DNU 70/23

El “círculo rojo” yerbatero en Diputados: radiografía de un mercado que cruje entre el récord exportador y precios de “abandono”

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Por segunda vez desde la vigencia del DNU 70/23, el Congreso de la Nación se convirtió en el epicentro de una puja distributiva y conceptual que define el futuro del Nordeste Argentino (NEA). En un plenario mancomunado de las comisiones de Economía y Economías Regionales, presididas por Julia Strada y Luis Basterra (Unión por la Patria), la cadena de valor de la yerba mate expuso las tensiones estructurales de un sector que ensaya, por segunda vez en tres décadas, el laboratorio de la desregulación absoluta.

El debate legislativo desnudó una paradoja macroeconómica clásica de los mercados desregulados: un frente externo en franca expansión macro —con un crecimiento de las exportaciones que pasaron de USD 91 millones en 2023 a USD 117 millones en 2025— frente a una severa crisis de ingresos en el eslabón primario micro, caracterizada por precios de “abandono” y un deterioro del poder adquisitivo del productor que supera el 50% real respecto a finales de 2023.

El “Gold Standard” cooperativo defiende el libre mercado

El dato político y económico más disruptivo de la jornada no ocurrió en el recinto, sino a través de una pantalla de Zoom. Gustavo Quatrin, CEO de la Cooperativa Liebig (Playadito), rompió el histórico ostracismo de la gran industria —lo que en el sector se conoce informalmente como “hacer la del ñandú”— para plantar la postura del jugador número uno del mercado interno. Liebig, cabe recordar, desplazó el año pasado a Establecimiento Las Marías de un liderazgo de más de medio siglo, consolidándose como el estándar de oro del cooperativismo de gran escala.

Con la autoridad de quien timonea una estructura de 120 productores asociados y tres décadas de gestión ejecutiva, Quatrin ensayó una descarnada pero pragmática defensa del libre mercado: “Compartimos que el productor hoy no está mal, está muy mal. Los precios más bajos del mercado son precios de abandono, y los mejores perdieron contra finales del 2023 más del 50 por ciento. Pero dicho esto, entendemos que la solución está en el mercado y no en que el Estado nos indique a qué precio debemos vender o comprar”.

Para el ejecutivo, el actual hundimiento de los precios no es consecuencia directa de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), sino de un ciclo recurrente de sobreoferta estructural. Según su análisis, los mecanismos de regulación de la Ley 25.564 distorsionaron los incentivos en los años de vacas gordas, estimulando una sobreplantación que hoy satura los secaderos. Citando de forma punzante a un colega jurista, sentenció que la ley de creación del INYM “no solo no respeta la Constitución, sino que no respeta ni la ley de gravedad”, advirtiendo que reintroducir controles solo agravaría la fase recesiva del ciclo productivo.

En una línea similar, Joaquín Comas, presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes y representante de Las Marías, se sumó al planteo de que el DNU 70/23 simplemente coincidió con el pico de la curva de oferta. Comas fue más allá en la flexibilización regulatoria y solicitó directamente la disolución total del INYM, acusando al organismo de haber actuado durante un cuarto de siglo como un escollo burocrático incapaz de abrir nuevos mercados internacionales.

Comas, reivindicó el DNU 70/23, al decir que “el decreto no produjo el problema que hay hoy, lo produjo simplemente la oferta y la demanda”. “Las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagarlas”, dijo y opinó: “No podemos estar pidiéndole a ‘papá Estado’ cuando me va mal, ‘emparéjame la cancha y poneme restricciones'”. Y sumó el DNU justo “coincidió con la sobreoferta”.

Para Comas, el INYM lo hizo fue “restringir, restringir y poner palos en la rueda a toda la cadena” y “en 25 años no abrió ni un solo mercado en el exterior”.

La microeconomía de la chacra: descapitalización y asimetría cambiaria

En la vereda opuesta, los representantes de la producción primaria y el cooperativismo de base tradujeron la desregulación en variables de subsistencia y costos de explotación. La pérdida de los precios sostén y la eliminación de la potestad del INYM para fijar valores mínimos obligatorios erosionaron la capacidad de negociación del eslabón más débil, donde el poder dominante del comprador determina las condiciones de pago.

