Misiones extiende el control del Tribunal de Cuentas sobre empresas y sociedades del Estado
La Cámara de Representantes de Misiones aprobó una modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas que amplía y precisa las facultades de fiscalización del organismo sobre las empresas y sociedades del Estado, tanto provinciales como municipales. La reforma, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, busca fortalecer los mecanismos de control externo sobre la utilización de los recursos públicos, independientemente de la forma jurídica bajo la cual sean administrados.
La nueva disposición incorpora expresamente dentro del alcance del Tribunal de Cuentas a las empresas y sociedades estatales, incluidas aquellas en las que el Estado provincial o municipal tenga una participación mayoritaria. De esta manera, la legislación establece un marco específico para la fiscalización de fondos públicos que se encuentran bajo la administración de entidades organizadas mediante distintas figuras societarias.
Uno de los aspectos centrales de la reforma es que el control del Tribunal de Cuentas estará limitado a los fondos públicos, sin avanzar sobre las atribuciones propias de los órganos de administración y fiscalización de cada sociedad. Esta delimitación busca precisar las competencias del organismo de control externo y su relación con las estructuras de gobierno de las empresas alcanzadas por la norma.
La modificación también incorpora una obligación de rendición institucional: los resultados de las fiscalizaciones deberán remitirse anualmente a la Cámara de Representantes de Misiones. Así, el Poder Legislativo recibirá información periódica sobre el control de los recursos públicos administrados por estas entidades.
Durante el tratamiento parlamentario, el diputado Alejandro Arnhold, miembro informante del proyecto, explicó que la iniciativa responde a la necesidad de actualizar la legislación frente a las distintas modalidades de organización y administración de los recursos estatales.
La reforma, sostuvo, “tiene un objetivo fundamental: fortalecer la transparencia, la legalidad y los mecanismos de control sobre la utilización de los recursos públicos”.
Arnhold señaló que la modificación permite resolver una cuestión que no estaba expresamente contemplada en la legislación vigente y establecer con mayor precisión las facultades del organismo fiscalizador.
“Esta modificación viene a cubrir un vacío legal y representa una actualización necesaria para dar mayor claridad al alcance del control externo, incluso cuando los recursos públicos se encuentren bajo la administración de entidades constituidas bajo distintas formas jurídicas”, afirmó el legislador.
En ese sentido, la reforma introduce una distinción relevante: la fiscalización de los recursos estatales no dependerá exclusivamente de que estos sean administrados directamente por organismos tradicionales de la administración pública, sino que también comprenderá a las sociedades y empresas alcanzadas por la nueva disposición.
Al mismo tiempo, el texto establece límites para evitar que la intervención del Tribunal de Cuentas se superponga con las funciones que corresponden a los órganos societarios.
“Estamos ante una modificación que busca aportar mayor claridad normativa, fortalecer los mecanismos de control externo y consolidar la responsabilidad institucional en la administración de los recursos del Estado”, concluyó Arnhold.
Con la aprobación de esta reforma, Misiones actualiza el marco legal de fiscalización de las empresas y sociedades con participación estatal mayoritaria y establece una instancia anual de información al Poder Legislativo. El alcance concreto de los controles quedará circunscripto a los fondos públicos administrados por las entidades comprendidas en la normativa.
