El exministro de Economía dijo que “tenemos que permitir que el dólar sea utilizado como moneda”. “No significa reemplazar todos los pesos con dólares”, explicó

Domingo Cavallo reapareció este fin de semana y propuso crear un nuevo régimen cambiario para la Argentina, al tiempo que pidió que permitan “que el dólar vuelva a ser utilizado como moneda”.

Cavallo aseguró que es necesario que el país “implemente un régimen cambiario completamente diferente al de hoy” y disparó: “Tenemos que volver a permitir que el dólar sea utilizado como moneda”.

Al respecto, el exministro de Economía consideró que eso “no significa reemplazar todos los pesos con dólares, porque obviamente el Banco Central no tiene forma de hacerlo, pero sí que pueda funcionar como moneda en todo sentido”.

En diálogo con el canal LN+, Cavallo sostuvo que todas las transacciones “que no sean exportaciones e importaciones deben producirse entre particulares en un mercado cambiario totalmente libre”.

“Solamente así es posible que vuelvan a entrar los capitales argentinos que están afuera”, completó.

Para el exfuncionario, los efectos de este programa no serían inmediatos, pero indicó que “a medida que la gente se vaya acostumbrando a que el dólar también funciona como una moneda” la perspectiva del país cambiaría.

“No tiene sentido que el Banco Central venda de sus divisas para viajes y turismo”, opinó.

El análisis de Cavallo del presupuesto 2023

En su blog personal el economista publico un análisis del presupuesto del Gobierno nacional, donde concluyó que que el gobierno va a necesitar una tasa de inflación de al menos 6% mensual para que se logre reducir el déficit fiscal primario al 1,9% del PBI. Por supuesto, medido el PBI a precios corrientes, es decir aumentado por el efecto de la inflación.

Con la tasa de inflación mensual tendiendo a estabilizarse en un piso del 6% mensual, equivalente al 100% anual, en el contexto político actual no es posible imaginar herramientas efectivas para hacerla bajar de ese nivel, salvo una fuerte reducción del gasto público.

El precio del dólar para las transacciones comerciales, que en muchas ocasiones del pasado se utilizó como ancla nominal, no podrá ser utilizado con ese objetivo en el curso de los que resta de 2022 y el año 2023. La alta brecha cambiaria y las expectativas de un salto devaluatorio discreto hacen muy peligroso cualquier intento del gobierno de ubicar el ritmo mensual de ajuste del precio del dólar en el mercado oficial por debajo de la tasa de inflación.

Tampoco se podrán utilizar las tarifas de los servicios públicos y de la energía como se lo hizo de manera prácticamente continuada desde enero de 2002 en adelante. Por el contrario, la necesidad de evitar un aumento adicional de los subsidios económicos requerirá no sólo de aumentos para recuperar atrasos sino ajustes mensuales adicionales que no sean inferiores a la tasa de inflación.

El aumento de la tasa de interés para ubicarla en términos netos positivos, es decir, por arriba de la tasa de inflación, que en economías básicamente estables es la herramienta para revertir escaladas inflacionarias, como se lo está viendo en estos momentos en los Estados Unidos y en Europa, en nuestro caso tampoco ayudará a bajar la tasa de inflación. Esto se debe a que el Banco Central tiene una deuda remunerada con esa tasa (LELIQs y Pases) que ya supera a la misma base monetaria, por lo que, para no seguir aumentando esa deuda, el Banco Central tendría que dejar expandir mensualmente la base monetaria al 50% de la tasa mensual de interés. Si los otros factores de creación de base monetaria (compra de reservas y asistencia al Tesoro) no logra ser inferior al 50% de la tasa mensual de interés, la tasa de expansión de los pasivos del Banco Cenral (base monetaria mas LELIQs) se equipararía a la tasa mensual de interés, es decir algo por arriba de la tasa de inflación. El efecto contracción de demanda agregada que se espera por el aumento de la tasa de interés será compensado, probablemente más que compensado, por el efecto expansión adicional de los pasivos del Banco Central.

