Productores y tareferos de distintos puntos de Misiones presentarán mañana, miércoles 2 de septiembre, el proyecto denominado “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera” ante la Cámara de Diputados, en Posadas.
Los trabajadores de la yerba mate serán recibidos por la diputada Arabela Soler a las 10 horas en el Poder Legislativo, oportunidad en la que se formalizará el ingreso de la propuesta al Parlamento misionero.
La iniciativa es impulsada por los propios productores y fue elaborada por su asesor jurídico, el abogado Federico Padolsky. Fue socializada en la reunión que mantuvieron con el gobernador Hugo Passalacqua el 30 de julio pasado, de quien recibieron respaldo.
El documento surge como una respuesta institucional ante la grave crisis que atraviesa la principal economía regional de la provincia. Su fundamentación técnica, jurídica y económica detalla el impacto negativo del DNU 70/23 del Gobierno nacional, el cual quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de regular los precios de la materia prima.
Frente al debilitamiento del organismo nacional, el texto advierte que Misiones conserva las competencias constitucionales para promover la producción, el desarrollo regional, la protección del trabajo rural y la defensa del interés público.
Los ejes del proyecto: control, sanciones y rentabilidad
La normativa propuesta faculta al Ejecutivo provincial a fijar un precio mínimo obligatorio para la hoja verde que cubra los costos de producción eficiente, las cargas laborales, previsionales y fiscales, garantizando, además, un margen de ganancia para los productores.
“No se trata de fijar un precio único ni de impedir la libre negociación por encima del mínimo establecido, sino de asegurar un piso jurídico indispensable para evitar la desaparición de miles de explotaciones familiares”, detalla el escrito.
Para garantizar su cumplimiento, la ley incorpora herramientas de fiscalización, regularización de operaciones y sanciones administrativas. Todo lo recaudado por multas se destinará exclusivamente al fortalecimiento de los controles y a la asistencia técnica del sector.
La crisis que atraviesa la cadena yerbatera volverá a ocupar el centro de la escena este miércoles 18 de junio en Oberá, donde productores, cooperativistas, tareferos y representantes de distintas organizaciones rurales participarán de una charla debate para analizar las consecuencias económicas, sociales e institucionales que dejó la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Bajo el título “¿Tras la desregulación del INYM, hay crisis yerbatera?”, el encuentro se desarrollará desde las 18 horas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y reunirá a distintos actores de la actividad en un contexto marcado por la persistencia de bajos precios para la hoja verde y la canchada, reclamos de los pequeños productores y un escenario de fuerte incertidumbre para uno de los principales complejos productivos de la provincia.
Durante la jornada se expondrán indicadores económicos actualizados sobre la situación del sector, con especial foco en el impacto que generó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, mediante el cual el Gobierno nacional eliminó, entre otras atribuciones, la facultad del INYM de fijar los precios de referencia para la materia prima.
Los organizadores sostienen que la pérdida de esa herramienta de regulación modificó el funcionamiento del mercado yerbatero y profundizó el deterioro de la rentabilidad de miles de productores, generando un escenario de creciente conflictividad en la actividad.
Además del análisis económico, el encuentro incluirá un abordaje jurídico sobre la situación institucional del INYM, organismo cuya capacidad regulatoria continúa siendo objeto de debate desde la entrada en vigencia del decreto de desregulación impulsado por el Gobierno nacional.
Los participantes también compartirán testimonios sobre las consecuencias sociales que atraviesan actualmente las familias vinculadas a la producción de yerba mate, una actividad que constituye uno de los principales motores económicos de Misiones y que involucra a miles de pequeños productores, trabajadores rurales y cooperativas.
La convocatoria es impulsada por la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), la Asociación Civil Impulso Yerbatero, la Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay, la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte y el Movimiento Agrario de Misiones, organizaciones que desde el inicio del proceso de desregulación vienen reclamando la restitución de herramientas que permitan equilibrar la relación entre productores e industria.
El encuentro se realizará en un momento particularmente sensible para la economía yerbatera, atravesada por la caída de los precios pagados al productor, el incremento de los costos de producción y la continuidad del debate sobre el rol que debe desempeñar el Estado en la regulación de una de las principales economías regionales del país.
