La jueza de Nueva York, Loretta Preska, rechazó el pedido del Gobierno argentino para suspender la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park, en el marco de la millonaria demanda por la expropiación de la petrolera. La magistrada advirtió que la Argentina “sigue demorando y eludiendo sus obligaciones” y negó nuevas prórrogas. El Ejecutivo apeló al Segundo Circuito de EE.UU. para frenar la ejecución de la sentencia por US$17.750 millones.

En un fallo crítico, la jueza federal Loretta Preska desestimó la solicitud del Gobierno argentino de postergar la entrega del paquete accionario de YPF como parte del pago del juicio por la expropiación de 2012. La magistrada remarcó que “la República ha abusado de las concesiones del Tribunal” y negó el pedido de suspensión, aunque otorgó tres días adicionales para apelar ante el Segundo Circuito, plazo que Argentina ya utilizó para presentar el recurso.

Preska apuntó que el país “no ofreció la garantía mínima” requerida y que cualquier daño irreparable “se deriva directamente de las propias acciones de la Argentina a retrasar e intentar eludir sus obligaciones”.

El litigio por YPF: cifras y contexto

La causa se remonta a septiembre de 2023, cuando la magistrada condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la forma en que se realizó la estatización de YPF. El monto, con intereses, supera hoy los US$17.750 millones.

Los beneficiarios del fallo son los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio al grupo Petersen (familia Eskenazi), exaccionistas de la petrolera. El reclamo se basó en que, al nacionalizar el 51% de las acciones de Repsol, el Estado argentino no extendió una oferta similar a los accionistas minoritarios, como lo exigía el estatuto de la empresa.

Argentina apela al Segundo Circuito y busca frenar la transferencia

Tras el revés judicial, la Procuración del Tesoro, encabezada por Juan Ignacio Stampalija, ya presentó una apelación ante el Segundo Circuito de EE.UU., con el objetivo de suspender la entrega de las acciones mientras se tramita el recurso. Desde el Ejecutivo sostienen que aún no se incumplió la orden judicial, ya que Preska concedió tres días para acudir al tribunal superior.

En paralelo, otros acreedores del país analizan replicar la estrategia de los fondos buitre y solicitar embargos sobre activos estatales, incluida la participación en YPF, lo que abriría una nueva etapa de presión judicial y financiera para la Argentina.

El Gobierno argentino cuestiona el fallo

El presidente Javier Milei cuestionó la aplicación del fallo al considerar que “viola la ley argentina” y sostuvo que su ejecución requeriría una ley del Congreso aprobada por dos tercios, lo cual “no va a ocurrir”.

Por su parte, el CEO de YPF advirtió que “Argentina actuó con celeridad” y que el fallo no debería comprometer el normal funcionamiento de la empresa, aunque reconoció que genera “preocupación en los mercados”.

¿YPF, otra vez en el centro de la disputa por la soberanía financiera?

El rechazo de Preska marca un punto crítico en el litigio por la estatización de YPF. La negativa a suspender la entrega de acciones complica la estrategia de defensa del Gobierno argentino y plantea un escenario incierto para la petrolera nacional. La apelación ante el Segundo Circuito será clave para definir si se concreta la transferencia del paquete accionario estatal, o si se abre una nueva instancia que permita negociar condiciones más favorables.

Más allá del fallo, el caso reaviva el debate sobre el manejo de la política energética y los costos financieros de decisiones de Estado mal instrumentadas.