Ángel Ozeñuk, referente de los productores autoconvocados de la zona norte de Misiones, expuso un indicador de rentabilidad primaria que ilustra la distorsión de los precios relativos en la economía real: Abril 2023 (Mercado regulado): El productor requería 1 kg de hoja verde para adquirir dos litros de gasoil (Hoja verde a $400, Gasoil a $190/litro). Mayo 2026 (Mercado desregulado): El colono necesita entregar 11,5 kg de hoja verde para adquirir el mismo litro de gasoil.

Por su parte, Manfredo Seifert, vicepresidente de la Federación de Cooperativas y cuadro técnico de Coninagro, apeló a la memoria histórica del sector para refutar la teoría del derrame en mercados de competencia imperfecta. Seifert trazó un paralelismo directo con la desregulación de la década de 1990 bajo el esquema de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM):

“Nuevamente estamos sometidos al mismo experimento que nos va a llevar al mismo destino. Hoy ya hay indicadores muy preocupantes: no hay ningún modelo tecnológico en la producción primaria que muestre rentabilidad. Nos estamos descapitalizando brutalmente”, expresó. “La desregulación no generó un mercado más competitivo, sino más salvaje y concentrado”, enfatizó.

Por su parte, Ana Cubilla, Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, advirtió: “Nos estamos yendo todos del país, nos estamos yendo a Brasil, donde conseguimos mejores condiciones laborales y mejores pagas. Los productores se pueden quedar sin trabajadores”.

En ese sentido, la representante de los trabajadores habló de “una problemática social muy fuerte” que se traduce en “una provincia deshabitada por culpa del bendito DNU, porque a partir del minuto cero de este DNU nos desregularon nuestras vidas, la vida de la mayoría de las familias misioneras. Trajeron la destrucción con este DNU 70/23”.

Luisa Fleitas, también productora yerbatera, aseguró: “En ningún momento el paquete de yerba en góndola bajó, no, se mantuvo y aumentó también. Hay yerbas que se consiguen a 1.000 pesos el kilo, pero ¿cuál es calidad de esa?”.

“Se está ahorrando un montón de dinero en el INYM, pero todavía nosotros los productores no lo vimos reflejado”, denunció y agregó que le gustaría que “el presidente (JavierMilei vaya y conozca nuestro territorio. Hicieron un DNU desde la base de la escritura, pero no sobre el territorio”. “Misiones no es viable para cambiar de un día para el otro de actividad. Nosotros defendemos nuestra identidad que es la yerba. Misiones se está viniendo abajo”, enfatizó.

La visión oficial: del “impuesto invisible” al récord exportador

Desde la perspectiva de la conducción del INYM, hoy alineada con los objetivos de desregulación de la administración central, el balance de los últimos 24 meses convalida el cambio de matriz económica. Rodrigo Correa, presidente del instituto, defendió la metamorfosis institucional del organismo, al que describió a su ingreso como una estructura sobredimensionada con un incremento del 40% de su planta de personal entre 2020 y 2023.

Correa sostuvo que la fijación de precios funcionaba históricamente como un arancel encubierto que encarecía los bienes de consumo masivo. Los datos esgrimidos por el titular del INYM para justificar la vigencia del nuevo esquema muestran una fuerte divergencia entre el comportamiento del mercado doméstico y el internacional:

Dinámica del Mercado Yerbatero (Período 2023 – 2025) según el INYM: Precio en Góndola: Contracción real del 46% en el precio promedio ponderado pagado por el consumidor final, lo que desde la óptica oficial representa la eliminación de una transferencia de recursos del consumidor a la ineficiencia de la cadena. Performance Exportadora: Las ventas externas pasaron a representar casi el 20% del volumen total comercializado, duplicando la media histórica del sector. Liderazgo Global: En 2025, Argentina recuperó el primer puesto como exportador mundial de yerba mate, desplazando a sus competidores regionales tras siete años de rezago.

Correa atacó lo que denominó “retórica populista del minifundio”, argumentando que las herramientas de control de precios de la última década operaron como un cepo estructural que mantuvo al 60% de las explotaciones de menos de 10 hectáreas atrapadas en unidades productivas económicamente inviables.

