El superávit de Milei: Argentina cierra 2024 con saldo positivo y menor gasto público

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En 2024, Argentina alcanzó un superávit financiero por primera vez en 14 años, según informó el Ministerio de Economía, que destacó un resultado positivo del 0,3% del PBI, tras un déficit del 4,4% registrado en 2023. Este logro, impulsado por un ajuste fiscal del 4,7%, marca un hito en la gestión del presidente Javier Milei.

El Ministerio de Economía precisó que el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario del 1,8% del PBI y un superávit financiero del 0,3% del PBI. En términos absolutos, los ingresos corrientes sumaron $98 billones, mientras que los gastos corrientes alcanzaron los $93,8 billones. El superávit primario acumulado fue de $10,7 billones y el financiero de $1,7 billones.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) informó que 15 de los 16 rubros de gasto nacional cayeron en términos reales, con una reducción promedio del 27,5%. Solo las asignaciones universales para la protección social mostraron un incremento del 39%. Los recortes más significativos fueron las transferencias de capital a provincias (-96%), la inversión real directa (-70%) y las transferencias corrientes a provincias (-67,8%).

En el acumulado anual, la baja del gasto público primario base caja fue de $39,8 billones en pesos constantes de diciembre, lo que representa una caída real del 27,5%. Los rubros más afectados fueron: jubilaciones y pensiones (19%), inversión real directa (15%), transferencias a provincias (17%), programas sociales (12%) y subsidios a la energía (10%). Según IARAF, se trata de la mayor caída del gasto desde 1994.

Resultados de diciembre 2024: De acuerdo con la información del Ministerio de Economía, durante diciembre, el SPN registró un resultado financiero negativo de $1.55 billones, producto de un resultado primario negativo de $1.30 billones y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $256.260 millones. Economía destaca que “este resultado es menor en términos nominales al de diciembre del 2023”.

En detalle, los ingresos totales del SPN en el último mes del año alcanzaron los $9.8 billones (+133,5% interanual.). En lo que respecta a la recaudación tributaria, la misma presentó un crecimiento de 135,1% explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a las Ganancias (218,7%), al Impuesto a los Débitos y Créditos (180,7%), y a los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+166,6% ).

Por otro lado, los gastos primarios alcanzaron los $11.1 billones (79,7%.). En lo que refiere a las prestaciones de la Seguridad Social, ascendieron a $7.2 billones (132,2%), producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24. . Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.6 billones producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas

Declaraciones del ministro Luis Caputo: El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el superávit como “un hito en la historia fiscal del país”, atribuyéndolo a un ajuste fiscal sin precedentes y al liderazgo del presidente Javier Milei. Caputo aseguró que “no hay más déficit ni emisión en Argentina” y anticipó que los salarios ya superan los niveles de noviembre de 2023, mientras que la inflación continuará bajando, favoreciendo el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

Caputo: “En 2024 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de 1,8% del PIB y un superávit financiero de 0,3% del PIB. Durante diciembre, un mes de alta estacionalidad en el gasto primario, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $1.301.046 millones y un déficit financiero de $1.557.305 millones. Este último resultado fue inferior (incluso en términos nominales!) al déficit financiero registrado en diciembre de 2023, que había sido de $2.400.353 millones. Ajustado por inflación, la reducción del déficit de diciembre fue del 70 por ciento con respecto a Diciembre del año anterior. Se trata del primer superávit financiero anual en 14 años, y el mayor en 16 años. No obstante, a diferencia de aquellos períodos, el actual superávit financiero se alcanzó honrando la totalidad de las obligaciones contraídas por el Sector Público Nacional. El resultado fiscal publicado hoy debe entenderse como un hito en nuestra historia. Es el resultado de un liderazgo extraordinario de nuestro presidente

@JMilei, sumado a un programa de estabilización que ha sorprendido al mundo, y un trabajo en equipo de todos los ministros y secretarios de este gobierno, que entendieron la importancia de la austeridad fiscal como la herramienta principal para recuperar la estabilidad macroeconómica y la paz social. Enorme agradecimiento al mejor presidente del mundo, a todos los argentinos que apoyan este rumbo, y al extraordinario grupo humano y profesional que conforma el equipo económico. No hay más déficit en Argentina. No hay más emisión en Argentina. Los salarios ya superan los niveles de noviembre del 2023. La inflación seguirá bajando y con ella, el nivel de pobreza. La economía crecerá fuertemente en 2025. Las inversiones generarán mayor empleo y mejores salarios. La competencia proveerá a los argentinos de mejores productos a mejores precios. El dólar y el peso circularán libremente en una sana competencia de monedas.”

