Carlos Rovira

Mover la ficha (limpia)

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No perder centralidad. Encuentro Misionero comenzó a encender la chispa política, esa que permite discutir posiciones, buscar coincidencias y dejar de lado las disidencias en pos del bienestar general. El jueves último, antes del inicio de las sesiones de la Cámara de Diputados, en la Legislatura se vivió una reunión inusual, en la que los protagonistas fueron jóvenes, empresarios y profesionales. 

Desde un jóven médico que lleva su voluntariado a las colonias -encontró rápida sociedad con un oftalmólogo que se ofreció a sumarse-, escritores, influencers hasta empresarios, con un denominador común: pensar y priorizar el desarrollo de Misiones. En ese escenario se presentó el manifiesto fundacional de Encuentro Misionero, en el que se proclama que es posible otra forma de hacer política: con proximidad, con gestión continua y “despreciando las disputas del poder central”. 

Varios puntos resaltan en el manifiesto. La identidad que nace “desde la selva bordeada por ríos” y una definición que descarta la idea de “periferia”, y construye un espacio con rasgos propios con la determinación  de seguir avanzando sin tutelas impuestas desde el país central. 

Esa rebeldía atraviesa, destacó Carlos Rovira, los cimientos de la provincia, que fue una de las que declaró la Independencia un año antes que el país central, en el Congreso del Arroyo La China, en territorio oriental, donde hoy es Entre Ríos. Lejos de renegar de ese pasado, la propuesta de Encuentro Misionero se basa en capitalizar lo logrado, incorporando nuevas voces  “sin abandonar lo que funciona”. 

Es un reposicionamiento, una (re) evolución de la propia Renovación, que nació con la unidad de peronistas, radicales e independientes, superó la transversalidad y experimentó con fallidos blends y refresh.

La irrupción en el escenario político de esa evolución renovadora contrasta con la parálisis que exhibe hoy el Gobierno nacional, atado a la suerte de Manuel Adorni, envuelto en un escándalo de enriquecimiento, frivolidades y secretos palaciegos. “No lo voy a ejecutar para ganar una elección”, lo defendió el Presidente. El [reiterado] respaldo al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción, a esta altura preocupa hasta a los más convencidos por las consecuencias electorales que genera el desplome en las encuestas, que arrastra al propio Javier Milei. La primera advertencia fue de Patricia Bullrich, en un intento por despegarse del deterioro acelerado en las encuestas. 

La desaprobación nacional alcanza el 64,5%, mientras que apenas el 34,3% aprueba la gestión libertaria. Siete de cada diez argentinos consideran que hace falta un cambio de gobierno, un dato que en cualquier otro contexto sería leído como una señal de crisis terminal. Sin embargo, la singularidad del escenario argentino reside en que ese rechazo no se traduce todavía en una alternativa consolidada, revela el último informe “Domingo de Datos” de la consultora Zuban & Córdoba.

Milei registra 64,5% de rechazo contra 34,3% de aprobación, prácticamente sin señales de recuperación respecto de meses anteriores. La serie comparada muestra que desde octubre de 2025 el oficialismo fue perdiendo respaldo de manera sostenida: pasó de 37,1% de aprobación a apenas 34,3%, mientras la desaprobación saltó de 62,8% a 64,5%. Manuel Adorni exhibe uno de los peores registros del tablero: apenas 16,5% de imagen positiva frente a 72,1% negativa. La corrupción que venían a desterrar, se convirtió en el principal foco de conflicto en el Gobierno, con Adorni como emblema que eclipsa otras causas, como $Libra, Andis o el 3% para la Primera Hermana.

Demian Reidel, con un pasado en JP Morgan y Goldman Sachs, amigo y economista más influyente del círculo íntimo de Javier Milei acaba de ser imputado por los gastos exorbitantes y lujosos realizados con la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica, empresa que presidía. Entre los gastos observados figuran 45 compras en free shops por un total de 5.957 dólares y 1,1 millones de pesos; 13 pagos a la firma Mar y Sombra SL, una empresa de servicios de playa en Valencia, por 212 dólares; además de transferencias por Mercado Pago, hoteles, pasajes aéreos, indumentaria y consumos en distintos países.

