Revisión de políticas públicas, el Gobierno da de baja dos programas vinculados a género y diversidad

Mediante la Resolución 466/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia derogó las resoluciones que habían creado el Registro Nacional de Organizaciones Sociales que abordan temáticas de género y diversidad y el Programa Acercar Derechos para personas en situación de violencias por motivos de género, ambos instrumentados durante la gestión del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

La decisión se enmarca en un proceso de revisión integral de programas estatales impulsado por la administración nacional, que bajo los principios de eficiencia, control y austeridad, evalúa la continuidad de iniciativas con base en resultados verificables y desempeño operativo.

Deficiencias en trazabilidad, supervisión y documentación

La medida se apoya en un informe de la Unidad de Auditoría Interna del ex Ministerio de Género, que reveló fallas significativas en la ejecución del Programa Acercar Derechos, creado en 2022.

Según el documento técnico, el 38% de los casos asistidos no contaban con acciones de abordaje o seguimiento; el 75% de las acciones activas no se actualizaban hacía más de seis meses y el 26% de los expedientes carecía de estrategias integrales de intervención. Además, se observaron déficits en la documentación de respaldo, registros sin firma profesional y desconexión entre sistemas primarios y auxiliares de carga.

Estos problemas comprometen —según el propio texto— la efectividad del acompañamiento estatal y exponen riesgos en el control de los recursos públicos asignados.

Reasignación de recursos y enfoque en políticas con impacto verificable

En los considerandos, el Ministerio de Justicia remarca que los programas derogados no cumplieron con los objetivos originales, presentando baja cobertura, escaso impacto y falta de alineación con las prioridades estratégicas actuales.

La resolución justifica la eliminación bajo el argumento de priorizar iniciativas respaldadas por evidencia empírica, que permitan medir resultados concretos y mejoren el uso de fondos públicos. “Corresponde reasignar los recursos hacia acciones útiles para el bien común”, señala el texto oficial.

A partir de la entrada en vigencia de esta resolución, se instruyó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Unidad de Auditoría Interna y la Subsecretaría de Gestión Administrativa a tomar las acciones necesarias para la implementación efectiva del cierre de los programas.

La medida se inscribe en un proceso de reorganización estatal más amplio previsto por la Ley 27.742 (Ley Bases), que otorga al Poder Ejecutivo facultades excepcionales en materia administrativa y económica para reducir estructuras, controlar el gasto y mejorar la calidad institucional.