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Presupuesto 2025: caída del 26,7% en recursos y dudas sobre la recaudación impositiva

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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a cargo de la administración del Presupuesto nacional, estableció para 2025 un total de recursos para el sector público de $88,01 billones, según la Decisión Administrativa 3/25 publicada en el Boletín Oficial.

Según un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Pública (ASAP), este monto representa una reducción de recursos totales de $1,96 billones respecto del cierre de 2024. En términos reales, el ajuste implica una caída del 26,7%.

El Gobierno nacional continúa operando con el Presupuesto 2023, prorrogado durante 2024 y nuevamente extendido para 2025. Esto otorga al Poder Ejecutivo la facultad de determinar la distribución de partidas de gasto y la proyección de ingresos sin necesidad de aprobación legislativa.

De acuerdo con ASAP, el proyecto original de Presupuesto 2025, que finalmente el oficialismo decidió no tratar en el Congreso, contemplaba ingresos por $113,6 billones. Sin embargo, la decisión administrativa publicada reduce esos ingresos en $25,59 billones.

El informe no detalla las razones específicas de esta reducción en la proyección de ingresos. No obstante, se especula con un posible margen de discrecionalidad para la administración de recursos adicionales que ingresen por encima de lo presupuestado. Cabe recordar que la prórroga del Presupuesto 2023 no contempló la actualización por inflación, lo que también se repite en la pauta 2025.

ASAP destaca que la mayor diferencia en los recursos corrientes se debe a una caída en los ingresos impositivos. En comparación con el total de recursos vigentes al cierre de 2024, se registra una disminución de $5,65 billones, lo que equivale a un descenso del 32,4% interanual ajustado por inflación.

Este descenso está directamente relacionado con la reducción de la recaudación del Impuesto PAIS, clave en 2024. El informe aclara que no se realizó una proyección actualizada para el nuevo ejercicio, lo que genera dudas sobre la previsión de ingresos.

En paralelo, se espera un aumento en la recaudación por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social de $3,8 billones, lo que compensaría parcialmente la caída de ingresos impositivos.

En cuanto a los ingresos no impositivos, se proyecta una disminución para 2025, mientras que los recursos de capital, que representan una porción menor de los ingresos, registrarían una merma de $1.524 millones, atribuida a menores transferencias de capital.

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Ejecución presupuestaria nacional en 2024: caída histórica y repercusiones sociales

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La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) en 2024 registró una caída real del 31% en comparación con 2023, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Este ajuste presupuestario impactó de forma drástica en áreas clave como salud, educación, desarrollo social y obra pública, generando un contexto de desfinanciamiento generalizado.

El gasto en Seguridad Social, que representa el 52% del presupuesto total, se redujo un 20% interanual. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recortó un 17%, mientras que las transferencias al PAMI disminuyeron un 60%. El Programa Potenciar Trabajo experimentó un ajuste del 85%, y el Plan Nacional de Primera Infancia cayó un 81%, dejando a miles de beneficiarios en situación de vulnerabilidad.

En el ámbito sanitario, los recortes fueron significativos. La Superintendencia de Servicios de Salud redujo su ejecución en un 69%, mientras que programas críticos como “Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” sufrieron una caída del 47%. Además, la Atención Sanitaria en el Territorio casi se paralizó, con una disminución del 96%.

El ajuste también alcanzó al sector educativo, con una contracción del 45% en el gasto general. Programas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-98%) y Conectar Igualdad (-83%) enfrentaron recortes drásticos, comprometiendo el acceso a la educación en sectores vulnerables.

