La Corte Suprema restituyó el control estatal sobre los aumentos de las prepagas y declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/23
El máximo tribunal invalidó las disposiciones que habían eliminado la autorización previa de la Superintendencia de Servicios de Salud para modificar las cuotas. El fallo no establece un tope automático atado a la inflación, pero recupera las facultades de fiscalización y regulación del organismo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que habían eliminado los mecanismos de control estatal sobre los aumentos de las empresas de medicina prepaga. La decisión restituye las atribuciones de la Superintendencia de Servicios de Salud para revisar, fiscalizar y autorizar las modificaciones tarifarias, en el marco de los criterios establecidos por la legislación vigente.
El pronunciamiento constituye la primera declaración de inconstitucionalidad del máximo tribunal sobre una disposición del decreto de desregulación económica dictado por el gobierno de Javier Milei. La sentencia fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en la causa iniciada por una afiliada de Swiss Medical.
El caso llegó a la Corte después de que la Cámara Federal de La Plata confirmara parcialmente una resolución favorable a la demandante, cuya cuota había registrado un incremento del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según los antecedentes del expediente, si se hubiera aplicado el mecanismo de actualización que regía antes de los cambios introducidos por el DNU, el aumento previsto para enero de 2024 habría sido del 6,26%.
La resolución tiene consecuencias directas sobre el régimen de actualización de las cuotas y podría incidir en otros litigios vinculados con la desregulación del sector. De acuerdo con la información difundida sobre el fallo, existen alrededor de 500 causas análogas pendientes de resolución, además de reclamos individuales presentados en distintos tribunales del país.
La Superintendencia recupera la autorización de los aumentos
Los artículos cuestionados habían derogado disposiciones de la Ley 26.682, que regula la medicina prepaga, y eliminado la intervención estatal previa sobre los valores de las cuotas. Con la declaración de inconstitucionalidad, vuelve a regir el esquema que somete las variaciones tarifarias a la supervisión de la autoridad de aplicación.
La Superintendencia de Servicios de Salud recupera así la potestad de examinar los incrementos y autorizar aquellos que estén fundamentados en variaciones de la estructura de costos y en cálculos actuariales razonables sobre los riesgos cubiertos.
Sin embargo, el alcance de la sentencia tiene una precisión importante: la Corte revocó el tramo de la resolución de la Cámara Federal de La Plata que ordenaba limitar los aumentos al porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Por lo tanto, el fallo no establece un congelamiento de las cuotas ni un mecanismo automático de actualización vinculado con la inflación. Lo que restituye es la intervención regulatoria del Estado, que deberá evaluar la justificación de los incrementos bajo los parámetros previstos por la normativa.
La diferencia es relevante para el funcionamiento del sistema: las empresas podrán plantear ajustes en función de sus costos y de sus cálculos técnicos, pero ya no tendrán la facultad de aplicar modificaciones tarifarias sin el control correspondiente de la autoridad sanitaria.
Las prepagas criticaron el fallo contra los aumentos libres
La Unión Argentina de Salud cuestionó la decisión que restituyó el control estatal sobre las cuotas y aseguró que podría haber reclamos retroactivos. Hugo Magonza, titular de la entidad, advirtió que la medida incrementará la judicialización, agravará las dificultades financieras del sector y puede afectar las prestaciones de los afiliados.
Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), la entidad que nuclea no solo a las prepagas sino a todas las empresas del sistema privado de asistencia a la salud, sostuvo que el pronunciamiento genera “un nivel de inseguridad jurídica enorme” y alertó sobre las consecuencias que, a su juicio, puede tener sobre la continuidad y el alcance de las coberturas.
“Están matando al sistema, la gente se va a quedar sin cobertura”, resumió.
Otro especialista del sector marcó en off the record dos puntos de la nota publicada por este medio. Primero, interpretan que el fallo cuestiona la opción de un DNU para resolver este tipo de temas y, más importante aún, que los aumentos no debería estar atados del IPC sino a la estructura de costos de las empresas.
Para el titular de la UAS, el decreto había desactivado los mecanismos internos de la Superintendencia vinculados con la regulación de precios. “El Ejecutivo, a partir del Decreto 70, desactiva todas las instancias dentro de la Superintendencia para la regulación de precio. Ya no tiene el control”, planteó. De todos modos, añadió que, desde su visión, el esquema anterior tampoco se aplicó como disponía la ley.