También aparecen adelantos en efectivo por 56 millones de pesos y gastos en el pub El Pirata, de Madrid, por 765 dólares.

La denuncia original fue presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien sostuvo que incluso si los gastos hubiesen estado vinculados a viajes oficiales, los consumos resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.

Pagano -una de las libertarias más arrepentidas- también afirmó que Adorni es “el cajero de Karina Milei” y sugirió que cobró tres millones de dólares de la estafa con la criptomoneda Libra que promocionó Milei.

La legisladora del monobloque Coherencia, una de las denunciantes del jefe de Gabinete en la justicia federal, también le apuntó al secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, a quien tildó de “bolsero de Adorni”. Lanari es misionero, hijo de Carlos Lanari, ex presidente de la Sociedad Rural Misiones y hermano de Enrique, quien también entró a trabajar en el Estado con la gestión libertaria. Es un apellido que se escuchó mucho en estos últimos años. 

La Sociedad Rural de Lanari se alineó al proyecto macrista de convertir a Misiones en tierra a conquistar por la corporación Maizar, con el objetivo de exportar maíz a Brasil. Pretendían plantar 250 mil hectáreas, pero el proyecto quedó trunco por la resistencia de ambientalistas y la caída de Cambiemos. Ahora ese proyecto se retoma con los herederos libertarios -muchos ex macristas-, que quieren imponer el mismo plan, junto a soja y trigo para abastecer los pooles de siembra. El problema no es la soja ni el trigo, sino lo que trae aparejado. El macrismo, que también impulsaba la desregulación yerbatera que concretó la versión libertaria, nunca pudo explicar el impacto ambiental que traería aparejado ampliar la producción de maíz. Serían miles de litros de glifosato, lo mismo que demandaría la incorporación de trigo y de soja, que hoy no aparecen en el mapa productivo de Misiones. La dosis típica de glifosato oscila entre 2 y 4 litros por hectárea para malezas anuales, aunque puede aumentar hasta 15 o más litros en casos de alta resistencia o cultivos específicos 

Misiones inició un camino inverso, con el objetivo de erradicar el uso de agroquímicos. Pero no es el único punto de fricción: el modelo sojero no es compatible con el minifundio misionero y sólo tiene rentabilidad en grandes extensiones. Y la renta no se quedaría en la chacra, sino en los capitales inversores. 

Significaría la expulsión del pequeño productor de la chacra para darle entrada a dos o tres grandes grupos. Y también un profundo cambio de la provincia, tal como se la conoce, con rentabilidad para unos pocos. Pero de eso prefieren no hablar los promotores del modelo, ahora Adrián Núñez, antes Jerónimo Lagier. Sin embargo, están haciendo un trabajo de hormiga para sumar adhesiones, particularmente en el Alto Paraná, con el diputado Miguel Núñez como avanzada. Aunque la facción libertaria promete quedarse con el armado de “Misiones Productiva”.

Adorni, ex vocero devenido en Jefe de Gabinete está virtualmente callado, porque cada vez que enfrenta un micrófono -que no sea de los amigos-, es inevitable una pregunta sobre su nivel de gastos, la cascada de su piscina pagada cash en dólares black, sus flamantes propiedades o, incluso, su reciente distanciamiento con su esposa, que tomó distancia… por redes sociales. Una decadente novela libertaria con final incierto. Los únicos que todavía celebran al ex vocero son los misioneros Diego Hartfield, Adrián Núñez y Valeria Soczyuk.

En un intento desesperado por recuperar la iniciativa, el viernes hubo una conferencia de prensa encabezada por Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo y la de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “Los empresarios hablan del riesgo Adorni”, inquirió un periodista. Y fue más allá: “¿Ustedes cobran sobresueldos? No hubo respuestas. Ni negativas.

