Misiones pasó casi dos semanas atada a un conflicto por los salarios estatales que por momentos adquirió ribetes violentos, con policías al límite de la ilegalidad y docentes exacerbados, azuzados por una oposición agazapada en un intento por rapiñar algún premio electoral que no logra conquistar en las urnas. Hasta por la ley de Lemas gimotearon algunos dirigentes cuando se encendían las cámaras, con una mejor sobreactuación si no eran de acá. La protesta se magnificó con fines que exceden a las fronteras misioneras. Se jugó aquí una escaramuza seguida por interés en Buenos Aires, por el Gobierno y la oposición. La gestión Milei no ocultó su temor a una réplica en otras tierras. Patricia Bullrich, quien en un principio dejó hacer, alentada por los dirigentes del PRO locales, después tuvo que dar marcha atrás y hacer explícito el rechazo a los modos de los polipiqueteros. 

Finalmente, se arribó a un acuerdo con los policías en acampe que desactivó la virulencia del conflicto. Primó la razonabilidad. El acuerdo se selló con la mediación de la cúpula policial y en los términos que marcó la Provincia, con un compromiso de revisión para el mes de junio, que alcanzará al resto de los estatales. Los policías misioneros estarán ahora entre los mejores pagos del país. Un agente que en enero cobraba 299.495 pesos, desde junio cobrará  620.501,21.El suboficial mayor cobrará 1.082.913,05. En el caso de los oficiales, un subayudante percibirá 721.230,11, mientras que un Comisario General pasará a ganar 1.318.360,41.

Los docentes están en la mitad de tabla nacional, pero en la región, sólo Chaco paga un mayor salario inicial de bolsillo, ahora acordado en 400 mil pesos. Los acuerdos alcanzados suman unos quince mil millones de pesos mensuales a la masa salarial, pero no ponen en riesgo el equilibrio financiero. 

El diálogo implica entender al otro. Aunque las demandas tengan premisas válidas, es imposible hallar una respuesta sin tener en cuenta el contexto y el impacto que las decisiones nacionales tiene en el territorio. El “ajuste más grande de la historia”, tiene su correlato en un inédito recorte en los fondos de las provincias y una disparada de precios que se combina con una acelerada pérdida del poder adquisitivo. Es difícil encontrar soluciones si no se analiza toda la ecuación. Es difícil dialogar a los gritos y empujones. 

En las diatribas de policías, docentes sindicalizados y opositores, no se atendían más argumentos que los propios. Ninguna mención al todo, que puede perdonarse en un piquete, pero es inaceptable en quienes dicen pretender gobernar los destinos de la provincia. Discursos pensados más en la viralización de las redes sociales y quejas superficiales, enfocadas en lo inmediato, sin contextos y sin ninguna propuesta que permita mirar más allá de la superficie. Las arengas pasaron por alto un detalle no menor: hace apenas un año, Hugo Passalacqua fue elegido gobernador con cerca del 70 por ciento de los votos que respaldaron un modelo político. Fue el propio Passalacqua quien, en modo premonitorio, dijo el 1 de Mayo que son tiempos para buscar consensos. La oposición lejos estuvo estos días de aceptar ese llamado, aunque el intento de desestabilización tuvo su réplica. 

La Renovación mostró músculo político con miles de jóvenes mezclados con la vieja guardia, movilizados en defensa de un modelo político y la paz como consigna. No es un lema del momento: conforman el Frente Renovador de la Concordia Social, un espacio abierto a pensamientos distintos, capaz de cobijar incluso a jóvenes libertarios. La marcha del 30M cerró con un abrazo simbólico de Passalacqua, el vice Lucas Romero Spinelli el presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad, el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto y el conductor político, Carlos Rovira.

En contraste, en los mítines de estos días quedó en evidencia la paradoja de votar (y acompañar) a un Presidente que desprecia al empleado público y exigir al mismo tiempo, mejores sueldos para los estatales. En la Nación ya hubo 19.223 despidos de trabajadores del Estado. En Misiones ninguno. 

La paradoja de cuestionar el volumen de empleo público y exigir al mismo tiempo que aumenten los sueldos. La paradoja de prometer eliminar impuestos -con los que se financia el Estado- y al mismo tiempo fogonear más gasto en los salarios públicos. 

En las asambleas entre los entonados dirigentes y los acomodaticios opositores, se sumaron ingresos nominales para obtener resultados que se acomoden al imaginario, sin contar inflación, caída de recursos y la necesidad de la Provincia de salir a tapar agujeros que va dejando la desdeñosa administración libertaria. 

La paradoja opositora de exigir cuentas sanas y al mismo tiempo presionar para que el equilibrio se rompa con cálculos amañados.

¿Cómo se pagarían esos aumentos con menos recursos? ¿Cómo se financiaría la construcción de una escuela en algún paraje lejano con un Estado raquítico? ¿Cómo se cuida la salud pública? 

La memoria política obliga a mirar un poco más allá del corto plazo. Ya se probó esa fórmula de quitar impuestos a las industrias y las empresas. No produjo una explosión de inversiones. Por el contrario, cuando se corrió el velo, el resultado fue un insostenible endeudamiento -dos presupuestos y medio en dólares-, pobreza creciente y desempleo récord. En los 90 se crearon impuestos a los sueldos estatales para financiar gastos corrientes del Estado. Primero se llamó Impuesto Solidario de Emergencia, en 1995. Un año después se transformó en el Impuesto Extraordinario Transitorio y de Emergencia. El IETE. Un impuesto que pagaban los empleados públicos, excepto los jueces. A eso se sumó un recorte adicional del 13 por ciento impuesto durante el fugaz paso de la alianza por el poder. 

