Alimentando rebeliones

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La número 2 del FMI, Gita Gopinath pidió “garantizar que la carga del ajuste no recaiga desproporcionadamente en las familias trabajadoras”, y reclamó a Javier Milei pragmatismo para “conseguir apoyo social y político” que garanticen la sostenibilidad de las reformas impulsadas por el Gobierno.

Suena llamativo que el organismo sugiera aflojar la presión y más diálogo en la toma de decisiones. Pero el Presidente se muestra inflexible con el ajuste a fondo, sin estimar el daño colateral de sus medidas, más interesado en los resultados que en el cómo. Tampoco reduce el grado de sus  enfrentamientos. Se regodea en ellos. En algunos casos, al borde del mal gusto, desairando los intentos -escasos- conciliadores de algunos de sus funcionarios, como el ministro del Interior. Guillermo Francos, quien se reunió con un grupo de gobernadores del Norte Grande para intentar acercar posiciones, pero el resultado del mitin salteño fue pobre: los gobernadores sintieron que el enviado poco podía resolver. 

El Presidente se encarga de demostrarlo. Al mismo tiempo que los gobernadores del norte se reunían con el ministro del Interior, el anarcolibertario aterrizó en Corrientes -la primera visita presidencial al interior del país no tuvo agenda oficial, aunque llegó en el avión presidencial- para asistir al festejo por el aniversario de una organización por la Libertad que lo tenía como invitado estelar. “Nido de ratas”, dijo sobre el Congreso y despotricó contra “los traidores” que le bajaron la ley Ómnibus en el Congreso. En tierras del chamamé fue recibido por Gustavo Valdés, el único gobernador que recibió los favores presidenciales: mil millones de pesos para la transmisión del carnaval. Pero no hubo más que una foto protocolar en el aeropuerto, con un dejo de fastidio del visitante.  

En realidad, el Presidente no muestra mucho interés en los planteos que difieran de sus ideas. No hay atisbo de algún plan que no sea recortar y recortar. El Presidente gana tiempo con disputas estruendosas, una más que otras. El último enemigo elegido fue el gobernador de Chubut, pero (en cualquier momento) puede ser el de cualquier otra provincia, salvo los “amigos”. Vale repasar las respuestas del Presidente: “Hola Nachito y cómplices”, “degenerados fiscales” y otras delicadezas. Una permanente zozobra que pesa toneladas sobre una sociedad que soporta como puede la dolorosa combinación de inflación, ajuste y desprotección. 

“Si el Gobierno no deja de pisarnos la cabeza, no va a salir una gota más de petróleo de Chubut”, amenazó el gobernador sureño, Ignacio Torres y desató una rebelión cuando reveló un descuento compulsivo de la coparticipación por 13.500 millones de pesos, más de un tercio de su coparticipación mensual, lo que se interpretó como un apriete tras el rechazo a la ley Ómnibus. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó el ajuste como un descuento por deudas de la provincia, pero lo cierto es que estaban en plenas negociaciones, tal como demuestran las notas cruzadas en los días previos. 

La amenaza de Chubut es cortar el suministro de petróleo al país. Una escalada inapropiada para un país federal. Pero la disputa se parece mucho a los añejos enfrentamientos contra unitarios. En respaldo a Chubut, la Patagonia Rebelde quiere suspender la producción de petróleo desde el miércoles.

Paradójicamente, los gobernadores de Cambiemos fueron los más enfáticos en salir en defensa de uno de los suyos, en un capítulo más de una alianza incómoda. Mientras Mauricio Macri quiere profundizar la sociedad con Milei, sus dirigentes, que celebraron como propio el triunfo del libertario, no se resignan a ser parte del ajuste ni a asumir las consecuencias del ajuste generalizado. 

Pero la impaciencia atraviesa todo el mapa. Misiones fue a la Corte Suprema para reclamar los recursos educativos podados por el Gobierno de Milei y exigir que cesen los descuentos. El gobernador Hugo Passalacqua anunció que la Provincia adelantará con fondos propios los dos meses adeudados, pero exigió que la Nación cumpla la ley. El Incentivo Docente es una ley desde 1998, parida al ardor de la Carpa Blanca. Los otros fondos podados intempestivamente, estaban incluidos en el Presupuesto 2023 que fue prorrogado. Es decir, la Nación cuenta con esos recursos y las provincias los incluyeron en sus presupuestos.  La Decisión Administrativa N°5/2024 del jefe de Gabinete de Ministros incluye en sus planillas anexas los fondos necesarios para cumplir con las leyes, lo que demuestra la existencia jurídica y provisión de fondos para cubrir los pagos que son obligación del Poder Ejecutivo Nacional. 

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En promedio, cada docente pierde 85 mil pesos por cargo. 

Misiones, como las otras provincias, incluía esos recursos en su cálculo de gastos y para cubrir el faltante debe redirigir dinero que iba a ser destinado a otras áreas. Sufrirá la inversión en obra pública, justo en momentos en que la Nación paralizó todos sus aportes. Toda una cadena que tiene efectos inmediatos. Empresas paradas y empleos perdidos. No es gratis. No todas las provincias pudieron completar los sueldos docentes. Misiones, San Luis, Buenos Aires y alguna otra más. Las otras acumulan deudas. 

Para todas la prioridad es que las clases empiecen con normalidad, un objetivo cada vez más complejo. La Nación se quiere desentender de sus responsabilidades salariales y las ofertas de las provincias están lejos de convencer a los gremios. 