El nuevo Super Rigi, anunciado de apuro y sin muchos detalles, no es otra cosa que más beneficios fiscales para los grandes capitales que inviertan en la Argentina, mientras que la economía real sufre una inédita caída, por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento exponencial de los costos de producción.

El Rigi original no tuvo la explosión esperada y se concentró únicamente en minerales o petróleo, mientras que el resto de las economías regionales sobrevive en una extensa agonía, tanta que hasta la Confederación Económica de la Mediana Empresa, que hasta ahora había mantenido un piadoso silencio, salió a pedir que el Gobierno tome medidas de reactivación y baje la presión impositiva. 

Pese a los beneficios prometidos, de las 36 iniciativas presentadas en el Rigi original, hasta el momento, 22 continúan en evaluación oficial. En contraste, la Inversión Extranjera Directa está en niveles mínimos. Entre octubre y diciembre de 2025 hubo una salida neta de capitales de empresas extranjeras por 4.687 millones de dólares y la fuga de capitales en Argentina ha registrado niveles históricos en 2025 y principios de 2026 superando los US$ 23.000-25.000 millones, por encima de 2018 y aproximándose a crisis severas.

Caputo no tiene respuestas más que evasivas y atribuye la desconfianza al “riesgo Kuka”, al mismo tiempo que niega cualquier posibilidad de que vuelvan a ganar las elecciones. Incluso culpó a la sociedad por el explosivo crecimiento de la morosidad bancaria. “La gente pensó que la inflación iba a licuar las deudas“, dijo sin atender la pérdida del poder adquisitivo generalizada.

Esa caída de la actividad, obviamente se traduce en menor recaudación -ya van nueve meses consecutivos de caída real- y menos distribución de recursos federales a las provincias. 

Sin embargo, la decisión política en Misiones es sostener la actividad económica con todas las herramientas disponibles. En esa línea se inscriben el Ahora Chacra, el Ahora Verdulería y la continuidad de medidas de alivio fiscal para inyectar flujo de caja, particularmente a las pequeñas y medianas empresas, aunque las grandes también están recibiendo atención. 

La reedición de la línea de descuento de cheques a tasa cero con el Banco Macro para mejorar el precio de la materia prima yerbatera fue bien recibido por la industria, que necesita financiamiento barato. El objetivo es elevar el piso de la hoja verde a 301 pesos y el de la canchada 1.160 pesos. Además, este año se incorporó una nueva herramienta: los molinos que paguen el precio mínimo de la canchada también podrán descontar los cheques provenientes de supermercados por la venta de yerba elaborada. Pese a la urgencia libertaria por mostrar datos positivos que justifiquen los bemoles de la desregulación, la yerba mate atraviesa un momento crítico en el sector productivo y de expectativa en el consumo interno, que está por debajo de 2025 y de 2023, que fue el año récord y el último del mercado “regulado”. Solo las exportaciones salvan la ropa, aunque con una rentabilidad en jaque.

En el Gobierno provincial entienden que la yerba no será atendida por la Nación -lo descartó el propio Adorni- y que la estabilidad -difícil hablar de recuperación- es vital en el terreno, por eso las medidas de contención.

Nuevamente, es recuperar el centro de la escena, la iniciativa, que no haya reacciones, sino acciones. Esa parece ser la premisa en esta etapa preelectoral que vio nacer a Encuentro Misionero. Marcar la agenda política, parlamentaria y económica y ahí radica una de las principales diferencias con las oposiciones, que responden a una agenda externa, en la que Misiones aparece poco y nada o es considerada una zona “periférica” en los excel de Nación.

El año en la Legislatura arrancó con la toma de estado parlamentario del proyecto de Ficha Limpia, impulsado por Carlos Rovira, que es mucho más severo que el que se discute en Nación. El proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas a pena privativa de libertad -aunque la sentencia no esté firme y aun cuando la pena sea de cumplimiento en suspenso- por delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, el orden democrático, la seguridad pública, delitos contra las personas, contra la propiedad, la fe pública, el ambiente y también por crueldad o maltrato animal.

