El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lleva 96 días consecutivos con resultado positivo en sus intervenciones cambiarias, producto de acuerdos alcanzados con bancos, empresas y organismos públicos. El jueves, la entidad sumó 447 millones de dólares, la segunda compra más alta del año, con lo que el acumulado anual supera los USD 9.600 millones, cifra que representa más del 96% de la meta de compras de divisas para este año.
Desde que se implementó el nuevo marco monetario en enero, el BCRA incorporó 9.681 millones de dólares. El mes con mayor actividad fue abril, con adquisiciones por USD 2.769 millones, y solo el 2 de enero no hubo operaciones. Solo se había registrado una adquisición más alta el pasado 10 de abril por 457 millones de dólares.
“Con la compra de hoy, el BCRA llega a 96 ruedas consecutivas comprando divisas, la tercer mejor racha de la historia. Y lo hizo de gran manera, comprando USD 447 millones”, señaló Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex.
En mayo, el ritmo de compras diarias fue inferior a 100 millones de dólares durante los primeros días, aunque se aceleró en las semanas recientes. En la última semana, el BCRA adquirió 909 millones y el total del mes ascendió a 2.526 millones de dólares.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que los ingresos principales de la cosecha agrícola todavía no aparecieron en el mercado, lo que podría traducirse en un aumento de la oferta de divisas y otorgar un mayor margen de maniobra al Central en el corto plazo.
Hasta el momento, el BCRA alcanzó el 96% de la meta anual de compras. Durante el primer trimestre, la demanda del Tesoro para cubrir obligaciones financieras restringió el aumento neto de reservas. Para sostener la acumulación, el Central impulsó la emisión de pesos sin esterilizar, mientras que el Tesoro absorbió ese excedente mediante deuda en moneda local, con el objetivo de estabilizar la cotización del dólar y frenar la inflación.
Las proyecciones oficiales ubican el saldo neto de compras para 2026 en un rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, según la disponibilidad de divisas y la demanda de pesos en el mercado interno. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que estos factores serán determinantes para el desempeño anual.
La liquidación de la cosecha gruesa aparece como una fuente clave de dólares para fortalecer las reservas. Además, las emisiones de deuda de empresas y provincias en el exterior superarían los 3.200 millones de dólares, contribuyendo a la capacidad de intervención del Central.
“Luego del freno en las emisiones de obligaciones negociables durante febrero y marzo, en un contexto de mayor volatilidad internacional, el mercado retomó dinamismo a partir de abril. En lo que va de mayo, las colocaciones ya superan los USD 1.600 millones -más de lo emitido durante todo el mes de abril-, reflejando una mejora en las condiciones financieras locales”, destacó un reporte de la consultora Invecq.
El desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.000 millones a comienzos de esta semana corta llevó las reservas brutas del BCRA a más de USD 47.000 millones, el nivel más alto desde 2019.
La semana anterior, el directorio del FMI aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) por USD 20.000 millones, lo que permitió la llegada de nuevos fondos a las reservas.
Al cierre de este jueves, las reservas brutas llegaron a USD 48.511 millones, una suba diaria de 644 millones de dólares. Este monto marca el valor más elevado en casi siete años y supera el máximo registrado en febrero por la actual gestión.
Antes de finalizar la semana, el Gobierno deberá realizar el pago correspondiente al Bopreal Serie 3, equivalente al 34% del capital emitido, por un total cercano a 1.020 millones de dólares, más un 3% de interés. Este compromiso implicará que el efecto positivo del desembolso del FMI se compense casi en su totalidad con esa obligación.
El Gobierno nacional licitará este miércoles títulos públicos para obtener los fondos necesarios para refinanciar vencimientos por cerca de $11 billones.
También abrirá dos nuevas operaciones en bonos en dólares AO27 y AO28 con las que busca captar cerca de US$ 555 millones, según la comunicación oficial que procesó Agencia Noticias Argentinas.
Para las colocaciones en moneda local, la expectativa del mercado se mantiene en conocer cuál será la estrategia del Ministerio de Economía en cuanto al nivel de roll over y la liberación o absorción de pesos.
En el tramo en dólares se espera una emisión de hasta US$305 millones en el AO27 de los cuáles US$150 millones se tomarán el miércoles y el resto en la segunda vuelta que se realizará el jueves.
En el caso del AO28 se dividirá en US$150 y US$100 millones, respectivamente.
Si la Secretaría de Finanzas toma los US$305 en AO27, se habría alcanzado el monto máximo de emisión de US$2.000 millones dispuesto para ese título.
