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Warsh: ¿cisne negro para Caputo?

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Centro de Economía Política Argentina. La semana pasada se conoció la recalificación del perfil de riesgo de la deuda argentina por parte de S&P al grado “B-”. El efecto en el Riesgo País fue significativo, llevó a una baja hasta los 425 puntos (casi 95 puntos menos en los últimos 30 días), impulsado por la expectativa de los inversores de que esta recalificación venga aparejada de un mayor flujo de inversión por parte de no residentes. Esto tuvo impacto ya que es la segunda calificación de ese grado que tiene el país (anteriormente Fitch recalificó a Argentina) y los estatutos de los principales fondos de inversión internacionales restringen la compra de activos a aquellos países con este grado de calificación por parte de dos de las tres posibles. 

El informe de la calificadora resalta la necesidad de acceder a los mercados internacionales para refinanciar los vencimientos de deuda y advierte que “probablemente se producirán tensiones durante los próximos 12 a 18 meses que podrían socavar la estabilidad económica”. Tanto los índices de confianza en el gobierno como una colocación en los mercados internacionales son los factores determinantes para la evolución de las próximas revisiones. Además, las calificadoras siempre prestan especial atención al resultado fiscal, de hecho, lo resaltan como motivo para la suba, pero en lo que va del año la dinámica fiscal muestra una imagen significativamente peor a la del año pasado.

Como adelantamos en la edición anterior, en mayo los ingresos del Tesoro mostraron una caída real interanual del 4,1% en su totalidad (recursos tributarios, rentas de la propiedad, otros ingresos corrientes e ingresos de capital), y específicamente, recursos tributarios, registró una caída del 2,4%. Estos resultados se dieron incluso con el viento de cola de la recaudación por ganancias, derivado de la baja base de comparación de mayo 2025 (algo que desarrollamos mejor en la edición anterior). En este sentido, es de esperar que la caída de ingresos en junio sea aún mayor. 

Por el lado del gasto, en mayo cayó 2,2% real interanual, un ritmo menor al que venía en los meses anteriores. Esta desaceleración es consistente con las declaraciones del ministro de hace unas semanas, donde reconoció que necesitaba que los ingresos se recuperen porque no le quedaba margen para seguir ajustando. En particular, las transferencias corrientes a provincias acumulan en 2026 una caída del 42,0% real frente al período enero – mayo de 2025. La contracara de ese ajuste a las provincias es el aumento de “anticipos financieros” a las mismas, en concepto de adelanto de coparticipación (que, al ser un préstamo y no un gasto, no aparece en el resultado fiscal), y desde abril se autorizaron anticipos para 15 provincias que agregan hasta $6,0 billones de pesos.

Esta combinación donde los ingresos caen más rápido que los gastos lleva a que el superávit fiscal acumulado en 2026 sea 31,5% menor en términos reales al de 2025. Mientras las calificadoras todavía festejan el “ancla fiscal”, creemos que el continuo deterioro del resultado presupuestario consolidado, que es una realidad, será un factor relevante para el Riesgo País. 

Sin embargo, buenos datos de inflación podrían traer un alivio en ese frente. Con la aparente resolución del conflicto en Irán y un barril de petróleo BRENT que cayó cerca de 20 dólares en la última quincena, el gobierno va a tener un mayor margen para reducir subsidios energéticos. Tener presente que el ministro Caputo había dado marcha atrás en enero en el cambio de la canasta de medición del INDEC, para evitar que los servicios pasaran a tener una ponderación mayor. Sin embargo, hasta el mes mayo, al comparar el dato acumulado entre ambas canastas, la diferencia es mínima, por lo que, o se dieron un tiro en el pie al perder credibilidad sin beneficio, o tenían planeada una suba en las tarifas que debieron postergar por el aumento de los precios de la guerra, hipótesis que luce más plausible. El buen dato de inflación de mayo (2,1%) refuerza esta idea, dado que amortigua un aumento tarifas y así permite acelerar el ajuste fiscal vía reducción de subsidios. 

Otro evento relevante de la semana y en línea con la vuelta a los mercados internacionales, fue que el gobierno envió al Congreso la propuesta para pagarle USD 170 millones a los hold-outs que litigaron en el exterior, lo que convalida el fallo extranjero y deja al país a merced de posibles juicios en el futuro de bonistas que entraron en canjes anteriores. 

