El Gobierno nacional modificó por decreto la reglamentación sobre tenencia y portación de armas de fuego, con el objetivo de modernizar, simplificar y redefinir los criterios de control según el tipo de usuario. También flexibilizó el régimen de acceso a armas semiautomáticas de uso militar para legítimos usuarios bajo autorización especial de la ANMAC.

Mediante los decretos 409/2025 y 397/2025, se reformulan los criterios de autorización y control sobre armas de fuego. Se simplifican los trámites para fuerzas en actividad y se habilita la adquisición de armas semiautomáticas bajo autorización especial.

Cambios clave en la reglamentación de la Ley Nacional de Armas

A través del Decreto 409/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo introdujo modificaciones sustanciales a la reglamentación de la Ley 20.429, que regula la tenencia, portación y uso de armas de fuego en el país. La normativa apunta a modernizar el sistema vigente, adaptándolo a los desafíos actuales de seguridad y eficiencia administrativa.

El texto establece:

• La diferenciación entre usuarios civiles y fuerzas en actividad respecto de la vigencia de las credenciales.
• Que los jefes de cada fuerza autoricen la portación de armas particulares de sus efectivos, sin trámite adicional ante la ANMAC.
• Un control más estricto para civiles, asociaciones de tiro y aeronaves civiles, con trazabilidad e inventarios obligatorios.

Fuerzas armadas y de seguridad: menos burocracia, más control interno

Uno de los cambios más relevantes es la delegación del otorgamiento de autorizaciones de portación a las autoridades institucionales de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, penitenciarias y de seguridad federales y provinciales.

Esto significa que ya no será necesario el trámite anual ante la ANMAC para quienes estén en actividad. En su lugar, se implementará un régimen de portación prolongada sujeto a control interno, con la obligación de reportar las altas y bajas al organismo nacional.

Además, las credenciales no vencerán automáticamente cada cinco años para este grupo, como ocurría antes, sino que solo podrán ser revocadas por solicitud fundada de la fuerza a la que pertenece el efectivo.

En contraste, los usuarios civiles comunes y miembros de asociaciones de tiro continuarán bajo control directo de la ANMAC. Se enfatiza un criterio restrictivo para la portación de armas de guerra, que solo podrá concederse con justificación fundada, documentación probatoria de riesgo y evaluación técnica.

Las asociaciones de tiro deberán mantener inventarios actualizados de armamento y municiones, y reportar a la agencia nacional cualquier cambio en la nómina de socios.

Acceso a armas semiautomáticas: régimen especial bajo control de ANMAC

Mediante el Decreto 397/2025, el Gobierno derogó la prohibición general sobre la adquisición de armas semiautomáticas tipo fusil o carabina de uso militar por parte de civiles. En su reemplazo, se estableció un régimen de autorización especial a cargo de la ANMAC, que analizará cada caso en función de usos deportivos acreditados y condiciones objetivas.

Estas armas, que habían sido restringidas desde el Decreto 64/1995, ahora podrán ser incorporadas por legítimos usuarios que cumplan los nuevos requisitos, aunque bajo un régimen de control riguroso y discrecional por parte de la autoridad de aplicación.

Simplificación administrativa y poder de policía estatal

Ambos decretos forman parte de una estrategia de reforma administrativa más amplia, que busca desburocratizar procedimientos y ajustar los controles a los perfiles de riesgo de cada tipo de usuario. El Ejecutivo argumenta que la nueva estructura fortalece la eficiencia sin debilitar la capacidad del Estado para ejercer el poder de policía sobre materiales controlados.

En provincias con fuerte presencia de personal de fuerzas federales y provinciales, como Misiones, estas modificaciones podrían agilizar los procesos de renovación de credenciales y reducir la carga operativa para los efectivos activos. También implican mayores responsabilidades para las jefaturas locales en términos de evaluación, seguimiento y reporte ante la ANMAC.

Por otro lado, los clubes de tiro y usuarios civiles deberán adaptarse a los nuevos requerimientos documentales y de trazabilidad, con eventuales inspecciones y sanciones ante incumplimientos.