La economía argentina habría ingresado nuevamente en terreno contractivo durante el segundo trimestre de 2026. El Nowcast del PBI de la Universidad de San Andrés (UdeSA) profundizó en septiembre su estimación de caída de la actividad y calculó una contracción trimestral desestacionalizada de 0,89%, frente al 0,71% que proyectaba apenas un mes antes.
La revisión no es menor: de confirmarse, la caída borraría por completo el crecimiento con el que la economía había comenzado el año, según advierte el informe de coyuntura elaborado por la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés.
El deterioro también amplía la distancia entre la estimación académica y las expectativas del mercado. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado en agosto proyectaba una disminución de apenas 0,36% para el período. De esta manera, la contracción calculada por el Nowcast de UdeSA resulta casi dos veces y media superior a la prevista por el consenso de analistas.
La diferencia equivale a 0,53 puntos porcentuales: mientras el mercado anticipaba una caída moderada, el modelo de la universidad detecta una pérdida de actividad sensiblemente mayor.
La señal más relevante aparece, además, en la composición del indicador. Por segundo mes consecutivo, los datos vinculados al empleo fueron los que ejercieron la mayor presión negativa sobre la estimación del PBI. Esto introduce una dimensión especialmente sensible en el análisis: el enfriamiento no estaría limitado a indicadores financieros o sectoriales, sino que comienza a reflejarse con mayor intensidad en el mercado laboral.
El gráfico histórico incluido por la Universidad de San Andrés muestra justamente cómo la estimación del Nowcast comenzó a perder impulso después del primer trimestre y se internó en terreno negativo durante el segundo trimestre de 2026.
El Nowcast funciona como una estimación de alta frecuencia destinada a anticipar la evolución del producto antes de conocerse los datos definitivos. No reemplaza la medición oficial del INDEC, pero permite seguir semanalmente las señales provenientes de distintos indicadores económicos.
La actualización de septiembre deja así una advertencia relevante sobre el segundo trimestre: la desaceleración habría sido considerablemente más profunda de lo que esperaba el mercado y suficiente para neutralizar la expansión registrada al comienzo de 2026.
Por Juan Luis Bour / FIEL – El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Trabajo, se apresta a impulsar una medida que “cierra el cerco” para las negociaciones salariales en paritarias. Hasta ahora, las negociaciones enfrentaron —y seguirán enfrentando— un techo porcentual para los ajustes de convenio que, dependiendo de la evolución de la inflación, permite que el convenio sea homologado y, con ello, que el aumento salarial tenga fuerza de ley aplicable a toda la actividad en cuestión. Esta restricción para los aumentos tiene el objetivo de evitar que, a través de acuerdos de actividad que negocian cúpulas (líderes sindicales y cámaras), se impongan condiciones incumplibles a muchas empresas —normalmente pequeñas y medianas— que enfrentan un contexto competitivo (producción local o importada) y eventualmente menor productividad que las empresas mejor representadas en la negociación.
El tope en convenios tiene sentido en el plano económico, porque cualquier empresa a partir de dicho mínimo convencional puede acordar mejores condiciones salariales y/o de trabajo. Esto último es precisamente lo que ha venido ocurriendo: a pesar de una economía que avanza anémicamente en los sectores que no son líderes, los salarios efectivos por sector han evolucionado por arriba de los salarios convencionales. La Secretaría de Trabajo informa, en efecto, que, con base en diciembre de 2024, el promedio salarial de convenio cayó al mes de mayo de 2026 casi 8 puntos en términos reales, mientras que los salarios efectivos cayeron en términos reales 3 puntos. Es decir, que en 17 meses los salarios medios crecieron 5 puntos por sobre lo establecido en convenios.
¿Debe mantenerse indefinidamente ese mecanismo de techo? Seguramente, a nadie se le ocurriría mantener un techo si los convenios fueran por empresa en una economía abierta y competitiva. No se establecen techos en la mayoría de los casos de la experiencia internacional comparada. Pero la mayoría de los salarios se negocian en Argentina -un país de alta inflación- por convenios colectivos de actividad, abarcando empresas que enfrentan mercados muy diversos de bienes y servicios, con establecimientos con diversidad tecnológica y de tamaño, en distintas regiones y con una carga de historia laboral muy diferente. La homologación fue hasta 2023 un trámite de aprobación que se descontaba, salvo raras excepciones. El mecanismo se vuelve —en cambio— un elemento importante en un proceso de transición hacia una economía de baja inflación, abierta, desregulada y competitiva. En este periodo, el techo es un sustituto —parcial, imperfecto, pero útil— de las señales que deben darse para aproximar precios y salarios a los niveles que son consistentes con las distintas productividades relativas. En 10 o 15 años, probablemente, el “techo” se volverá inútil porque los salarios se determinarán en cada establecimiento o empresa, por negociaciones directas entre las asociaciones de trabajadores y cada firma.