Lo producido tanto en el AO27 como en el AO28 se destinan a pago de deuda pública.
El menú de la oferta en pesos es el siguiente:
Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de septiembre de 2026 (nueva).
Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7 – reapertura).
Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de septiembre de 2027 (TZXS7 – reapertura).
Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28 – reapertura).
Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).
Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (nueva).
El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora muestra que el malestar económico ya no se expresa sólo como una evaluación negativa sobre el país, sino como una experiencia directa sobre la vida cotidiana de los hogares. El 59,5% considera que la situación económica nacional es mala o muy mala, pero el dato más delicado aparece cuando esa mirada se traslada al plano personal: el 42,4% también evalúa negativamente su propia situación económica. Esa diferencia es clave porque la economía del país puede ser leída como diagnóstico general, pero la economía personal se mide en ingresos, consumos, cuentas a pagar y capacidad para sostener el mes. Cuando casi la mitad de la población ya ubica su situación individual en terreno negativo, el ajuste deja de ser una abstracción macroeconómica y pasa a formar parte de la administración diaria del hogar.
El informe también marca una fuerte distancia entre los datos oficiales y la percepción social de los precios. El 70,6% de los encuestados considera que el dato de inflación publicado por el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, mientras que el 85,1% afirma que su salario no le está ganando a la inflación. La combinación de ambos datos muestra que el problema no es únicamente la inflación, sino la relación entre precios, ingresos y credibilidad. Para una mayoría el salario sigue corriendo detrás del costo de vida y eso debilita la capacidad del dato oficial para ordenar la experiencia económica. La percepción de pérdida se vuelve todavía más visible según los estratos sociales: 50,7% se identifica como clase baja o media baja, lo que implica que más de la mitad de los encuestados se percibe en los segmentos más vulnerables de la estructura social.
La presión sobre la economía doméstica también aparece en la capacidad de llegar a fin de mes. Según el MOP, el 64,4% llega como máximo hasta el día 20 con sus ingresos, lo que refleja que la restricción no se concentra solamente en los últimos días del mes, sino que se instala antes y obliga a reorganizar consumos, postergar gastos y ajustar decisiones familiares. Incluso entre los votantes oficialistas de 2025, el 66,2% sostiene que su salario no le gana a la inflación, un dato políticamente sensible porque muestra que el malestar económico atraviesa también al propio electorado de La Libertad Avanza. La diferencia no está en la existencia del problema, sino en su interpretación: mientras en la oposición tiende a transformarse en rechazo al rumbo económico, dentro del oficialismo todavía puede convivir con apoyo político, aunque bajo una tolerancia cada vez más condicionada.
Rumbo al 2027
El MOP también muestra que el debate sobre el rumbo económico empieza a proyectarse directamente sobre el escenario presidencial de 2027. Ante la pregunta sobre qué debería hacer el Gobierno con el plan económico actual, el 63% de los encuestados respondió que debería cambiarlo, mientras que el 34,8% sostuvo que debería mantenerlo. La lectura política es clara: el plan conserva una base de apoyo relevante, pero enfrenta una mayoría social que ya demanda algún tipo de corrección. No se trata necesariamente de un rechazo completo al Gobierno, sino de una señal de desgaste sobre la estrategia económica vigente, en un contexto donde el malestar cotidiano aparece asociado a salarios que no alcanzan, pérdida de poder adquisitivo y dificultades para llegar a fin de mes.
Proyectando hacia 2027, esa discusión empieza a transformarse en criterio electoral. El 28,3% afirma que definirá su voto por la situación económica del país, el 17,9% por el cambio de rumbo y el 14,2% por la situación económica de su hogar. En conjunto, esos factores muestran que más de 6 de cada 10 electores miran la próxima presidencial desde una clave económica, ya sea por el rumbo general, por el impacto sobre su economía personal o por la expectativa de una corrección del modelo. La continuidad del gobierno actual, en cambio, aparece como principal factor para el 15,8%, lo que confirma que la elección no se perfila únicamente como una disputa de liderazgos o pertenencias partidarias, sino como un plebiscito sobre resultados económicos concretos.
De cara a las reformas electorales que comenzarán a debatirse en el Congreso de la Nación, el 46,1% de los encuestados considera que las PASO deberían eliminarse, mientras que otro 14,6% cree que deberían mantenerse, pero sin carácter obligatorio. El dato marca una señal relevante: existe una mayoría social abierta a revisar el funcionamiento del sistema electoral, ya sea por rechazo directo a las PASO o por una demanda de menor obligatoriedad y menor carga institucional sobre el votante.
