Carlos Rovira

La relatividad de los tiempos

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La Persistencia de la memoria, la célebre obra que Salvador Dalí pintó en 1931 en apenas cinco horas, funciona como una metáfora apropiada para describir el momento que atraviesa el oficialismo misionero. Los relojes blandos representan el paso del tiempo, pero también la capacidad de una idea para sobrevivir a los cambios de época. Quienes hoy nutren Encuentro Misionero apelan precisamente a esa memoria política y a la génesis del espacio que dio origen al Frente Renovador a comienzos de este siglo. Un movimiento que, lejos de permanecer inmóvil, fue mutando desde aquella alianza inicial entre peronistas, radicales e independientes hacia conceptos como la transversalidad, el misionerismo y, más recientemente, los “blends” políticos. En más de una oportunidad, incluso, adoptó posiciones que terminaron anticipándose al debate nacional.

El interrogante es si esa capacidad de adaptación sigue siendo suficiente. Sus críticos sostienen que la política ya no dispone del tiempo que antes tenía para procesar sus transformaciones y que una sociedad atravesada por la inmediatez demanda respuestas más veloces, liderazgos más flexibles y estructuras menos ancladas en la memoria de sus propios éxitos. En esa tensión entre la persistencia y el cambio se juega buena parte del desafío político del oficialismo para los próximos años.

Los tiempos se aceleraron con una movida de Encuentro Misionero, que el jueves, tras la confirmación del Tribunal Electoral de haber aceptado el cambio de nombre del partido de la Concordia, publicó en redes los nombres de las autoridades partidarias, entre los que estaban Carlos Rovira, Hugo Passalacqua, Oscar Herrera Ahuad, Maurice Closs y tantos otros. Varios eran autoridades del partido de la Concordia que no habían avalado la mudanza al Encuentro. 

Closs fue el primero en desmarcarse, con un tuit irónico. El gobernador Hugo Passalacqua, compartió la publicación y así oficializó sus diferencias. El jefe de Gabinete, Carlos Sartori, terminó de clarificar el panorama al advertir que Passalacqua no estaba dentro de Encuentro Misionero y que varios podrían renunciar porque no habían autorizado su inscripción en el nuevo espacio. 

Se cristalizaron así las diferencias que ya eran visibles pero no tajantes desde el ya lejano abril, cuando el propio Rovira daba por fenecida a la Renovación y anunciaba el nacimiento del nuevo espacio. Sutiles, mínimas diferenciaciones, gestos que ahora son ostensibles.  

La pregunta que recorre el ambiente es si la distancia es definitiva. Sólo los protagonistas podrán responder fehacientemente esta incógnita que seguramente se mantendrá por algunas semanas más. Ningún puente está dinamitado y tanto Rovira como Passalacqua saben que una ruptura podría venir acompañada por una inexorable derrota en las elecciones.

Hasta ahora los embates públicos tuvieron otros protagonistas, arietes esperables de la retórica que mide fuerzas en medio de un intenso debate que definirá el futuro de la coalición gobernante. Pasó en la sucesión de Rovira y también antes de que Passalacqua sea electo gobernador. Una vez encauzadas las diferencias, primó siempre el interés superior de la Provincia.

La incontinencia de algunos dirigentes, de ambos lados de la trinchera, no debería obnubilar ni deslumbrar.  ¿Por qué apurar definiciones con tiempo suficiente hasta las elecciones? Se verán varias capítulos “ordenadores”, como el achique del gabinete y eventuales cambios de nombre. Habrá que esperar las respuestas.

La certeza por estas horas es que Passalacqua buscará un tercer mandato, convencido de que tiene la adhesión necesaria -muchos intendentes, varios ministros y algunos con asistencia perfecta a las reuniones de las siestas de los jueves-, una gestión que lo avala y que lo mantiene entre los mejor valorados de la Argentina.  

Las dos veces que le tocó gobernar fue en las malas. Primero con la alianza Cambiemos y sus embestidas permanentes, pérdida de recursos y asimetrías. La crisis de 2018 dejó a la Argentina al borde del abismo. 

Ahora con Javier Milei, recesión, ajuste y una enorme sangría de recursos, además de la concreción de un anhelo expresado por el propio Mauricio Macri en abril de 2018: la desregulación yerbatera, que impactó de lleno en la economía misionera. 

El nuevo ciclo sin reglas de mercado provocó una profunda crisis en el sector primario y una latente tensión política, con productores que habían confiado en las mieles de la Libertad Avanza y hoy mascullan la hiel de su enojo, que se propaga a la política provincial. No admiten que la Provincia tiene escasas herramientas para resolver un problema que se extiende más allá de la geografía propia. 