La jornada buscará, además, construir un diagnóstico compartido entre los distintos eslabones de la cadena y generar propuestas que contribuyan a recuperar la sustentabilidad económica y social del sector, en un contexto donde el futuro institucional del INYM continúa siendo uno de los temas centrales de la agenda agropecuaria misionera.
Por segunda vez desde la vigencia del DNU 70/23, el Congreso de la Nación se convirtió en el epicentro de una puja distributiva y conceptual que define el futuro del Nordeste Argentino (NEA). En un plenario mancomunado de las comisiones de Economía y Economías Regionales, presididas por Julia Strada y Luis Basterra (Unión por la Patria), la cadena de valor de la yerba mate expuso las tensiones estructurales de un sector que ensaya, por segunda vez en tres décadas, el laboratorio de la desregulación absoluta.
El debate legislativo desnudó una paradoja macroeconómica clásica de los mercados desregulados: un frente externo en franca expansión macro —con un crecimiento de las exportaciones que pasaron de USD 91 millones en 2023 a USD 117 millones en 2025— frente a una severa crisis de ingresos en el eslabón primario micro, caracterizada por precios de “abandono” y un deterioro del poder adquisitivo del productor que supera el 50% real respecto a finales de 2023.
El “Gold Standard” cooperativo defiende el libre mercado
El dato político y económico más disruptivo de la jornada no ocurrió en el recinto, sino a través de una pantalla de Zoom. Gustavo Quatrin, CEO de la Cooperativa Liebig (Playadito), rompió el histórico ostracismo de la gran industria —lo que en el sector se conoce informalmente como “hacer la del ñandú”— para plantar la postura del jugador número uno del mercado interno. Liebig, cabe recordar, desplazó el año pasado a Establecimiento Las Marías de un liderazgo de más de medio siglo, consolidándose como el estándar de oro del cooperativismo de gran escala.
Con la autoridad de quien timonea una estructura de 120 productores asociados y tres décadas de gestión ejecutiva, Quatrin ensayó una descarnada pero pragmática defensa del libre mercado: “Compartimos que el productor hoy no está mal, está muy mal. Los precios más bajos del mercado son precios de abandono, y los mejores perdieron contra finales del 2023 más del 50 por ciento. Pero dicho esto, entendemos que la solución está en el mercado y no en que el Estado nos indique a qué precio debemos vender o comprar”.
Para el ejecutivo, el actual hundimiento de los precios no es consecuencia directa de la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), sino de un ciclo recurrente de sobreoferta estructural. Según su análisis, los mecanismos de regulación de la Ley 25.564 distorsionaron los incentivos en los años de vacas gordas, estimulando una sobreplantación que hoy satura los secaderos. Citando de forma punzante a un colega jurista, sentenció que la ley de creación del INYM “no solo no respeta la Constitución, sino que no respeta ni la ley de gravedad”, advirtiendo que reintroducir controles solo agravaría la fase recesiva del ciclo productivo.
En una línea similar, Joaquín Comas, presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes y representante de Las Marías, se sumó al planteo de que el DNU 70/23 simplemente coincidió con el pico de la curva de oferta. Comas fue más allá en la flexibilización regulatoria y solicitó directamente la disolución total del INYM, acusando al organismo de haber actuado durante un cuarto de siglo como un escollo burocrático incapaz de abrir nuevos mercados internacionales.
Comas, reivindicó el DNU 70/23, al decir que “el decreto no produjo el problema que hay hoy, lo produjo simplemente la oferta y la demanda”. “Las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagarlas”, dijo y opinó: “No podemos estar pidiéndole a ‘papá Estado’ cuando me va mal, ‘emparéjame la cancha y poneme restricciones'”. Y sumó el DNU justo “coincidió con la sobreoferta”.
Para Comas, el INYM lo hizo fue “restringir, restringir y poner palos en la rueda a toda la cadena” y “en 25 años no abrió ni un solo mercado en el exterior”.