En esos años gobernaban los mismos que ahora conforman la nueva simbiosis puertista-radical-libertaria. Con una amnesia selectiva, ahora reclaman mejores condiciones para los salarios estatales. 

Pero no es que no hubo aumentos. Fueron tres en lo que va del año. Serán cuatro con las subas comprometidas para junio, acordadas con policías y docentes. Depende del escalafón, los aumentos superan por varios puntos a la inflación. En algunos casos, están por encima de los porcentajes obtenidos por empleados del sector privado. 

Obviamente que todo resulta escaso ante el dramático cambio de condiciones económicas. La quita de subsidios destruyó el equilibrio en las cuentas. Suba del boleto, tarifazos en la electricidad. La sexta suba de los combustibles este 1 de junio, con un aumento del 122 por ciento desde diciembre. Un cúmulo que hizo implosionar el poder adquisitivo. Pero cuyas variables no dependen de la Provincia. 

Por eso, el árbol no debe tapar el bosque. El Estado es mucho más que los estatales. La centralidad de la política pública no puede definirse por los salarios. Se necesita auscultar más a fondo. ¿Hay mucho empleo? ¿Suficiente? ¿Bien distribuido? ¿Qué pasa con el empleo en la provincia?

Misiones es la provincia con mayor empleo privado de toda la región. Récord en 2022, casi lo mismo en 2023. Ahora, en unos pocos meses, sufre una caída abrumadora. ¿Qué pasó en el medio? Las políticas provinciales no cambiaron. La política fiscal, cuestionada por la oposición, es la misma del año pasado. 

Pero hay sectores muy sensibles a los efectos de las políticas económicas nacionales, como el comercio, que sufre por la caída del consumo y la desaparición de los compradores paraguayos y brasileños cuyo poder de compra cayó 30 por ciento por el tipo de cambio. La construcción cayó 46,4% en la comparación interanual (-4.618 empleos), la baja más fuerte desde que se mide este indicador, en junio de 2007. 

¿El empleo público provincial? Se mantiene relativamente estable en el último lustro y es uno de los más bajos del país. En cambio, el empleo nacional y municipal creció en el mismo período 78,1%. 

El empleo privado se mantiene por arriba de los cien mil registrados desde hace una década y creció 8,6%, con un aumento poblacional del 12,1%, mientras que en el país está estancado y ahora en baja. El empleo de Misiones fue el de más rápida recuperación pos pandemia.

Misiones tiene 53 empleados públicos por cada mil habitantes. Hay 85 privados cada mil. El menor y el mayor valor de la región. Esos datos marcan que el empleo público no puede ocupar la centralidad. De la economía privada depende el doble de población que de la estatal, aunque el Estado tiene enorme influencia en cómo se desenvuelve ésta, especialmente en tiempos de crisis. Volcar cuatro mil millones en créditos a tasas negativas, como el reciente anuncio del Gobierno en conjunto con el Banco Macro y las principales cámaras empresarias, tiene un impacto en la economía productiva y en el empleo, mucho más inmediato que un aumento salarial. El consumo se mantuvo sólido con el aporte del Estado, entidades financieras y los propios comercios. Los programas Ahora,  generaron ventas en 2023 por 48.110 millones de pesos y permiten un ahorro estimado mensual de 119.683,33 pesos. 

Esa alquimia financiera, que nació con un tímido “Ahora Pan”, diseñado para contener la escalada de precios en 2018, es necesaria para fortalecer el consumo y el empleo. El comercio es uno de los sectores más dinámicos y con mayor crecimiento de puestos de trabajo en la última década, con 23,7%. El empleo industrial se mantiene estable desde hace diez años. En cambio, el empleo en el agro creció 30,4%, para alcanzar un pico de 11,8% en la participación total. Ese crecimiento esconde otro dato: Misiones tiene fronteras agrícolas definidas, porque como nadie, cuida el remanente de selva que es un activo fundamental de estos tiempos.

Se está creando  mucho empleo tecnológico, aunque todavía el volumen es menor para incidir en la balanza total. 

¿Cómo se genera más empleo? ¿Corriendo al Estado de la escena? El modelo nacional de Estado mínimo generó en apenas un puñado de meses una pérdida de casi cien mil empleos. La construcción es uno de los rubros que más sufre. Según la Unión Industrial Argentina, el 53% de las empresas encuestadas en su reporte mensual, reportó caídas en la producción, el 60% en las ventas, el 37% en las exportaciones y el 24% en el empleo. El 53% de las empresas en el país reconoció tener dificultades para cumplir al menos con una obligación, ya sea el pago de salarios, a proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos.

No es con menos presencia estatal que se garantiza el desarrollo. La generación de empleo es un problema de toda la Argentina y también global. Las condiciones sociales y laborales han mutado aceleradamente en los últimos años. La demanda es mucho más acuciante. Las carreras largas, las ciencias duras, tienen una competencia feroz con la urgencia de éxitos inmediatos. Los ingresos medios no alcanzan a satisfacer las necesidades que impone el momento. ¿Cómo generar carreras más atractivas? ¿Cómo garantizar la inclusión laboral de cientos de jóvenes que año a año se suman al mercado? En el último ingreso a la Policía de Misiones se presentaron diez mil candidatos para 500 puestos. ¿Hay tanta vocación policial? 

El Estado debe sentarse a pensar, sin gritos ni consignas vacías, en cómo canalizar ese flujo. Lo otro es dejar que el mercado se ocupe. Ese es el modo de ver la política del presidente Javier Milei: ¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento en que se va a morir de hambre. [La gente] va a decidir alguna manera para no morirse. No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo. Porque a la postre alguien lo va a resolver”. 

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