Para finalizar, el titular del INYM ratificó que “el Instituto no volverá a implementar mecanismos de fijación o control de precios que asfixien la innovación y perpetúen la ineficiencia”. “La desregulación no es una coyuntura, es el único camino probado hacia una industria yerbatera moderna, competitiva, exportadora y, fundamentalmente, independiente”, concluyó. 

El impacto sociodemográfico en las comunas agrarias

La discusión técnica y corporativa en el Congreso tuvo su correlato en las variables sociales del territorio. El debate evidenció que la caída del precio de la materia prima impacta de forma directa en las arcas de los municipios yerbateros y en los mercados laborales locales.

Hugo Humeniuk, intendente de Concepción de la Sierra —corazón de la zona productora de la zona sur de Misiones—, alertó sobre una fuerte contracción de la actividad comercial y un incremento exponencial en la demanda de asistencia social directa en las comunas. Según el jefe comunal, la pérdida del arbitraje del INYM está provocando una precarización de las condiciones laborales de los tareferos, revirtiendo dos décadas de avances en formalización laboral y erradicación del trabajo infantil.

La tensión social en el eslabón de la cosecha fue refrendada por Ana Cubilla, del Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, quien denunció un incipiente proceso de migración laboral hacia el sur de Brasil en busca de mejores condiciones de contratación y asimetría cambiaria favorable. “Nos desregularon la vida”, sintetizó la dirigente, advirtiendo sobre el riesgo de un apagón de mano de obra para las futuras zafras.

El plenario de comisiones dejó en claro que la desregulación yerbatera no es un debate técnico saldado, sino un proceso abierto con ganadores y perdedores nítidos en el corto plazo: La gran industria y el superávit comercial consolidan un modelo de escala, alta competitividad externa y depuración de ineficiencias de stock. El eslabón primario y las economías de los municipios del interior asumen el costo del ajuste de precios relativos en un escenario de libre contratación, donde el precio de la hoja verde cotiza hoy muy por debajo de su costo de reposición.

El interrogante que flota en el sector es si el mercado logrará encontrar un punto de equilibrio genuino por vía de la exportación antes de que el tejido social del minifundio misionero sufra una transformación irreversible.

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La Justicia dilata el fallo sobre la inconstitucionalidad del DNU 70/23 y fragmenta el reclamo yerbatero

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La batalla judicial contra la desregulación del mercado yerbatero entró en una nueva etapa: la del desgaste por el tiempo. Mientras productores, cooperativas y asociaciones reclaman la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 164 al 168 del DNU 70/2023 -norma que eliminó las principales facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)-, la Justicia Federal decidió no avanzar sobre el fondo del planteo y optó por fragmentar las causas según la competencia territorial.

La consecuencia práctica es inmediata: no hay definición sobre la medida cautelar solicitada para suspender los efectos del decreto y el esquema desregulado sigue plenamente vigente.

Los expedientes, patrocinados por el abogado José Federico Padolsky, buscaban que se declarara la nulidad e inaplicabilidad de los artículos cuestionados del DNU y también del Decreto 812/2025, que profundizó la reglamentación del nuevo régimen y consolidó la imposibilidad del INYM de fijar precios de referencia para la hoja verde y la yerba canchada.

En el expediente 2764/2026, promovido por Jorge Skripczuk (Impulso Yerbatero), Edgar Hein (Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones), Antonio Rodríguez Franza (Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay) y Hugo Sand (APAM), el Juzgado Federal de Posadas declaró su incompetencia territorial y ordenó remitir la causa al Juzgado Federal de Oberá, argumentando que los domicilios de las entidades actoras se encuentran fuera de su jurisdicción.

En paralelo, en la causa 2765/2026, iniciada por Salvador María Torres (Cooperativa Río Paraná) y Julio Alfredo Petterson (Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte), la Justicia resolvió dividir aún más el expediente: Torres deberá litigar en Oberá y Petterson en Puerto Iguazú.

La Fiscalía Federal acompañó ese criterio y sostuvo que, aunque corresponde la jurisdicción federal, Posadas no sería territorialmente competente conforme a los artículos 4 y 5 del Código Procesal Civil y Comercial.

Pero el principal cuestionamiento no pasa sólo por el cambio de tribunal. Los productores habían solicitado una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de los artículos del DNU 70/23 y del Decreto 812/2025 hasta que exista sentencia definitiva

Sin embargo, el juzgado evitó pronunciarse sobre esa medida y resolvió primero la incompetencia. Para la parte actora, eso constituye una “verdadera denegación de justicia”.