La división aparece con más fuerza cuando se observa el corte político. Entre votantes oficialistas, la eliminación de las PASO encuentra mayor adhesión, en línea con una mirada más favorable a simplificar el calendario electoral y reducir instancias de competencia previa. Entre votantes opositores, en cambio, crece la resistencia a eliminarlas, probablemente porque las primarias son vistas como una herramienta para ordenar candidaturas, ampliar participación y evitar decisiones cerradas por las dirigencias partidarias. Así, el debate sobre las PASO deja de ser sólo una discusión técnica y pasa a expresar una diferencia política más profunda sobre cómo debería organizarse la competencia de cara a 2027.
INDEC
En mayo, la distancia entre la inflación informada y la inflación percibida se mantiene en niveles altos y deja de aparecer como un salto aislado. El 70,6% de los consultados considera que el dato del INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, prácticamente en línea con el 70,3% registrado en abril y muy por encima del 56,4% de enero. La serie muestra que el problema ya no es sólo una reacción puntual frente a un mes determinado, sino una desconfianza más estable sobre la capacidad del dato oficial para representar la experiencia económica de los hogares. Cuando 7 de cada 10 personas no validan el índice como reflejo de su realidad cotidiana, el Gobierno enfrenta un problema que excede la comunicación económica, porque la desaceleración estadística pierde fuerza si no logra ser reconocida socialmente.
Esa desconfianza se explica mejor cuando se cruza con la evolución del salario. En mayo, el 85,1% afirmó que su salario no le ganó a la inflación, apenas por debajo del 86,6% de abril, pero todavía en un nivel extremadamente alto. El dato muestra que el núcleo del problema no está únicamente en si la inflación baja o sube, sino en si los ingresos recuperan capacidad de compra frente a los precios que las personas enfrentan todos los días. Para la mayoría, la inflación no se evalúa mirando el índice, sino midiendo cuánto dura el sueldo, qué gastos se recortan y hasta qué momento del mes alcanzan los ingresos. Por eso, mientras el salario siga siendo percibido como insuficiente, el dato oficial puede ordenar el discurso macroeconómico, pero no alcanza para reconstruir confianza en la economía cotidiana.
Principales preocupaciones
El MOP muestra que la agenda de preocupaciones públicas combina malestar económico, deterioro material y pérdida de confianza política. La incertidumbre económica aparece como el principal tema señalado por los encuestados con el 58,1%, seguida por la corrupción con el 52,9% y los ingresos y salarios con el 46,5%. Más atrás aparecen el desempleo con el 39,9% y las deudas con el 31,9%. El orden de las respuestas muestra que la preocupación social ya no se concentra en un solo problema económico, sino en un cuadro más amplio donde el ingreso, el empleo, la deuda y la credibilidad pública aparecen conectados. La inflación sigue pesando, pero no aparece aislada: forma parte de una percepción más general de incertidumbre sobre la capacidad de sostener la economía cotidiana.
El corte por voto 2025 muestra dos formas distintas de ordenar ese malestar. Entre votantes oficialistas, las principales preocupaciones son la incertidumbre económica con el 21%, la corrupción con el 18,2% y los ingresos y salarios con el 18,6%. Esto indica que incluso dentro del electorado que acompaña al Gobierno hay preocupación por el rumbo económico y por la credibilidad institucional. Entre votantes opositores, en cambio, la agenda aparece más asociada al costo material directo: las deudas con el 20%, la corrupción con el 13,8%, la incertidumbre económica con el 13,4%, el desempleo con el 12,2% y la inflación con el 10%. La diferencia central no está en que unos estén preocupados y otros no, sino en cómo se organiza la preocupación: el oficialismo combina apoyo político con dudas sobre economía y corrupción, mientras que la oposición traduce el malestar en una lectura más dirigida al impacto económico concreto sobre la vida diaria.
Imágenes políticas
En mayo, la imagen de Javier Milei continuó en terreno negativo y confirmó que el deterioro registrado en los meses previos no fue un movimiento aislado. Su imagen positiva se ubicó en el 35,6%, mientras que la negativa alcanzó el 59,6%, con un diferencial adverso de 24 puntos. El dato político más relevante es que la figura presidencial parece haber dejado atrás la zona de equilibrio que había mostrado a comienzos del año y empieza a estabilizarse en un nivel de rechazo alto. En un contexto donde la mayoría evalúa negativamente la situación económica del país, gran parte de los hogares siente que su salario pierde contra la inflación y crece la demanda de cambios en el plan económico. Así, la imagen presidencial queda cada vez más atada a los resultados concretos de la economía cotidiana.