La microeconomía de la chacra: descapitalización y asimetría cambiaria
En la vereda opuesta, los representantes de la producción primaria y el cooperativismo de base tradujeron la desregulación en variables de subsistencia y costos de explotación. La pérdida de los precios sostén y la eliminación de la potestad del INYM para fijar valores mínimos obligatorios erosionaron la capacidad de negociación del eslabón más débil, donde el poder dominante del comprador determina las condiciones de pago.
Ángel Ozeñuk, referente de los productores autoconvocados de la zona norte de Misiones, expuso un indicador de rentabilidad primaria que ilustra la distorsión de los precios relativos en la economía real: Abril 2023 (Mercado regulado): El productor requería 1 kg de hoja verde para adquirir dos litros de gasoil (Hoja verde a $400, Gasoil a $190/litro). Mayo 2026 (Mercado desregulado): El colono necesita entregar 11,5 kg de hoja verde para adquirir el mismo litro de gasoil.
Por su parte, Manfredo Seifert, vicepresidente de la Federación de Cooperativas y cuadro técnico de Coninagro, apeló a la memoria histórica del sector para refutar la teoría del derrame en mercados de competencia imperfecta. Seifert trazó un paralelismo directo con la desregulación de la década de 1990 bajo el esquema de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM):
“Nuevamente estamos sometidos al mismo experimento que nos va a llevar al mismo destino. Hoy ya hay indicadores muy preocupantes: no hay ningún modelo tecnológico en la producción primaria que muestre rentabilidad. Nos estamos descapitalizando brutalmente”, expresó. “La desregulación no generó un mercado más competitivo, sino más salvaje y concentrado”, enfatizó.
Por su parte, Ana Cubilla, Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, advirtió: “Nos estamos yendo todos del país, nos estamos yendo a Brasil, donde conseguimos mejores condiciones laborales y mejores pagas. Los productores se pueden quedar sin trabajadores”.
En ese sentido, la representante de los trabajadores habló de “una problemática social muy fuerte” que se traduce en “una provincia deshabitada por culpa del bendito DNU, porque a partir del minuto cero de este DNU nos desregularon nuestras vidas, la vida de la mayoría de las familias misioneras. Trajeron la destrucción con este DNU 70/23”.
Luisa Fleitas, también productora yerbatera, aseguró: “En ningún momento el paquete de yerba en góndola bajó, no, se mantuvo y aumentó también. Hay yerbas que se consiguen a 1.000 pesos el kilo, pero ¿cuál es calidad de esa?”.
“Se está ahorrando un montón de dinero en el INYM, pero todavía nosotros los productores no lo vimos reflejado”, denunció y agregó que le gustaría que “el presidente (Javier) Milei vaya y conozca nuestro territorio. Hicieron un DNU desde la base de la escritura, pero no sobre el territorio”. “Misiones no es viable para cambiar de un día para el otro de actividad. Nosotros defendemos nuestra identidad que es la yerba. Misiones se está viniendo abajo”, enfatizó.
La visión oficial: del “impuesto invisible” al récord exportador
Desde la perspectiva de la conducción del INYM, hoy alineada con los objetivos de desregulación de la administración central, el balance de los últimos 24 meses convalida el cambio de matriz económica. Rodrigo Correa, presidente del instituto, defendió la metamorfosis institucional del organismo, al que describió a su ingreso como una estructura sobredimensionada con un incremento del 40% de su planta de personal entre 2020 y 2023.
Correa sostuvo que la fijación de precios funcionaba históricamente como un arancel encubierto que encarecía los bienes de consumo masivo. Los datos esgrimidos por el titular del INYM para justificar la vigencia del nuevo esquema muestran una fuerte divergencia entre el comportamiento del mercado doméstico y el internacional:
Dinámica del Mercado Yerbatero (Período 2023 – 2025) según el INYM: Precio en Góndola: Contracción real del 46% en el precio promedio ponderado pagado por el consumidor final, lo que desde la óptica oficial representa la eliminación de una transferencia de recursos del consumidor a la ineficiencia de la cadena. Performance Exportadora: Las ventas externas pasaron a representar casi el 20% del volumen total comercializado, duplicando la media histórica del sector. Liderazgo Global: En 2025, Argentina recuperó el primer puesto como exportador mundial de yerba mate, desplazando a sus competidores regionales tras siete años de rezago.
