacó el trabajo articulado desde la creación de la CAIS y el protocolo provincial que orienta a docentes y directivos ante situaciones de riesgo escolar. Señaló que la red de protección acercó a los docentes a la salud mental y a profesionales preparados para atender a niños y adolescentes. En ese aspecto, agradeció el asesoramiento de Defender la Vida y la respuesta del Ministerio de Salud Pública y el IPS.
“La escuela sigue siendo el espacio seguro, sigue siendo el espacio donde los chicos eligen contar cómo se sienten, eligen un adulto de referencia para poner el dolor y lo que les está pasando”, añadió.
En la misma línea, el presidente del IPS, Lisandro Benmaor, reiteró que se encuentra disponible la Línea de Atención en Crisis del instituto, el 3765 481000, con cobertura las 24 horas, los 365 días del año, exclusivamente para llamadas telefónicas. “Son muy pocas las provincias que tienen este tipo de programas y muy pocas las obras sociales que cuentan con estas iniciativas. Misiones es vanguardia con el tratamiento de la problemática, y la CAIS fue una creación del gobernador Hugo Passalacqua, y eso amerita rescatarlo”, puntualizó.
El funcionario también instó a fortalecer la prevención del suicidio, la salud mental y las redes de contención, especialmente ante un panorama de deterioro social y económico.
Herramientas para la prevención y la asistencia inmediata
Ante una situación de riesgo, la CAIS recomienda no juzgar ni minimizar lo que siente la persona, y brindar apoyo con palabras simples como: “Estoy acá, te escucho, contá conmigo”. También se sugiere mostrar cercanía, ofrecer quedarse un rato con quien lo necesita y facilitar el acceso a ayuda profesional.
En caso de que alguien exprese ideas suicidas, se indica permanecer junto a la persona, buscar apoyo profesional y contactar a familiares o amistades de confianza para acompañarla. Se recomienda dejar que la persona se exprese libremente, escuchar con mucha atención y no interrumpir. Si se detecta un riesgo inmediato, la recomendación es llamar al 911 o al servicio de emergencias.
Además, la línea de atención en crisis del IPS (3765-481000) está disponible las 24 horas, los siete días de la semana, para toda la comunidad.
La morosidad de las familias todavía no puede considerarse un problema resuelto. Esa es una de las principales conclusiones de un trabajo del Banco Nación elaborado a partir del cruce de microdatos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU) y del padrón fiscal, que detectó tres factores centrales para explicar el salto de la irregularidad registrado desde mediados de 2024.
El diagnóstico del BNA introduce un matiz relevante frente a las señales de estabilización que comenzaron a observarse en el sistema financiero. La entidad reconoce que existen indicadores compatibles con una desaceleración del deterioro, pero advierte que los niveles de irregularidad permanecen elevados y que todavía no hay evidencia suficiente para afirmar que la normalización de la cartera se encuentre consolidada.
El primer factor identificado es la maduración del ciclo crediticio. Entre mediados de 2024 y buena parte de 2025, el crédito al sector privado se expandió con rapidez. Esa dinámica incorporó a más personas al sistema financiero y elevó el nivel de apalancamiento de los hogares. Para el Banco Nación, el incremento posterior de los atrasos resulta consistente con la evolución esperable de una cartera que había crecido en un período relativamente corto.
El segundo elemento aparece en la cantidad de entidades financieras con las que se relaciona cada deudor. El estudio encontró una relación directa entre la multiplicidad de vínculos crediticios y la probabilidad de incumplimiento. La tasa pasa del 21,9% entre quienes mantienen una sola relación crediticia al 57,6% entre quienes operan con diez o más entidades.
El BNA aclara que se trata de un segmento acotado, pero con un riesgo creciente. La cantidad de relaciones financieras funciona así como una señal para identificar hogares con mayor exposición al endeudamiento y, por lo tanto, con menor margen para absorber shocks sobre sus ingresos o sobre el costo de financiamiento.
El tercer factor es la carga financiera sobre los ingresos disponibles. El informe señala que la recuperación de los salarios reales no se trasladó en la misma proporción al ingreso disponible de las familias. El aumento de otros gastos relativamente inflexibles redujo el margen con el que los hogares podían afrontar obligaciones financieras crecientes.