Desde la desregulación, la yerba es una de las economías regionales que está en rojo constante en el semáforo de Coninagro. Y los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de la Yerba Mate confirman la turbulencia estructural que atraviesa el sector. En mayo se registró una caída simultánea en los tres principales indicadores de la actividad: producción, consumo y exportaciones. Casi cuatro millones de kilos menos entre el consumo interno y exportaciones que se frenaron, se suman a una parálisis de la cosecha provocada por el desplome de los precios. Entre enero y mayo ingresaron a secaderos 275,17 millones de kilos de hoja verde, lo que representa una caída del 13,06% respecto del acumulado previo y una baja interanual del 13,46%

El escenario encendió las alarmas incluso entre los libertarios más convencidos, ya que el relato belicoso y triunfalista se cae ante la evidencia. 

No es casualidad que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien se jacta de los resultados de la desregulación, haya aceptado recibir a representantes de la cadena yerbatera. Aunque la comitiva que irá a Buenos Aires el 8 de julio no estará integrada por los productores más combativos, en el sector tomaron la convocatoria como una inesperada bandera blanca. 

De todos modos, no hay motivos para pensar que Sturzenegger se haya apiadado. Hasta ahora no ha atendido quejas de ningún sector. Los madereros pueden dar fe del ninguneo pese a los numerosos pedidos de auxilio para un sector que también atraviesa una crisis terminal al mismo tiempo en que el Gobierno nacional celebra récord de exportaciones: el aumento de los costos de producción neutraliza la rentabilidad y el colapso del mercado interno tiene a cientos de aserraderos al borde del cierre. 

El intendente de Puerto Leoni, Elvio Rivas, lo graficó en la reunión que tuvo con el gobernador en el club Sarmiento: confirmó que 12 de los 37 aserraderos PYME del municipio dejaron de operar por la crisis del sector maderero a nivel nacional. La situación impacta de forma directa en la economía local, donde la industria forestal es una de las principales fuentes de empleo. La falta de venta de materia prima está afectando la continuidad de la actividad y el trabajo de cientos de familias. Rivas advirtió que alrededor de 450 puestos laborales están en riesgo, incluyendo trabajadores de municipios vecinos. El cierre de establecimientos representa un 30% del total del rubro en Puerto Leoni. El resto de los aserraderos redujo sus jornadas de trabajo pero no ve perspectivas de que mejore la situación.

Atender esas crisis que estallan en el territorio demanda un expertise que Passalacqua considera haber acumulado en los años de gestión. La alta política también debe pensar un poco más allá de la coyuntura y en ese rol se siente mucho más cómodo Rovira. 

Lo llamativo de la disputa interna del oficialismo misionero es su escaso timing. Tiene su pico al mismo momento en que el Gobierno nacional está exhibiendo sus miserias, con un Manuel Adorni obligado a renunciar acorralado por las denuncias de corrupción, una economía que no repunta y desigualdad creciente. 

Adorni le puso fin a la saga de corruptelas que se reveló hace ya cuatro meses. Fue la crónica de una muerte (política) anunciada tras revelarse sus gastos exorbitantes, compra de propiedades, viajes lujosos y hasta lujos extravagantes difíciles de justificar aún con la más imaginativa ingeniería contable. 

El costo político ha sido elevado para el gobierno de Milei, que llegó al poder con la promesa de terminar con “la casta” y no tardó nada en mimetizarse con sus prácticas más nefastas. Dicen que lo que convenció a Milei de eyectar a su petulante jefe de Gabinete fue la comparación con Martín Insaurralde, ex funcionario -en este caso despedido por Axel Kicillof- también envuelto en un escándalo de enriquecimiento acelerado en la función pública. La Justicia, siempre oportuna, desempolvó esa causa a partir de un video que se “filtró” de la vedette Jesica Cirio ostentando dólares en el vestidor. 

Durante meses, Milei sostuvo públicamente a Adorni, desacreditó las investigaciones periodísticas, atacó a la prensa y aseguró que no lo desplazaría. Finalmente, la realidad política terminó imponiéndose sobre el discurso. El desgaste en la opinión pública, el impacto de las investigaciones judiciales y el deterioro de la credibilidad oficial hicieron inviable una continuidad que hasta hace pocos días parecía innegociable.