Esto implica que quedarían alcanzados delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, además de delitos económicos, corrupción institucional y ataques al sistema democrático. También quedarán excluidos quienes figuren como deudores alimentarios morosos, quienes mantengan deudas exigibles con el fisco provincial o municipal y quienes tengan tres o más infracciones graves de tránsito acreditadas en los últimos dos años previos a la oficialización de listas. Uno de los puntos más novedosos es la incorporación de los ciberdelitos como causal de inelegibilidad automática. El proyecto prevé que no podrán competir quienes tengan requerimiento de elevación a juicio o prisión preventiva por delitos vinculados al mundo digital, como grooming, distribución de material de abuso sexual infantil, acceso ilegítimo a sistemas, fraudes informáticos y otros delitos tipificados en el Código Penal.

La propuesta suma además una exigencia inédita: un certificado de aptitud toxicológica obligatorio al momento de oficializar listas. El postulante deberá presentar estudios integrales sobre al menos cuatro matrices biológicas -orina, saliva, folículo piloso y sangre- para acreditar la presencia o ausencia de consumo de sustancias psicoactivas. En caso de antecedentes de consumo problemático, deberá acompañar certificación de alta terapéutica o rehabilitación exitosa. El gobernador Hugo Passalacqua se adelantó y decretó la obligatoriedad de narcotests preventivos para descartar el consumo de sustancias psicoactivas ilegales en los niveles de decisión política y fuerzas de seguridad. “Esta es una decisión directa para garantizar que cada persona con poder de decisión tenga la idoneidad y la ética que la familia misionera merece”.

No será la única iniciativa que causará revuelo. Rovira, quien anticipó que Encuentro Misionero acompañará la eliminación de las PASO, deslizó la posibilidad de discutir la ley de Lemas actual para transformarla en una boleta única con ley de lemas por partido. El ex gobernador recordó que la ley de Lemas surgió de un acuerdo del viejo peronismo con el viejo radicalismo y que con él en el Gobierno, se suprimió el capítulo para gobernador, posibilidad que incorporó ahora Salta, curiosamente cuyo gobernador, Gustavo Saenz, es aliado libertario.

El contraste con la agenda opositora es notable. El jueves los libertarios debutaron con una gaffe llamativa: pretendían que un dictamen ya aprobado vuelva a comisión porque ellos no integraban la Cámara cuando se trató originalmente. Un capricho que se da de bruces contra los principios democráticos.

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La Legislatura abre el año con una agenda cargada: Ficha Limpia, reforma electoral, inversiones y más tiempo de sesiones

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La Cámara de Representantes de Misiones inicia un nuevo período legislativo con una batería de proyectos de fuerte impacto político, institucional y económico. Entre los temas más sensibles aparecen la iniciativa de Ficha Limpia impulsada por Carlos Rovira, que ya tomó estado parlamentario; una reforma para extender el período ordinario de sesiones presentada por Cristian Castro; modificaciones al régimen electoral promovidas por Martín Arjol; y varios proyectos vinculados a incentivos productivos e inversiones, como el de la diputada Paula Franco.

El inicio del trabajo parlamentario muestra un escenario donde la discusión institucional se mezcla con la necesidad de sostener la actividad económica en un contexto de fuerte ajuste nacional, caída de recursos y tensión sobre las economías regionales.

Uno de los expedientes más potentes es el de Ficha Limpia, impulsado por Carlos Rovira, que ya ingresó formalmente y comenzó su recorrido legislativo.

La propuesta busca impedir que personas con condenas judiciales confirmadas por determinados delitos puedan ser candidatas a cargos electivos, un tema que genera fuerte debate político a nivel nacional y que en Misiones adquiere especial relevancia por el impacto institucional y electoral.

