Alarma entre las provincias por el torniquete de Nación en recursos previsionales y de coparticipación
Las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales encendieron la luz de alarma por un sorpresivo torniquete que aplicó la Nación que se extiende incluso hasta los recursos de la coparticipación, lo que roza la inconstitucionalidad.
El primer choque se dio después de un recorte compulsivo que ordenó el equipo económico a varias provincias que “no enviaron” a la Anses la información de las cajas previsionales no transferidas. En realidad, consideran los ministros provinciales, se trata de información “parcial”, ya que la información está fluyendo, pero la exigencia es enorme sobre datos de las últimas tres décadas, que generan “errores” que obligan a la revisión y demoras.
“Las cajas provinciales debían completar una información compleja que data de 1994 en un nuevo aplicativo de la Afip hasta el 30 de junio de este año, que era el nuevo plazo que puso Anses conforme a reuniones que se hicieron en abril en Buenos Aires. Pero la información es mucha y muy compleja. El aplicativo de Afip generó errores de reportes a muchas provincias. Misiones completó información el pasado 31 de julio y le quedó pendiente de enviar información de la historia laboral de los jubilados de 1994 y anteriores. Anses dejó de enviar el pago en julio a las provincias que no mandaron completa la información, pero la semana pasada nos informaron que nos enviarían los fondos los próximos días, dado que estamos completando el envío”, señaló una fuente del Gobierno de Misiones.
Pero la preocupación mayor llegó con otra información. Este jueves se publicó un decreto que autoriza al ministerio de Hacienda a retener coparticipación si la Anses “transfirió en exceso” cuando se hicieron pagos a cuenta a las provincias.
Sin embargo, las Provincias consideran que cualquier retención es indebida si no hay autorización expresa, por lo que el decreto es inconstitucional. Varios gobernadores ordenaron a sus equipos legales estudiar el recorte y plantear un eventual conflicto.
ANSeS decidió cumplir con la advertido en una reunión realizada en febrero pasado con las provincias, que ponía límites al 30 de junio: el organismo quiere estar seguro si está pagando de más o de menos. En tanto, había amagado con frenar los pagos en junio y septiembre del año pasado, pero renegoció los plazos debido a la dificultad para transferir la historia previsional de los beneficiarios provinciales.
“Se buscó poner en pie de igualdad a todas las provincias”, dijeron las fuentes. Las provincias de Buenos Aires y Tierra del Fuego siguen cobrando la cuota mensual.
Se estima que son unos $ 322 millones lo que se evita transferir en el segundo semestre. Aunque ya hay un par de provincias que se activaron en las últimas dos semanas para enviar la información y recuperar la transferencia de recursos.
En tanto, ANSeS ya acordó con Santa Fe, Entre Ríos, Formosa y La Pampa el déficit de 2017 que resta saldar. El organismo necesita que salga el decreto para obtener la habilitación para firmar el convenio de pago en el marco de la Ley 27.260 con cada provincia, que puede incluir pagos trimestrales o mensuales. Para las provincias implicó soportar más de seis meses de mora. Salvo para Córdoba, que firmó el plan de pagos en enero de este año.
Para 2019, ya no habrá componente automático a pagar por parte de ANSeS, sino que en base a la información transferida de los beneficiarios, pagará el déficit correspondiente. Pero esos pagos se materializarán después de firmar un convenio con cada provincia, para fijar pagos mensuales o trimestrales. El saldo se pagará en 2020.
El decreto reglamentario, que está pendiente desde febrero y que en el Gobierno esperan que se publique la próxima semana, debe determinar la metodología de los déficit a financiar de las cajas provinciales y habilitar a ANSeS para firmar los convenios por los déficit de 2017 y de los años siguientes.
A partir de la ley de Reparación Histórica, ANSeS financia los déficit de las cajas que quedaron en manos de las provincias tras la privatización del sistema jubilatorio: en 2016, transfirió $ 12.099,37 millones tras auditar doce (no revisó Chubut) cajas y de acuerdo con el porcentaje de armonización con la Nación. En 2017 presupuestó $ 14.000 millones, de los que pagó $ 8000 millones en forma automática. Para 2018, se presupuestaron $ 17 mil millones, luego de que el Gobierno quisiera mantener el valor del año anterior.
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