Este martes se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables para abordar las inquietudes planteadas por representantes del sector de la madera y analizar los alcances del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), recientemente reglamentado. Como resultado del encuentro, se acordó conformar una mesa técnica-jurídica que tendrá lugar en las próximas semanas con el objetivo de analizar los planteos presentados y profundizar los aspectos vinculados a la implementación del sistema.

De la reunión participaron el ministro de Ecología, Martín Recamán; el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo; el director general de Bosques Nativos, Milton Morán; la directora general de Asuntos Jurídicos, Antonella Bortolotti; y el coordinador del Programa de Créditos de Carbono, Augusto Abdulhadi. En representación de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAyADAP), participaron el diputado provincial Miguel Núñez (PRO) y el abogado Fernando Acosta.

Durante el encuentro, los representantes del sector maderero expusieron cuestionamientos vinculados al alcance de la Resolución Nº 182/26, particularmente respecto de las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia, las facultades para su dictado y la interpretación de algunos aspectos de la reglamentación. En ese marco, las autoridades del Ministerio brindaron precisiones sobre el funcionamiento del registro y acordaron abrir una instancia de trabajo técnico para analizar cada uno de los planteos.

Desde el Ministerio se explicó que el RePIA no crea nuevas infracciones ni modifica el régimen sancionatorio vigente, sino que constituye una herramienta administrativa destinada a centralizar en una única plataforma digital la información sobre sanciones ambientales firmes, con el objetivo de agilizar los trámites, fortalecer la transparencia y brindar mayor previsibilidad a quienes realizan gestiones ante el organismo.

Asimismo, se aclaró que el registro no incorpora denuncias, actuaciones preliminares ni expedientes en trámite. La inscripción se realiza únicamente cuando existe una sanción administrativa firme, una vez finalizado el procedimiento correspondiente y garantizado el derecho de defensa.

También se informó que el sistema alcanza a personas físicas y jurídicas sancionadas por infracciones ambientales, cualquiera sea la actividad que desarrollen, y que sus efectos administrativos se limitan exclusivamente a autorizaciones, programas, beneficios y trámites gestionados por el Ministerio de Ecología. Además, contempla mecanismos de regularización: una vez cumplidas las sanciones y las medidas de remediación correspondientes, cesan los efectos administrativos de la inscripción, mientras que el antecedente se conserva únicamente para el seguimiento de eventuales reincidencias previstas por la normativa.

No obstante, la mesa técnico-jurídica prevista para las próximas semanas dará continuidad al trabajo iniciado durante este encuentro, consolidando un espacio de diálogo entre el Ministerio de Ecología y el sector maderero. El objetivo es acompañar la implementación de una herramienta orientada a agilizar los trámites ambientales, fortalecer la transparencia, brindar mayor previsibilidad a los administrados y consolidar una gestión pública más eficiente.