Más allá del destino personal de Adorni, el episodio deja una enseñanza para el oficialismo. En política, la construcción de autoridad no depende solamente de la lealtad interna, sino también de la capacidad de administrar las crisis antes de que consuman el capital político del Gobierno. Cuando un funcionario pasa a monopolizar la agenda por denuncias, explicaciones patrimoniales y contradicciones con los propios principios que la administración dice defender, el costo deja de ser individual y se convierte en un problema para toda la gestión. La salida de Adorni cierra un capítulo, pero difícilmente clausure el debate sobre los estándares de transparencia y coherencia que el propio Milei prometió convertir en una marca distintiva de su gobierno. La mugre salpicó a todos, explotó una crisis en el PRO y expuso a senadores que no dieron el quórum para interpelarlo. 

La carta de renuncia de Adorni también deja una lectura política. Más que un documento institucional, es una pieza de reivindicación personal. A lo largo de varias páginas no hay una sola autocrítica sobre los hechos que erosionaron su permanencia en el cargo, sino un esfuerzo por instalar la idea de que fue víctima de una persecución mediática y política. “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”, escribe, al tiempo que atribuye su salida al “hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad”. 

El eje del texto no es la gestión ni el balance de gobierno, sino la construcción de un relato de agravio y resistencia.

Hay, además, un dato político significativo: Adorni presenta su renuncia como una decisión destinada a proteger a Milei antes que a sí mismo. “Estoy yendo en contra de sus deseos” y “he tenido que pedirle que esta vez me acompañe para poder cerrar este ciclo”, afirma en dos pasajes que buscan dejar en claro que la salida no fue una decisión presidencial sino una renuncia impulsada por el propio funcionario. 

Esa construcción narrativa intenta preservar la autoridad del Presidente y sostener la imagen de lealtad absoluta que caracterizó su paso por el Gobierno. Sin embargo, el texto también revela el costo político que tuvo el caso: cuando una despedida necesita justificar durante varias páginas las denuncias, los ataques y las explicaciones patrimoniales, queda en evidencia que la crisis ya había trascendido a la persona y se había convertido en un problema para toda la administración.

¿Se cierra el capítulo y a otra cosa? Difícil que Adorni se libere tan fácilmente de las investigaciones periodísticas y judiciales. Tanto tiempo de burlas y ninguneo tendrá consecuencias. El humor social no parece estar dispuesto a aceptar la despedida como si nada hubiera pasado. 

¿Podrá el Gobierno recuperar la agenda? El nuevo jefe de Gabinete sería Diego Santilli, el actual ministro del Interior. El ex PRO tiene varias sospechas de corrupción en su haber. Fin.

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El Tribunal Electoral oficializó el cambio de nombre de la Concordia: ahora será Partido Encuentro Misionero

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El Tribunal Electoral de Misiones oficializó el cambio de denominación del Partido de la Concordia Social, que a partir de ahora pasará a llamarse Partido Encuentro Misionero, en una decisión que consolida una transformación política que ya había sido aprobada por la Justicia Federal con competencia electoral.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución Nº 0009, dictada el 9 de junio de 2026, en el expediente histórico de reconocimiento partidario de la fuerza política que constituye el principal sostén electoral del oficialismo misionero.

La resolución provincial toma conocimiento de la decisión adoptada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional con Competencia Electoral de Misiones, que el 8 de junio había autorizado el cambio de nombre de la agrupación. La comunicación fue remitida al Tribunal Electoral provincial a través del Oficio Nº 432/2026 de la Secretaría Electoral de Distrito.

Continuidad jurídica

Uno de los aspectos centrales del fallo es que el cambio de denominación no altera la identidad jurídica del partido. El Tribunal recordó que el reconocimiento provincial de la entonces Concordia Social se sustentó en su previa existencia como partido de distrito en la órbita federal, reconocida mediante la Resolución 331/2004 bajo el número partidario 152.

En ese sentido, la resolución señala que la agrupación mantiene una “unidad jurídica institucional” derivada de su condición de partido de distrito, por lo que el cambio de nombre constituye una modificación de denominación y no la creación de una nueva fuerza política.

La discusión sobre el término “misionero”

El punto más relevante desde el punto de vista jurídico estuvo vinculado al uso del vocablo “misionero” en la nueva denominación partidaria.

La Ley Provincial XI Nº 7, que regula a los partidos políticos en Misiones, establece restricciones para la utilización de determinados términos en los nombres de las agrupaciones. Sin embargo, el Tribunal consideró que esas limitaciones no pueden impedir el reconocimiento de una denominación previamente autorizada por la autoridad federal competente.