Correa atacó lo que denominó “retórica populista del minifundio”, argumentando que las herramientas de control de precios de la última década operaron como un cepo estructural que mantuvo al 60% de las explotaciones de menos de 10 hectáreas atrapadas en unidades productivas económicamente inviables.
Para finalizar, el titular del INYM ratificó que “el Instituto no volverá a implementar mecanismos de fijación o control de precios que asfixien la innovación y perpetúen la ineficiencia”. “La desregulación no es una coyuntura, es el único camino probado hacia una industria yerbatera moderna, competitiva, exportadora y, fundamentalmente, independiente”, concluyó.
El impacto sociodemográfico en las comunas agrarias
La discusión técnica y corporativa en el Congreso tuvo su correlato en las variables sociales del territorio. El debate evidenció que la caída del precio de la materia prima impacta de forma directa en las arcas de los municipios yerbateros y en los mercados laborales locales.
Hugo Humeniuk, intendente de Concepción de la Sierra —corazón de la zona productora de la zona sur de Misiones—, alertó sobre una fuerte contracción de la actividad comercial y un incremento exponencial en la demanda de asistencia social directa en las comunas. Según el jefe comunal, la pérdida del arbitraje del INYM está provocando una precarización de las condiciones laborales de los tareferos, revirtiendo dos décadas de avances en formalización laboral y erradicación del trabajo infantil.
La tensión social en el eslabón de la cosecha fue refrendada por Ana Cubilla, del Sindicato Único de Obreros Rurales de Misiones, quien denunció un incipiente proceso de migración laboral hacia el sur de Brasil en busca de mejores condiciones de contratación y asimetría cambiaria favorable. “Nos desregularon la vida”, sintetizó la dirigente, advirtiendo sobre el riesgo de un apagón de mano de obra para las futuras zafras.
El plenario de comisiones dejó en claro que la desregulación yerbatera no es un debate técnico saldado, sino un proceso abierto con ganadores y perdedores nítidos en el corto plazo: La gran industria y el superávit comercial consolidan un modelo de escala, alta competitividad externa y depuración de ineficiencias de stock. El eslabón primario y las economías de los municipios del interior asumen el costo del ajuste de precios relativos en un escenario de libre contratación, donde el precio de la hoja verde cotiza hoy muy por debajo de su costo de reposición.
El interrogante que flota en el sector es si el mercado logrará encontrar un punto de equilibrio genuino por vía de la exportación antes de que el tejido social del minifundio misionero sufra una transformación irreversible.
La batalla judicial contra la desregulación del mercado yerbatero entró en una nueva etapa: la del desgaste por el tiempo. Mientras productores, cooperativas y asociaciones reclaman la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 164 al 168 del DNU 70/2023 -norma que eliminó las principales facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)-, la Justicia Federal decidió no avanzar sobre el fondo del planteo y optó por fragmentar las causas según la competencia territorial.
La consecuencia práctica es inmediata: no hay definición sobre la medida cautelar solicitada para suspender los efectos del decreto y el esquema desregulado sigue plenamente vigente.
Los expedientes, patrocinados por el abogado José Federico Padolsky, buscaban que se declarara la nulidad e inaplicabilidad de los artículos cuestionados del DNU y también del Decreto 812/2025, que profundizó la reglamentación del nuevo régimen y consolidó la imposibilidad del INYM de fijar precios de referencia para la hoja verde y la yerba canchada.
En el expediente 2764/2026, promovido por Jorge Skripczuk (Impulso Yerbatero), Edgar Hein (Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones), Antonio Rodríguez Franza (Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay) y Hugo Sand (APAM), el Juzgado Federal de Posadas declaró su incompetencia territorial y ordenó remitir la causa al Juzgado Federal de Oberá, argumentando que los domicilios de las entidades actoras se encuentran fuera de su jurisdicción.
