“Acomodando lo que se pueda, con la máxima creatividad posible, realismo del contribuyente y sin dañar el equilibrio fiscal”, le había dicho el gobernador Hugo Passalacqua a Economis hace unos días en relación con las medidas fiscales tomadas para aliviar el bolsillo y reactivar la economía. 

En esa línea se enmarca la decisión de elevar el umbral para que las empresas misioneras se conviertan en agentes de retención y percepción de Ingresos Brutos. Se busca recuperar dinamismo en una actividad económica arrastrada a una recesión autoinfligida por decisiones “de la macro”.  

El nuevo piso se estableció en una facturación de 1.800 millones anuales, en lugar de los 1.300 millones del año pasado, con una suba por encima de la inflación, lo que debe redundar en mayor flujo de caja para al menos 2.700 empresas que serán beneficiadas directamente.

El objetivo es darle vitalidad a la economía ante la ausencia de acciones y respuestas por parte del Gobierno nacional que no parece interesado en atender las realidades que estén fuera de su rango de visión ideológica.

La decisión política misionera llega en un escenario en el que la recaudación propia está en zona compleja: cayó 6,9 por ciento en 2025, como reflejo de la menor actividad económica. Por eso tiene más valor. Al contrario de las lecturas simplistas sobre la “presión fiscal”, la política tributaria no es un dogma, sino que se adapta a la realidad económica con estímulos específicos. 

El contraste con la política económica nacional está a la vista. El Gobierno de Javier Milei recurrió a usuales prácticas “populistas” para adaptar la realidad a sus intereses. 

La salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos dejó en evidencia al Presidente y al ministro de Economía, Luis Caputo, quien admitió que no estaban de acuerdo con los resultados que iba a arrojar la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor -más adecuado a los consumos actuales y con mayor peso de los servicios-, por lo que decidieron no utilizarlo, pese a los compromisos con el Fondo Monetario y un trabajo de varios años, que ahora fue dejado de lado. 

El nuevo IPC aparecerá cuando la inflación tienda a cero, dijo Caputo. O cuando convenga. En realidad, lo que se evitará con la postergación es la visibilidad del impacto de los nuevos aumentos en los servicios -energía, gas- previstos para este mes y marzo. El nuevo IPC tenía una mayor preponderancia de esos servicios y en consonancia, iba a frenar “la baja” de la inflación, que en realidad no baja desde mayo del año pasado. El mayor peso en las tarifas energéticas, de 14,5% del total en vez del 9,8% del IPC actual, tendría correlato en el cálculo final de la inflación de febrero por el 16% de aumento en gas y 3,6% en la luz.

Lo curioso es que hasta esta semana nadie cuestionaba el nuevo cálculo del Indec. De hecho, un reporte del Banco Central lo destacaba en diciembre porque “no debería afectar significativamente la tendencia inflacionaria esperada”. 

Caputo no intentó siquiera disimular la decisión de postergar la publicación del nuevo IPC hasta “cuando convenga”. 

“Marco (Lavagna) tenía como fecha para implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar el cambio una vez que el proceso de deflación esté totalmente consolidado”, detalló Caputo. El ministro blanqueó que Milei pidió no difundir el nuevo índice y avisó que “seguiremos con el actual hasta que esté consolidada la desinflación”.

Esa decisión no implica sólo manipular los números de la inflación, sino que el achatamiento impacta en una cadena de variables, como salarios, jubilaciones, paritarias o el cálculo de gastos en el Presupuesto. 

Desde enero, el dólar oficial se ajusta por la inflación, una condición explícita del Fondo Monetario Internacional. Si se alteraba la metodología actual y el Índice de Precios al Consumidor arrojaba un número más alto, el esquema quedaría atrapado en una dinámica peligrosa. A mayor inflación, mayor ajuste del dólar; a mayor dólar, más expectativas inflacionarias, y el ciclo vuelve a empezar. Para evitar esa espiral, el Gobierno optó por no actualizar el IPC. Tras haber comprimido la actividad económica para forzar una baja de la inflación y comprobar que ni siquiera así logra domarla, ahora elige intervenir sobre el termómetro antes que sobre la fiebre.

Lo mismo que se le cuestionó al Indec manejado por Guillermo Moreno o cuando Marcos Peña cambió las metas de inflación anunciadas por el Banco Central aquel memorable 28 de diciembre de 2017. En aquella mesa estaban sentados el jefe de Gabinete de Mauricio Macri, acompañado por el ministro de Finanzas, Luis Caputo y el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, que hoy son figuras excluyentes del gobierno de Milei. 

“Queremos transmitirles a los argentinos la tranquilidad enorme de tener un equipo económico con una misma visión de hacia dónde ir y de trabajar en equipo”, cerraba aquella recordada conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Marcos Peña. 

No hubo tranquilidad. La inflación estimada en 10 + o – 2 por ciento terminó en 47 por ciento A partir de ese día, el Gobierno de Macri entró en declive, tuvo que pedir auxilio desesperado al FMI y terminó perdiendo las elecciones. 

A diferencia de entonces, el FMI ya es un actor clave de la política económica y Donald Trump es a Milei lo que fue Christine Lagarde. 