Existiendo un “techo”, seguramente a alguien se le ocurrió que debería existir también un “piso”, y que tendría también un papel importante que jugar en el camino hacia una economía más estable. Mala idea.
El piso, a diferencia del techo, no tiene flexibilidad (como lo tiene el techo) a nivel de empresa. El techo se puede superar, el piso no se puede perforar. Por lo tanto, en cuanto el convenio colectivo de trabajo (CCT) establece un piso homologado, se convierte en un salario mínimo sectorial que debe ser acatado por toda empresa de la actividad (a menos que logre firmar un convenio colectivo de establecimiento o de empresa que defina algo diferente). Al ser un piso mandatorio, las preguntas que cabe formular son quién determina ese piso y si es efectivo (es decir, si obliga a subir salarios que están por debajo del nivel fijado).
Si el piso lo define la autoridad oficial (como actualmente se determina para el salario mínimo), pero para cada convenio colectivo, entonces se requiere de un Estado omnisciente que sepa perfectamente cuál es el nivel del piso que todos pueden pagar y que no genere efectos indeseados. Entre estos efectos cabe prever la posible pérdida de empleos no calificados, la traslación del incremento otorgado a todas las escalas del convenio, o el achatamiento de las escalas salariales, con impacto negativo en los incentivos. Si el piso —supuesto que es más alto que el vigente— se acuerda entre las partes del convenio, es decir, en convenios que mayoritariamente son de actividad, la pregunta es: ¿Por qué no lo habrían establecido antes las mismas partes? ¿Qué tiene de novedoso “sugerir” desde el Estado con un número arbitrario (un millón setenta mil, o un millón, o dos millones, ¿por qué no?) que suban los salarios de algún grupo? ¿Se trata de revivir la idea de salarios mínimos sectoriales en una oleada de correcciones de convenios colectivos, al tiempo que la política fiscal y monetaria se mantienen fuertemente contractivas? Probablemente nadie pensó que subir salarios mínimos en medio de una revolución tecnológica (IA) que reemplaza las tareas más simples no haría más que acelerar el proceso de adopción tecnológica, desplazando aún más rápidamente a trabajadores de baja calificación.
La introducción de pisos garantizados/conformados/sectoriales, o como se quiera llamar, es una típica medida impulsada desde la política sin argumentos sólidos en el plano económico, a diferencia de la discusión tradicional sobre un salario mínimo general que puede jugar un rol estabilizador en contextos de profundos desequilibrios. En términos vulgares, es una medida de corte populista que tarde o temprano pierde efectividad, como los precios máximos. Esperemos que alguien perciba que por esta vía se reintroducen prácticas regulatorias que harán más lenta y difícil la transición de la economía argentina.
El noveno mes del año inició con una novedad: tras la ausencia en agosto, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) reaparecieron: el pasado viernes 4 de septiembre, tres provincias fueron beneficiadas por estos envíos.
Se trata de Jujuy (que recibió $ 3.500 millones), La Pampa (que captó también $ 3.500 millones) y Misiones (que se hizo de $ 5.000 millones). De ese modo, el total repartido fue de $ 12.000 millones en lo que va del mes.
Para el caso jujeño, se trata del cuarto ATN recibido en el año: ya había captado estos fondos en febrero por $ 3.000 millones, marzo por $ 2.000 millones y julio por $ 5.000 millones. Así, contando el desembolso de septiembre, acumula unos $ 13.500 millones en el año en concepto de ATN.
En el caso misionero, es el quinto envío de ATN durante 2026: los $ 5.000 millones de septiembre se suman a la misma cantidad recibida en julio, los $ 5.500 millones de marzo y abril y los $ 4.000 millones de febrero. En el año, totaliza $ 25.000 millones recibidos por esta vía.
Finalmente, en el caso pampeano, es el primer ATN en el año y también el primero en lo que va de la gestión Milei: el último aporte que había captado la provincia fue en diciembre de 2023, previo al cambio de gobierno.