Hacia los próximos meses, el escenario muestra poco margen para una recuperación espontánea si no aparece una mejora visible en los ingresos, en el consumo y en la capacidad de llegar a fin de mes. Con este nivel de preocupación y de pesimismo sobre el presente económico, Milei parece sostenerse principalmente sobre su núcleo más firme, asociado al electorado más antiperonista y más dispuesto a tolerar el costo del ajuste. El riesgo aparece en el electorado más blando, que acompañó por expectativa de ordenamiento, por rechazo al pasado o por promesa de mejora económica, pero que es mucho más sensible a los resultados materiales. Si esa franja no percibe una recuperación concreta, la imagen presidencial puede seguir perdiendo capacidad de expansión y quedar cada vez más encerrada en su base dura.
Por su parte, Axel Kicillof muestra una recuperación relevante de imagen y logra salir del momento más débil de la serie reciente. Después de haber tocado en febrero un piso de imagen positiva, en mayo volvió a ubicarse cerca de los 40 puntos, mientras que su imagen negativa se mantuvo elevada, en el 53%. El dato no alcanza para hablar de una consolidación plena, porque el diferencial sigue siendo negativo, pero sí marca un cambio de tendencia políticamente significativo: en un contexto de creciente descontento con el Gobierno nacional, Kicillof recupera volumen como figura opositora y aparece en el informe como el principal líder de la oposición con 32,3%.
Esa mejora parece apoyarse menos en una adhesión plenamente consolidada y más en un corrimiento del clima político frente al desgaste del oficialismo. La presión sobre la microeconomía de los hogares, la percepción negativa sobre la situación del país y la demanda de cambios en el rumbo económico abren espacios para dirigentes opositores con perfil de gestión y capacidad de representación institucional. En ese escenario, Kicillof empieza a afirmarse como una de las figuras con mayor capacidad para canalizar el malestar, aunque todavía enfrenta un límite claro: su crecimiento convive con niveles altos de imagen negativa y con una oposición que sigue fragmentada, sin una conducción única ordenada de cara a 2027.
Mientras tanto, Patricia Bullrich logra sostener una imagen positiva relevante y muestra una resistencia mayor al desgaste que hoy afecta a otras figuras del oficialismo. En mayo alcanzó el 40,6% de imagen positiva frente al 54,2% de negativa, un diferencial adverso, pero menos crítico que el de otros nombres asociados al Gobierno nacional. Su perfil aparece relativamente menos golpeado por la coyuntura inmediata, algo que puede leerse en relación con el lugar político que ocupa: su figura queda más asociada a una idea general de orden, autoridad y firmeza que a la gestión económica cotidiana. En ese marco, los problemas de la microeconomía parecen afectarla menos que a los dirigentes más directamente vinculados con la conducción diaria del oficialismo.
Más que como ejecutora directa del presente económico, Bullrich sigue siendo leída por una parte del electorado como una expresión política de rumbo, control y decisión. Esa diferencia le permite preservar mejor su capital simbólico en un contexto general de desgaste, aunque sin quedar fuera del clima negativo que atraviesa al oficialismo. Su imagen sigue siendo mayoritariamente desfavorable, pero conserva un piso competitivo que la distingue de figuras más expuestas al costo económico, a la dinámica interna del Gobierno y a las tensiones reputacionales que hoy golpean con más fuerza al núcleo presidencial.
Por su parte, Myriam Bregman aparece como una de las novedades más significativas del escenario político. En un contexto de ajuste, desgaste del relato oficial y creciente malestar frente al rumbo económico, su figura empieza a expandirse como canal de una oposición más frontal a Javier Milei. Con 44,6% de imagen positiva y 43,4% de negativa, es la única figura medida que presentó diferencial favorable. El dato es políticamente relevante porque muestra que el descontento no está siendo capitalizado únicamente por perfiles opositores con mayor volumen institucional, como Axel Kicillof, sino también por referencias con una identidad ideológica más nítida y una crítica más directa al oficialismo.
Ese crecimiento no implica todavía una centralidad electoral consolidada, pero sí marca un cambio en el clima opositor. A medida que se acumulan las tensiones por la economía cotidiana, la pérdida de poder adquisitivo y la demanda de cambios en el plan económico, también empieza a abrirse espacio para discursos que no plantean sólo una corrección del rumbo, sino una impugnación más amplia del proyecto libertario. En ese sentido, Bregman parece captar una parte del malestar que no busca únicamente alternancia de gestión, sino confrontación política, económica y simbólica con el mileísmo.