La Justicia Electoral Federal había analizado específicamente la legalidad del nombre “Partido Encuentro Misionero” y concluyó que el término “misionero” no se encuentra alcanzado por las prohibiciones previstas en el artículo 16 de la Ley Nacional Nº 23.298, que regula los partidos políticos en todo el país.

A partir de esa definición, el Tribunal Electoral provincial entendió que debía prevalecer la decisión federal. Para fundamentar su postura invocó el principio de supremacía normativa consagrado en el artículo 31 de la Constitución Nacional, según el cual las leyes nacionales y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes en su aplicación prevalecen frente a normas locales cuando existe una incompatibilidad.

Por esa razón, declaró inaplicable para este caso particular la restricción contenida en el artículo 20 de la legislación provincial.

Reordenamiento político

La resolución ordena modificar la denominación en todos los registros electorales y recaratular el expediente partidario bajo el nuevo nombre.

El cambio se inscribe en una estrategia de renovación política impulsada por el oficialismo misionero, que busca actualizar su identidad institucional después de más de dos décadas de vigencia bajo la denominación Partido de la Concordia Social.

Desde el punto de vista legal y electoral, la decisión garantiza la continuidad de la personería jurídica, los derechos partidarios y la estructura institucional de la fuerza, que seguirá operando bajo el mismo reconocimiento electoral, aunque con una nueva identidad política.

La resolución lleva las firmas del presidente del Tribunal Electoral, Cristian Benítez; los vocales titulares Andrés Poujade y Augusto Busse; y la secretaria electoral, Irma Hendrie.

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Misiones impulsa una ley para que el Estado deje de pedir los mismos papeles una y otra vez

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La burocracia suele tener una característica que irrita por igual a ciudadanos, empresas y profesionales: pedir una y otra vez información que el propio Estado ya posee.

Fotocopias del DNI, certificados emitidos por otros organismos, constancias repetidas, formularios duplicados y largas recorridas entre oficinas forman parte de una rutina que consume tiempo, dinero y recursos. Esa lógica podría comenzar a cambiar en Misiones.

La Cámara de Representantes tomó estado parlamentario de un proyecto impulsado por el conductor político del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira, y presentado por la diputada provincial Paula Franco, que propone una reforma integral de la relación entre el ciudadano y el Estado mediante la denominada Ley de Simplificación, Digitalización y Accesibilidad del Poder Ejecutivo Provincial.

La iniciativa parte de un principio simple: que sea el Estado el que comparta internamente la información que ya posee, en lugar de trasladar esa carga a los ciudadanos.

El fin del ciudadano como mensajero entre oficinas

Uno de los ejes centrales del proyecto establece que ningún organismo provincial podrá requerir reiteradamente datos o documentación que ya se encuentren en poder de otra dependencia estatal.

La propuesta apunta a eliminar una práctica habitual: que una persona deba presentar varias veces la misma documentación para realizar distintos trámites públicos.

La modificación parece administrativa, pero tiene un impacto concreto en la vida cotidiana. Para quienes viven en localidades alejadas de los principales centros urbanos, cada trámite suele implicar traslados, costos y pérdida de jornadas laborales.

La ley busca revertir esa situación mediante mecanismos de interoperabilidad que permitan el intercambio seguro de información entre organismos públicos.

En términos prácticos, si un dato ya fue validado por una dependencia provincial, otra oficina debería poder acceder a esa información sin exigir nuevamente certificados, copias o formularios al ciudadano.

Una sola identidad digital para todos los servicios

El proyecto también impulsa la construcción progresiva de una identidad digital única para cada ciudadano.

Actualmente, distintos organismos provinciales operan con plataformas independientes, cada una con sus propios usuarios, contraseñas y sistemas de validación.

La iniciativa propone unificar esos accesos para que cada persona pueda relacionarse con el Estado a través de una única credencial digital.

El objetivo es simplificar el acceso a los servicios públicos, reducir barreras administrativas y mejorar la experiencia de uso de las plataformas estatales.

Una ventanilla única para toda la administración pública

Otro de los puntos destacados es la creación de un Portal Único Provincial de Servicios Digitales.

La plataforma funcionará como una ventanilla única virtual desde donde los ciudadanos podrán iniciar trámites, consultar expedientes, recibir notificaciones oficiales, acceder a documentación y gestionar distintos servicios públicos.

La intención es concentrar en un mismo entorno digital procesos que actualmente se encuentran dispersos entre múltiples organismos y sitios web.

La centralización permitirá reducir tiempos de búsqueda, mejorar la trazabilidad de los expedientes y facilitar el seguimiento de cada gestión.