De este modo, son quince las provincias que recibieron ATN en lo que va del año, por un total de $163.000 millones; el ranking de provincias está encabezado por Misiones ($ 25.000 millones), seguido de Entre Ríos ($ 15.000 millones) y Corrientes y Mendoza ($ 14.000 millones en cada caso).
Por Isidro Guardarucci / FIEL – La discusión fiscal empieza a moverse desde la administración cotidiana de la caja hacia las reglas que deberían ordenar los próximos años. En pocas semanas confluyeron tres iniciativas de distinto alcance: una reforma que busca facilitar la formalización de ahorros y contribuyentes, otra que intenta cerrar el financiamiento monetario del Tesoro y un Presupuesto 2027 que deberá regir durante el año electoral. En conjunto, plantean una pregunta más ambiciosa que la de sostener un superávit mensual: qué instituciones necesita la Argentina para dejar atrás un régimen de impuestos altos, informalidad y emisión recurrente para financiar al fisco.
La apuesta tiene una lógica. Una base tributaria más amplia podría permitir que el Estado recaude sin descansar tanto en alícuotas elevadas y tributos distorsivos. Un Banco Central impedido de financiar directamente al Tesoro reduciría el riesgo de que el desequilibrio fiscal vuelva a convertirse en emisión e imposición del poco deseable impuesto inflacionario. Y un presupuesto aprobado debería transformar esos principios en decisiones concretas de ingresos, gastos y financiamiento. El desafío es que las tres piezas se sostengan entre sí: formalizar sin controlar el gasto no garantiza menos impuestos; prohibir la emisión sin equilibrio fiscal no elimina la necesidad de financiamiento; y un presupuesto que no sea creíble puede vaciar de contenido a las otras reformas.
La ejecución acumulada a julio ayuda a entender por qué este debate aparece ahora. El Gobierno mantiene el superávit, pero con menos holgura que en 2025. Los ingresos caen más que el gasto y el resultado financiero se redujo más de 50% en términos reales.
La agenda legislativa
Inocencia Fiscal II: formalizar para ampliar la base
El proyecto obtuvo media sanción de Diputados el 26 de agosto y ahora espera tratamiento en el Senado. Para entender qué está en juego conviene separar el nombre del mecanismo. No es un blanqueo tradicional que cobre un impuesto especial para regularizar cualquier patrimonio. La Ley 27.799 vigente permite que una persona acepte la declaración simplificada de Ganancias preparada por ARCA, pague y obtenga una presunción de que sus declaraciones de Ganancias e IVA de años no prescriptos eran correctas. En términos cotidianos, funciona como un “tapón fiscal”: el organismo no puede reabrir el pasado sólo porque el contribuyente incorpore ahorros al circuito formal; debe demostrar una discrepancia relevante. Es una protección tributaria que no vuelve lícito un fondo de origen ilegal ni elimina los controles antilavado.
Inocencia Fiscal II busca que ese mecanismo alcance a más personas y genere menos temor a una fiscalización retrospectiva. Elimina los topes de ingresos y patrimonio, a la vez que combina topes de calificación para evitar inconsistencias. También reduce ciertas multas formales para personas humanas, MiPyMEs y entidades sin fines de lucro. Los grandes contribuyentes y determinados funcionarios pueden usar la presentación simplificada, pero quedan afuera del “tapón” y de los beneficios sustantivos. La apuesta económica es indirecta: que una mayor seguridad jurídica lleve ahorros hacia bancos, inversiones, inmuebles o consumo formal y, con el tiempo, amplíe la base sobre la cual recauda el Estado. Una base más ancha podría abrir espacio para una economía con menos impuestos o con alícuotas más bajas. No es un resultado automático, pero busca cerrar décadas de incentivos que atentaban contra la formalidad. Dependerá de la confianza en la estabilidad de la regla los resultados en el largo plazo.
Carta Orgánica del BCRA: cerrar la puerta a la dominancia fiscal
El proyecto también obtuvo media sanción en Diputados el 26 de agosto y pasó al Senado. Su núcleo fiscal puede resumirse de manera directa: si al Tesoro no le cierran las cuentas, el Banco Central no debería poder cubrir la diferencia. La reforma elimina los adelantos transitorios del artículo 20 de la Carta Orgánica, prohíbe los préstamos a los gobiernos y la compra de títulos públicos en el mercado primario, y suprime la posibilidad de adelantar recursos para atender servicios de deuda. Busca transformar la decisión actual de no emitir para financiar al fisco en una restricción legal también para futuras administraciones.