En el caso de Manuel Adorni, el deterioro aparece todavía más pronunciado y lo ubica como el principal foco de vulnerabilidad reputacional del oficialismo. Con apenas 17,9% de imagen positiva y 73,6% de negativa, registró el diferencial más adverso entre las figuras medidas por el MOP. El dato se vuelve especialmente sensible por el contexto político que lo rodea: los escándalos vinculados a presuntos hechos de corrupción, las dudas sobre su evolución patrimonial y el hecho de que todavía no haya presentado su declaración jurada lo colocan en una zona de alta exposición pública. Para una fuerza que construyó buena parte de su legitimidad sobre el discurso anticasta, el problema excede a la figura individual de Adorni y golpea sobre la credibilidad moral del oficialismo.
Finalmente, Diego Santilli queda ubicado en una zona intermedia del tablero político. Como ministro del Interior, su figura tiene hoy un rol central en la articulación política del Gobierno con gobernadores y Congreso de la Nación, pero su imagen todavía no aparece plenamente asociada al núcleo más expuesto del oficialismo. Con el 36,7% de imagen positiva y el 50,6% de negativa, conserva un nivel de conocimiento y competitividad relevante, aunque con diferencial adverso. Su caso muestra una tensión particular: puede funcionar como puente político para ampliar gobernabilidad y ordenar acuerdos, pero también corre el riesgo de quedar alcanzado por el desgaste general del rumbo económico si la gestión nacional no logra resultados concretos.
La aprobación de la segunda revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el consecuente desembolso de US$ 1.000 millones no llegaron con un cheque en blanco. En su último staff report, el organismo multilateral de crédito introdujo una advertencia técnica de calado estructural: la arquitectura estadística de la Argentina —el “termómetro” con el que se mide la estabilización— presenta signos de obsolescencia que podrían estar distorsionando la lectura de la desinflación y de las cuentas nacionales.
Para el staff técnico que dirige Kristalina Georgieva, la consolidación del proceso de desinflación es una condición necesaria, pero no suficiente, si no se cuenta con un herramental de medición que refleje la economía real del 2026 y no la de hace dos décadas.
La canasta del 2004 en una economía de 2026: El diagnóstico de obsolescencia
El punto de fricción central radica en la “prolongada demora” para actualizar la metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Actualmente, el indicador se rige por una estructura de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/2005, lo que el Fondo califica como una “metodología desactualizada y menos representativa”.
El plan original del INDEC preveía migrar hacia la canasta de 2017/2018 a comienzos de este año, incorporando servicios digitales, nuevas modalidades de consumo y una ponderación de precios relativos más fidedigna. Sin embargo, tras la salida de Marco Lavagna y la asunción de Pedro Lines al frente del organismo bajo la órbita de Luis Caputo, el cronograma de actualización quedó en un limbo técnico.
Según el documento del Fondo, la nueva medición se publicará recién “una vez que el proceso de desinflación esté firmemente consolidado”. No obstante, el organismo advierte que la calidad de los datos es un pilar de la credibilidad del programa económico: Cuentas Nacionales: El FMI detecta limitaciones en precisión y desagregación debido a un “año base obsoleto”. Sector Externo: Existen restricciones críticas en la disponibilidad de datos devengados fuera del comercio de bienes, con rezagos que dificultan el monitoreo en tiempo real de la balanza de pagos.
Más allá de la aritmética, el Fondo apunta a la Gobernanza de Datos. El staff report insta al Gobierno a avanzar en un marco institucional “modernizado” para el INDEC. Esto implica retomar el debate sobre una nueva Ley de Estadística que otorgue mayor autarquía al organismo, blindando la producción de datos de las alternancias políticas y las urgencias del Ministerio de Economía.
En este sentido, el Fondo se ofreció formalmente para “continuar brindando asistencia técnica” que permita alinear las estadísticas oficiales con las mejores prácticas internacionales, un mensaje que en el lenguaje diplomático del organismo suele leerse como una observación sobre la necesidad de mayor transparencia e independencia técnica.
El “Trípode” de Reformas: Cepo, Tributos y Previsión
Aunque el informe destaca la marcada desaceleración de la inflación y proyecta un escenario de crecimiento moderado —condicionado por la disciplina fiscal—, el FMI recordó que el éxito del programa de mediano plazo no depende solo de la licuación o el ajuste, sino de reformas de fondo.