Con estos niveles de tasa de interés internacional y Riesgo País, la vuelta a los mercados comienza a depender más de la estrategia que de la posibilidad. Por un lado, los vencimientos de Julio por USD 4.200 millones parecerían estar cerrados: el Tesoro cuenta con casi USD 3.000 millones de dólares en depósitos del Tesoro y se confirmaron las garantías que el Banco Mundial, junto al BID y la CAF le darían al país para que Caputo pueda acceder a financiamiento por hasta alrededor de USD 3.200 millones (sin contar lo garantizado por la CAF que está pendiente de confirmación) a tasas menores a las de mercado. La apuesta por fuentes de financiamiento “alternativas”, como los cerca de USD 4.900 millones obtenidos entre los distintos bonares finalizaría en la próxima licitación, cuando se complete el límite establecido del AO28. Nosotros creemos que seguramente se abra un nuevo título de características similares cuando nos acerquemos a los vencimientos de enero. Ahora bien, hay motivos por los cuales aprovechar esta ventana de financiamiento internacional que parecería permitir la caída del Riesgo País puede resultar atractivo.

El primer semestre históricamente cuenta con estacionalidad positiva en el mercado cambiario: la liquidación de la cosecha gruesa y la guerra le permitieron al BCRA comprar más de USD 10.000 millones. En el segundo semestre se ven mayores dificultades en el mercado de cambios, al ingresar en junio ya se empieza a ver un menor ritmo de compras de reservas y una mayor intervención por parte del BCRA en títulos dólar linked, por lo que una incógnita relevante es hasta cuándo podrá mantenerse el ritmo de compras. Las dos variables determinantes serán el tipo de cambio y tasa de interés que el gobierno desee sostener, a mayor tipo de cambio y tasa de interés, mayor es la capacidad para acumular reservas. Por el contrario, si desea controlar el tipo de cambio en los meses de menor oferta estructural, podríamos ver ventas de reservas y una mayor contracción monetaria para subir la tasa y desincentivar la compra de dólares.

Con un mercado que se encuentra optimista y de cara a un segundo semestre más complicado y las elecciones de 2027 cada vez más cerca, el ruido político que pueden generar las legislativas en Estados Unidos y un mayor foco en la situación fiscal (consolidado gobierno y provincias), luce difícil que siga bajando el costo de financiamiento – y que aumenta la carga de intereses del Tesoro -, que en el mercado internacional rondaría el 8%-9%.  A pesar de ser un valor elevado, ya comienza a estar en un rango de sostenibilidad de la deuda y forma parte del camino de refinanciar el frente externo de deuda, ya que uno de los aspectos más relevantes es brindar certidumbre acerca del origen de los fondos para afrontar los vencimientos.

Cambio de rumbo en la política monetaria de la Reserva Federal

Un factor muy relevante para determinar si la ventana de financiamiento es efectivamente una oportunidad de corto plazo, o si “no hay apuro”, es la trayectoria esperada de las tasas de interés a nivel global, que mostraron un cambio.

La tasa de fondos fijada por la Reserva Federal se ubica en el nivel de 3,5% desde diciembre de 2025. En esa misma reunión, las proyecciones de la FED para la tasa de interés indicaban una baja durante 2026. Sin embargo, las tasas de mercado se desacoplaron de la dinámica que sostuvo la fijada por la FED, con la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 2 años aumentando 0,62 puntos porcentuales desde comienzos de año, desde 3,45% hacia 4,07%. Al mismo tiempo, las probabilidades implícitas en precios de los activos marcaron una expectativa de que en 2026 tengamos una suba en la tasa, oponiéndose a las últimas proyecciones de la FED.

Finalmente, la asunción del nuevo presidente de la autoridad monetaria, Kevin Warsh, trajo un cambio radical en la política monetaria. No sólo las proyecciones del directorio se alinearon a las expectativas de mercado, proyectando una suba para 2026, sino que Warsh anunció reformas estructurales en la conducción de la política monetaria. Desde que Trump lo nominó como candidato, las declaraciones del flamante presidente tuvieron una línea argumentativa clara: “la Reserva Federal está hablando mucho y mal, tendríamos que hablar menos y mejor”.

