Año: 2026

El “aura” gana terreno frente a los likes como indicador de autenticidad y prestigio

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La Generación Z en Latinoamérica está cambiando las reglas del juego social en la escena digital. En Argentina y en toda la región, el prestigio en redes sociales ya no se mide por la cantidad de seguidores o ‘likes” sino por un concepto mucho más intuitivo, intangible y riguroso: el ‘aura’. Esta nueva tendencia cultural está redefiniendo la presencia digital y advierte a las empresas que la rigidez corporativa es el camino más rápido para perder relevancia.

El ‘aura’ es un sistema intuitivo y de prestigio donde los jóvenes ganan o pierden reputación según su actitud, serenidad, confianza y estilo personal, por encima de la acumulación de likes. A diferencia de las métricas, el aura no se puede comprar ni pautar y se ha popularizado masivamente en plataformas como TikTok e Instagram.

Tener ‘aura positiva’ implica proyectar una seguridad sin esfuerzo y actuar con coherencia. Por el contrario, forzar situaciones, parecer desesperado por atención o mostrar falsedad restan puntos de aura de forma inmediata.

El fenómeno en Argentina y Latam: Por qué lo rígido ’resta aura’

En la región, y con especial fuerza en Argentina, la adopción de este vocabulario refleja un cambio más profundo: el paso del scroll pasivo a la búsqueda activa de contenidos genuinos. La juventud convirtió el ‘aura’ en un filtro cultural para juzgar tanto a creadores de contenido como a marcas comerciales.

Cuando las empresas intentan sumarse de forma forzada a tendencias, utilizando modismos que no dominan, o manteniendo posturas excesivamente corporativas e impersonales, caen en el cringe. En el código juvenil, estas acciones generan una ‘pérdida masiva de aura’, produciendo un rechazo inmediato de la audiencia.

“El consumidor latinoamericano actual no busca marcas perfectas ni discursos publicitarios impecables; busca originalidad, soltura y pertenencia. Cuando una empresa intenta imitar la cultura juvenil desde la rigidez, el público lo percibe como falso. Escuchar a la comunidad y reírse de uno mismo es lo que realmente suma aura en el ecosistema digital”, menciona Livia Gammardella, directora de marketing y digital en LatAm Intersect.

A pesar del escepticismo general, las marcas tienen una oportunidad de oro: el 80% de los consumidores latinoamericanos confía en que las marcas que eligen harán lo correcto, siempre que demuestren transparencia, abandonen la rigidez y respeten la cultura local. Esta transición hacia el ‘aura’ como métrica de prestigio confirma que la reputación en redes sociales deja de ser una cuestión de alcance cuantitativo para convertirse en un ejercicio de credibilidad cualitativa. 

Para las marcas y creadores de contenido en Argentina y Latinoamérica, no ‘restar aura’ requiere una evolución estratégica: cultivar espacios en microcomunidades reales, trabajar con voces genuinas y abrazar la vulnerabilidad con sentido del humor. En la nueva era digital de Latinoamérica, ganar aura no se logra pareciendo perfecto, sino demostrando ser real.

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Malvinas: Londres respalda a empresas y desafía las sanciones de Argentina

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La disputa por las Islas Malvinas sumó este martes una nueva dimensión económica y jurídica. El Gobierno del Reino Unido publicó una guía oficial dirigida a empresas y particulares vinculados con actividades comerciales en el archipiélago, en la que respaldó la explotación de recursos naturales y sostuvo que la Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación sobre las islas ni sobre quienes desarrollen negocios allí.

El documento, elaborado por el Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) y el Departamento de Negocios y Comercio británico, constituye una respuesta directa al endurecimiento de las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei. Londres reivindicó el derecho de los habitantes de las islas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

El Reino Unido también reafirmó su posición sobre la soberanía y describió a las Malvinas como un territorio británico de ultramar. Desde esa perspectiva, sostuvo que el Gobierno de las islas es responsable de regular la actividad económica dentro del territorio y que las decisiones vinculadas con el desarrollo de hidrocarburos corresponden a las autoridades isleñas y a las empresas involucradas.