El proyecto ya había generado repercusión pública y ahora entra en la etapa parlamentaria formal, donde deberá atravesar comisiones y sumar consensos para avanzar hacia el recinto.

El proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas a pena privativa de libertad -aunque la sentencia no esté firme y aun cuando la pena sea de cumplimiento en suspenso- por delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, el orden democrático, la seguridad pública, delitos contra las personas, contra la propiedad, la fe pública, el ambiente y también por crueldad o maltrato animal.

Esto implica que quedarían alcanzados delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, además de delitos económicos, corrupción institucional y ataques al sistema democrático.

La norma fija una cláusula electoral clave: la condena deberá haber sido dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral para impedir la candidatura inmediata. Si la condena ocurre después del 1° de enero del año electoral, la inhabilitación regirá recién al finalizar ese proceso. La inelegibilidad comienza desde la fecha de la sentencia y se mantiene hasta su revocación o cumplimiento de la pena.

También quedarán excluidos quienes figuren como deudores alimentarios morosos, quienes mantengan deudas exigibles con el fisco provincial o municipal y quienes tengan tres o más infracciones graves de tránsito acreditadas en los últimos dos años previos a la oficialización de listas.

Uno de los puntos más novedosos es la incorporación de los ciberdelitos como causal de inelegibilidad automática. El proyecto prevé que no podrán competir quienes tengan requerimiento de elevación a juicio o prisión preventiva por delitos vinculados al mundo digital, como grooming, distribución de material de abuso sexual infantil, acceso ilegítimo a sistemas, fraudes informáticos y otros delitos tipificados en el Código Penal.

La propuesta suma además una exigencia inédita: un certificado de aptitud toxicológica obligatorio al momento de oficializar listas. El postulante deberá presentar estudios integrales sobre al menos cuatro matrices biológicas -orina, saliva, folículo piloso y sangre- para acreditar la presencia o ausencia de consumo de sustancias psicoactivas. En caso de antecedentes de consumo problemático, deberá acompañar certificación de alta terapéutica o rehabilitación exitosa.

Rovira no descartó otras iniciativas, como una reforma electoral que simplifique la ley de Lemas sancionada a mediados de los 90 en acuerdo entre el peronismo y el radicalismo. Asimismo, Rovira anticipó que el bloque de Encuentro Misionero en el Congreso nacional, acompañará la derogación de las PASO para las elecciones próximas.

Otra reforma política es impulsada por el diputado Cristian Castro, que propone modificar el artículo 96 y el artículo 116 inciso 4 de la Constitución de la Provincia de Misiones para extender el período ordinario de sesiones.

Actualmente, la Cámara sesiona de manera ordinaria desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. La iniciativa plantea que ese período pase a desarrollarse desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre.

También aparece en la agenda una iniciativa vinculada al sistema electoral impulsada por Martín Arjol, que propone modificar el artículo 48 del Título Cuarto de la Constitución Provincial, correspondiente a Derechos Políticos y Régimen Electoral.

En paralelo, la diputada Franco y otros legisladores presentaron el expediente D-69957/26, que propone crear el Programa “Invertí Misiones”, bajo la figura de un Régimen Misionero Complementario de Inversiones Estratégicas.

La idea busca generar un marco específico para atraer capital privado, fomentar nuevos proyectos productivos y complementar los esquemas de promoción existentes.

La provincia viene trabajando en distintas herramientas de incentivo para sostener la inversión frente al freno macroeconómico nacional, por lo que este expediente aparece alineado con esa estrategia de política económica.

A eso se suma el expediente D-69446/25, presentado por el diputado Loreiro junto a otras legisladoras, que propone modificar varios artículos de la Ley VIII – N.º 59 e instituir el Régimen de Promoción, Fomento, Radicación, Habilitación e Inversiones de Actividades de Producción Local.

El proyecto apunta a fortalecer la estructura productiva provincial con herramientas específicas para facilitar radicación de inversiones, simplificar habilitaciones y consolidar el desarrollo de actividades locales.

