La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lleva adelante un proceso de auditoría integral sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Hasta el momento, se suspendieron o dieron de baja más de 80 mil beneficios, generando un ahorro fiscal superior a los $23.000 millones mensuales. El Gobierno estima que las bajas podrían superar las 250.000.

Revisión masiva: el 60% no se presentó a la auditoría médica

En el marco del reordenamiento del sistema previsional impulsado por el Ministerio de Salud, el gobierno nacional intensificó los controles sobre el universo de más de un millón de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Según datos oficiales, un 60% de los beneficiarios no se presentó a la revisión médica obligatoria.

A partir de la auditoría, se suspendieron 65.230 pensiones por irregularidades, 8.207 personas renunciaron voluntariamente al beneficio y 6.643 casos fueron dados de baja al detectarse que los titulares habían fallecido, aunque el beneficio seguía siendo cobrado.

Ahorro millonario para el Estado

La suma de bajas y suspensiones representa 80.080 beneficios menos, lo que equivale a un ahorro mensual de $23.143 millones, considerando los $289.000 promedio que recibía cada beneficiario (70% de la jubilación mínima más un bono de $70.000).

Desde ANDIS aseguran que este proceso “permitirá redirigir los recursos a quienes realmente lo necesitan” y que se está trabajando para garantizar mayor transparencia y equidad en la asignación de prestaciones.

Cómo funciona la auditoría

La revisión se lleva a cabo con profesionales médicos del PAMI y de la Agencia Nacional de Discapacidad. Cada beneficiario recibe una carta documento con lugar y fecha para presentarse a una evaluación médica. Si no responde, se reitera el aviso y, ante una segunda inasistencia, se suspende el pago.

El beneficiario aún puede comunicarse con la ANDIS y acordar una revisión. De no hacerlo, la baja pasa a ser definitiva. En la cita se exige presentar DNI, certificado de discapacidad (CUD) y documentación médica.

Casos irregulares y sospechas de uso político

Según el titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, durante los gobiernos kirchneristas las pensiones “fueron utilizadas con fines políticos y otorgadas sin rigurosidad médica”. Entre 2003 y 2015, las pensiones por invalidez pasaron de 80.000 a 1.050.000, y bajo la presidencia de Alberto Fernández llegaron a 1.250.000.

El funcionario denunció casos como:

• Personas con diagnósticos falsos (amputaciones inexistentes, radiografías repetidas).
• Una misma radiografía utilizada en 150 expedientes.
• Internos y prófugos que seguían cobrando pensiones.
• Personas que se hacían pasar por otros.
• Presuntos beneficiarios residentes en el exterior.

“Este escándalo pone de manifiesto la urgente necesidad de una revisión exhaustiva del sistema de pensiones por invalidez laboral”, sostuvo Spagnuolo en declaraciones a Infobae.

Nuevo marco legal: Decreto 842/2024

En abril, el Gobierno publicó el Decreto 842/2024, que reformula el régimen de Pensiones No Contributivas. Entre los cambios clave:

• Creación del Cuerpo Médico Evaluador.
• Reinscripción obligatoria y declaración jurada actualizada.
• Revisión de incompatibilidades con ingresos o beneficios paralelos.
• Intercambio de información con ANSES, AFIP, PAMI y Justicia.
• Suspensión cautelar de beneficios ante sospechas fundadas.

A la fecha, se identificaron:

• 212 internos en prisión y 331 prófugos cobrando pensiones.
• Casos con hasta cuatro diagnósticos distintos para un mismo solicitante.
• Personas que reconocieron haber sido “respaldadas” por estructuras políticas como el Movimiento Evita.

El Gobierno de Javier Milei considera esta auditoría una pieza clave para avanzar hacia un esquema previsional más justo y transparente. Si bien se anticipan más suspensiones y bajas, las autoridades aseguran que no se afectará a quienes cumplan con los requisitos médicos y legales vigentes.

La revisión continuará durante el segundo semestre de 2025 y podría superar las 250.000 bajas totales, redefiniendo no solo el mapa de las transferencias sociales, sino también las prioridades fiscales de un Estado que busca achicar el gasto, sin desatender la verdadera vulnerabilidad.