El organismo solicitó flexibilización del esquema cambiario: Una hoja de ruta clara para el desarme del “cepo” y la unificación del mercado de cambios. Reforma Tributaria: Simplificación del sistema para reducir la informalidad y mejorar la eficiencia recaudatoria. Y reforma Previsional: Un rediseño que garantice la sostenibilidad del sistema ante la transición demográfica.
El FMI ha pasado de la fase de “bombero” a la de “auditor”. El desembolso de los mil millones de dólares estabiliza las reservas en el corto plazo, pero la exigencia de modernizar el INDEC sugiere que el Fondo busca que la baja de la inflación sea validada por un sistema estadístico incuestionable. Para el management económico argentino, el reto será actualizar el “termómetro” sin que ello implique una corrección al alza de la inflación percibida en la transición hacia la nueva metodología.
Centro de Economía Política Argentina. La mayoría de los análisis vinculados a la guerra en Oriente Medio han priorizado la situación política y económica inmediata en Estados Unidos como driver para proyectar los acontecimientos. Así, entonces, tomó centralidad la hipótesis de guerra corta, dado que Donald Trump enfrenta elecciones legislativas este año y la guerra afecta su imagen por la combinación de subas en el precio de los combustibles y las tasas de interés. Sin embargo, bajo una mirada de realismo en clave geopolítica, se puede sostener que los intereses de la nación (EE.UU.) están por encima de los intereses particulares (Trump). Siguiendo esta línea de pensamiento, pesa sustancialmente más el hecho de que EE.UU. es un país exportador neto de energía. La hipótesis toma aún más fuerza cuando, incluso, el propio Trump sostuvo, en marzo de 2026 “Estados Unidos es, con mucha diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero.”
Priorizar el poder geopolítico y el negocio económico ha sido una prioridad para EE.UU. y para el propio Trump, quien llevó adelante: la imposición de aranceles récord a la importación en abril de 2025, la decisión de comprar acciones “estratégicas” como Intel, empresas relacionadas a minerales críticos como las tierras raras y el litio, la destrucción del Nord Stream y el cierre del estrecho de Ormuz.
Con Europa condicionado por el suministro de gas proveniente de Rusia, el cierre del estrecho de Ormuz deja al viejo continente a merced, económica y geopolíticamente del Gas Natural Licuado de Estados Unidos. A ello se suma el efecto sobre China que, si bien ha logrado sortear, en parte, las limitaciones para acceder al petróleo iraní, un tercio del abastecimiento provenía del estrecho de Ormuz. Con incentivos a extender el conflicto, parece oportuno evaluar los efectos de ese escenario.
Envión externo pero sacudón fiscal e inflacionario
Con el Brent 60% por encima del precio pre guerra, los efectos son diversos. Por un lado, en el frente cambiario genera un fuerte envión para la balanza energética (que explica el 43% del superávit comercial), lo que se comenzó a ver con la fuerte acumulación de dólares del BCRA en lo que va del año (USD 8.855 millones). Podría, además, matizar el efecto estacional sobre la balanza energética en el segundo semestre del año. En base a las estimaciones conservadoras del mercado, si el petróleo se mantiene en estos niveles, el efecto precio llevaría a un aumento del superávit cercano a los USD 4.000 millones para este año. Complementariamente, en el corto plazo permite grandes ganancias para las petroleras, entre ellas YPF, que presentó un flujo libre de caja de USD 871 millones en el primer trimestre (USD 500 millones por la venta de Profertil). El prolongamiento del conflicto podría permitir también acelerar las inversiones o algún mecanismo que le permita lograr financiamiento al Tesoro, sea por giro de dividendos (en principio empezarían en 2028) o porque YPF coloque su excedente en un bono corto como el AO27.
El efecto no se acota al 2026. El vicepresidente del BCRA mostró, en enero, proyecciones de superávit energético por USD 19.000 millones para 2027 y USD 22.000 millones 2028, con un Brent en 70 dólares. Si el conflicto trae un régimen de mayores precios en los próximos dos años, ello podría incrementar el saldo en, al menos, USD 14.000 millones.