La guía adquiere relevancia porque no se limita a expresar una posición diplomática. Londres ofrece además respaldo concreto a las compañías que puedan recibir presiones de las autoridades argentinas. El Gobierno británico recomienda a las empresas obtener asesoramiento jurídico independiente y señala que está dispuesto a intervenir ante terceros países si una compañía, subsidiaria o proveedor enfrenta presiones por actividades que el Reino Unido considera legítimas.

La respuesta argentina: sanciones y nuevas denuncias

La ofensiva británica se produce después de que la Argentina avanzara con un esquema sancionatorio contra actores vinculados con la explotación de hidrocarburos en el área de las Malvinas. El 4 de septiembre, la Presidencia informó el inicio de procedimientos contra 45 personas y empresas por presuntas actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

La estrategia del Gobierno nacional también incorporó modificaciones regulatorias. El Ejecutivo reglamentó la aplicación de la Ley 26.659 y estableció mecanismos para centralizar en la Cancillería los procedimientos vinculados con las actividades prohibidas por esa norma. Además, incorporó nuevas exigencias para empresas que pretendan operar bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o participar del sector hidrocarburífero argentino.

La consecuencia económica buscada por Buenos Aires es ampliar el costo para las compañías que participen directa o indirectamente de proyectos vinculados con Malvinas. Según explicó el Gobierno, las empresas alcanzadas podrían quedar impedidas de acceder a determinados beneficios y oportunidades dentro del mercado argentino, entre ellos el RIGI y proyectos relacionados con Vaca Muerta.

La presión ya alcanzó al proyecto Sea Lion, uno de los principales desarrollos petroleros offshore vinculados con las islas. La Argentina intensificó las acciones judiciales contra compañías relacionadas con esa actividad, mientras algunas empresas internacionales se alejaron del proyecto. Reuters señaló que la disputa ya involucra a compañías como Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y que el conflicto genera una tensión adicional entre los intereses hidrocarburíferos argentinos y las actividades autorizadas por las autoridades de las islas.

Dos jurisdicciones, una disputa económica

El nuevo capítulo muestra que la cuestión Malvinas está dejando de expresarse exclusivamente en el terreno diplomático. La disputa se trasladó hacia las licencias petroleras, las sanciones administrativas, el acceso a mercados, los incentivos fiscales y la responsabilidad jurídica de empresas que operan en el Atlántico Sur.

El punto de conflicto es precisamente la jurisdicción. La Argentina sostiene que las actividades desarrolladas en las islas y en los espacios marítimos correspondientes vulneran sus derechos soberanos y utiliza la legislación nacional para intentar desalentar la participación empresarial. El Reino Unido, por su parte, sostiene que la legislación argentina no puede aplicarse sobre el archipiélago ni alcanzar a las empresas que desarrollan allí actividades bajo las normas locales.

Londres también afirma que las medidas argentinas aplicadas en años anteriores no impidieron el crecimiento de la economía de las islas. Esa es una evaluación del Gobierno británico incluida en su propia guía y forma parte del argumento con el que busca ofrecer previsibilidad a las empresas interesadas en operar o prestar servicios allí.

Para Buenos Aires, en cambio, el objetivo declarado es utilizar herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para impedir actividades que considera contrarias a sus derechos sobre el territorio y los recursos naturales. La Casa Rosada anticipó además que ampliará las denuncias contra compañías y particulares involucrados en esas actividades.

El resultado es una disputa que combina soberanía, recursos naturales y decisiones de inversión. Para las empresas petroleras y sus proveedores, el escenario incorpora un riesgo adicional: operar en Malvinas puede generar consecuencias regulatorias o comerciales en la Argentina, mientras que Londres ofrece respaldo frente a las medidas argentinas.