Trámites disponibles las 24 horas

La modernización también contempla la disponibilidad permanente de los servicios digitales cuando la naturaleza del trámite lo permita.

De esta manera, muchas gestiones podrán realizarse durante las 24 horas, los siete días de la semana, sin depender exclusivamente de los horarios de atención presencial.

Para trabajadores, estudiantes, emprendedores y habitantes del interior profundo, la medida representa una herramienta concreta para reducir costos y optimizar tiempos.

Digitalización con inclusión

Los autores del proyecto advierten que la transformación tecnológica no puede dejar personas afuera.

Por ese motivo, la iniciativa establece la obligación de mantener canales alternativos de atención presencial, telefónica y remota para adultos mayores, personas con discapacidad o ciudadanos con dificultades de acceso a herramientas digitales.

La propuesta incorpora además un compromiso explícito para continuar ampliando la infraestructura tecnológica provincial.

El Poder Ejecutivo deberá fortalecer progresivamente la conectividad, el equipamiento y los puntos de acceso digital, especialmente en aquellas zonas donde todavía existen limitaciones para acceder a internet.

El objetivo es que la modernización alcance tanto a las grandes ciudades como a los municipios más pequeños y alejados.

Un cambio cultural en la gestión pública

Más allá de los aspectos tecnológicos, la iniciativa plantea una transformación de fondo en la manera en que el Estado se vincula con los ciudadanos.

La pregunta que atraviesa todo el proyecto es sencilla: ¿por qué una persona debería invertir tiempo y dinero para obtener información que el propio Estado ya posee?

La respuesta que propone la ley es invertir esa lógica. Que los organismos públicos compartan información entre sí, que los trámites sean más simples y que la tecnología permita acercar el Estado a la gente.

Si avanza en el proceso legislativo y se convierte en ley, Misiones dará un paso importante hacia una administración pública más moderna, eficiente y centrada en el ciudadano. Menos papeles, menos filas y menos burocracia. Más tiempo para las personas.

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Reforma histórica: Misiones se encamina al sistema acusatorio en la Justicia penal

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La política misionera volvió a colocar a la Justicia en el centro de la agenda institucional. Durante la previa de la sesión legislativa de este jueves, el conductor de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, anunció que la próxima semana ingresará formalmente a la Cámara de Representantes el proyecto para incorporar el sistema acusatorio al fuero penal provincial.

Se trata de una de las reformas judiciales más relevantes de las últimas décadas en Misiones. El cambio implica abandonar progresivamente el modelo inquisitivo tradicional para adoptar un esquema en el que la investigación penal queda a cargo de los fiscales, mientras los jueces asumen el rol de garantes de los derechos constitucionales y del control de legalidad del proceso.

Según explicó Rovira, la iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto que se viene desarrollando desde hace tiempo entre el Poder Legislativo y distintos actores del ámbito judicial, con el objetivo de construir herramientas legales que permitan mejorar el funcionamiento de la Justicia.

“Hace tiempo venimos trabajando en una think tank con el Poder Judicial, con la facultad que tiene el Legislativo de sancionar leyes con una visión que asegure una mejor Justicia”, señaló Rovira.

La iniciativa aparece alineada con una tendencia que ya avanzó en gran parte de las provincias argentinas y también en la justicia federal. El objetivo es dotar de mayor celeridad, transparencia y eficiencia a las investigaciones penales, reduciendo tiempos procesales y fortaleciendo la oralidad en las distintas etapas del proceso.

El anuncio realizado por Rovira adquiere relevancia política por el momento institucional en que se produce. En los últimos meses, la Legislatura impulsó una serie de reformas vinculadas a la modernización del Estado, la digitalización de procesos y la actualización de marcos normativos considerados estratégicos para la provincia.

El sistema acusatorio modifica de manera sustancial la estructura de poder dentro del proceso penal. Los fiscales pasan a conducir las investigaciones y a reunir las pruebas necesarias para sostener una acusación. Los jueces dejan de intervenir en la producción de evidencia y concentran su actuación en garantizar el respeto de las garantías constitucionales de las partes.

La transformación también exige cambios organizacionales profundos. Requiere fortalecer los ministerios públicos, capacitar operadores judiciales, incorporar nuevas herramientas tecnológicas y redefinir protocolos de actuación entre fiscales, jueces, defensores y fuerzas de seguridad.

En las jurisdicciones donde el modelo ya fue implementado, uno de los efectos más visibles fue la reducción de los tiempos de tramitación de las causas. También aumentó la utilización de audiencias orales y públicas, lo que permite un mayor control ciudadano sobre el funcionamiento de la Justicia.