Lo que se intenta romper es la dominancia fiscal sobre la política monetaria: la situación en la cual las necesidades de financiamiento del Tesoro terminan condicionando cuánto dinero debe emitir el Banco Central, aun cuando eso contradiga el objetivo de estabilidad de precios. Cuando esa emisión se traduce en inflación, aparece el impuesto inflacionario, una pérdida de poder adquisitivo sobre los pesos que mantiene la población y que no necesita ser votada por el Congreso. La reforma conserva operaciones con títulos públicos en el mercado secundario cuando respondan a objetivos monetarios, cambiarios o financieros y se realicen a precios de mercado. También limita las utilidades transferibles al Tesoro a ganancias realizadas y líquidas, excluyendo revaluaciones puramente contables.
Presupuesto 2027: el examen del año electoral
El Presupuesto 2027 todavía no está en trámite parlamentario. La legislación exige que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre y el Gobierno anunció su presentación para esa fecha. Hasta entonces no hay números finales ni artículos para votar. Hay una orientación fiscal, pero no un presupuesto que el Congreso pueda modificar o aprobar.
Su importancia excede la habitual discusión de planillas. Será el presupuesto que regirá durante el año electoral y, por lo tanto, una prueba de la capacidad de sostener el orden fiscal cuando aumentan las presiones para reducir impuestos, recomponer ingresos, ampliar transferencias o acelerar obra pública. Allí deberán convivir la meta de resultado primario con los supuestos sobre el desempeño de la macro el año venidero. En ese sentido, las reformas de Inocencia Fiscal y del BCRA fijan reglas de comportamiento.
La ejecución que llega al debate
Entre enero y julio, el Sector Público Nacional No Financiero acumuló un superávit primario de $10,3 billones y un superávit financiero de $1,7 billones, medidos a precios de 2026. El signo positivo sigue siendo relevante, después de años de déficit ignorando el concepto de restricción presupuestaria. Sin embargo, la comparación real con 2025 muestra que el margen es menor.
Los ingresos totales cayeron 4,6% real y el gasto primario se redujo 2,7%. La diferencia hizo que el resultado primario bajara 18,1%. Como los intereses se mantuvieron prácticamente estables, casi todo ese deterioro se trasladó al resultado financiero, que cayó 56,3%. En valores constantes, el saldo después de intereses pasó de $3,9 billones a $1,7 billones.
La caída de los recursos se concentra en los ingresos tributarios, que retrocedieron 5,9% real. El mayor faltante provino de los Derechos de Exportación: disminuyeron 36,6% y dejaron alrededor de $2,6 billones menos que en los primeros siete meses de 2025. Aportes y contribuciones a la seguridad social cayeron 3,8%, con una pérdida de $1,4 billones, mientras que el IVA se redujo 6,6% y restó una magnitud similar. Los Derechos de Importación bajaron 20,9% y explicaron cerca de $0,8 billones adicionales.
Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía.
Ganancias aumentó 4,7% real, Bienes Personales 8,6% y el resto de los tributos 9,1%. Los ingresos no tributarios crecieron 12,8%. Estas mejoras amortiguaron la caída, pero no la revirtieron: los recursos totales fueron aproximadamente $4,7 billones inferiores a los de 2025, a precios comparables. La composición refuerza el vínculo con la agenda legislativa. Derechos de Exportación depende de alícuotas, precios, cantidades y tipo de cambio; IVA refleja más de cerca el consumo y la actividad; contribuciones sigue la masa salarial formal.
Por su parte, el gasto primario acumulado se redujo 2,7% real. Las transferencias corrientes a provincias bajaron 33,3% y las de capital 13,0%. También cayeron el resto de las prestaciones sociales, 12,5%, con un fuerte impacto en términos absolutos por su magnitud; el funcionamiento no salarial, 11,0%; el gasto de capital nacional, 8,8%; y las remuneraciones, 6,5%. Son partidas sobre las que el Ejecutivo conserva algún margen de administración y que todavía aportan buena parte del ahorro.