En paralelo, en la causa 2765/2026, iniciada por Salvador María Torres (Cooperativa Río Paraná) y Julio Alfredo Petterson (Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte), la Justicia resolvió dividir aún más el expediente: Torres deberá litigar en Oberá y Petterson en Puerto Iguazú.
La Fiscalía Federal acompañó ese criterio y sostuvo que, aunque corresponde la jurisdicción federal, Posadas no sería territorialmente competente conforme a los artículos 4 y 5 del Código Procesal Civil y Comercial.
Pero el principal cuestionamiento no pasa sólo por el cambio de tribunal. Los productores habían solicitado una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de los artículos del DNU 70/23 y del Decreto 812/2025 hasta que exista sentencia definitiva.
Sin embargo, el juzgado evitó pronunciarse sobre esa medida y resolvió primero la incompetencia. Para la parte actora, eso constituye una “verdadera denegación de justicia”.
En la apelación presentada, Padolsky sostiene que “aun en el hipotético caso de admitirse la declinatoria de competencia”, el juzgado debía resolver primero la cautelar, ya que existe una situación de urgencia manifiesta y la omisión deja a los productores sin protección frente a un régimen que ya está generando consecuencias económicas graves y de difícil reparación ulterior.
La presentación agrega que remitir el expediente sin tratar la cautelar implica “una postergación indefinida de la tutela solicitada”, desnaturalizando el instituto preventivo y consolidando de hecho el nuevo régimen impuesto por Nación.
El argumento de fondo: el juez ya había prevenido
La apelación también cuestiona la declaración de incompetencia por considerar que viola los principios de prevención, conexidad procesal y economía judicial.
Según los productores, el mismo Juzgado Federal de Posadas ya había intervenido previamente en la causa Gertel (Expte. 174/2024), vinculada al mismo conflicto yerbatero, donde incluso dictó medidas cautelares y ordenó la reconducción procesal hacia la actual acción declarativa de inconstitucionalidad.
Por eso sostienen que existía una “prevención” consolidada: el tribunal ya conocía el caso, sus antecedentes, su plataforma jurídica y los efectos concretos de la desregulación.
“Fragmentar el conocimiento jurisdiccional genera riesgo cierto de decisiones contradictorias”, advierte la apelación.
En uno de los escritos incorporados al expediente, los actores además presentaron como “hecho nuevo” una entrevista periodística donde un representante de la industria dentro del directorio del INYM reconoció que “el INYM cambió su naturaleza a partir del decreto 70/2023, y después reforzado con el decreto 812”.
Ese reconocimiento fue utilizado como prueba adicional para reforzar la verosimilitud del derecho invocado, ya que confirma que el organismo quedó impedido de cumplir funciones esenciales como la fijación de precios de referencia.
Para los demandantes, esto prueba que el DNU no fue una mera reforma administrativa sino una alteración sustancial del régimen legal previsto por la Ley 25.564.
Mientras la Cámara Federal analiza las apelaciones, el problema central sigue siendo político y económico: cada semana sin cautelar consolida la desregulación.
Sin precio sostén, con un mercado completamente liberado y con la industria pagando valores muy por debajo de los costos de producción denunciados por los productores, el litigio judicial empieza a convertirse también en una carrera contra el reloj.
El Gobierno nacional dejó una definición contundente sobre el conflicto yerbatero: no habrá regreso a la regulación de precios, no se prevén medidas extraordinarias para sostener a pequeños y medianos productores y la salida financiera para la industria deberá buscarse en el sistema privado.
La postura fue explicitada en las respuestas oficiales elevadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados, donde defendió el modelo de desregulación aplicado tras el DNU 70/23 y los decretos reglamentarios que limitaron las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
“La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informa que el sector ha ingresado en una fase de sinceramiento y recuperación”, sostiene la respuesta oficial, apoyándose en los datos del propio INYM. Según el Gobierno, la salida de molino con destino al mercado interno en 2025 alcanzó las 266.834 toneladas, un 3,11% más que las 258.790 toneladas de 2024.Sin embargo, ese mismo dato contrasta con la evolución del mercado: entre 2023 y 2025, las ventas en el mercado interno pasaron de 285,3 millones de kilos a 266,8 millones, lo que representa una caída acumulada del 7,1%.