Se trata de una iniciativa especialmente sensible para sectores industriales, comerciales y emprendedores que reclaman menor burocracia y mayor previsibilidad.

La apertura parlamentaria muestra que 2026 no será un año legislativo de baja intensidad. Por el contrario, la combinación de debates sobre transparencia política, reglas electorales, funcionamiento institucional e incentivos económicos anticipa sesiones de alto voltaje.

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La Justicia dilata el fallo sobre la inconstitucionalidad del DNU 70/23 y fragmenta el reclamo yerbatero

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La batalla judicial contra la desregulación del mercado yerbatero entró en una nueva etapa: la del desgaste por el tiempo. Mientras productores, cooperativas y asociaciones reclaman la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 164 al 168 del DNU 70/2023 -norma que eliminó las principales facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)-, la Justicia Federal decidió no avanzar sobre el fondo del planteo y optó por fragmentar las causas según la competencia territorial.

La consecuencia práctica es inmediata: no hay definición sobre la medida cautelar solicitada para suspender los efectos del decreto y el esquema desregulado sigue plenamente vigente.

Los expedientes, patrocinados por el abogado José Federico Padolsky, buscaban que se declarara la nulidad e inaplicabilidad de los artículos cuestionados del DNU y también del Decreto 812/2025, que profundizó la reglamentación del nuevo régimen y consolidó la imposibilidad del INYM de fijar precios de referencia para la hoja verde y la yerba canchada.

En el expediente 2764/2026, promovido por Jorge Skripczuk (Impulso Yerbatero), Edgar Hein (Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones), Antonio Rodríguez Franza (Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay) y Hugo Sand (APAM), el Juzgado Federal de Posadas declaró su incompetencia territorial y ordenó remitir la causa al Juzgado Federal de Oberá, argumentando que los domicilios de las entidades actoras se encuentran fuera de su jurisdicción.

En paralelo, en la causa 2765/2026, iniciada por Salvador María Torres (Cooperativa Río Paraná) y Julio Alfredo Petterson (Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte), la Justicia resolvió dividir aún más el expediente: Torres deberá litigar en Oberá y Petterson en Puerto Iguazú.

La Fiscalía Federal acompañó ese criterio y sostuvo que, aunque corresponde la jurisdicción federal, Posadas no sería territorialmente competente conforme a los artículos 4 y 5 del Código Procesal Civil y Comercial.

Pero el principal cuestionamiento no pasa sólo por el cambio de tribunal. Los productores habían solicitado una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de los artículos del DNU 70/23 y del Decreto 812/2025 hasta que exista sentencia definitiva

Sin embargo, el juzgado evitó pronunciarse sobre esa medida y resolvió primero la incompetencia. Para la parte actora, eso constituye una “verdadera denegación de justicia”.

En la apelación presentada, Padolsky sostiene que “aun en el hipotético caso de admitirse la declinatoria de competencia”, el juzgado debía resolver primero la cautelar, ya que existe una situación de urgencia manifiesta y la omisión deja a los productores sin protección frente a un régimen que ya está generando consecuencias económicas graves y de difícil reparación ulterior.

La presentación agrega que remitir el expediente sin tratar la cautelar implica “una postergación indefinida de la tutela solicitada”, desnaturalizando el instituto preventivo y consolidando de hecho el nuevo régimen impuesto por Nación.

El argumento de fondo: el juez ya había prevenido

La apelación también cuestiona la declaración de incompetencia por considerar que viola los principios de prevención, conexidad procesal y economía judicial.

Según los productores, el mismo Juzgado Federal de Posadas ya había intervenido previamente en la causa Gertel (Expte. 174/2024), vinculada al mismo conflicto yerbatero, donde incluso dictó medidas cautelares y ordenó la reconducción procesal hacia la actual acción declarativa de inconstitucionalidad.

Por eso sostienen que existía una “prevención” consolidada: el tribunal ya conocía el caso, sus antecedentes, su plataforma jurídica y los efectos concretos de la desregulación.

