“Da mi nombre”… 

El murmullo, apenas audible entre los que estaban cerca, fue la respuesta de Carlos Rovira a un planteo de Juan José Szychowski, quien se quejó ante la presidencia de la Cámara de Diputados por los privilegios que todavía ostenta el ex presidente del cuerpo, pese a que ya es un diputado raso y ni siquiera integra el bloque mayoritario, ahora Movimiento por lo que Viene, que se nutrió de legisladores de la detonada Renovación y algunos de otros partidos. 

Entrada exclusiva y bloqueada para otros diputados, zonas grises con guardias de civil que no reportan a la Legislatura y la negativa de Rovira a mudarse de banca y seguir ocupando espacio en medio de un bloque que ya no le pertenece, fueron algunos de los cuestionamientos que hizo el actual presidente del bloque de Movimiento por lo que Viene. 

Privilegios de antes que ahora son insoportables. ¿Por qué ahora y no antes?, se preguntará algún opositor desprevenido. Porque los procesos de poder no se desmoronan de la noche a la mañana. Ningún imperio cae en un solo acto: primero se desgasta la obediencia, después desaparece el temor y, finalmente, alguien se anima a decir en voz alta aquello que todos veían, pero nadie se atrevía a señalar.

El rey está desnudo.

Eso fue, en esencia, lo que ocurrió el jueves en la Legislatura. No se reveló un secreto. Los privilegios estaban a la vista desde hacía años. Lo novedoso fue que alguien los expuso en el recinto, delante de todos y sin los eufemismos que durante tanto tiempo preservaron la ficción de una autoridad incuestionable.

El gesto adusto de Rovira, el rostro vuelto hacia atrás para reclamar “da mi nombre”, fue acaso su primera reacción de nerviosismo frente a un escenario que ya no lo reconoce como protagonista excluyente. La frase condensó algo más profundo que una exigencia circunstancial: la necesidad de ser nombrado para seguir existiendo en el centro de una escena que comenzó a desplazarse hacia otro lugar.

Durante años, el poder de Rovira no necesitó explicarse. Se expresaba en la aceptación naturalizada de sus privilegios. El jueves, en cambio, tuvo que reclamar que dijeran su nombre. Y cuando el poder necesita exigir reconocimiento, es porque ya no puede darlo por descontado.

La desnudez del rey no consiste solamente en la pérdida de cargos, bancas o mayorías. Se vuelve evidente cuando se rompe el hechizo que obligaba a los demás a fingir que el traje todavía existía. 

Por supuesto, hay quienes todavía creen que el reinado está intacto y vociferan gritos y amenazas a quienes ya no son fieles súbditos. Eso también pasó en la Legislatura, cuando “Nickillo”, Nicolás Llera entró a los gritos y amenazas contra un diputado al que llamó “traidor”. Después, con los códigos y la sensibilidad de un neanderthal, ventiló supuestas preferencias sexuales del legislador. Poco caballero. 

A pesar del sainete, comienza a respirarse un nuevo aire político. La Cámara de Diputados se dispone a analizar una reforma clave a la ley de bioinsumos impulsada por Rovira que imponía la prohibición del uso del glifosato. A instancias del gobernador Hugo Passalacqua y con la firma de 18 diputados, la ley será revisada y el destierro del glifosato sólo se hará realidad cuando haya sustitutos biológicos validados por el mercado y los organismos sanitarios argentinos y del exterior. De este modo, la producción podrá seguir utilizando el agroquímico en igualdad de condiciones con los competidores y enviar productos a otros países sin tener que rezar para que admitan bioinsumos no validados. 

La decisión del gobernador Hugo Passalacqua de impulsar la modificación de la Ley de Bioinsumos y dejar sin efecto la prohibición del glifosato fue recibida con alivio por las entidades rurales, que ven en el cambio una recuperación de la previsibilidad y de herramientas consideradas esenciales para la producción agropecuaria. El giro también supone el reconocimiento de un reclamo que los productores sostuvieron desde el inicio del conflicto, tanto en el terreno gremial como mediante acciones institucionales y judiciales en defensa del derecho a producir. “Se trata de una medida de alto impacto para la producción misionera, que permite recuperar previsibilidad y herramientas fundamentales para el desarrollo de la actividad agropecuaria. Desde la entidad valoramos especialmente que el Gobierno provincial haya escuchado el reclamo sostenido de los productores y haya avanzado hacia una solución que contemple la realidad productiva”, destacó la Sociedad Rural. 