En la apelación presentada, Padolsky sostiene que “aun en el hipotético caso de admitirse la declinatoria de competencia”, el juzgado debía resolver primero la cautelar, ya que existe una situación de urgencia manifiesta y la omisión deja a los productores sin protección frente a un régimen que ya está generando consecuencias económicas graves y de difícil reparación ulterior.

La presentación agrega que remitir el expediente sin tratar la cautelar implica “una postergación indefinida de la tutela solicitada”, desnaturalizando el instituto preventivo y consolidando de hecho el nuevo régimen impuesto por Nación.

El argumento de fondo: el juez ya había prevenido

La apelación también cuestiona la declaración de incompetencia por considerar que viola los principios de prevención, conexidad procesal y economía judicial.

Según los productores, el mismo Juzgado Federal de Posadas ya había intervenido previamente en la causa Gertel (Expte. 174/2024), vinculada al mismo conflicto yerbatero, donde incluso dictó medidas cautelares y ordenó la reconducción procesal hacia la actual acción declarativa de inconstitucionalidad.

Por eso sostienen que existía una “prevención” consolidada: el tribunal ya conocía el caso, sus antecedentes, su plataforma jurídica y los efectos concretos de la desregulación.

“Fragmentar el conocimiento jurisdiccional genera riesgo cierto de decisiones contradictorias”, advierte la apelación.

En uno de los escritos incorporados al expediente, los actores además presentaron como “hecho nuevo” una entrevista periodística donde un representante de la industria dentro del directorio del INYM reconoció que “el INYM cambió su naturaleza a partir del decreto 70/2023, y después reforzado con el decreto 812”.

Ese reconocimiento fue utilizado como prueba adicional para reforzar la verosimilitud del derecho invocado, ya que confirma que el organismo quedó impedido de cumplir funciones esenciales como la fijación de precios de referencia.

Para los demandantes, esto prueba que el DNU no fue una mera reforma administrativa sino una alteración sustancial del régimen legal previsto por la Ley 25.564.

Mientras la Cámara Federal analiza las apelaciones, el problema central sigue siendo político y económico: cada semana sin cautelar consolida la desregulación.

Sin precio sostén, con un mercado completamente liberado y con la industria pagando valores muy por debajo de los costos de producción denunciados por los productores, el litigio judicial empieza a convertirse también en una carrera contra el reloj.

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Adorni defendió la desregulación yerbatera y descartó auxilio nacional para pequeños productores

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El Gobierno nacional dejó una definición contundente sobre el conflicto yerbatero: no habrá regreso a la regulación de precios, no se prevén medidas extraordinarias para sostener a pequeños y medianos productores y la salida financiera para la industria deberá buscarse en el sistema privado.

La postura fue explicitada en las respuestas oficiales elevadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados, donde defendió el modelo de desregulación aplicado tras el DNU 70/23 y los decretos reglamentarios que limitaron las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

“La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informa que el sector ha ingresado en una fase de sinceramiento y recuperación”, sostiene la respuesta oficial, apoyándose en los datos del propio INYM. Según el Gobierno, la salida de molino con destino al mercado interno en 2025 alcanzó las 266.834 toneladas, un 3,11% más que las 258.790 toneladas de 2024.Sin embargo, ese mismo dato contrasta con la evolución del mercado: entre 2023 y 2025, las ventas en el mercado interno pasaron de 285,3 millones de kilos a 266,8 millones, lo que representa una caída acumulada del 7,1%

“No intervención” y defensa del libre mercado

La Casa Rosada sostiene que la desregulación permitió corregir distorsiones históricas y liberar a la industria de un sistema que, según su visión, producía para acumular stock y no para vender.

“Esto demuestra que la desregulación permitió a la industria movilizar sus elevados stocks acumulados para satisfacer una demanda creciente, eliminando la ineficiencia de producir solo para stockearse bajo precios artificiales”, respondió Agricultura.

Además, el Gobierno ratificó que el INYM ya no tiene herramientas legales para fijar precios mínimos.

“Bajo este nuevo paradigma de libertad de mercado, el INYM no cuenta con facultades legales para intervenir en la fijación de precios mínimos”, afirmó la respuesta enviada al Congreso.