“Fragmentar el conocimiento jurisdiccional genera riesgo cierto de decisiones contradictorias”, advierte la apelación.

En uno de los escritos incorporados al expediente, los actores además presentaron como “hecho nuevo” una entrevista periodística donde un representante de la industria dentro del directorio del INYM reconoció que “el INYM cambió su naturaleza a partir del decreto 70/2023, y después reforzado con el decreto 812”.

Ese reconocimiento fue utilizado como prueba adicional para reforzar la verosimilitud del derecho invocado, ya que confirma que el organismo quedó impedido de cumplir funciones esenciales como la fijación de precios de referencia.

Para los demandantes, esto prueba que el DNU no fue una mera reforma administrativa sino una alteración sustancial del régimen legal previsto por la Ley 25.564.

Mientras la Cámara Federal analiza las apelaciones, el problema central sigue siendo político y económico: cada semana sin cautelar consolida la desregulación.

Sin precio sostén, con un mercado completamente liberado y con la industria pagando valores muy por debajo de los costos de producción denunciados por los productores, el litigio judicial empieza a convertirse también en una carrera contra el reloj.

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Misiones tendrá su Ficha Limpia: bloqueará a deudores alimentarios, morosos fiscales, multas de tránsito y condenados por ciberdelitos

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Misiones avanza con su propio modelo de Ficha Limpia y lo hace con una versión mucho más amplia que la que se debate a nivel nacional. La iniciativa legislativa, anticipada hace unos días por Carlos Rovira desde la Cámara de Representantes, propone un esquema de fuertes restricciones para el acceso a cargos públicos electivos, con bloqueos automáticos a candidaturas provinciales y municipales por múltiples causales que van mucho más allá de las condenas por corrupción.

El proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas a pena privativa de libertad -aunque la sentencia no esté firme y aun cuando la pena sea de cumplimiento en suspenso- por delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, el orden democrático, la seguridad pública, delitos contra las personas, contra la propiedad, la fe pública, el ambiente y también por crueldad o maltrato animal.

Esto implica que quedarían alcanzados delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, además de delitos económicos, corrupción institucional y ataques al sistema democrático.

La norma fija además una cláusula electoral clave: la condena deberá haber sido dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral para impedir la candidatura inmediata. Si la condena ocurre después del 1° de enero del año electoral, la inhabilitación regirá recién al finalizar ese proceso. La inelegibilidad comienza desde la fecha de la sentencia y se mantiene hasta su revocación o cumplimiento de la pena.

Pero el alcance del proyecto no se detiene allí. También quedarán excluidos quienes figuren como deudores alimentarios morosos, quienes mantengan deudas exigibles con el fisco provincial o municipal y quienes tengan tres o más infracciones graves de tránsito acreditadas en los últimos dos años previos a la oficialización de listas.

Aspecto Qué establece la Ficha Limpia de Misiones
Condenas penales No podrán ser candidatos quienes tengan condena a pena privativa de libertad, incluso sin sentencia firme y aunque la pena sea en suspenso.
Delitos alcanzados Corrupción, delitos económicos, contra el orden democrático, seguridad pública, delitos contra las personas, propiedad, fe pública, ambiente y maltrato animal.
Deudores alimentarios Quedan automáticamente inhabilitados quienes figuren en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos.
Deudas fiscales No podrán competir quienes mantengan deudas exigibles con el fisco provincial o municipal.
Ciberdelitos Se bloquean candidaturas con requerimiento de elevación a juicio o prisión preventiva por grooming, fraude informático, acceso ilegal a sistemas y otros delitos digitales.
Infracciones de tránsito Tener tres o más infracciones graves de tránsito en los últimos dos años impide ser candidato.
Test toxicológico Será obligatorio presentar certificado toxicológico integral. Si hubo consumo problemático, deberá acreditarse alta terapéutica.
Control electoral El Tribunal Electoral verificará antecedentes, podrá rechazar candidaturas y cruzar datos con otros organismos.
Impugnación ciudadana Cualquier ciudadano podrá denunciar e impugnar una candidatura dentro de los tres días posteriores a la publicación de listas.
Sanción a partidos Los partidos que presenten candidatos inhabilitados podrán recibir multas, exclusión electoral e incluso perder la personería jurídica.