La disputa que lleva adelante Warsh es contra el concepto de “forward guidance” adoptado post crisis financiera global de 2008. Este marco implica orientar a los mercados sobre la evolución futura de la política monetaria, para lo que se implementaron reuniones cada 45 días acompañadas de conferencias de prensa, proyecciones de tasas, crecimiento económico y desempleo. Además, los miembros del directorio declaraban periódicamente sobre el futuro de las tasas de interés. La búsqueda de este enfoque es brindarle orientación a los mercados financieros para que se anticipen a las decisiones de la institución. 

Bueno, en su primera conferencia de prensa, Warsh dio señales que van fuertemente en contra de esta teoría, argumentando que dar forward guidance es contraproducente para la interpretación de los agentes de los datos económicos, y todo se analiza en función de cómo iría a reaccionar la Reserva Federal. Para ello, Warsh anunció un paquete de reformas estructurales que buscan reformular la presentación de proyecciones, dar conferencias de prensa sólo cuando sea necesario, dar menos declaraciones públicas y tornar “más aburridos” sus comunicados.

Además, y probablemente lo más importante de su primera conferencia, Warsh planteó un objetivo claro dirigido al control de la inflación como objetivo de la política monetaria, relativizando el mandato dual de la institución, que además balancea los riesgos del desempleo. Durante la conferencia no nombró por iniciativa propia al desempleo y cuando le preguntaron al respecto contestó que no existe un trade-off entre inflación y desempleo, una regla ampliamente instalada.

En lo concreto, los efectos de esta reestructuración de la conducción de la política monetaria fueron inmediatos. En apenas 2 horas, la tasa de interés de deuda estadounidense a 2 años subió a 4,2% (+0,14 puntos porcentuales), el índice S&P500 cayó 1,3% y los mercados recalcularon sus proyecciones, poniendo en precios la posibilidad de 2 subas de tasa para 2026. El panorama internacional está claro: las tasas de interés no van a bajar, y probablemente terminen subiendo. Para Caputo, esto implica que la hipotética ventana de acceso al mercado que se abrió con la recalificación de S&P puede durar muy poco.

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El BID aprobó una garantía por US$550 millones para la Argentina

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Tras la confirmación del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía por US$ 550 millones para Argentina.

Se trata de un nuevo apoyo financiero para el país, el cual irá destinado a “fortalecer la seguridad y la justicia” de Argentina.

El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una garantía de hasta USD 550 millones para fortalecer las políticas de seguridad y justicia en la Argentina y mejorar el acceso del país a los mercados de capitales.

Esta medida representa la primera vez que el BID otorga una garantía de este tipo al país sudamericano, según informó el organismo internacional.

De acuerdo con el comunicado oficial, la garantía permitirá al país movilizar USD 1.200 millones en financiamiento privado. Este ingreso facilitará la llegada de recursos internacionales, en sintonía con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El BID explicó que el apoyo busca “mejorar el acceso a los mercados internacionales de capital, en línea con los objetivos del plan de sostenibilidad fiscal acordado con el FMI”.

El financiamiento se destinará al programa de Políticas Proactivas de Seguridad y Justicia (PROSEJUS), un conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno argentino para enfrentar los delitos vinculados a organizaciones criminales. El proyecto pretende “fortalecer la capacidad del sistema de seguridad y justicia del país para aumentar la efectividad de la persecución penal, la investigación criminal, y la recuperación de activos de origen ilícito”, según consta en el comunicado del BID.

En el marco de la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, el proyecto incluye un enfoque integral y un programa basado en resultados. El objetivo es potenciar las capacidades de las fuerzas federales de seguridad y mejorar la investigación e inteligencia criminal. El BID subrayó que “el costo directo del crimen y la violencia en el país se estima en 3,9% del PIB, superando el promedio regional”.

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El Banco Central compró US$ 50 millones y las reservas quedaron en US$ 47.419 millones

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El Banco Central compró este viernes US$ 50 millones y las reservas quedaron en US$ 47.419 millones.

Las reservas tuvieron un retroceso como consecuencia de distintos pagos y reacomodamiento de cotizaciones.

El jueves, las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) habían subido.

La autoridad monetaria mantuvo el saldo comprador, aunque moderó el ritmo de intervención en el mercado oficial.

