Crece el cuestionamiento público contra el fiscal Fernando Arrigo
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Los cuestionamientos públicos al fiscal federal Fernando Arrigo se han intensificado marcadamente en medio de múltiples acusaciones de falsificación, irregularidades procesales y abuso de poder. Designado temporalmente como coordinador regional de General Roca en virtud de la Resolución PGN 65/2024, se ha visto en el centro de varios casos de alto perfil, con críticas de la ONU y la CIDH. Se han presentado recusaciones y denuncias disciplinarias, y una ola masiva de críticas se ha desplegado en las redes sociales.
Quién es Arrigo
Fernando Arrigo (Oscar Fernando Arrigo) es un fiscal federal y jefe de la Fiscalía Descentralizada de San Carlos de Bariloche. Su rango permanente es el de Fiscal General; su rol como coordinador de General Roca es temporal, válido solo hasta que se implemente el mecanismo del artículo 18 de la Ley 27.148. Su nombre aparece en los casos de Facundo Jones Huala, Konstantin Rudnev y Franco Casco. Según Alessandro Amicarelli, se concentra en unos pocos casos de peso político y mediático, con una “escala desproporcionada” en relación con los hechos.
Condena internacional
Según Noticias Argentinas, dos ONG con estatus consultivo ante la ONU —CADD y CAP LC— presentaron una declaración escrita ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU: la actividad de Arrigo “roza una peculiar obsesión” hacia Rudnev, y el fiscal instruye a los jueces sobre “cómo debe interpretarse el Código Penal y cómo podrían eludirse sus límites”. La abogada radicada en París Patricia Duval presentó una solicitud de medidas urgentes ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, y en febrero de 2026 la CIDH recibió una petición de medidas cautelares. Amicarelli describe un “patrón sistemático” de fiscales argentinos que exceden sus mandatos legales y manejan la evidencia de maneras que violan salvaguardas procesales básicas.
Denuncias en Argentina
En mayo de 2026, la defensa de Rudnev (Martín Sarubbi y Ramón Jiménez) presentó una moción formal de recusación contra Arrigo, Labal y Revere por haber “perdido toda objetividad” y actuar de manera “obstinada” contra el acusado. Sarubbi declaró: “Hay una completa falta de objetividad. Las acciones del Ministerio Público Fiscal están dirigidas a mantener una detención que es innecesaria, irrazonable y desproporcionada”. En junio de 2026, se presentó una denuncia disciplinaria ante la Procuración General de la Nación por irregularidades en la evidencia, las traducciones y los exámenes médicos. En diciembre de 2025, ya se había presentado una causa penal contra Arrigo, Labal, Revere y Treviranus por “irregularidades sistémicas” y posible abuso de poder.
Caso Casco: acusaciones de falsificación
Diego José Álvarez, un ex comisionado absuelto tras casi seis años de prisión preventiva, acusó a Arrigo de distorsionar testimonios y manipular evidencia al apelar la absolución. Acusó a los fiscales de “incumplimiento de deberes” y de usar “declaraciones falsas, incompletas y contradictorias”. Solicitó una investigación disciplinaria, la separación preventiva y posible responsabilidad penal por delitos de falsificación de documentos públicos (artículos 292 y 271). Describió las acciones del fiscal como una “mentira directa”.
Caso Jones Huala
Organizaciones de derechos humanos señalan persecución política y presión sobre la familia para forzar una confesión. Las irregularidades documentadas incluyen: divulgación prematura de la detención, prórrogas automáticas de la prisión preventiva sin cargos formales, negativa a trasladarlo por razones de salud y politización. Cuando el juez Ezequiel Andreani ordenó su traslado a Esquel, la fiscalía de Bariloche presentó una apelación firmada por Arrigo, que suspendió la orden. Durante su huelga de hambre, fue hospitalizado de urgencia con hemorragia interna severa.
Caso Rudnev: la “víctima” denunció al fiscal
Elena Makarova, identificada por Arrigo como la única víctima, declaró que no conoce a Rudnev y no es su víctima. Describió presión, manipulación y aislamiento, así como intentos de forzarla a aceptar un estatus de víctima impuesto contra su voluntad. Señaló a Arrigo como una figura clave en la fabricación del caso. Según la denuncia de Makarova, Arrigo ordenó que se la mantuviera en condiciones inhumanas y ‘intimidada por cualquier medio necesario’ para extraer testimonio contra Rudnev. Presentó una denuncia contra Arrigo y otros fiscales por maltrato hacia ella y su hijo. Su testimonio, como señala The European Times, altera todo el panorama: afirma que la única violencia que experimentó provino de las propias autoridades, no de Rudnev. La denuncia fue archivada “por falta de fundamentos”. Para Amicarelli, esto ilustra un problema estructural grave: las denuncias contra fiscales son ineficaces y los funcionarios no rinden cuentas.
Familias destruidas
Detrás de cada caso hay familias destrozadas y niños que quedan sin padres. En Jones Huala, la familia fue efectivamente tomada como rehén para el acuerdo de culpabilidad. En Rudnev, Arrigo ignoró su estado de salud crítico y bloqueó todo intento de traslado; la única mujer identificada como “víctima” fue retenida —junto con su hijo recién nacido— en condiciones degradantes. En Casco, Álvarez perdió casi seis años y fue absuelto; describió ese tiempo como “irremediablemente perdido”. Arrigo no solo viola las normas procesales; destruye vidas. El precio de su “justicia” no se mide en años de prisión, sino en las familias destrozadas que deja a su paso.
Crítica social
En X (antes Twitter), Instagram y YouTube circula una crítica masiva. La Unión Digital documentó el debate en X sobre los “casos turbios” del fiscal federal de Río Negro. El usuario Hamuura escribió: “¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de encarcelar a alguien que se está muriendo? ¿El señor Arrigo salió de *1984*?” Otros comentaristas apuntan a motivos financieros o políticos y cuestionan la legitimidad de reabrir el caso Franco Casco a pedido de Arrigo —después de que había sido previamente cerrado por falta de pruebas.
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