A ese escenario se sumó posteriormente un aumento de las tasas de interés durante el segundo semestre de 2025. Para el Banco Nación, la combinación entre menor ingreso disponible y mayor costo financiero amplificó el deterioro de la capacidad de pago, tanto entre los clientes de entidades financieras como entre los usuarios de proveedores no financieros.
La secuencia resulta relevante porque muestra que la morosidad no puede explicarse únicamente por el nivel de las tasas. El problema aparece como el resultado de una combinación entre cuánto crédito se tomó, cuántas relaciones financieras acumula un hogar y qué proporción de sus ingresos queda disponible después de cubrir sus gastos y compromisos.
Las señales de alivio
El informe también identifica algunos indicadores que podrían anticipar una moderación del deterioro durante el cierre de 2026. Entre ellos aparece la estabilización de la frecuencia con la que los deudores empeoran su situación crediticia, junto con una mayor utilización de mecanismos de refinanciación de tarjetas y otras deudas.
Para el Banco Nación, la evolución de esos indicadores es compatible con una desaceleración en la velocidad de deterioro. También observa cierta estabilización de variables vinculadas con la carga financiera de los hogares. Sin embargo, la entidad evita convertir esas señales en una conclusión definitiva.
El monitoreo durante el segundo semestre estará concentrado especialmente en la cartera de familias, los usuarios de proveedores no financieros, los deudores jóvenes, quienes mantienen múltiples relaciones crediticias y la evolución de las refinanciaciones.
El punto de fondo es la calidad de la recuperación crediticia. Una expansión del financiamiento puede impulsar el consumo y ampliar el acceso de los hogares a bienes y servicios, pero si el crecimiento del crédito supera la capacidad de generación de ingresos disponibles, el deterioro aparece con rezago. Por eso, para el sistema financiero, la señal relevante hacia adelante no será solamente cuánto crédito vuelve a crecer, sino cuánto de ese crédito puede sostenerse sin transformar el refinanciamiento en una nueva fuente de fragilidad.
“Conectando naturaleza y ciudad” en el Congreso de Arboricultura y Bosques Urbanos. Durante tres jornadas, expertos se reunirán para abordar los desafíos de la infraestructura verde en las ciudades.
El Congreso Nacional de Arboricultura y Bosques Urbanos se realizará del 8 al 10 de octubre en el Parque del Conocimiento, con la participación de disertantes de Brasil, España, México, Chile, Colombia y Uruguay. El encuentro representa una oportunidad para intercambiar conocimientos y experiencias en un área crucial para el desarrollo urbano sostenible.
La séptima edición se desarrollará bajo el lema “Entornos + confortables: conectando ciudad y ambiente natural a través del árbol urbano”. Durante estos días, los asistentes podrán participar en conferencias, talleres y actividades técnicas que pondrán en la agenda los desafíos que enfrentan las ciudades en materia de infraestructura verde.
En ese marco, se abordarán tres ejes temáticos principales: los Bosques Urbanos como actores fundamentales de la regulación climática; la ciencia, innovación y prácticas en Arboricultura y Bosques Urbanos; y la gobernanza y políticas relacionadas con el bosque urbano, dimensión social y económica.
El ingeniero Nicolás Ocampo, representante del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (CoIForM) participó en congresos anteriores en Bahía Blanca y Córdoba, destacó la magnitud del conocimiento que se comparte en estos encuentros. “Una vez que estuve allí, entré en un mundo magnífico relacionado con la gestión del arbolado urbano”, expresó.
Ocampo, también llamó a todos los profesionales del rubro, así como a intendentes y técnicos que implementan la gestión del arbolado urbano en sus municipios, a participar de este importante evento. “Es una gran oportunidad para los misioneros”, afirmó, subrayando la calidad de las exposiciones que se presentarán.
Además, recordó que Posadas fue premiada por su destacada labor en la gestión del arbolado urbano, posicionándose entre las principales ciudades del país reconocidas por una institución internacional en este ámbito. El ingeniero adelantó que el evento contará con actividades paralelas, como un curso de trepa profesional de árboles y un examen internacional con reconocimiento de la ISA, la máxima institución en arboricultura.