Habrá que ver si los resultados son distintos, pero The Wall Street Journal, ya advirtió que el episodio está “poniendo a prueba la confianza de los inversores en la reforma económica” del presidente Javier Milei. El matutino financiero sostuvo además que la controversia “revive el recuerdo de los esfuerzos de sus predecesores peronistas por manipular los datos de precios al consumidor”.

Lo que no puede tapar la demora del nuevo IPC son los indicadores económicos, que marcan una depresión profunda sin señales de recuperación. 

La industria manufacturera encadenó su sexta caída interanual consecutiva en diciembre, al arrojar un retroceso del 3,9% versus el mismo mes de 2024. De este modo, los datos volvieron a reflejar que se trata del sector más afectado por el modelo económico impulsado desde el Gobierno.

El análisis sectorial expone un mapa preocupante: 10 de las 16 divisiones industriales registraron caídas interanuales. Los retrocesos más profundos se dieron en textiles (-25,7%), prendas de vestir y calzado (-16,7%), automotores (-19,4%) y maquinaria y equipo (-14,8%), sectores intensivos en empleo y clave para el entramado productivo nacional.

Incluso dentro de los rubros que lograron crecer, el desempeño es heterogéneo. Alimentos y bebidas apenas avanzaron 0,8%, mientras que yerba mate, té y café retrocedieron 4,5%, un dato especialmente relevante para las economías regionales. La industria vinculada al consumo masivo muestra signos de agotamiento, presionada por la caída del poder adquisitivo.

Para el Gobierno, sin embargo, la culpa no es propia, sino de la misma industria que no se anima a competir. “Nunca compré ropa en Argentina porque es un robo”, dijo un locuaz Caputo. En la industria no están muy contentos con la posición oficial. La Federación de Industrias Textiles Argentinas alertó que estas prácticas se reflejan en una caída de la actividad cercana al 37% y en niveles de utilización de la capacidad instalada inferiores al 30% en el sector textil. “El problema actual no es la falta de competitividad, es la competencia fraudulenta”, afirmaron desde la entidad, que reclamó el cumplimiento de las normas vigentes de comercio exterior y el restablecimiento de condiciones de competencia justa como paso indispensable para recuperar producción, empleo y desarrollo industrial en la Argentina.

No parece haber demasiado interés en atender esas demandas. De hecho, hay funcionarios que se regodean en lo contrario. El asesor presidencial Miguel Boggiano lo expresó con claridad: “Se van a fundir. Se tendrán que ir a otro lugar. Se fundirán. Yo no tengo vergüenza en decirlo”.

El ministro del Interior, Diego Santilli exhibió ante los productores nucleados en Coninagro, una muestra clara de que el Gobierno no está dispuesto a atender reclamos ni advertencias. En el encuentro con la entidad se dedicó a “vender” la reforma laboral que Milei espera tener aprobada antes de marzo, más que a escuchar los planteos del campo y la chacra. El presidente de Federación de Cooperativas de Misiones, Gustavo Hein, expuso ante Santilli la crítica situación del sector yerbatero durante la reunión del Consejo de Coninagro, realizada el miércoles por la noche.

Hein detalló ante el funcionario que “el yerbatero es un mercado especial” que requiere reglas de juego diferentes a las del mercado general, debido a sus características propias. En ese sentido, sostuvo la necesidad de contar con instrumentos específicos que permitan equilibrar la oferta y la demanda, evitar la depresión de los precios que recibe el productor y, al mismo tiempo, garantizar que el consumidor pague un precio razonable por el producto terminado.

Hein señaló que Santilli escuchó el planteo con atención y se mostró receptivo, al tiempo que manifestó que ya estaba al tanto de la problemática, dado que había dialogado previamente sobre el tema con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

El funcionario nacional indicó que la cuestión deberá canalizarse a través de la Secretaría de Agricultura de la Nación, ámbito en el cual se deberían formalizar los planteos y abrir una instancia de diálogo y negociación.

“El desafío es convencer a la Secretaría de que el sector necesita otros instrumentos para mejorar la situación del productor”, resumió Hein, al sintetizar los pasos que, a su entender, deberían seguir tras el encuentro. Agricultura conoce en detalle la situación, ya que el Instituto Nacional de la Yerba Mate depende de ella, pero está claro que la política de desregulación no es una variable que esté en negociación. 

En el Gobierno provincial tienen claro que la solución para la yerba mate no vendrá de la mano de notas o reclamos a Nación -aunque sea una batalla que no se abandona-, porque entiende que la desregulación forma parte de la matriz ideológica libertaria. Habrá que ser pacientes y creativos para encontrar alternativas que cuiden a los productores primarios. El tabaco es una muestra de que las negociaciones colectivas pueden arrojar resultados positivos: el precio acordado establece un valor de $4.602 por kilo de tabaco Burley para la calidad más alta, denominada B1F, en boca de acopio. El aumento está bastante por encima de la inflación. Sin embargo, un grupo de productores bloquea el ingreso a la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones, en reclamo de un aumento mayor. A nadie sorprende que dirigentes libertarios estén al frente de la protesta.