El Presupuesto otorga más de $250 mil millones para las cajas jubilatorias no transferidas de las provincias. El monto es un cuarto de la deuda que reclama Buenos Aires. Además, advierten por los datos requeridos y la actualización.

En el Presupuesto 2025 el Gobierno nacional detalló en el artículo 59 que destinará $254.421 millones para las cajas previsionales de las provincias que no fueron transferidas al Estado nacional. Especialistas advierten que los fondos no serán suficientes y que una cuestión de cálculo habilitaría a que haya imposibilidades de cobro por parte de las provincias que no transfirieron.

El artículo 59 establece como crédito presupuestario para transferencias a cajas previsionales provinciales $254.421 millones para los gastos corrientes. En este universo de cajas no transferidas a Nación se incluye a 13 provincias: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

La Ley de Leyes establece también que se concretarán mensualmente anticipos a cuenta del resultado definitivo del sistema previsional de cada jurisdicción una doceava parte del total, al igual que estaba fijado en presupuestos anteriores. Agrega además que solo podrán requerir “pagos de los anticipos a cuenta las provincias que tuvieran un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que surja de un acuerdo suscripto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que corresponda al menos al ejercicio 2021 o posterior”.

La norma que tratará el Congreso parte de la base del incumplimiento de las transferencias fijadas en el Presupuesto vigente. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) en 2024 no se ejecutaron transferencias a cajas previsionales de las provincias, que tienen asignaciones por $0,08 billones a agosto 2023, es decir, sin considerar las actualizaciones por inflación ni por fórmula.

El monto fijado por el Gobierno con este destino no alcanza a cubrir las deudas reclamadas por las cuatro provincias de la región centro. En el caso de Santa Fe, la deuda reclamada a Nación asciende a $800 mil millones, mientras que para Buenos Aires escala a $975.500 millones. Para Córdoba se estima que supera los $400 mil millones y en Entre Ríos los $100 mil millones.

Desde la consultora Politikon advirtieron que los fondos asignados no serán suficientes para cubrir los reclamos de deuda de las jurisdicciones, “abriendo la puerta así a la continuidad de reclamos por vía administrativa o incluso judicial a tal efecto“.  

El Presupuesto ratifica lo dictado en el DNU 280/2024 que elimina la cláusula que estaba fijada en el presupuesto 2023 (prorrogado para 2024) y que en su artículo 93 establecía que los anticipos mensuales a las cajas previsionales se enviarían con una actualización según el índice de movilidad jubilatoria.

Si bien no se encuentra vigente aquel índice de movilidad y se cambió por la actualización mensual por inflación, la cláusula de actualización no fue incluida.

Una de las advertencias surgidas de las instituciones es que, al no especificarse la cláusula de actualización y tomarse de base para los requerimientos el ejercicio de 2021, tampoco estarán incluidos los datos inflacionarios de 2022 en adelante.  

Por último, el presupuesto postula que las provincias podrán requerir los pagos de los anticipos a cuenta que surjan de un acuerdo suscripto con ANSES y correspondan al ejercicio 2021 o posterior.

Al respecto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló en su presentación ante el Congreso el pasado 4 de septiembre que el organismo se encontraba realizando simulaciones con 11 de las provincias que no hicieron las transferencias para tener al menos el ejercicio de 2017. En el caso de La Pampa por ejemplo destacó que avanzan en el ejercicio 2021.

ANSES, con la asistencia técnica de las provincias, se encarga de auditar los ejercicios para realizar la simulación de déficit que determinará los fondos que le corresponden a las provincias. La auditoría de 2017 es, según envió Francos en su informe al Congreso, “la más importante ya que al ser el primero de los ejercicios bajo la nueva metodología de financiamiento regida para los procesos de simulación, es la que ahonda en una mayor cantidad de casos y permite analizar la gestión de la documentación e información sobre la que se basan los resultados”.

Sin embargo, especialistas en la materia señalaron que la mayoría de las provincias cuentan con ejercicios hasta 2019, necesarios para simular el déficit en base al cual se calcularán las transferencias que deberá realizar ANSES. 

Una de las especulaciones de las cajas provinciales es que, con esta normativa, deberán pasar 2025 realizando las auditorías para el ejercicio 2021 y se pospondrán los pagos.

Por último, agregaron que se establece un criterio discrecional y se ignora lo establecido por leyes anteriores. “Van a estallar las cajas”, concluyeron.

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