La conclusión oficial es directa: “No se adoptaron medidas de corrección porque la ‘no intervención’ ha permitido alcanzar indicadores récord que el modelo regulado nunca logró”.

Nación no asistirá a los pequeños productores

Uno de los puntos más sensibles fue la consulta sobre los productores medianos -establecimientos de 30 a 40 hectáreas con contratación de mano de obra y fuerte exposición a los costos- y qué políticas específicas se aplicarán para evitar su desaparición. La respuesta fue que la rentabilidad no vendrá por asistencia estatal sino por competitividad.

“El respaldo se completa con la mejora del 14,9% en el valor de las ventas externas, el acceso a crédito productivo (Línea BNA Agroactiva) y la continuidad del Programa Intercosecha, garantizando rentabilidad basada en la eficiencia y no en el asistencialismo estatal”, señaló Agricultura.

Es decir: el Gobierno no prevé un esquema diferencial para sostener a los productores más chicos ni mecanismos de compensación frente a la caída del precio de la hoja verde. La apuesta oficial es que el crecimiento exportador y la apertura del mercado permitan que los productores se adapten a la nueva lógica competitiva.

La industria deberá financiarse con deuda nueva

Frente a otra consulta sobre las pérdidas estimadas en $276.000 millones por parte de los productores y el crecimiento de 53 por ciento de la deuda de los principales molinos, el Ejecutivo tampoco anunció herramientas específicas de rescate.

La respuesta oficial fue que existen líneas de financiamiento generales, como la Línea BNA Agroactiva 2025, con tasas bonificadas para maquinaria agrícola.

“Financiamiento: para acompañar este proceso, se encuentran vigentes líneas como la Línea BNA Agroactiva 2025, con tasas bonificadas para maquinaria agrícola, fomentando la inversión genuina”, respondió Adorni.

La señal política es clara: no habrá salvataje sectorial. La industria deberá buscar capital de trabajo y refinanciación en el crédito privado, es decir, tomar nueva deuda para sostener la operatoria.

A pesar de que productores denuncian que la hoja verde se paga entre 180 y 240 pesos por kilo -por debajo de los costos de producción estimados-, la respuesta oficial sostiene que el mercado “se autorregula” y que los indicadores demuestran rentabilidad.

“El mercado yerbatero ha demostrado una notable capacidad de autorregulación, lo que invalida los argumentos a favor de la intervención estatal”, respondió el jefe de Gabinete de Javier Milei.

Incluso, el Ejecutivo afirma que “el mercado libre reconoce el valor de la producción y cubre los costos operativos mediante el dinamismo comercial y la reducción de stocks excedentes”.

En esa lógica, la crisis denunciada desde Misiones no sería consecuencia de la desregulación, sino parte de una transición hacia un sistema más eficiente, exportador y menos dependiente del Estado.

La posición nacional choca de frente con el diagnóstico de productores, cooperativas y del propio Gobierno de Misiones, que vienen reclamando un precio de referencia para la hoja verde y una recuperación de herramientas regulatorias para evitar el deterioro del ingreso primario. Para la Nación, la solución pasa por exportar más, tomar crédito y ganar eficiencia. Para los productores, el problema sigue siendo el mismo: vender por debajo del costo.

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El balance del INYM, un argumento clave frente a la nueva desregulación del sector yerbatero

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El balance de gestión del Instituto Nacional de la Yerba Mate correspondiente al período 2002–2023 se convirtió en un documento central dentro del debate actual sobre el futuro de la actividad yerbatera. En un contexto marcado por la desregulación introducida a partir del Decreto 70/23, el informe permite observar, con datos objetivos y verificables, los logros alcanzados por el organismo hasta antes de la quita de sus facultades, y se posiciona como una pieza clave para argumentar la necesidad de preservar su continuidad institucional. Ese documento fue enviado al ministro del Interior, Diego Santilli, a quien se le pidió que intervenga para frenar lo que consideran una “destrucción criminal” de la producción primaria.

El documento, elaborado por las entidades productivas que tienen representación en el INYM, repasa 21 años de gestión pública-privada en una de las economías regionales más relevantes del noreste argentino. En ese período, el instituto funcionó como ente de derecho público no estatal, con financiamiento del propio sector y un directorio integrado por representantes públicos y privados, y tuvo un rol decisivo en el ordenamiento, crecimiento y modernización de toda la cadena productiva yerbatera .