Por su parte, Claudia Martínez, ingeniera agrónoma de la provincia de Mendoza estará en la mesa de debate sobre Climas semiáridos. “Vamos a conversar respecto de la importancia de los bosques urbanos en la captura y el secuestro de carbono, particularmente en ciudades de zonas áridas”, precisó la investigadora del CONICET y docente de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Cuyo. Y agregó: “Identificaremos cómo el arbolado del centro de la ciudad, en comparación al arbolado de parques urbanos, puede aportar a este servicio ecosistémico clave ante escenarios de cambio climático”.
El congreso, declarado de interés municipal y provincial, incentiva la integración entre investigadores y gestores relacionados con la agronomía, las ciencias forestales, la biología, el paisaje y el urbanismo, entre otras profesiones. Promueve el perfeccionamiento técnico, científico, metodológico, legal y de gestión del arbolado en nuestro país, reafirmando la importancia de los bosques urbanos en el desarrollo sostenible de nuestras ciudades.
La discusión sobre el futuro del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ingresó este martes en una nueva etapa. Durante una reunión extraordinaria de su Directorio, funcionarios del Gobierno nacional plantearon una propuesta de ordenamiento normativo que contempla eliminar o modificar resoluciones propias del organismo y trasladar parte de sus facultades de fiscalización al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
La iniciativa fue presentada durante la visita a la sede del Instituto en Posadas por funcionarios de las áreas de Desregulación y Agricultura. Participaron el subsecretario de Reformas Estructurales, Eugenio Marí; la directora nacional de Planificación de Reformas Estructurales, Brenda Padilla Tanco; el subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores, Martín Giaccio, y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Martín Fernández.
La propuesta todavía no constituye una decisión definitiva. Deberá ser analizada por el Directorio del INYM, que deberá evaluar el alcance de las modificaciones y su factibilidad. Pero el planteo introduce una discusión de fondo: qué capacidad específica conservará el Instituto para ordenar y controlar una economía regional que ya perdió buena parte de sus herramientas regulatorias.
Ricardo Maciel, representante de Misiones en el Directorio del INYM, explicó que los funcionarios nacionales llevaron una propuesta para “abrogar y ajustar” normas vinculadas con los controles propios del Instituto, con la posibilidad de que determinadas funciones sean ejercidas por el Senasa.
Para el representante misionero, el problema no está en modernizar procedimientos, sino en qué ocurre cuando la modernización supone retirar controles específicos de una cadena productiva compleja. “Quitar controles dentro del sistema de la actividad yerbatera genera mucha asimetría”, sostuvo, al advertir que una menor capacidad regulatoria puede ampliar el margen de negociación del actor con mayor poder dentro de la cadena.
El planteo adquiere mayor peso porque el INYM fue creado precisamente como organismo especializado para una actividad con características particulares. Desde la desregulación iniciada a fines de 2023, el Instituto perdió la facultad de intervenir en la determinación de precios y otras herramientas de ordenamiento productivo. La eventual transferencia de nuevas funciones al Senasa abriría otra instancia de reducción de sus competencias.
Del control en la cadena al control en góndola
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el cambio en la modalidad de fiscalización. Según explicó Maciel, la propuesta nacional apunta a concentrar determinados controles en el producto terminado, es decir, en el paquete de yerba mate que llega a la góndola, en lugar de sostener controles intermedios sobre las distintas etapas de la cadena.
El dirigente puso como ejemplo el control del porcentaje de palo. El límite establecido para la yerba mate elaborada continúa siendo del 35% y, según explicó, durante la reunión no se planteó modificar ese parámetro. La discusión está puesta en cómo se controla su cumplimiento, y no en eliminar ese límite.
Para Maciel, trasladar el control exclusivamente a la góndola puede resultar insuficiente. La actividad yerbatera requiere controles sobre distintas etapas, desde el ingreso de la materia prima hasta su elaboración, para garantizar que las condiciones establecidas por las normas se cumplan antes de que el producto llegue al consumidor.