El destino agroecológico no se resigna, destacó el Gobierno provincial. Pero el cambio implica reconocer una realidad: la realidad indica que el mercado agropecuario se mueve con reglas tácitas y un simple cambio puede significar pérdidas millonarias. 

La ley de bioinsumos le dio vida a una empresa: Agro Sustentable, encabezada por  Joaquín Ramiro Basanta, vinculado a Augusto Marini, dueño de los streamings Blend y Carajo y de AlegraMed, que también será dada de baja. En enero de este año, Passalacqua decidió dejar de comprarle los “bioinsumos” a la planta de la que era cliente preferencial. 

El fin de esos acuerdos es una señal inequívoca de los nuevos aires. La reforma de la ley de Bioinsumos será discutida en la Legislatura, con la participación de todas las voces, también un dato del fin del reinado. 

El nuevo tiempo político fue presentado en sociedad en Buenos Aires. Con Passalacqua a la cabeza fue presentado el bloque Argentina Federal, liderado por Oscar Herrera Ahuad y con participación de otras provincias. El formoseño Gerardo González fue el último en sumarse a la bancada cuya identidad está marcada en el nombre. Ya no habrá alineamiento automático con las propuestas giradas por Javier Milei. Para contar con el voto, se analizará primero el impacto en Misiones y las provincias. 

El nuevo bloque tuvo un debut auspicioso con la media sanción para la rebaja del IVA a la mandioca. Del 21 al 10,5 por ciento, disminución que alcanza a la fécula y derivados, para abaratar costos y poner en igualdad de condiciones a una economía regional que compite con los bajos precios de importaciones y la desigual carga fiscal que favorece al trigo. La iniciativa fue impulsada por Passalacqua y defendida por Herrera Ahuad en el Congreso. Hubo unanimidad antes del giro al Senado. 

La posición del nuevo bloque enciende una señal de alerta para el Gobierno. Los votos de Misiones ya no serán automáticos. Se destaca, como en Misiones, la vuelta de la política. De hecho, se sumaron a una iniciativa de la oposición para forzar el emplazamiento y posterior tratamiento en comisiones de los proyectos sobre Endeudamiento Familiar y Emergencia en Discapacidad. 

El Gobierno de Milei se apropió de los fondos para discapacidad y ningunea el drama del endeudamiento familiar, que a estas alturas ya es un problema crónico en muchos hogares, con la combinación de caída de los ingresos, desempleo e informalidad laboral. 

La mirada de Alberto Benegas Lynch expone una de las formas más crueles de simplificar la crisis: convertir un problema económico colectivo en una suma de supuestas irresponsabilidades individuales. Benegas Lynch se quejó porque piden rescatar “al tipo que compró una TV y, como Argentina no ganó el Mundial, no quiere pagar”. 

La morosidad no crece porque millones de argentinos hayan comprado televisores esperando un campeonato del mundo, como ironizó el amigo del Presidente, sino porque los salarios perdieron poder adquisitivo, el empleo se deterioró y cada vez más familias recurren al crédito para pagar alimentos, servicios o gastos cotidianos. Confundir endeudamiento para sobrevivir con consumo irresponsable no es apenas una provocación: es una manera de absolver al modelo económico, ignorar las prácticas abusivas del sistema financiero y responsabilizar a quienes ya cargan con el peso del ajuste. 

Mientras tanto, el Gobierno permanece indiferente al drama cotidiano, aunque haya algunas voces internas que advierten el peligro electoral que trae aparejado. Por ahora no hay ninguna medida de contención. 

En Misiones si. La Provincia puso en marcha una serie de medidas destinadas a contener el sobreendeudamiento de empleados públicos provinciales y jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Previsión Social (IPS).

El esquema combina tres herramientas: un límite del 39% de los haberes netos para los créditos que operan mediante códigos de descuento, mecanismos de refinanciación para quienes ya superaron ese nivel y, desde septiembre, topes a las tasas de interés que podrán cobrar las entidades que utilizan este sistema.