Para Misiones, la discusión abre además un debate institucional de largo alcance. No se trata únicamente de una reforma procesal. Supone una redefinición del funcionamiento del sistema penal y de la relación entre los distintos actores judiciales.

El ingreso del proyecto marcará el inicio de una etapa de análisis legislativo que probablemente convoque a magistrados, fiscales, abogados, académicos y especialistas en derecho procesal. La magnitud de la reforma anticipa un debate técnico intenso, aunque con una orientación política ya definida: avanzar hacia un modelo penal más ágil, oral y acusatorio.

Con el anuncio de Rovira, la provincia se prepara para discutir una transformación estructural que podría modificar de manera permanente la administración de justicia penal en Misiones.

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La economía real y la de manual

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En la Argentina la economía navega en dos dimensiones paralelas y generan realidades contrapuestas. El Gobierno nacional toma medidas a diario para “liberar” la economía, con efectos que se sienten de modo sensible en la punta de la pirámide, mientras que la base está cada día más ajustada. Vía RIGI y ahora Super Rigi, las grandes inversiones están liberadas del impuesto a las Ganancias y podrán llevar al exterior su rentabilidad en dólares sin restricciones. Tampoco pagarán más Ganancias quienes tienen renta de alquileres. 

En contraste, los trabajadores siguen pagando ese impuesto y el FMI recomienda que “al menos el 20% de los trabajadores pague el impuesto a las Ganancias” para que el Gobierno pueda incrementar la recaudación. Esto implica duplicar el actual número de empleados alcanzados por ese impuesto, de casi 900.000 en la actualidad a unos 2 millones de trabajadores en relación de dependencia.

Las provincias pierden recursos y la Nación se desentiende de sus obligaciones, lo que genera una enorme presión en el territorio, con demandas sociales que necesariamente alguien debe atender. La lógica imperante derrumba el ideal de “país federal” y lo convierte en uno concentrado como nunca antes, ni en los mejores sueños unitarios. Esa herida atraviesa la política actual, con un desdén expresado desde el corazón del Gobierno nacional hacia el resto de un país que parece no comprender ni dimensionar. 

El ministro desregulador, Federico Sturzenegger volvió a referirse a la yerba mate en uno de sus habituales raids mediáticos, en el que anunció, entre otras cosas, que va a terminar con el curro de las revisiones técnicas de los automóviles y que ya no será necesario rendir un exámen para obtener un carné de conducir, porque se sobreentiende que nadie se subirá a un volante sin saber conducir… ¿no?

Pero volviendo a la yerba. El funcionario, repetido desde la alianza y Cambiemos, suele citar a la yerba mate como uno de los ejemplos más claros de la lógica desreguladora impulsada por el Gobierno nacional. 

“La yerba mate es un ejemplo extraordinario”, sostuvo Sturzenegger al defender la desregulación y cuestionar que el Estado, a través del Instituto Nacional de la Yerba Mate, fijara precios. “Tiene miles de acopiadores, de procesadores, de marcas, lo sabemos, ¿no? Lo vemos en el supermercado. Entonces es una industria totalmente competitiva”, describió. 

“Javier Milei, con el DNU 70/23, le sacó al INYM la potestad de fijar el precio y el precio cayó a la mitad. Pudimos ver que lo que hacía ese Instituto era duplicar el precio de la yerba que pagan 47 millones de argentinos”, afirmó. 

Ahora tenemos récord de producción, porque acordate, también había una restricción que no podías aumentar la producción, y récord de exportaciones.  Yo creo que en diez años, cuando miremos la industria de la yerba, vamos a ver una actividad mucho más grande y con mucha gente progresando”, concluyó. 

Habrá que estudiar alguna vez por qué la fijación de Sturzenegger con la yerba mate, pero queda claro que la conoce de modo muy superficial. No hay miles de productores y miles de acopiadores. Justamente el desequilibrio que regulaba el INYM obedece a que hay miles de productores y pocos acopiadores, que obtienen mayores ganancias cuanto menor sea el precio de la materia prima. Como sucede ahora

El único precio que cayó “a la mitad” fue el de la materia prima. En góndolas el precio aumentó 140 por ciento en la era libertaria, cierto, eso sí, menos que la inflación acumulada, que llegó al 304 por ciento. 

No hay récord de producción. El acumulado de cosecha entre enero y abril alcanzó los 151.910.206 kilos, lo que representa una caída del 13,03% frente al mismo período de 2025, cuando se habían registrado 174.675.577 kilos y está, en promedio, debajo de los últimos cinco años. 

