El Gobierno había tomado la misma decisión en febrero del año pasado para mitigar el efecto de los aumentos de las cuotas en el bolsillo de las familias

El Gobierno nacional prorrogó nuevamente el beneficio para que las escuelas privadas no paguen aportes patronales, en un intento de mitigar los efectos de los aumentos de las cuotas en el bolsillo de las familias.

La medida se hizo oficial esta madrugada mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 68/2025, que establece: “Prorrógase lo establecido en el primer párrafo del artículo 24 de la Ley N° 27.541 y sus modificatorias, desde el vencimiento fijado en el artículo 1° del Decreto N° 134 del 14 de febrero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive”.

Esta no es la primera vez que el Gobierno nacional otorga este beneficio, puesto que el año pasado hizo lo mismo, al igual que realizaron otras gestiones en sucesivas oportunidades.

En el considerando de la norma, recuerdan que en 2019, “a través del artículo 24 de la Ley N° 27.541 se excluyeron de las disposiciones del referido Capítulo 3 a los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada que se encontraren incorporados a la enseñanza oficial conforme las disposiciones de las Leyes Nros. 13.047 y 24.049 hasta el 31 de diciembre de 2020, y se previó que tales empleadores continuarían aplicando las alícuotas de contribuciones patronales que les correspondieron hasta la entrada en vigencia de esa norma”.

Además, alegaron que “el principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos de gestión privada está representado por el componente salarial, en el que se incluyen las correspondientes contribuciones patronales”.

El Gobierno considera que la aplicación de disposiciones establecidas por la legislación para el año 2025 produciría un incremento desmesurado en las contribuciones patronales a pagar por las instituciones a las que se hizo referencia, el que sería incluso mayor en jurisdicciones alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, ya que las reducciones de las que actualmente se benefician estos establecimientos difieren en las diversas áreas y regiones del país conforme a la normativa vigente”.

En ese sentido, también señalaron que “el incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las provincias, ya que el aporte estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de los docentes curriculares sino también al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios”.

“En los casos en los cuales el instituto educativo no reciba aporte estatal, o lo reciba parcialmente, el significativo aumento de las contribuciones patronales originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía”, suma la normativa.

En consecuencia, el Gobierno concluye que la aplicación de los aportes patronales establecidos por la ley sobre las instituciones educativas de gestión privada “afectaría la prestación del servicio educativo, con principal impacto negativo en las regiones más necesitadas y en las instituciones de bajos recursos que prestan servicio a la población socialmente más vulnerable”.