La intervención apunta sobre un problema que adquirió mayor dimensión durante los últimos meses: el creciente porcentaje de los ingresos familiares comprometido en el pago de cuotas y obligaciones financieras.

La primera medida fue adoptada en julio y estableció que los descuentos realizados mediante el Código Único de Descuento en los haberes (CUAD) no podrán superar el 39% de los ingresos netos de los agentes alcanzados.

El límite comenzó a aplicarse sobre los nuevos créditos otorgados a partir de la entrada en vigencia de la medida. Sin embargo, el Gobierno provincial avanzó también sobre quienes ya tenían un nivel de endeudamiento superior.

Para esos casos se inició un proceso de refinanciación de pasivos y asistencia financiera individual, con el objetivo de reducir la presión de las cuotas sobre los ingresos mensuales. Según los datos oficiales, 538 personas ya fueron alcanzadas por este mecanismo.

En paralelo, Banco Macro implementó mecanismos específicos para atender situaciones de sobreendeudamiento o mora, pese a que actualmente no existe una normativa del Banco Central que obligue a las entidades financieras a instrumentar un esquema de esas características.

Las situaciones son analizadas individualmente y las personas que necesiten acceder a una refinanciación deberán presentarse en las sucursales de la entidad.

El objetivo es reordenar las obligaciones financieras antes de que el deterioro de la capacidad de pago derive en atrasos mayores o termine afectando el historial crediticio de los trabajadores.

La siguiente etapa de la estrategia provincial comenzará en septiembre. El Gobierno prepara una resolución que establecerá topes a las tasas de interés aplicadas por las entidades que otorgan préstamos personales mediante códigos de descuento sobre los haberes.

En contraste, el ministro de Economía, Luis Caputo presentó con bombos y platillos un “paquete de medidas” para reactivar el crédito hipotecario. La promesa bautizada como “de justicia social”, vuelve a exhibir una paradoja brutal: se utilizarán cerca de $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad -recursos destinados a respaldar el sistema previsional- para financiar a unas 17.000 familias que deberán acreditar ingresos formales cercanos a $3,5 millones mensuales y contar, además, con el 25% del valor de la vivienda. Es decir, unos US$25.000 ahorrados para una propiedad de US$100.000. No es una política habitacional dirigida a quienes se endeudan para pagar las tarifas, las expensas, el alquiler o, sencillamente, para llegar a fin de mes. Tampoco alcanza a la enorme mayoría de los trabajadores informales ni a las familias cuyos salarios quedaron triturados por la inflación. El alcance, además, resulta demasiado acotado como para cambiar estructuralmente el mercado. Con unos US$1.200 millones y préstamos promedio de US$80.000, apenas podrían concretarse entre 15.000 y 18.000 operaciones, alrededor del 5% del stock de créditos hipotecarios informado. Servirá para movilizar departamentos de uno o dos ambientes que hoy no encuentran comprador, reanimar operaciones inmobiliarias y generar negocios para desarrolladores, bancos, inmobiliarias y escribanías; difícilmente resolverá el déficit habitacional. La llamada “justicia social” de Caputo termina así financiada con recursos de los jubilados, pero reservada para sectores de ingresos altos y con capacidad previa de ahorro. No es crédito para quienes necesitan una vivienda: es una transferencia de recursos en la cúspide. 

Misiones muestra con crudeza la distancia entre el crecimiento estadístico y el acceso real a la vivienda. Los nuevos tomadores de créditos hipotecarios pasaron de apenas 26 en 2024 a 131 en 2025, una suba del 403,8% que luce espectacular únicamente porque parte de un piso insignificante. La provincia representó apenas el 0,3% de los nuevos deudores del país y registró solo 1,3 créditos cada 10.000 adultos, la tercera tasa más baja de la Argentina, apenas por encima de Formosa y Santiago del Estero. El promedio de créditos alcanzó los $114,1 millones y solo nueve entidades financieras otorgaron préstamos. En otras palabras, el crédito hipotecario volvió, pero para un puñado: en Misiones sigue siendo más una excepción estadística que una verdadera herramienta de acceso a la vivienda.