La cuestión central hacia adelante será hasta dónde llegará cada gobierno en la aplicación de sus respectivas herramientas. Mientras el Reino Unido busca garantizar continuidad a las actividades económicas desarrolladas bajo las normas de las islas, la Argentina intenta elevar el costo jurídico y económico de esas operaciones. El conflicto, por lo tanto, suma una nueva capa a una controversia de soberanía que permanece abierta y que ahora también se juega en el terreno de los hidrocarburos y las decisiones empresariales.

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“Esperaba que aplaudieran”, el insólito reclamo de Luis Caputo a los empresarios

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El ministro de Economía, Luis Caputo, pidió “no dejarse llevar por las ansiedades” y reclamó un aplauso por haber logrado el cuarto año con superávit fiscal.

El jefe del Palacio de Hacienda salió a replicar a quienes le piden cambios en el programa para “ponerle plata en el bolsillo a la gente” y sostuvo que “al populismo no se lo combate con más populismo sino con más ortodoxia”.

“El camino correcto”

“Vamos a seguir haciendo las cosas bien”, resumió de cara al futuro Caputo al exponer en la celebración del Día de la Exportación.

“Estamos cambiando el modelo y aplicando lo que funciona en todas partes del mundo porque tenemos un presidente que tiene el coraje de llevar estas políticas a cabo”, subrayó.

En ese sentido, Caputo remarcó: “Este es un proceso que requiere: uno, saber que estamos por el camino correcto, y dos, perseverar y no dejarse llevar por las ansiedades políticas del momento”.

Reclamo por aplausos

Al inicio de su presentación, Caputo destacó que el gobierno presentará el presupuesto 2027 con superávit financiero y será el cuarto año consecutivo con esta característica, además del primer período en la historia.

Al finalizar la frase, le reclamó al auditorio: “Esperaba que aplaudieran… pero nadie lo hizo”. Recién en ese momento se produjo el aplauso. También aseguró que el actual modelo “empuja las exportaciones” y negó que sea un modelo financiero en detrimento de la industria.

Caputo subrayó que se estima que 2026 termine con un saldo comercial superavitario en US$27.000 millones. El ministro afirmó que, por estos días, se enfrentan a un “shock externo brutal” con fuerte suba de la tasa de interés y aumento del precio del petróleo y de la energía.

“Previsibilidad”

“Hace tres años hubiésemos discutido si durábamos uno o dos minutos”, aseguró el ministro y agregó que se mantiene la estabilidad cambiaria y macroeconómica por la fortaleza que impone la disciplina fiscal.

Caputo dijo que la generación de dólares que ofrecen sectores como el petróleo, la energía, la minería y el agro asegura “estabilidad cambiaria y orden macro”, lo cual dota a la economía de una “previsibilidad” que favorece a todos los sectores.

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Causa Vialidad: la defensa de Cristina presenta una planilla de Vialidad ante la ONU

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La causa Vialidad volvió a abrir un frente de discusión judicial con la presentación de una nueva evidencia por parte de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego aseguraron este martes que una planilla de la Dirección Nacional de Vialidad permite cuestionar uno de los fundamentos utilizados para condenar a la expresidenta.

La defensa presentó el nuevo elemento en el marco de su estrategia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y anticipó que también buscará incorporarlo a las actuaciones judiciales en Argentina. Según explicaron los letrados, el documento contiene información sobre la distribución de fondos de un fideicomiso destinado a obras públicas entre 2009 y 2015.

El punto que los abogados consideran determinante es la proporción de recursos que habría recibido el grupo empresario vinculado a Lázaro Báez. De acuerdo con el análisis presentado por la defensa, las empresas de Báez recibieron apenas el 0,85% de los fondos del fideicomiso durante el período estudiado. Otros medios que reconstruyeron la conferencia consignaron la cifra como inferior al 1%.

Para Beraldi, ese dato contradice la hipótesis según la cual el decreto que instrumentó el fideicomiso habría tenido como finalidad beneficiar específicamente a Báez. El abogado sostuvo que la información fue obtenida a partir de una planilla presentada por un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad como testigo en la causa conocida como Cuadernos.