Tampoco es real que no se pudiera plantar yerba. Todo lo contrario. Entre 2016 y 2025, el área total del país pasó de 165.326 a 231.352 hectáreas, lo que implica un aumento cercano al 40 por ciento en menos de una década. Ese proceso, lejos de ser gradual, se aceleró con fuerza a partir de 2021 y luego se frenó de manera abrupta en 2024 y 2025, cuando el crecimiento interanual cayó primero al 3,64 por ciento y luego al 0,48 por ciento. En términos económicos, esa secuencia es típica de un mercado que entra en saturación: primero se expande rápidamente y luego se detiene porque ya no puede absorber más oferta sin que los precios se deterioren. Dentro de ese proceso, Misiones juega un papel absolutamente determinante. En 2016 concentraba 144.118 hectáreas de yerba mate y en 2025 alcanzó las 203.692, lo que significa un incremento de casi 60.000 hectáreas, es decir, un crecimiento del 41,3 por ciento. Fue por esa explosión de plantaciones que el INYM puso un cupo de cinco hectáreas por productor, para evitar una sobreoferta. Pero fue una medida tardía, que no frenó la expansión productiva.  

Asimismo, el consumo está dos por ciento debajo del año pasado y 6,5 por ciento abajo de 2023, el último año con precios regulados. 

La industria tampoco celebra a rienda suelta los efectos de la desregulación. Porque aún con precios de la materia prima que cayeron a la mitad, sus costos de producción se dispararon, lo que achicó los márgenes de rentabilidad. Se exporta más, pero se gana menos. Los datos que exhibe Sturzenegger no parecen tener bases sólidas. En otras áreas también. Pero las consecuencias que deja la desregulación arrolladora, se sufren en el terreno y la deben atender las provincias.

Misiones busca denodadamente soluciones para el sector yerbatero. Ahora se analiza la puesta en marcha de un sistema de trazabilidad para toda la cadena. La iniciativa, presentada por Carlos Rovira, implica conocer el precio que recibe el productor hasta el que se paga en góndola. Identificar cómo se distribuye la renta y transparentar quienes pagan mejor, para que el productor pueda decidir a quién, dónde y cuándo vender. Irá de la mano con incentivos fiscales como la exención del cien por ciento de Ingresos Brutos para quienes comercialicen hasta 25 mil kilos mensuales y del 50 por ciento para quienes lleguen a los 50 mil kilos. De este modo, se incentivará la formalización de la cadena y se respaldará a las cooperativas y pequeñas industrias que compiten con marcas nuevas en un mercado dominado por cuatro o cinco gigantes. En paralelo, se pondrá en marcha una tarjeta sanitaria para cubrir las necesidades de los trabajadores rurales.

Las herramientas fiscales son parte del paquete de medidas impulsadas por Encuentro Misionero para sostener la actividad económica. Este jueves se aprobó una ley para impulsar al sector metalúrgico, cuya industria opera al 45 por ciento de su capacidad. Cerca de 380 pymes serán beneficiadas. 

Esa flexibilización tributaria coincide con el anuncio del gobernador Hugo Passalacqua orientado a aliviar la carga fiscal sobre usuarios de billeteras virtuales y pequeños operadores económicos. Ordenó que se excluyan de las retenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las acreditaciones de menor escala realizadas mediante plataformas digitales de pago. La iniciativa beneficiará a casi 200.000 misioneros que utilizan billeteras virtuales para recibir transferencias, realizar cobros y administrar sus recursos cotidianos. Quedarán excluidas de las retenciones las acreditaciones mensuales de hasta $2.184.404, monto de referencia equivalente al límite vigente de la Categoría D del Monotributo. El límite se irá actualizando vía inflación y otros indicadores. 

El jueves también tomó estado parlamentario el proyecto anunciado por Rovira para que Misiones acceda a financiamiento en el mercado de capitales. La autorización al Ejecutivo provincial será por 300 millones de dólares, con la finalidad de financiar infraestructura, caminos, viviendas, conectividad y empresas de base tecnológica. Será la primera vez que se toma deuda desde 1999, aunque aquella última vez, cuando gobernaba Ramón Puerta, se hizo para financiar gastos corrientes. 

Rovira también anunció que tras la certificación oficial de la consultora Verra, Misiones utilizará los créditos de carbono como mecanismo para apalancar financiamiento externo, a través de un Bono Verde, destinado a financiar desarrollo y políticas ambientales. En una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli y un diálogo con el canciller Pablo Quirno, Rovira consiguió que Nacién avale la emisión de los bonos verdes. 