Mientras que en el frente cambiario Argentina es uno de los pocos países que se benefician, en el panorama fiscal e inflacionario se pierde esa excepción. La fuerte suba de los combustibles presiona los datos de inflación y el valor de las tarifas energéticas. Estas últimas tienen la particularidad de contar con subsidios por parte del Estado, por lo que, frente a una suba en el costo de generación, el gobierno enfrenta la disyuntiva entre absorber el shock y aumentar los subsidios o dejar subir el precio y que impacte en la inflación. La estrategia del gobierno es mantener los subsidios a la tarifa de gas durante el invierno, comprometiendo de corto plazo el frente fiscal, pero recuperar ese diferencial en verano, cuando el consumo de gas es significativamente menor. Básicamente asumen el costo fiscal hoy y patean el efecto en la inflación hasta el verano, aunque si el conflicto efectivamente se prolonga, el shock en la tarifa se vería potenciado porque debería absorber tanto lo postergado en invierno como los nuevos precios. Por otro lado, la decisión de posponer la implementación del FAL es reconocer la debilidad en el frente fiscal. La medida, aprobada en el marco de la reforma laboral de febrero, es imposible cumplir con los objetivos de superávit si impacta con menor recaudación en cerca del 0,2% del PBI. Como contracara de ese “ahorro fiscal”, esta semana el presidente anunció una reducción en dos puntos porcentuales de las retenciones al trigo y la cebada mientras sostuvo que, si la situación fiscal se lo permite, en enero 2027 comenzará una baja gradual de las retenciones a las exportaciones de soja de entre 0,25 y 0,5 puntos por mes. En síntesis: la complejidad del escenario fiscal llevó a que el gobierno prefiriera dar marcha atrás con el FAL y hacer una promesa condicional con las retenciones.
En la misma línea, el frente financiero muestra obstáculos. La expectativa de suba de la inflación en el mundo y el efecto en las finanzas de los estados llevó a una fuerte suba en las tasas de interés internacionales. Un incremento en la tasa “libre de riesgo” puede generar una percepción de mayor riesgo a nivel global, con inversores vendiendo deuda argentina para comprar deuda estadounidense y ampliando el riesgo país (RP), fenómeno comúnmente llamado “flight to quality”. El tema es que el acceso al financiamiento del país se ve afectado incluso sin suba del RP, ya que, si suben los rendimientos libres de riesgo y el RP se mantiene, los rendimientos de los bonos argentinos también suben.
Si bien el Tesoro argentino todavía no logró acceso al mercado internacional, sí lo hicieron las provincias y empresas por montos más que relevantes, lo que le permitió al BCRA comprar reservas. Sólo las provincias se endeudaron por USD 3.650 millones, mientras que las empresas lo hicieron por USD 9.900 millones, por lo que la suma es mayor al superávit comercial acumulado desde la elección (USD 13.550 vs USD 11.363 millones). Si bien el cepo previene grandes movimientos negativos de la cuenta financiera, si el flujo positivo se reduce fuertemente habrá un impacto en las compras del BCRA.
Otro punto relevante para el frente financiero es como la guerra pega en la imagen de Trump. En ediciones pasadas ya desarrollamos el efecto directo entre el resultado de las elecciones legislativas y el programa financiero, tanto por los vencimientos con organismos internacionales como por un eventual salvataje electoral. La extensión de la guerra hace cada vez más probable una derrota de Trump, lo que viene acompañado de un pedido de juicio político, que -aun siendo improbable dado que los votos para destituirlo no están-, sí podría dañar fuertemente su imagen y capacidad para afrontar críticas en un eventual nuevo swap con Argentina.
Armando la línea de fondo
Entre los hechos más relevantes de las últimas semanas, el Banco Central publicó sus Estados Contables para el ejercicio 2025 y, repitiendo el modus operandi del resultado anterior, puso a disposición del Tesoro parte de las ganancias del período: de un acumulado de $35,8 billones, $24,4 billones se giraron al Ministerio de Economía.
El Balance del Banco Central es una foto del activo, pasivo y patrimonio neto del banco. Resulta relevante, además, porque brinda información sobre hechos que no son monitoreables periódicamente, como el estado de los acuerdos de intercambio de monedas, sus tenencias de títulos de deuda y los resultados derivados de diferencias de cotización en sus activos.