Según la explicación brindada por la defensa, hasta ese momento no habían tenido acceso a esa información en forma completa. A partir de la documentación, los abogados realizaron un análisis de la distribución de los recursos y concluyeron que las empresas vinculadas a Báez se encontraban entre las que recibieron una proporción menor de los fondos.

La nueva prueba y una condena firme

La relevancia jurídica del planteo debe distinguirse de la valoración que hace la propia defensa. Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025 después de la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por eso, la presentación de los abogados no modifica por sí misma la situación procesal de la expresidenta. Lo que plantea la defensa es la existencia de un elemento que, a su criterio, puede justificar una revisión de la condena. La estrategia contempla tanto el ámbito judicial argentino como la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El equipo jurídico también anticipó que existen otros elementos que todavía no serán difundidos y que forman parte de la estrategia para cuestionar los efectos de la sentencia. Entre los objetivos señalados se encuentra la revisión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El eje de la discusión pasa ahora por determinar qué alcance puede tener la nueva documentación dentro de los mecanismos de revisión disponibles y, especialmente, si los datos aportados modifican o no la valoración de los hechos que realizaron los tribunales que intervinieron en la causa.

Una disputa sobre la distribución de la obra pública

La evidencia presentada por la defensa introduce una discusión cuantitativa sobre el destino de los recursos administrados mediante el fideicomiso. La planilla, según la descripción de los abogados, permite observar el conjunto de fondos asignados a distintas empresas y obras durante el período 2009-2015, en lugar de analizar de manera aislada las contrataciones vinculadas al Grupo Austral.

Ese cambio de escala es el fundamento sobre el cual la defensa construye su nuevo argumento: si el grupo empresario vinculado a Báez recibió menos del 1% de los fondos analizados, sostienen los abogados, ese dato debería ser considerado al evaluar la hipótesis de un direccionamiento deliberado de los recursos.

La discusión, sin embargo, deberá atravesar las instancias correspondientes antes de producir cualquier efecto sobre una sentencia que actualmente se encuentra firme. La nueva documentación abre así una nueva etapa de controversia alrededor de Vialidad, pero su eventual incidencia jurídica dependerá de la valoración que realicen los organismos competentes.

El caso vuelve a poner en primer plano una cuestión central para el control de la obra pública: no alcanza con determinar cuánto dinero recibió una empresa; también resulta necesario reconstruir el universo completo de recursos, contratos, adjudicaciones y mecanismos de asignación para establecer qué significado tiene esa participación dentro del conjunto.

En ese terreno se jugará ahora la discusión impulsada por la defensa. La planilla de Vialidad aporta una nueva base documental al debate, mientras que su capacidad para modificar la situación judicial de Cristina Kirchner todavía deberá ser determinada por las instancias que correspondan.

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El dólar mayorista encadenó la cuarta caída consecutiva

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Un volumen de negocios por US$ 844 millones en el segmento de contado llevó al dólar mayorista a ceder un peso, a $1.506,50 para la venta.

En lo que va de septiembre cae dos pesos, para encaminarse a ser el primer mes con desempeño negativo desde marzo último.

El BCRA fijó un techo para el régimen de bandas cambiarias en los $1.899,56. 

El mayorista se ubica ahora a $393,06 o 26,1% de ese umbral para la flotación, la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%).

El dólar al público estuvo negociado sin variantes, a $1.530 para la venta en el Banco Nación, por tercer día en esa cotización. 

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.532,27 para la venta y $1.477,20 para la compra.

El dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.560 para la venta, en su punto más alto desde el 25 de agosto.

El mayorista sigue planchado por debajo de los $1.510.

El mercado fijó la postura mayorista para diciembre en $1.602,50, un valor que ratifica la previsión de un deslizamiento cambiario pausado y descarta expectativas de desfasajes bruscos antes de fin de año.

Pese al freno reciente, el balance positivo acumulado por la autoridad de contralor en el transcurso del 2026 asciende a US$ 14.218 millones.

El agro continúa liquidando a unos US$ 170 millones diarios. 

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