Misiones acaba de alcanzar uno de los hitos ambientales más importantes de su historia. La organización internacional Verra, responsable del principal estándar mundial de certificación de créditos de carbono, aprobó el Programa Jurisdiccional REDD+ de Misiones, convirtiéndolo en el primer programa forestal de carbono liderado por un gobierno y registrado a escala jurisdiccional bajo el marco JNR (Jurisdictional and Nested REDD+) del sistema Verified Carbon Standard (VCS).

La noticia tiene una dimensión que trasciende las fronteras provinciales. No se trata solamente de una validación técnica. Representa el reconocimiento internacional de un modelo de conservación forestal construido durante años y coloca a Misiones en una posición privilegiada dentro de los mercados globales de carbono, justo cuando la provincia se encuentra a las puertas de concretar su primera gran operación comercial vinculada a estos activos ambientales.

Según informó Verra, el programa misionero cubre aproximadamente más de un millón de hectáreas de Bosque Atlántico nativo y opera bajo el Escenario 2 del marco JNR, un esquema que permite a los gobiernos generar créditos de carbono por áreas forestales que no están incluidas dentro de proyectos privados específicos. Durante el primer período de monitoreo, comprendido entre 2017 y 2022, la provincia logró reducciones verificadas de emisiones equivalentes a unas 13,1 millones de toneladas de dióxido de carbono. Ese volumen constituye la base para la generación futura de créditos comercializables en los mercados internacionales.

La directora ejecutiva de Verra, Mandy Rambharos, destacó que el caso de Misiones demuestra lo que puede lograrse cuando los gobiernos lideran políticas climáticas de largo plazo y logran articular instituciones, regulaciones y alianzas para transformar la conservación forestal en resultados verificables y comercializables. El programa tiene además una característica singular: no concentra los beneficios exclusivamente en el Estado. El esquema prevé mecanismos de distribución para propietarios de tierras con bosque nativo, comunidades locales y proyectos de desarrollo sustentable, incorporando incentivos económicos para quienes contribuyen a la conservación de la Selva Paranaense.

Que las políticas ambientales de Misiones sean destacadas en el exterior y se conviertan en un activo económico, contrasta con la visión que tiene el ala libertaria, que presiona por la soja y otros cultivos de alta demanda de agroquímicos. Javier Mela, ex diputado radical y ahora libertario expuso con crudeza esa mirada: “Yuyos y abandono”, describió sobre el monte misionero, en yuxtaposición con una plantación de soja en Brasil y un camión de carga en Paraguay, también abrazado por el monocultivo. Las respuestas de sus amigos de Facebook no fueron para nada amistosas. 

El respaldo al modelo ambiental de Misiones cobra relevancia si se tiene en cuenta que casi al mismo tiempo que se conoció la decisión de Verra, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza presentó una sentencia en la que declara que la expansión de monocultivos industriales de pino y eucalipto en Corrientes constituye un ecocidio y una violación a los Derechos de la Naturaleza y de las comunidades campesinas e indígenas afectadas.

La resolución fue aprobada por la Asamblea de Jueces del organismo internacional tras analizar el caso durante su 13° Tribunal Local, realizado en noviembre de 2024. El documento sostiene que la expansión de más de 516.000 hectáreas de plantaciones forestales exóticas alteró los ciclos hidrológicos, afectó humedales y pastizales, redujo poblaciones de fauna nativa y provocó desplazamientos de comunidades rurales. Uno de los aspectos más relevantes es que el Tribunal rechaza expresamente la equiparación entre plantaciones industriales y bosques nativos. Según el documento, los monocultivos de pino y eucalipto no reproducen la complejidad ecológica de un bosque y no pueden ser considerados una herramienta suficiente para la mitigación del cambio climático.

En ese sentido, el fallo cuestiona también los mercados de carbono asociados a este tipo de emprendimientos forestales, a los que define como una “falsa solución” que beneficia principalmente a grandes grupos económicos. La resolución incorpora otro elemento novedoso: declara a los humedales y pastizales correntinos como sujetos de derechos. En un testimonio profundamente emotivo, Mario Benjamín, habitante de Corrientes afectado por el avance forestal, denunció las consecuencias del modelo extractivista sobre la vida cotidiana de las familias campesinas. “La tierra ya no nos responde, no tenemos agua. Los pájaros se fueron, los animales se fueron, y hoy lo que nos rodea es miseria”, expresó. “Nos quitaron el agua, la tierra, los pastizales. Pero no nos vamos a ir. Vamos a seguir luchando porque este es nuestro territorio y nuestra riqueza”.

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