La paralización de la obra pública es una de las consecuencias más alarmantes. Programas como “Infraestructura en Municipios” y “Obras de Seguridad en Rutas Nacionales” reportaron caídas cercanas al 100%. En tanto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca registró un ajuste del 97%, impactando severamente en las economías regionales.

Mientras que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad federales sufrieron recortes generales del 21% al 29%, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas vio un incremento real del 13% en su presupuesto.

El informe destaca que el 11% del gasto total fue destinado al servicio de la deuda pública, una cifra significativa en un contexto de ajuste generalizado. Esto pone en evidencia la priorización de los compromisos financieros por sobre las necesidades sociales.

La drástica reducción en programas sociales y de salud genera serias dudas sobre la capacidad del Estado para atender las necesidades de los sectores más desprotegidos. Además, la caída en la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Inteligencia del Estado plantea interrogantes respecto al manejo de fondos que previamente habían sido declarados como ejecutados.

El 2024 se cierra como un año de ajustes históricos en la Administración Pública Nacional. La contracción en áreas sensibles deja en evidencia un modelo que prioriza el equilibrio fiscal en detrimento de las políticas sociales y de desarrollo, agravando la situación de los sectores más vulnerables.

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El Gobierno pidió a las provincias que promuevan la derogación de las “tasas municipales”

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A través de una nota del Ministerio de Economía, pidió que eliminen las tasas que “no guarden proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio”.

Con el fin de “evitar incrementos en la presión tributaria”, el Ministerio de Economía envió una nota a las provincias para pedirles que “implementen medidas para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las tasas” cuyo valor “no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio”.

El Gobierno consideró que estas tasas son “ilegales y arbitrarias” y remarcó que “incumplen la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales”.

Al respecto, precisaron que la solicitud es para eliminar aquellas tasas municipales que coincidan con hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables o que no respeten la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Además, desde el Palacio de Hacienda pidieron intimar a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con los requisitos detallados anteriormente, se los suspenda de la masa coparticipable.

Por otro lado, el Gobierno remarcó que las tasas municipales “afectan los costos de los bienes y servicios, e impiden una mayor reducción del número de inflación nacional, perjudicando al ciudadano y a las diferentes jurisdicciones”.

La nota enviada también hizo hincapié en que Ley de Coparticipación, obliga a estos distritos y sus municipios a no gravar por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su característica o denominación, las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos.

Finalmente, la cartera dirigida por Luis Caputo enfatizó que esos tributos municipales son deducibles en la liquidación del Impuesto a las Ganancias y que, por este motivo, se disminuye la masa coparticipable, “lo que genera un claro perjuicio al Estado Nacional y a las diferentes jurisdicciones provinciales en sus recursos coparticipables, sin que exista justificación alguna”.

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El Gobierno le pagará hoy USD 4.400 millones a los bonistas

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Será el primero de los dos giros a los tenedores a lo largo de 2025. El equipo económico aguarda una baja del riesgo país más marcada para evaluar si opta por refinanciar vencimientos más adelante en el año o pospone el retorno al mercado internacional para 2026

El Gobierno hará este jueves el primero de los dos pagos relevantes de deuda en moneda extranjera del 2025, lo que tendrá un impacto considerable en las reservas del Banco Central. El Poder Ejecutivo decidió sostener su política de abonar capital e intereses al contado, sin buscar un refinanciamiento en el mercado aún en un contexto de sensible baja del riesgo país, pero dejó la puerta abierta para intentarlo a mitad de año o bien postergar el regreso a los mercados internacionales de deuda para el 2026.

En rigor, el Gobierno pagará este jueves 17 bonos emitidos en moneda extranjera en la última reestructuración de deuda concretada en 2020 durante el mandato de Alberto Fernández, entre Globales que fueron colocados bajo ley extranjera y los Bonares, que se rigen con ley argentina. Serán unos USD 4.400 millones que están concentrados en el GD30 AL30, con cerca de USD 1.200 millones para cada caso.

El perfil de los tenedores de la deuda que pagará el Ministerio de Economía este jueves fue detallado en un informe reciente de Romano Group, que remarcó que el vencimiento de este mes está explicado en USD 2.214 millones de tenedores del sector privado no residentes, privados en la Argentina por otros USD 1.620 millones y una parte menor que se pagará intra Estado: USD 463 millones al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses y USD 63 millones al Banco Central.