El INYM fue creado en 2002 por la Ley 25.564, como respuesta directa a una profunda crisis sectorial que derivó en protestas masivas de productores, tareferos, secaderos, cooperativas e industrias, conocidas como los “tractorazos”. En aquel momento, la actividad carecía de datos confiables, normativa actualizada y mecanismos de regulación que garantizaran previsibilidad. Desde su puesta en funcionamiento, el organismo comenzó a generar estadísticas, registros y herramientas de planificación que permitieron diseñar políticas sectoriales de mediano y largo plazo .

Uno de los pilares de su accionar fue la fijación del precio mínimo de la materia prima, una herramienta que, según el balance, permitió ordenar el mercado y generar condiciones de estabilidad. En 2023, incluso, el precio de la hoja verde llegó a pagarse por encima del valor oficial, en un escenario que el propio informe define como uno de los mejores momentos de la actividad en más de un siglo de cultivo sistemático.

Crecimiento productivo y expansión de la cadena

Los datos recopilados por el INYM muestran un crecimiento sostenido de la actividad entre 2011 y 2022. La producción de hoja verde pasó de 703.312 toneladas a 829.237 toneladas, mientras que aumentó la cantidad de productores, secaderos y molinos en la zona productora de Misiones y el norte de Corrientes. En el mismo período, los productores que comercializaron hoja verde crecieron de 7.360 a 9.942, los secaderos de 166 a 209 y los molinos y fraccionadores de 96 a 101 .

El mercado interno también evidenció una expansión: el consumo pasó de 248.989 toneladas en 2011 a 275.809 toneladas en 2022. En paralelo, las exportaciones crecieron de 35.428 a 40.304 toneladas, con presencia en más de 50 países. Estos registros consolidaron a la Argentina como principal productor y exportador mundial de yerba mate, con un consumo per cápita que alcanzó niveles récord en los últimos años.

Uno de los aspectos destacados del balance es la Resolución 170/21, aprobada en junio de 2021, que reguló la expansión de la superficie plantada. La norma habilitó la plantación de hasta cinco hectáreas por año y la renovación de hasta el dos por ciento de la superficie existente, estableciendo reglas comunes para pequeños, medianos y grandes productores. Según el INYM, esta medida permitió un crecimiento ordenado de la materia prima, favoreció el arraigo de las familias rurales, fortaleció a las cooperativas y dinamizó las economías locales donde se concentran las plantaciones .

El informe también detalla el funcionamiento del Servicio de Extensión Yerbatero (SEY), creado en 2020, integrado por ingenieros agrónomos que trabajan directamente con pequeños productores. El objetivo fue mejorar la productividad de manera sustentable, mediante prácticas de conservación de suelos, manejo del agua, control biológico de plagas y mitigación de los efectos del cambio climático. Esta asistencia técnica integral se orientó a lograr incrementos graduales y sostenidos de la producción, sin comprometer los recursos naturales.

En paralelo, el INYM desplegó más de 25 programas de apoyo al sector, que incluyeron la entrega de herramientas, indumentaria y equipamiento, así como becas educativas para hijos de productores y tareferos. Entre 2020 y 2023 se distribuyeron miles de motoguadañas, motosierras, tijeras automáticas y equipos de protección, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y la eficiencia de la cosecha.

El respaldo al sector tarefero ocupó un capítulo específico, con aportes al Programa Intercosecha, capacitación laboral y provisión de equipamiento durante los períodos sin actividad. Estas acciones, según el balance, fueron claves para sostener el empleo y reducir la vulnerabilidad social en una actividad altamente estacional.

Otro eje central fue la política de calidad. El INYM creó el Área de Control y Gestión de Calidad y fortaleció la fiscalización, con controles fisicoquímicos y microbiológicos en toda la cadena. Se implementaron normas para la yerba mate importada, con el objetivo de resguardar a la industria nacional y garantizar que el producto que llega al consumidor cumpla con los estándares argentinos.