Uno de los puntos más novedosos es la incorporación de los ciberdelitos como causal de inelegibilidad automática. El proyecto prevé que no podrán competir quienes tengan requerimiento de elevación a juicio o prisión preventiva por delitos vinculados al mundo digital, como grooming, distribución de material de abuso sexual infantil, acceso ilegítimo a sistemas, fraudes informáticos y otros delitos tipificados en el Código Penal.

La propuesta suma además una exigencia inédita: un certificado de aptitud toxicológica obligatorio al momento de oficializar listas. El postulante deberá presentar estudios integrales sobre al menos cuatro matrices biológicas -orina, saliva, folículo piloso y sangre- para acreditar la presencia o ausencia de consumo de sustancias psicoactivas. En caso de antecedentes de consumo problemático, deberá acompañar certificación de alta terapéutica o rehabilitación exitosa.

El control estará a cargo del Tribunal Electoral de Misiones, que será la autoridad de aplicación. Tendrá facultades para verificar documentación, rechazar candidaturas, dictar reglamentaciones operativas y celebrar convenios con organismos públicos para cruzar información. Antes de rechazar una postulación, deberá otorgar al candidato dos días hábiles para presentar descargos.

Además, cualquier ciudadano inscripto en el padrón podrá impugnar candidaturas si detecta incumplimientos. Tendrá tres días desde la publicación de listas para presentar la denuncia con prueba documental o referencias verificables.

La presión también recaerá sobre los partidos políticos. Las agrupaciones tendrán el deber de verificar previamente que sus postulantes no estén alcanzados por ninguna causal de inhabilitación. Si igualmente presentan listas con candidatos impedidos, podrán recibir sanciones que van desde apercibimientos públicos y multas hasta la exclusión del proceso electoral, suspensión o incluso pérdida de la personería jurídica.

En los fundamentos, el proyecto sostiene que la intención es “fortalecer el marco institucional de la Provincia de Misiones” y garantizar que quienes aspiren a representar a la ciudadanía reúnan “condiciones acordes a la responsabilidad pública que pretenden ejercer”. 

También remarca que la Ficha Limpia no busca restringir derechos políticos arbitrariamente, sino fijar “condiciones razonables, objetivas y proporcionales” para preservar la confianza pública.

La iniciativa se inscribe en una estrategia política clara: reforzar la transparencia institucional y elevar el estándar de acceso a la función pública en un año electoral donde la discusión sobre ética política y legitimidad de representación vuelve a ocupar el centro del debate.

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Carlos Rovira votó en la Escuela de Comercio N° 18 en Posadas

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El diputado provincial Carlos Rovira votó este domingo por la mañana en la Escuela de Comercio N° 18 de Posadas, en el marco de los comicios legislativos que se desarrollan en Misiones y en todo el país.

Desde las 8 hasta las 18, los ciudadanos están habilitados para acercarse a los centros de votación y definir la composición de la Cámara de Diputados de la Nación. Por primera vez a nivel nacional se implementa el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que reemplaza las boletas partidarias tradicionales con el objetivo de agilizar el proceso electoral y reducir costos.

En la provincia, se eligen tres diputados nacionales que representarán a Misiones durante los próximos cuatro años. La jornada transcurre con normalidad en los distintos establecimientos, donde se registra un flujo constante de votantes. Además, se informó que el transporte público es gratuito para facilitar la concurrencia a las urnas.

La Justicia Electoral recordó a los ciudadanos la importancia de verificar el número de mesa y del establecimiento, y de portar documento válido para sufragar. El escrutinio provisorio comenzará una vez cerradas las urnas a las 18.

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