Para el caso del Bonar 2030, uno de los mencionados, como los que pagarán el monto de capital e intereses más alto, tiene una alta incidencia de tenencia de inversores locales, cercano a USD 800 millones de los USD 1.135 millones en total estimado por Romano Group. Su versión Global con ley extranjera, por el contrario, tiene preponderancia mayoritaria de tenedores no residentes, pero también del FGS de Anses.

El pago del cupón semestral tendrá impacto en reservas, aunque buena parte de ese efecto en la contabilidad de los activos del Banco Central ya sucedió con anticipación. En primer lugar, en octubre pasado el Tesoro habilitó un giro por adelantado al Bank of New York, fiduciario de los tenedores de los bonos, por unos USD 1.000 millones para el pago de intereses en el exterior. Este miércoles las reservas cayeron otros USD 1.700 millones por ese mismo motivo. El último impacto es el que tiene que ver con el pago de los bonistas locales.

Una pregunta que sobrevoló el mercado es qué harán los tenedores de los títulos públicos con los dólares que cobren, y una respuesta sobre ese tema ensayó Portfolio Personal Inversiones (PPI). “Nuestra hipótesis es que buena parte de estos fondos serán reinvertidos en la curva soberana”, planteó en un informe especial. “En primer lugar, estimamos que cerca de USD 1.100/1.200 millones de los USD 4.450 millones del pago total están en manos de entidades públicas, lo cual ya proporciona un piso de reinversión”, especuló.

Sobre el resto, en manos del sector privado, PPI consideró “muy relevante las últimas estimaciones oficiales de la tenencia de los títulos”. “Al tercer trimestre de 2024, el 31% de la deuda Ley Nueva York estaba en manos de residentes argentinos, frente al 8,6% que poseían en septiembre 2020. Si consideramos que los tenedores locales también poseían el 83% de la deuda local, deducimos que 52,5% del total del pago fluirá hacia residentes y el resto estará en manos de no residentes”, estimó.

“A simple vista, los tenedores locales son más propensos a reinvertir los cupones, pero también creemos que la situación se repetirá en el exterior. La historia Argentina persiste como una de las ‘favoritas’ a nivel global y los títulos soberanos todavía ofrecen tasas atractivas en comparación a sus pares”, señaló el reporte de PPI.

La señal de pago normal de la deuda sin refinanciamiento en el mercado intenta ser un gesto de solvencia del Poder Ejecutivo hacia los tenedores, un pago que estuvo respaldado por el ajuste fiscal que hizo acumular superávit al sector público. Los pesos excedentes de ese ajuste fueron utilizados para la compra de divisas al BCRA que aseguren los pagos de los bonos.

Es ahí donde anida la estrategia de la deuda que adoptó el equipo económico como parte de su programa: en darse la opción de tener la alternativa de volver al mercado internacional recién en 2026, para lo cual requirió primero acumular en la cuenta corriente del Tesoro dólares suficientes para tener cubiertos buena parte de los pagos del 2025.

Por lo pronto, un primer ensayo sobre un retorno a los mercados internacionales tuvo lugar con el préstamo Repo que el Banco Central concretó con cinco bancos extranjeros por USD 1.000 millones a una tasa de 8,8% anual, un interés al que el Tesoro todavía no podría acceder. Según datos del Banco Central, la entidad necesitó entregar en garantía unos 1.700 millones de dólares de bonos Bopreal, aunque en términos prácticos implica una relación de 2 a 1 (lo que serían USD 2.000 millones).

Un nivel de riesgo país como el actual sitúa al emisor soberano en una zona de tasas de refinanciación consideradas aceptables en términos de costo financiero. Sin embargo, el equipo económico aún contempla posponer la salida al mercado hasta 2026, ya que el Gobierno evalúa esperar una mayor reducción del riesgo argentino. Algunas empresas locales lograron obtener financiamiento externo a tasas de un dígito, un objetivo que el Tesoro buscaría replicar.

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