En Misiones ya hubo un aumento del 22 por ciento, pero los sindicatos mantienen el estado de alerta. Los docentes privados ya anunciaron medidas de fuerza para la primera semana de clases. 

Aunque Milei pretenda que es “un problema de los gobernadores”, la educación es esencial en la vida pública. Y las universidades “nacionales”, que dependen directamente de su lapicera, también se declararon en emergencia. La Universidad Nacional de Misiones fue una de ellas. Es que la prórroga del presupuesto 2023, le garantiza los mismos recursos que el año pasado, lo que, a la luz de la inflación y la suba desproporcionada de los servicios públicos, genera un enorme rojo en las proyecciones. Algunos decanos calculan que se puede llegar hasta mitad de año. Otros, más pesimistas, hasta después de Semana Santa. Coinciden todos en que uno de los factores más afectados será el comedor universitario, clave en la vida estudiantil, entre otras becas. Como en años que parecían olvidados, los docentes están en estado de alerta y advierten que la calidad educativa está en riesgo. Ciencia y tecnología sufrirán una parálisis sin las inversiones necesarias. 

Misiones está decidida a defender sus recursos. Y no cae en la bolsa de los “malos administradores”. Las cuentas están saneadas, la recaudación propia alimenta las inversiones en una proporción mucho más elevada que otras del país y hace años se alejó del endeudamiento como vía rápida para el acceso de recursos. Todo lo que el Presidente pregona, pero sin motosierra. Los resultados de esas políticas también se muestran como un contraste ante las primeras consecuencias del modelo Milei: Misiones tiene la tercera mayor tasa de empleo del país.

La tasa de Actividad misionera alcanzó en ese período el 47,3%, siendo esta  la mayor marca desde 2016 (inicio de la serie de medición) y creciendo 1,7 p.p contra  igual período de 2022. Se posiciona así como la provincia del Norte Grande con el tercer  mayor nivel de actividad, primera en el NEA y novena en todo el país. 

A su vez, la tasa de Empleo misionera marcó 46,1%, también el mayor valor para Misiones desde el inicio de la serie, incrementándose en 2,0 p.p contra el 2022. En este  caso, se trata de la tasa más alta de todo el Norte Grande y a nivel país se ubicó tercera,  solo por detrás CABA y Tierra de Fuego. Este es el dato más relevante en cuanto se  observa que la brecha entre el nivel de actividad y de empleo es pequeña, lo que  equivale a decir que la gran mayoría de los nuevos activos se canalizan al empleo. Esto,  a su vez, se demuestra al observar los niveles de desocupación en Misiones. 

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Al tercer trimestre de 2023, la tasa de desocupación misionera fue del 2,7%,  experimentando una baja respecto al año anterior de 0,6 p.p. y ubicándose como la  provincia con la cuarta menor tasa, en un contexto de altas tasas de actividad y empleo  y crecimiento.  

En términos absolutos, la población activa en Misiones se incrementó en veinte mil  personas pero se verifica la existencia de 22 mil nuevos “ocupados”: es decir, la  totalidad de los nuevos activos fue hacia el empleo, al tiempo que la población  desocupada se redujo en dos mil personas que fueron también hacia el empleo y no  hacia la inactividad.  Esa foto es la que se pretende custodiar. 

Los fondos educativos son una pata de la disputa con Nación. Suman 2.969.629.476 pesos entre el último tramo de 2023 y lo que va de 2024. También están los fondos del transporte. Y la Provincia tiene ante la Corte una cautelar para evitar la desregulación del mercado yerbatero, incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el presidente Javier Milei, que ahora debe ser ratificado o rechazado en el Congreso nacional.

El contraste es ineludible: el mercado regulado de la yerba mate, cerró el 2023 como la única economía regional de la Argentina con luz verde en el semáforo de Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria) y siete meses consecutivos en alza. Ahora, tras el DNU de Milei, la yerba entró tiene una luz amarilla de advertencia y abandonó el podio de crecimiento, que hoy ocupan el sector porcino y el maní.

El estudio de Coninagro señala que la yerba tiene los precios de la materia prima (muy) por debajo de la inflación. Justamente esa es la discusión que mantienen los productores sobre cómo recuperar competitividad con un mercado desregulado y esperan -infructuosamente- que el INYM fije un último precio conveniente. Antes de la devaluación de diciembre, la yerba tenía un precio de casi 60 centavos de dólar oficial. Ahora está a 0,25 centavos, una diferencia difícil de recuperar sin el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que técnicamente fue alcanzado por el DNU, aunque el enviado de Caputo a Misiones, Juan Pazo, haya dicho que puede seguir fijando precios hasta que se reglamente el decreto presidencial.

Pero lo cierto es que nadie cree que el INYM siga existiendo y el propio Gobierno nacional deslizó que después del INADI, el organismo a disolver es el yerbatero.

La industria asegura que el DNU está vigente y por lo tanto, no tiene necesidad de sentarse en una mesa de negociaciones ni de reconocer cualquier decisión que se tome en el desmenuzado organismo. Ahora se paga entre 350 y 370 por la hoja verde. Los productores piden un mínimo de 505 y 700 desde marzo. El libre mercado dirá. La Industria aduce que no puede cubrir esas demandas y menos trasladar la carga a la góndola o a los precios de exportación, ante una competencia cada vez más dura de Paraguay y Brasil. 

La Provincia seguirá pujando en la Justicia, pero al mismo tiempo, va tomando forma el Instituto Provincial de la Yerba Mate, para cumplir las mismas funciones y cuidar la producción madre de la tierra roja. 

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