Con el Decreto 447/2025, el Poder Ejecutivo reformó la organización de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Eliminó ocho cargos del Directorio para concentrar la toma de decisiones en un comité de solo tres miembros, con el objetivo de mejorar la eficiencia institucional y reducir el gasto público.

A partir del 4 de julio, la Agencia funcionará con un Comité Directivo conformado por un presidente (con rango de secretario) y dos directores “ad honorem”, en reemplazo del anterior esquema de 11 miembros. Según el decreto, la reforma apunta a acelerar la toma de decisiones, fortalecer la capacidad de gestión y adaptarse al nuevo contexto tecnológico global.

La medida se encuadra dentro de los lineamientos de la Ley de Bases N.º 27.742, que faculta al Poder Ejecutivo a reestructurar organismos para mejorar la eficiencia del Estado y reducir el déficit fiscal.

Funciones reforzadas: foco en innovación y sector productivo

Además de la reestructuración, el decreto redefine y amplía las funciones de la Agencia. Entre ellas se destacan:

• Administrar y adjudicar fondos nacionales e internacionales con criterios de transparencia.
• Implementar instrumentos de financiamiento e incentivos orientados a proyectos con impacto científico, tecnológico y productivo.
• Evaluar proyectos en términos de factibilidad técnica, económica y riesgo.
• Promover nodos de innovación con cooperación público-privada y articulación territorial.
• Prestar servicios especializados con recupero de costos, lo que habilita la sostenibilidad financiera de la Agencia.

También se establece que podrá celebrar convenios, recibir donaciones y participar como actor legal en litigios, ampliando su capacidad de acción administrativa y legal.

“La Agencia debe desempeñar un rol fundamental como impulsora de procesos de innovación, articulando ciencia y producción, con foco en el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo de calidad”, justifica el texto oficial.

La eliminación de cargos busca corregir un “sobredimensionamiento estructural” que, aunque ad honorem, generaba gastos derivados de viáticos, comisiones y logística de funcionamiento.

La reforma se inscribe en el plan de transformación del Estado impulsado por la administración Milei. En el plano económico, responde al objetivo de reducir el gasto público sin desactivar funciones estratégicas. En el plano institucional, intenta alinear la política científica con las exigencias del mundo actual, marcado por la competencia tecnológica y la necesidad de traducir conocimiento en valor económico.

El rediseño también podría facilitar la captación de financiamiento internacional y la cooperación con el sector privado, bajo una lógica de eficiencia operativa y sostenibilidad financiera.