El BCRA llevó el acumulado de compras en junio a US$ 873 millones. 

En lo que va de 2026, las compras netas ya ascienden a US$ 11.542 millones, por encima del piso de la meta anual de acumulación de reservas, fijado en US$ 10.000 millones.__IP__

Aunque el Banco Central ya superó el objetivo inicial de compras para todo el año, el mercado sigue mirando cuánto de esas adquisiciones logra traducirse en una recomposición sostenida de las reservas brutas y netas.

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Salarios en reestructuración

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Por Juan Luis Bour / FIEL – Tras recuperarse al 4.4% en 2025, en 2026 la economía volverá a crecer muy probablemente entre 2.5 y 3%, pero aun así no será este un año “de despegue” para los salarios formales. En cambio, es un periodo de fuertes modificaciones en salarios relativos. Hay más de un factor para ello, tal como analizamos en la nota editorial de este mes, pero más que proyectar tendencias veamos que nos dicen los datos mismos. El Cuadro 1 ofrece una mirada rápida sobre la evolución salarial y de jubilaciones reciente.

Con base 100 en noviembre de 2023 los datos muestran que los salarios “normales” del sector privado medidos a través del RIPTE, que cayeron durante los primeros meses de la actual gestión, se recuperaron hasta ubicarse 1% arriba del dato base que -para tener en cuenta- estaba 7.5% abajo del promedio móvil de los 12 meses previos. Si la medición es con el IVS, un índice que capta mejor la totalidad de ingresos salariales, el resultado es que a marzo de este 2026 los ingresos reales de los asalariados formales en el sector privado se mantienen por debajo de la base de noviembre (no así si se toma el dato de diciembre, con el “fogonazo” inflacionario de ese mes). Para ambos índices, además, se observa una caída de los ingresos reales en el primer trimestre de este año (última columna).

El resto de los ingresos laborales tiene evolución conocida: caen los salarios públicos respecto de la base, pero se estabilizaron en este primer trimestre de 2026. Los ingresos informales muestran un sostenido ascenso, que ubica el último dato 74% por arriba de noviembre de 2023 y más de 100% real por sobre diciembre de ese año. Este crecimiento acelerado de los ingresos informales responde a varios factores que conviene tener en cuenta. Por un lado, el retraso en la recolección de los datos en el caso de ingresos informales a través de la EPH sobreestima las caídas en términos reales cuando la inflación se acelera y también sobreestima la recuperación cuando la inflación se frena. En segundo lugar, la medición misma de ingresos por declaración de los agentes tiene menor precisión que la que surge de registros, lo que vale para la EPH tanto para ingresos formales como informales, pero la variabilidad mayor de estos últimos ingresos reduce la confiabilidad del dato. En tercer lugar, el empleo en los últimos tres años creció básicamente de la mano de los trabajadores independientes e informales: entre el cuarto trimestre de 2022 y el cuarto de 2025, los puestos de trabajo ocupados totales crecieron 833 mil, pero mientras la cantidad de asalariados registraron no se movió (cayó en 5 mil), todo el aumento fue de no asalariados (673 mil) y de asalariados informales (144 mil). Esta “explosión” de crecimiento básicamente informal determina cambios en la composición de este grupo que pueden haber incidido en la definición de “ingreso medio informal” representativo. O sea que estamos tratando de medir algo que se transforma aceleradamente (respecto del grupo de asalariados formales que se estanca), y por lo tanto las características del grupo (promedio de ingresos en particular) pueden variar.

Con dudas sobre la evolución futura del ingreso medio informal por lo antes anotado, para el resto de ingresos laborales es más clara y menos promisoria. A favor de una recuperación en términos reales jugará una baja persistente de la inflación, dependiendo de su magnitud. Dado que venimos de tasas en torno de 3%, cabe esperar que las variaciones sean al menos neutras cuando la inflación perfore el 2% mensual. En salarios privados formales, la estrategia oficial de homologar acuerdos colectivos con pauta inferior a la inflación seguramente persistirá durante 2026 y 2027, lo que no impide que los salarios efectivos (medidos por IVS y RIPTE) se acerquen o superen en algún mes la tasa de inflación.