En sentido contrario, varias líneas relevantes crecieron. Las jubilaciones y pensiones contributivas aumentaron 1,9% real, la AUH 3,8% (en línea con lo observado desde el primer momento de la actual gestión) y las transferencias a universidades 10,1%. Los subsidios económicos subieron 16,4%. Dentro de estos últimos, la serie mensual complementaria muestra que los energéticos acumularon un aumento real de 48,3% entre enero y julio, mientras que los destinados al transporte cayeron 5,6%. Julio moderó la tendencia en el rubro energético, pero no alcanzó para compensar el arrastre del primer semestre.
Esta heterogeneidad anticipa el problema del Presupuesto 2027. El ajuste inicial podía apoyarse en licuación, freno de transferencias e inversión y recortes sobre partidas administrables. A medida que la inflación baja y algunos gastos recuperan poder de compra, sostener el superávit exige definir prioridades más permanentes. El año electoral hará más visible esa tensión.
Algunas conclusiones
El superávit a julio ofrece un punto de partida mejor que el de muchos años anteriores. Su reducción frente a 2025 también deja una advertencia: las nuevas reglas se discutirán con una caja positiva, pero menos holgada. El verdadero cambio de régimen no se medirá sólo por la sanción de las leyes, sino por la capacidad de sostenerlas cuando formalizar lleve tiempo, financiarse tenga límites y gastar resulte políticamente atractivo.
El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora de agosto muestra una sociedad que empieza a ordenar su voto de 2027 alrededor de una sola pregunta: continuidad o cambio del modelo económico. El 38,7% se inclina por sostenerlo, un piso que resiste, pero que está delimitado con precisión por la clase social. En paralelo, Milei mejora levemente su imagen y su aprobación, aunque esa recuperación no altera la estructura del rechazo ni le abre espacio de crecimiento.
Frente a las próximas elecciones presidenciales, el 38,7% de los argentinos quiere que el mismo modelo económico continúe y el 59,8% pide un cambio de rumbo. La cifra global, sin embargo, esconde el dato verdaderamente relevante: ese respaldo no está repartido de manera uniforme, sino que se ordena casi linealmente por posición social. Entre la clase alta, seis de cada diez quieren continuidad; en la clase baja, apenas uno de cada cuatro. La demanda de cambio, en tanto, trepa a más de siete de cada diez en la base de la pirámide.
Lo que ese contraste revela es que la discusión sobre el rumbo económico dejó de ser ideológica para volverse posicional: no se defiende o se rechaza el modelo por convicción doctrinaria, sino según cuánto se haya ganado o perdido con él. Quienes lo respaldan son quienes ya atravesaron el costo del ajuste sin comprometer su nivel de vida; quienes piden cambio son los que lo sintieron en su bolsillo. Ese dato tiene una consecuencia electoral directa: el oficialismo tiene un electorado sólido, pero numéricamente acotado, y su crecimiento depende de convencer justamente al segmento donde su gestión produjo más deterioro.
La edad, en cambio, no explica nada. Jóvenes, adultos y mayores respaldan la continuidad en proporciones casi idénticas —entre 37,7% y 39,4%—, lo que desarma cualquier lectura generacional del fenómeno. En la Argentina de 2026 no hay una juventud libertaria enfrentada a mayores opositores: hay una estructura social que divide al país por arriba y por abajo, no por edad.
Sobre ese piso de apoyo pesa, además, un límite temporal. El 53,2% afirma que ya se le acabó la paciencia para esperar resultados económicos y solo el 22,9% dice estar viéndolos. La impaciencia es transversal y prácticamente idéntica en los tres tramos etarios. Es decir, incluso parte de quienes respaldan la continuidad del modelo lo hacen sin margen de espera. El Gobierno conserva convicción de fondo, pero perdió el crédito temporal que la sostenía, y esa combinación es más frágil de lo que sugiere el número de apoyo aislado.
La gestión mejora, pero la brecha no se mueve
La aprobación de Milei subió al 32,2% en agosto frente al 31,4% de julio, interrumpiendo la caída de los meses previos, aunque la desaprobación sigue en el 54,1%. La imagen personal acompaña ese leve repunte: la positiva pasó del 30,9% al 32,7%.
El movimiento, sin embargo, es de amplitud y no de estructura. La brecha social se mantiene intacta: la gestión cosecha casi un 60% de aprobación en la clase alta y apenas un 22,4% en la clase baja. El oficialismo recuperó algo de terreno dentro de su propio territorio, sin conquistar nada fuera de él. Lo que mejoró es la intensidad del respaldo, no su alcance.
