El estado de emergencia en el que entró la Argentina de la mano del Gobierno nacional marca a las claras el contraste entre las pretensiones de la oposición y la capacidad de decidir cuando se está en el poder. Durante años quienes hoy integran la alianza Cambiemos repitieron en Misiones el reclamo de derogar la ley de Emergencia Económica y Financiera, pero ahora tienen que soportar en silencio la confirmación de que la Argentina está en emergencia. Lo anunció en cadena nacional el presidente Mauricio Macri, al ratificar que el país está al borde del abismo pese al auxilio del Fondo Monetario Internacional y las severas medidas de ajuste que implementó.
Fue el propio Gobierno de Macri el que decretó la salida “formal” de la emergencia en enero de este año, vigente desde el 6 de enero de 2002 -en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes-. Esa ley frenaba demandas contra el Estado y delegaba en el Presidente la facultad de establecer el sistema que fija el tipo de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, como el dólar.
Apenas nueve meses después, la Argentina comandada por Macri volvió a caer en una crisis similar a la que dio origen a aquella ley que cayó en enero.
Radicales y diputados del PRO insisten desde hace años en que Misiones salga de la emergencia, que como la nacional, frena los juicios contra el Estado y delega algunas facultades en el Poder Ejecutivo para regular endeudamiento e influir en el desarrollo económico. Pero quedó en evidencia que es una herramienta fundamental si se sabe utilizar. Con esa ley, Misiones es una de las provincias con menor nivel de deuda, sin déficit fiscal y sin crisis en el Estado. El contraste con la Nación es evidente.
Durante años los diputados de la alianza también machacaron con que Misiones trababa el desarrollo económico al cobrar Ingresos Brutos a las exportaciones. Al firmar el Pacto Fiscal, ese tributo cayó para la mayoría de los productos, excepto la pasta celulósica. Pero ahora, el propio Presidente reinstauró el impuesto a las exportaciones y las vilipendiadas retenciones a las exportaciones como medida urgente ante el ahogo del déficit fiscal.
Ahora Misiones perderá 1200 millones de pesos aproximadamente, por las retenciones alas exportaciones, que se suman a los 600 millones perdidos del Fondo de la Soja. Pese a la evidente pérdida ocasionada por el Pacto Fiscal, que además obligó a las provincias a bajar impuestos, Misiones no analiza reimplantar tributos a las exportaciones. El ministro del Agro de Misiones, José Luis Garay, consideró que “esta medida va a impactar muy fuerte en la economía misionera” y claramente desalienta a los sectores exportadores.
Garay fue enfático al aclarar que “no se está estudiando ninguna medida de esas características, no hay ningún análisis al respecto”. Para el funcionario provincial no es un momento adecuado para este tipo de medidas y la provincia, en lugar de quitarle competitividad a las producciones, buscará incentivarlas para que crezcan.
Los diputados de Cambiemos sufren por el desconcierto que generan las medidas tomadas por el Gobierno nacional. “Estuve con Nicolás Dujovne la semana pasada. Ellos ven una estabilización hacia fin de año. Desactivar el pasivo financiero exige bajar el gasto”, relató el diputado nacional Luis Pastori para justificar las medidas de ajuste. “Para marzo vamos a estar bien, va a haber recuperación”, discrepó otro dirigente radical. El segundo semestre, cada vez más lejos.

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