Magonza se refirió al artículo 17 de la ley 26.682, que regula a las empresas de medicina prepaga. Según explicó, cada entidad debía presentar su estructura de costos y solicitar incrementos que contemplaran los gastos directos e indirectos de cada plan. “Esa situación no se dio nunca”, aseguró, y señaló que durante los años de vigencia de los controles predominó un precio uniforme para todo el mercado, con pocas excepciones.
La Corte cuestionó la justificación de la urgencia del DNU
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento es el análisis constitucional sobre las facultades del Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia. La Corte recordó que la Constitución Nacional admite el ejercicio de atribuciones legislativas por parte del Ejecutivo únicamente bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad.
Para que un DNU resulte válido, debe acreditarse que el Congreso no puede reunirse por circunstancias excepcionales o que existe una urgencia cuya atención no admite esperar los tiempos del procedimiento legislativo ordinario.
En el caso de la desregulación de las cuotas de medicina prepaga, el tribunal consideró que los fundamentos incluidos en el DNU 70/23 no demostraban la existencia de esas circunstancias. La referencia general a una crisis del sistema de salud y a la necesidad de aumentar la competitividad mediante la liberación de precios no fue considerada suficiente para justificar la eliminación inmediata de las facultades de control estatal.
Los jueces también señalaron que el decreto no explicaba de manera concreta por qué la supresión de las atribuciones de la Superintendencia resultaba necesaria y urgente para responder a la emergencia económica y social invocada por el Gobierno.
La sentencia reafirma así un criterio institucional: la conveniencia política o económica de una medida no constituye, por sí misma, una razón suficiente para recurrir a un mecanismo excepcional que desplaza al Congreso de sus atribuciones legislativas.
El alcance del fallo sobre el resto del DNU 70/23
Aunque la decisión se limita expresamente a los artículos relacionados con la regulación de las empresas de medicina prepaga, su argumentación abrió un debate jurídico sobre la posible incidencia de esos criterios en otras disposiciones del decreto.
El propio tribunal aclaró que no estaba emitiendo opinión sobre los demás aspectos del DNU ni sobre su eventual justificación constitucional. Esos puntos, indicó, deberán analizarse en los casos concretos que lleguen a su conocimiento.
Sin embargo, especialistas en derecho constitucional señalaron que el razonamiento utilizado por la Corte podría ser considerado en otros litigios relacionados con el decreto.
El abogado Gustavo Arballo sostuvo que, aunque el fallo se refiere específicamente a la derogación del sistema de autorización de aumentos de las prepagas, el argumento sobre la falta de justificación de la urgencia tiene potencial para proyectarse sobre otras disposiciones.
En una línea similar, el abogado y docente de FLACSO Ezequiel Steuermann consideró que el razonamiento de la sentencia sobre las condiciones excepcionales que habilitan un DNU puede resultar aplicable por analogía a otros casos.
La diputada y abogada Myriam Bregman, por su parte, planteó el interrogante sobre la posibilidad de extender el criterio al conjunto del decreto, mientras que el politólogo Andy Tow interpretó la decisión como una señal institucional y política sobre los límites de la desregulación.
Estas lecturas forman parte del debate generado por la sentencia, pero no modifican su alcance jurídico inmediato: la Corte declaró inconstitucionales dos artículos específicos y dejó abierta la resolución de los restantes planteos judiciales.
Un precedente para la regulación del sistema de salud
La decisión introduce un cambio concreto en la relación entre las empresas de medicina prepaga, sus afiliados y el Estado. La restitución de la autorización previa implica que los aumentos deberán pasar nuevamente por un mecanismo de revisión administrativa, con criterios vinculados a la estructura de costos y la razonabilidad actuarial.
Para los usuarios, el fallo recupera una instancia institucional de control sobre las cuotas, aunque no garantiza por sí mismo una reducción de los valores ni establece límites uniformes para todos los planes. Para las empresas, supone volver a operar bajo un régimen de supervisión que exige fundamentar los ajustes tarifarios.
El desafío será compatibilizar la sostenibilidad económica de las prestadoras con la previsibilidad de los costos para los afiliados y el acceso a los servicios de salud. La intervención estatal recuperada por la Corte deberá traducirse en criterios claros de evaluación, transparencia y fundamentación de las decisiones.
En términos institucionales, el pronunciamiento también establece un antecedente sobre el alcance de los decretos de necesidad y urgencia: las reformas que modifican regímenes legales requieren una justificación concreta de las circunstancias excepcionales que habilitan al Poder Ejecutivo a legislar sin el trámite ordinario del Congreso.