Los sindicatos y la misma ala kirchnerista del gobierno no permitirán que el aumento de los salarios sea inferior a la tasa de inflación, por lo que la caída del salario real, que fue utilizada en el pasado para disminuir la tasa de inflación, tampoco estará disponible en 2023, máxime teniendo en cuenta que se trata de un año electoral. Esto ya se ha observado en las recientes discusiones salariales.

Queda como único instrumento imaginable, la reducción del gasto público en términos reales. Es decir, que el aumento del gasto público nominal sea significativamente inferior a la tasa de inflación. Tanto de la presentación del proyecto de presupuesto para 2023 como de las expresiones del viceministro Gabriel Rubinstein, sugiere que esta es la apuesta del equipo liderado por el ministro Sergio Massa. Por esta razón vale la pena seguir en detalle la discusión del ajuste fiscal que se propone y examinar su viabilidad política.

El ajuste fiscal descripto en el proyecto de presupuesto para 2023

Dado que el proyecto de presupuesto para el año próximo incluye, como todos los años, una estimación detallada del cierre fiscal del año en curso, una forma de explorar la viabilidad de la propuesta para 2023 consiste en examinar que es lo que el equipo económico espera que ocurra en lo que resta del año 2022. De este examen, se puede deducir cual será el enfoque del ajuste fiscal de 2023. Este ejercicio ha sido prolijamente hecho por Nadín Argañaraz. Paso a resumirlo.

En el cuadro 1 se puede observar que la evolución de los distintos componentes del cuadro fiscal que se estima para el cierre de 2022 es muy diferente al curso que tuvieron las cuentas respectivas durante los ocho primeros meses del año, en comparación con los mismos ocho meses de 2021.

Así, mientras que en los primeros ocho meses los gastos totales aumentaron 72 % con respecto a los mismos meses de 2021, la estimación al cierre de 2022 que trae el proyecto de presupuesto es un aumento de sólo 61%. En línea con esta estimación, lo mismo ocurre con todos los demás conceptos de gastos, excepto el de intereses pagados por el tesoro que mientras aumentaron 66% en los primeros ocho meses, se estima que durante todo el año 2022 aumentarán 142%.

Nadín Argañaraz ha calculado los porcentajes de reducción en términos reales (es decir, descontado el efecto de la inflación) de los distintos componentes del gasto del sector público que se necesitará lograr en el período septiembre-diciembre de 2022 para que el año cierre con las cifras estimadas en el proyecto de presupuesto para 2023. Estos porcentajes se presentan en el cuadro 2.

El gasto primario debe reducirse 17% en términos reales. Más en detalle se destacan “déficit operativo de empresas públicas y otros” con una reducción del 43%, “Bienes y servicios” con una reducción del 30%, “Inversión real directa” con una reducción del 28%, “transferencias corrientes” con reducción del 26% y “prestaciones de la seguridad social” con una reducción del 13%. Los únicos rubros para los que se contempla un aumento en término reales son “transferencias de capital” y “remuneraciones” con aumentos de alrededor del 12% cada uno.

En ninguno de los discursos de los voceros del gobierno se mencionan estos esfuerzos fiscales que son los que deberían realizarse en el tercer trimestre, dado que el mes de septiembre ya ha transcurrido y no hay indicios de que se hayan producido. Al menos no ha habido reclamos de los que hubieran sido afectados por estos ajustes.

Lo que ocurra en los tres próximos meses con los gastos de los rubros mencionados y la discusión en el congreso de los ajustes contemplados para 2023 permitirán evaluar con más precisión el realismo de este programa fiscal. Pero, a la luz de lo que ha sido la trayectoria fiscal hasta aquí y los discursos de la vicepresidente y la gente que la acompaña, mi impresión es que se trata de una propuesta tan poco realizable como lo era el presupuesto para 2022 que había preparado Martín Guzmán en 2021.

Esto no significa que yo piense que el gobierno no podrá cumplir con el compromiso fiscal asumido en el programa con el FMI. Mi conclusión es que el gobierno va a necesitar una tasa de inflación de al menos 6% mensual para que se logre reducir el déficit fiscal primario al 1,9% del PBI. Por supuesto, medido el PBI a precios corrientes, es decir aumentado por el efecto de la inflación.

About The Author