Un informe de la Secretaría de Trabajo muestra que, con base en noviembre de 2023, el salario de convenio promedio se ubicaba en marzo 6% por debajo de su base, mientras que el salario promedio del SIPA se encontraba 3% por sobre la base (la variación usando el promedio del SIPA difiere, como se ve, de los datos del Cuadro 1). La diferencia de 9 puntos entre los salarios efectivos y de convenio ha venido creciendo en los últimos 6 meses. Un cuadro elaborado por la misma Secretaría con datos desde diciembre de 2012 muestra que, para el periodo que va hasta fines de 2020, la remuneración de convenio estuvo por encima de la remuneración efectiva promedio (en términos reales, respecto de la base). Desde allí en más, la remuneración de convenio evolucionó por debajo de los salarios efectivos, y esta diferencia se hizo máxima en la actual Administración y en particular en los últimos 6 a 9 meses.

En un ambiente de una economía más abierta y que enfrenta la necesidad de importantes reestructuraciones, la estrategia oficial de evitar la indexación de los salarios de convenio es la más apropiada para preservar el empleo (es decir, para evitar que las empresas que necesitan reestructurar no se vean forzadas por aumentos insostenibles de costos laborales) y facilitar cambios de salarios relativos entre sectores y entre empresas. Es inevitable que esta situación lleve a un crecimiento de la dispersión salarial que ya está ocurriendo en múltiples dimensiones: a nivel sectorial, regional, y también intrasectorial e intraempresa.

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Luz verde del FMI para el programa fiscal

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Por Isidro Guardarucci / FIELUn abril en positivo. El Sector Público Nacional No Financiero volvió a cerrar abril con superávit primario y financiero. El dato no es menor. En una economía que hasta hace 2 años estaba acostumbrada a que el déficit sea la norma y el equilibrio la excepción, la persistencia de resultados positivos sigue siendo una buena noticia. Más aún, en un contexto donde el ancla fiscal ocupa un lugar central en el programa económico y en la relación con el FMI.

No obstante, mirar sólo el signo del resultado puede llevar a una lectura incompleta. El acumulado del primer cuatrimestre muestra una foto algo menos holgada que la del año pasado. Cuando se compara enero-abril de 2026 con el mismo período de 2025, medido a precios constantes, el resultado primario cae alrededor de 12%, pero si se netean ingresos extraordinarios (en línea con la medición que realiza el FMI para sus metas), la merma real es de casi 27%. Es decir, la caja sigue cerrando, pero con márgenes menores.

Ejecución acumulada enero-abril ($ millones de 2026)

Fuente: elaboración propia en base a Mecon

La explicación es sencilla: aun cuando la consolidación del gasto continúa, los ingresos caen relativamente más. Los recursos totales muestran una baja real superior al 4%, mientras que los ingresos tributarios retroceden alrededor de 7%. Del otro lado, el gasto primario también se contrae, aunque a un ritmo menor, cercano al 3%.

El detalle del primer cuatrimestre

La debilidad de los ingresos tributarios es evidente en el primer cuatrimestre. La caída no descansa en un único componente, sino que se distribuye entre varios pilares de la estructura tributaria nacional. Cabe mencionar que, a diferencia de años pasados, cuando la alta inflación y consecuente licuación de algunas partidas daban aire a la caja, el escenario actual exige que la recaudación acompañe por cantidades y no sólo por nominalidad. Si eso no ocurre, el equilibrio fiscal depende cada vez más de la administración del gasto.

Para estos resultados, pesa la caída de los Derechos de Exportación, afectada por cambios en alícuotas y por la propia dinámica del tipo de cambio. A esto se suman bajas en aportes y contribuciones. Estos dos recursos concentran el 33% y 21% de la baja total de ingresos tributarios, respectivamente. En esta línea, el IVA vuelve a aparecer entre los tributos que más explican la merma. Esta señal es relevante porque se trata de un impuesto muy asociado a la dinámica del consumo y la actividad interna. No obstante, debe tenerse presente que mientras la recaudación a abril muestra una reducción real de 8,4%, la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos cayó menos del 3% cuando se mira el conjunto de las provincias. Si bien la base imponible de este presenta diferencias con el tributo al consumo nacional, es también reconocido como un indicador de la actividad y refleja un panorama distinto.