“No intervención” y defensa del libre mercado
La Casa Rosada sostiene que la desregulación permitió corregir distorsiones históricas y liberar a la industria de un sistema que, según su visión, producía para acumular stock y no para vender.
“Esto demuestra que la desregulación permitió a la industria movilizar sus elevados stocks acumulados para satisfacer una demanda creciente, eliminando la ineficiencia de producir solo para stockearse bajo precios artificiales”, respondió Agricultura.
Además, el Gobierno ratificó que el INYM ya no tiene herramientas legales para fijar precios mínimos.
“Bajo este nuevo paradigma de libertad de mercado, el INYM no cuenta con facultades legales para intervenir en la fijación de precios mínimos”, afirmó la respuesta enviada al Congreso.
La conclusión oficial es directa: “No se adoptaron medidas de corrección porque la ‘no intervención’ ha permitido alcanzar indicadores récord que el modelo regulado nunca logró”.
Nación no asistirá a los pequeños productores
Uno de los puntos más sensibles fue la consulta sobre los productores medianos -establecimientos de 30 a 40 hectáreas con contratación de mano de obra y fuerte exposición a los costos- y qué políticas específicas se aplicarán para evitar su desaparición. La respuesta fue que la rentabilidad no vendrá por asistencia estatal sino por competitividad.
“El respaldo se completa con la mejora del 14,9% en el valor de las ventas externas, el acceso a crédito productivo (Línea BNA Agroactiva) y la continuidad del Programa Intercosecha, garantizando rentabilidad basada en la eficiencia y no en el asistencialismo estatal”, señaló Agricultura.
Es decir: el Gobierno no prevé un esquema diferencial para sostener a los productores más chicos ni mecanismos de compensación frente a la caída del precio de la hoja verde. La apuesta oficial es que el crecimiento exportador y la apertura del mercado permitan que los productores se adapten a la nueva lógica competitiva.
La industria deberá financiarse con deuda nueva
Frente a otra consulta sobre las pérdidas estimadas en $276.000 millones por parte de los productores y el crecimiento de 53 por ciento de la deuda de los principales molinos, el Ejecutivo tampoco anunció herramientas específicas de rescate.
La respuesta oficial fue que existen líneas de financiamiento generales, como la Línea BNA Agroactiva 2025, con tasas bonificadas para maquinaria agrícola.
“Financiamiento: para acompañar este proceso, se encuentran vigentes líneas como la Línea BNA Agroactiva 2025, con tasas bonificadas para maquinaria agrícola, fomentando la inversión genuina”, respondió Adorni.
La señal política es clara: no habrá salvataje sectorial. La industria deberá buscar capital de trabajo y refinanciación en el crédito privado, es decir, tomar nueva deuda para sostener la operatoria.
A pesar de que productores denuncian que la hoja verde se paga entre 180 y 240 pesos por kilo -por debajo de los costos de producción estimados-, la respuesta oficial sostiene que el mercado “se autorregula” y que los indicadores demuestran rentabilidad.
“El mercado yerbatero ha demostrado una notable capacidad de autorregulación, lo que invalida los argumentos a favor de la intervención estatal”, respondió el jefe de Gabinete de Javier Milei.
Incluso, el Ejecutivo afirma que “el mercado libre reconoce el valor de la producción y cubre los costos operativos mediante el dinamismo comercial y la reducción de stocks excedentes”.
En esa lógica, la crisis denunciada desde Misiones no sería consecuencia de la desregulación, sino parte de una transición hacia un sistema más eficiente, exportador y menos dependiente del Estado.
La posición nacional choca de frente con el diagnóstico de productores, cooperativas y del propio Gobierno de Misiones, que vienen reclamando un precio de referencia para la hoja verde y una recuperación de herramientas regulatorias para evitar el deterioro del ingreso primario. Para la Nación, la solución pasa por exportar más, tomar crédito y ganar eficiencia. Para los productores, el problema sigue siendo el mismo: vender por debajo del costo.