En paralelo, el organismo impulsó investigaciones científicas sobre las propiedades benéficas de la yerba mate, organizó jornadas de divulgación y creó una base de datos bibliográfica única a nivel mundial. Estas acciones acompañaron el posicionamiento del producto en mercados internacionales, donde crece la demanda de alimentos naturales y funcionales, y favorecieron el desarrollo de nuevos formatos de consumo.

Un balance que alimenta el debate actual

El documento concluye destacando que, en sus 21 años de funcionamiento, el INYM brindó previsibilidad, crecimiento y desarrollo a una cadena integrada por unos 15.000 tareferos, más de 12.500 productores, decenas de cooperativas, secaderos e industrias, con impacto directo en Misiones y el norte de Corrientes. En ese sentido, el balance se presenta hoy como una herramienta central para evaluar las consecuencias de la desregulación y como un insumo clave en el debate sobre la continuidad del organismo.

En un escenario de fuerte incertidumbre para la actividad yerbatera, los datos del INYM permiten observar que la regulación no sólo ordenó el mercado, sino que también promovió inversión, empleo, calidad y expansión internacional. Para los actores del sector, estos antecedentes constituyen elementos fundamentales para defender la vigencia del instituto como órgano regulador y evitar la pérdida de un esquema que, hasta su desarticulación, había mostrado resultados concretos y medibles en una de las principales economías regionales del país.

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Yerba: productores acusan “destrucción criminal” y piden a Santilli frenar el desguace del INYM

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Organizaciones de productores yerbateros solicitaron la intervención del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, para revertir lo que definieron como un “criminal deterioro del sector yerbatero”, al que atribuyen a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional desde la entrada en vigencia del DNU 70/23 y la quita de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate.

El reclamo fue formalizado en una nota fechada el 29 de enero de 2026, que será entregada esta semana por representantes de CONINAGRO durante una reunión prevista con el funcionario nacional. En el documento, los productores advierten que desde la asunción del presidente Javier Milei, la Yerba Mate Argentina atraviesa un proceso de deterioro acelerado que compromete no sólo la sustentabilidad económica de la actividad, sino también la calidad e inocuidad del producto, que contrasta con la realidad yerbatera hasta antes de la desregulación.

Según plantean, el Decreto 70/23 y otras decisiones de política económica “están ocasionando la destrucción de una economía regional que hasta hace dos años era pujante”, afectando de manera directa a miles de trabajadores, pequeños productores, cooperativas, secaderos y pequeñas y medianas industrias. En ese marco, alertan que el daño ya comienza a impactar sobre la calidad del producto final, con eventuales riesgos sanitarios y consecuencias negativas para la comercialización, tanto en el mercado interno como en el externo.

La nota lleva las firmas de Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM); Salvador Torres, del Movimiento Agrario de Misiones (MAM); Julio Petterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN); Jorge Lizznienz, productor de Jardín América; Antonio França, de la Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay; y Jorge Skripczuk, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero.

Los dirigentes agrarios reivindican la plena vigencia del INYM como herramienta central para el desarrollo del sector. “Sabemos por experiencia que la única herramienta que permite crecimiento y previsibilidad a una actividad con más de 120 años de historia es la regulación del mercado”, sostienen, y reclaman la restitución de todas las facultades del organismo.

En el mismo sentido, cuestionan la gestión encabezada por el recientemente designado presidente del INYM, Rodrigo Correa, al considerar que sus decisiones profundizan la crisis existente. Entre los puntos señalados, rechazan la creación de una secretaría privada en el organismo en un contexto de fuerte deterioro económico del sector.

Junto al escrito, los productores adjuntaron un documento que resume el impacto positivo del INYM en sus 21 años de funcionamiento. Allí recuerdan que el organismo aportó previsibilidad y crecimiento a toda la cadena yerbatera, integrada por unos 15.000 cosecheros, 13.000 productores, 190 secaderos, 60 cooperativas y más de 110 molinos y fraccionadores, además de impulsar un plan estratégico y posicionar a la yerba mate como un alimento saludable en los mercados nacional e internacional.

Finalmente, solicitan a Santilli una reunión y su intermediación ante las autoridades nacionales “para comenzar a revertir esta insensata destrucción de una economía regional clave”, y remarcan que la defensa de la Yerba Mate Argentina “es inseparable de la vigencia plena del Instituto Nacional de la Yerba Mate, tal como funcionaba antes del Decreto 70/23”.

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