Por el lado del gasto, el primer cuatrimestre muestra que la disciplina fiscal sigue a la orden del día. Así, los gastos de funcionamiento no salarial se reducen de forma importante, al igual que las transferencias corrientes a provincias. También se observa una baja real en remuneraciones y en el resto de prestaciones sociales. Estos rubros siguen siendo parte relevante del esfuerzo fiscal.

No obstante, hay otros componentes que muestran una dinámica distinta. Las jubilaciones y pensiones contributivas vuelven a crecer en términos reales, algo esperable luego de la recomposición parcial del poder adquisitivo respecto de los momentos más duros del ajuste inicial. Los subsidios económicos también crecen en la comparación interanual del acumulado, impulsados especialmente por energía. Este punto merece atención, no tanto porque el nivel actual vuelva a los registros del pasado, sino porque se trata de una partida con una larga historia de desbordes fiscales.

La inversión pública nacional, por su parte, ya no muestra el mismo ritmo de caída que en etapas anteriores. El mes de abril mostró un cambió fuerte en la tendencia. Sólo en ese mes se registraron erogaciones equivalentes al 80% del acumulado en el primer trimestre entero.

La lectura de fondo es que la consolidación fiscal entra en una fase distinta. En 2024, una parte importante del ajuste descansó en la licuación inicial del gasto y en el shock de corrección de partidas. En 2025, el superávit se sostuvo con menor holgura, pero todavía apoyado en recortes muy fuertes en subsidios, inversión pública y transferencias. En 2026, el resultado exige una política fiscal más fina. Y acá, el pasado importa. El gobierno argentino ha mostrado en reiteradas ocasiones su voluntad por cumplir con los objetivos fiscales y no hay motivos para creer que 2026 será una excepción a esta dinámica (menos aún en un año que no presenta elecciones en agenda).

Revisión del FMI: programa fiscal aprobado y un futuro previsible

La segunda revisión del acuerdo con el FMI dejó una señal favorable para el gobierno: el programa sigue en pie y la política fiscal continúa siendo reconocida como un pilar del proceso de estabilización. Como era esperable, los nuevos desafíos incluyen avanzar calidad del ajuste, la sostenibilidad y la coordinación con el resto del programa macroeconómico.

En cuanto al pasado reciente, el Fondo destacó el desempeño fiscal, pero también manifestó que el efecto del registro de los intereses capitalizados debajo de la línea totalizó en 2025 un punto del PIB. De modo que, con esto, el balance global (incluyendo intereses) pasaría de un 0,2% positivo a 0,8% negativo. Además, esta revisión confirmó una reducción de la meta de superávit primario para este año la cual pasó de 2,2% del producto a 1,4%, el mismo nivel que el último ejercicio. Esto vuelve al objetivo actual desafiante pero muy razonablemente cumplible. Así, el objetivo de 2,2% quedó mencionado, pero como una meta en el mediano plazo y no como una condición para 2026.

A su vez, la institución volvió a manifestarse a favor de un esquema tributario más eficiente y equitativo (menos impuesto al cheque y retenciones, sumadas a una política de reducción de exenciones y tratamientos especiales). Ninguna novedad; no sería un reporte del FMI si no tuviese este pedido. En la misma categoría se incluye la idea de mejorar la focalización del gasto, especialmente en materia de subsidios. Más relevante (aunque tampoco muy novedoso) es la ratificación de la necesidad de presentar una reforma previsional. No obstante, la fecha fijada para tal evento es diciembre de 2027. Es decir, exactamente después de la renovación del mandato presidencial. Sea este gobierno u otro, esto refleja la intención deliberada de sacar de la agenda electoral el tema y postergarlo para una gestión políticamente renovada.

En resumen: aprobación, una meta menos ambiciosa para este año y el decálogo de buenas prácticas habitual.

El desafío que viene

El gobierno todavía conserva el activo más importante de su programa económico: la convicción fiscal. La pregunta para los próximos meses es si será suficiente para sostener el superávit mientras se espera que el ciclo económico (iniciado en sectores como el agro, las actividades extractivas y financieras) permee al resto de la economía y recaudación. La caja sigue cerrando. Pero, a diferencia del comienzo del ajuste, ahora cada peso cuesta más. Con menos presión del lado del Fondo y sin elecciones este año, no hay motivos para pensar que se incumplirá con los objetivos de este año. 

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