El comunicado difundido por el INYM presentó la propuesta desde una perspectiva de modernización institucional. Entre los temas abordados figuraron la digitalización de expedientes mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica, la posibilidad de un convenio con el Senasa para articular acciones de fiscalización, registro e inspección, y la modernización del esquema de estampillado mediante un sistema digital de identificación y trazabilidad.
También se analizó la elaboración de un compendio que reúna las normas dictadas por el Directorio para depurar, consolidar y simplificar el marco regulatorio vigente. Es decir, hay un componente genuino de modernización administrativa, pero el conflicto aparece cuando la simplificación normativa se cruza con la pregunta sobre quién conserva la capacidad efectiva de controlar la cadena.
El problema que Nación no tomó: el precio de la hoja verde
La reunión tuvo además otro dato político y económico relevante. Mientras los funcionarios nacionales discutían el rediseño institucional, los representantes del sector productivo plantearon la crisis de rentabilidad que atraviesan los productores de hoja verde.
Maciel señaló que tanto él como otros representantes del sector productivo expresaron la preocupación por los valores que recibe el productor. La respuesta oficial, según relató, fue que el precio de la hoja verde no sería abordado porque corresponde a una cuestión del sector privado.
Ahí aparece la principal tensión de la discusión. Para el productor, la modificación de las reglas de fiscalización ocurre sobre una cadena cuyo principal conflicto económico sigue siendo la distribución del ingreso entre sus distintos eslabones. Para la Nación, en cambio, el precio debe resolverse dentro de las relaciones privadas y el foco de la política pública está puesto en reducir regulaciones y burocracia.
Maciel resumió esa diferencia al señalar que “de nada sirve modificar normativa de un organismo sin considerar las situaciones que está pasando el productor”. La frase condensa el dilema que atraviesa actualmente al INYM: si ya no puede intervenir sobre el precio y pierde nuevas funciones de fiscalización, qué instrumento queda para equilibrar una cadena donde el poder de negociación no está distribuido de manera uniforme.
El argumento oficial apunta a evitar superposiciones y concentrar las funciones sanitarias y de inocuidad alimentaria en el Senasa. El argumento de los sectores que defienden la estructura actual es diferente: una economía regional requiere controles específicos y cercanos a su realidad productiva, además de las competencias sanitarias generales del organismo nacional.
Una discusión que excede al INYM
El propio Instituto comunicó que la reunión forma parte de un proceso de modernización que busca avanzar en digitalización, trazabilidad y simplificación. Esos objetivos no son necesariamente incompatibles con la existencia de controles. El punto de conflicto está en determinar si la tecnología permite hacerlos más eficientes o si la desregulación termina directamente eliminándolos.
La diferencia es sustancial. Digitalizar una fiscalización puede reducir costos y mejorar la trazabilidad sin eliminar la capacidad de control. Trasladar o suprimir competencias, en cambio, modifica quién define las reglas, quién las ejecuta y qué capacidad existe para detectar incumplimientos dentro de la cadena.
Maciel sostuvo que el análisis quedará ahora en manos del Directorio y de los distintos sectores que lo integran. La discusión deberá determinar no solamente qué normas pueden simplificarse, sino cuáles resultan necesarias para evitar que la libertad de mercado termine profundizando las asimetrías existentes.
La yerba mate enfrenta así una discusión institucional que se superpone con una crisis económica. El INYM ya dejó de tener la capacidad de fijar precios y fue objeto de sucesivas modificaciones en su estructura y competencias. Si además pierde parte de sus herramientas de fiscalización, el debate dejará de ser únicamente sobre eficiencia administrativa y pasará a definir qué tipo de organismo queda para representar, ordenar y controlar una de las principales economías regionales del NEA.
El Directorio tiene ahora la tarea de evaluar la propuesta nacional. En esa instancia se jugará algo más que el destino de determinadas resoluciones: se discutirá si la modernización del INYM puede convivir con una estructura de controles capaz de evitar que la simplificación regulatoria termine trasladando todavía más poder hacia los eslabones dominantes de la cadena.