De los $24,4 billones que tiene a disposición, Luis Caputo dispuso dos cosas. Por un lado, el ministro comunicó que $18,4 billones (~USD 13.500 millones) sean aplicados a la cancelación de Letras Intransferibles (LLII). El ministro especificó que se recomprarían USD 21.000 millones de Valor Nominal Original, lo que implica que el Tesoro reconocerá una paridad alrededor del 60,0%, mientras que el BCRA lo hace a una paridad promedio de 31,3%. La ganancia que obtenga el BCRA depende de las Letras que finalmente compre el Tesoro, pero podemos estimar que generará un monto cercano a los $6,0 billones. Lo curioso de esta ingeniería financiera es que lo que le genera una ganancia contable al BCRA es el Tesoro pagando por encima de la valuación y luego recibe ese dinero como transferencia de utilidades. Particularmente, $6,3 billones fue la ganancia por diferencia de valuación de LLII durante el ejercicio de 2025 y al cierre se le depositaron $6,0 billones al Tesoro (que a la vez es similar a la ganancia contable que estimamos tendrá por la nueva cancelación de LLII). Para el cierre del ejercicio 2026, el BCRA probablemente vuelva a obtener ganancias y volverá a girarle utilidades al Tesoro. Por otro lado, Caputo decidió que se aplicarán $6,0 billones para constituir depósitos del Tesoro en BCRA, destinados a la llamada “cuenta 2020” que -como resultado de las sucesivas licitaciones de deuda donde absorbió Base Monetaria mediante endeudamiento neto-, había llegado a registrar $7,8 billones. El saldo, ahora, ascendería a $13,8 billones.
El gobierno sostuvo que este movimiento no representa emisión, ya que sus depósitos no forman parte de la Base Monetaria (BM) y, además, no serían usados para expandirla. Ahora bien, ¿qué destino le dieron a esos fondos? En 2025, se realizó un giro de utilidades del BCRA al Tesoro que alcanzó $12,0B y la Cuenta Corriente en BCRA (Cuenta 2020) ascendió a $15,9B al 25 de abril. Para poner en dimensión, como la Base Monetaria de ese momento alcanzaba los $31,5B, el Tesoro contaba con liquidez por el 50,6% de la BM.
¿Para qué necesitó el Tesoro contar con semejantes disponibilidades? En primer lugar, porque el anuncio de la eliminación de las LeFi, apenas 6 semanas después, generó un desorden severo del esquema monetario que obligó a la Secretaría de Finanzas a pagar, a inicios de julio, $4,3 billones en efectivo a inversores que no quisieron refinanciar sus títulos en pesos. Vale recordar que la medida provocó que alrededor de $10,0 billones de pesos previamente depositados en LeFi pasaron a “sobrar” en la economía, provocando un derrumbe de las tasas de interés del mercado de dinero hasta el 10,0% TNA (para tener una referencia, semanas más tarde llegaron a superar el 100,0% TNA y hoy se ubican en la zona de 20,0% TNA). En segundo lugar, porque aun con una suba del requerimiento de encajes -para eliminar dicho “exceso de pesos”- que alcanzó niveles récord, el Tesoro tuvo que volver a desembolsar efectivo de la Cuenta 2020 para el pago de títulos en licitaciones con bajo refinanciamiento. Fueron $5,8B a fines de julio y otros $1,0B a mediados de agosto. Y, en tercer lugar, porque usó otros $2,8B de la Cuenta 2020 para comprar los dólares que instó a liquidar en 3 días plazo durante septiembre a partir de la medida de alícuota 0% de retenciones.
En suma, podríamos concluir que el giro de utilidades financió el esquema económico que el gobierno eligió para sortear los meses previos a la elección, que buscaba -aunque sin tanto éxito, ya que necesitó un rescate de Estados Unidos- mantener el esquema cambiario y la inflación controlada.
Analizando hacia adelante, repetir una jugada que hoy le provee de $6,0B para engrosar sus depósitos y que en 12 meses le significarán nuevamente un monto similar (por el reconocimiento de valuaciones por encima de las que contabiliza el Banco Central), denota un interés especial del gobierno por contar con esos fondos, justamente para repetir las maniobras de emergencia preelectorales durante el 2027. La estrategia de inyectar pesos desde el Tesoro según lo que pase en cada licitación encuentra contradicciones con el supuesto marco de política monetaria que propone el equipo económico, de control de agregados. Si bien discursivamente recurrieron a crear un nuevo agregado, la “Base Monetaria Amplia” -que incluye los depósitos del Tesoro en el BCRA, justamente para esconder el efecto expansivo de utilizar esos recursos e inyectarlos en la Base Monetaria tradicional- éste nunca tuvo una lógica razonable y ya perdió total credibilidad. Como consecuencia, no creemos que la política monetaria pueda funcionar como un ancla.
Esta estrategia también está profundamente relacionada con lo que graficamos en la edición del 8 de mayo: los vencimientos de deuda en pesos -la misma que, como explicamos más arriba, no encontró refinanciamiento y el Tesoro tuvo que pagar en efectivo durante 2025- representan un paredón de $240,0B de cara a 2027 (alrededor de $120,0B con el Sector Privado, 3 veces la Base Monetaria) y es uno de los puntos más frágiles del gobierno si apuesta por armar una nueva línea de fondo y colgarse del travesaño.