La segmentación de imagen confirma el mismo perfil de siempre: Milei rinde mejor entre varones, jóvenes y clase alta, y toca su piso entre mujeres —donde el rechazo llega al 65,8%— y en la clase baja, donde la negativa alcanza el 69,3%. Es un electorado nítido y fiel, pero encapsulado.
El desafío del oficialismo es puertas adentro
Aquí aparece uno de los datos más importantes del relevamiento en clave estratégica. Victoria Villarruel registra una imagen positiva del 18,9% contra el 55,3% de negativa, y el rechazo electoral es el más alto del tablero: el 62,8% jamás la votaría. Pero su distribución interna es la que importa. Su mejor imagen positiva está en la clase alta (28,6%), exactamente el mismo estrato donde Milei tiene su núcleo duro, y allí también concentra su mayor potencial de expansión: el 34,2% de ese segmento declara que “podría votarla”.
Villarruel, en otras palabras, no crece en el territorio opositor, sino dentro del propio electorado que respalda la continuidad del modelo económico. No representa una alternativa al oficialismo: representa una competencia por su misma base. En un escenario donde el apoyo al modelo tiene un techo estructural del orden del 38%, una eventual candidatura de la vicepresidenta de la Nación no ampliaría el caudal oficialista, sino que lo fragmentaría, dividiendo el voto de continuidad entre dos ofertas que abrevan del mismo espacio. El riesgo para el Gobierno, entonces, no está en la oposición, sino en su propia interna.
En tanto, Patricia Bullrich completa el cuadro interno con un perfil distinto. Con el 37,2% de imagen positiva contra el 49,8% de negativa, reproduce la estructura del oficialismo con menor intensidad que el Presidente: mejor en clases altas y medias, mejor entre varones, y con caída marcada en el estrato bajo, donde su positiva baja al 25,6% y el rechazo trepa al 62,4%. Su particularidad está en la proyección electoral: con el 19,3% de voto seguro exhibe el mayor potencial de expansión del tablero, ya que un 27,7% adicional declara que podría votarla. A diferencia de Villarruel, su margen de crecimiento no depende exclusivamente del núcleo duro presidencial, lo que la posiciona como la figura oficialista con más recorrido teórico por delante. Nuevamente, el riesgo para el Gobierno no está en la oposición, sino en cómo ordene su propia interna.
El resto del arco político tampoco despega
Axel Kicillof es el reflejo invertido de Milei: su imagen positiva es apenas del 24,7% en la clase alta y de casi el doble —48,9%— en la clase baja. A su vez, rinde claramente mejor entre mujeres y mayores. Esa simetría confirma que ambas figuras no compiten por el mismo votante, sino que expresan los dos polos del mismo clivaje social. El problema del gobernador es que ese anclaje, que le garantiza un piso, también le impone un techo: la mitad del electorado jamás lo votaría.
En cambio, Myriam Bregman registra el 41,3% de imagen positiva contra el 44,2% de negativa: el diferencial menos adverso de todo el relevamiento, apenas tres puntos, aunque igualmente negativo que el del resto del tablero. Su fortaleza se concentra entre mujeres (50,4% de positiva) y, a contramano de la oposición tradicional, su mejor registro está en la clase baja (53,5%), mientras que en la alta el rechazo trepa al 60,2%. Pero repite la paradoja de siempre: es la mejor valorada en términos relativos y a la vez la menos votada, con apenas el 11,9% de voto duro y un 51,7% que jamás la votaría.
Rumbo a 2027: nadie perfora su techo
La proyección electoral describe un tablero congelado. Todas las figuras superan el 50% de rechazo absoluto y ninguna alcanza siquiera el 30% de voto seguro. Milei y Kicillof encabezan ese indicador prácticamente en un empate —26,5% y 25,9%, respectivamente—, un dato que resume el momento político: los dos polos del clivaje social conservan su núcleo, ninguno logra expandirse.
El escenario que deja agosto no es el de una transferencia de poder en marcha, sino el de un empate estructural. El modelo económico conserva una base de apoyo real, delimitada por clase social y sin margen de paciencia. Así, el oficialismo mejora sin ampliarse, la oposición no capitaliza y la principal amenaza al caudal de votos del Gobierno no proviene de sus adversarios, sino de una eventual fractura dentro de su propio electorado. Con techos de rechazo tan altos y márgenes de crecimiento tan estrechos, la elección de 2027 puede terminar definiéndose más por quien logre mantener la unidad que por quien logre ampliar su base.
