Auditoría revela fraude masivo en pensiones por incapacidad en Chaco: más del 66% cobraba de manera irregular

Una auditoría reciente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expuso una serie de irregularidades graves en la provincia de Chaco, donde más del 66% de los beneficiarios de pensiones por incapacidad laboral cobraba el subsidio de forma irregular. En algunos distritos, los niveles de fraude superan el 80%, lo que refleja un esquema sistemático de otorgamiento indebido durante las gestiones anteriores.

Según el informe oficial, las auditorías realizadas entre 2689 beneficiarios citados arrojaron que solo 365 casos (13,58%) cumplían con los requisitos establecidos para mantener el beneficio. En contraste, 1796 (66,79%) fueron considerados “desfavorables”, mientras que 345 (12,83%) no se presentaron y 183 casos (6,81%) continúan en fiscalización médica.

El operativo, supervisado por la ANDIS y el Ministerio de Salud, apunta a transparentar el uso de recursos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y poner fin a abusos evidenciados en las auditorías.

Casos paradigmáticos y denuncias impactantes

Entre las irregularidades detectadas se destacaron casos que resultan tan insólitos como alarmantes:

• Amputación falsa: Se le otorgó una pensión a una mujer bajo el argumento de haber sufrido la amputación de un brazo. Al momento de la auditoría, se constató que la beneficiaria estaba en perfecto estado de salud.
• Diagnósticos incompatibles: Muchos beneficiarios presentaban datos médicos inconsistentes. Por ejemplo, se declaraban hipertensos, mientras que los registros médicos mostraban diagnósticos de diabetes.
• Cáncer inexistente: Una mujer cobraba el subsidio por un presunto diagnóstico de cáncer de mama, aunque nunca se realizó un estudio médico ni se verificó la enfermedad.
• Pensión por pie plano: En otro caso, una menor obtuvo una pensión a partir de un diagnóstico médico que determinó “pie plano”, lo cual según los auditores evidencia la falta de rigor con la que se adjudicaban los beneficios.

Aún más insólito resulta el caso de una beneficiaria que confesó no padecer ninguna enfermedad y admitió que su empleadora le gestionó la pensión como un ardid para evitar pagarle el salario.

Fraude sistemático: corrupción de gestores, médicos y funcionarios

El relevamiento realizado por la ANDIS ha revelado lo que describen como un “aceitado esquema de corrupción” que involucró durante décadas a gestores, profesionales médicos y funcionarios. De acuerdo con fuentes judiciales, médicos denunciaron que se falsificaron sus matrículas para otorgar certificados fraudulentos.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó durante una conferencia que las irregularidades también se reflejan en expedientes incongruentes, como diagnósticos truchos, radiografías apócrifas e incluso poemas literarios presentados como estudios médicos. El fiscal federal Guillermo Marijuan confirmó además la existencia de expedientes duplicados y expedientes que carecían de nombres o firmas médicas.

Entre las localidades con mayor nivel de fraude sobresalen Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas y General San Martín. En Taco Pozo, el 97% de las pensiones por invalidez laboral son consideradas “irregulares”, según el fiscal federal Carlos Amad, quien lleva adelante la investigación.

“En Chaco hay más personas con invalidez que en países que han atravesado guerras”, destacó Amad al poner en contexto la gravedad de las cifras. Además, se estima que gestores cobraban hasta $30.000 para gestionar los certificados fraudulentos.

Número alarmante: cómo creció el sistema de pensiones no contributivas

Desde 2003 hasta 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el total de pensiones por invalidez laboral pasó de 80.000 a 1.050.000 beneficiarios. En el período posterior, durante la gestión de Alberto Fernández, la cifra creció nuevamente hasta alcanzar los 1.250.000 beneficiarios.

Según la ANDIS, en ese período “se produjo un desvio del 40% sobre el monto anual destinado a pensiones”, lo que representa una pérdida estimada de USD 3.400 millones al año.

Auditorías seguirán en todo el país

Desde la ANDIS, conducida por Diego Spagnuolo, anticiparon que las auditorías se extenderán a todo el territorio nacional. El objetivo central es garantizar que las pensiones lleguen a las personas que realmente las necesitan, devolver la transparencia al proceso y proteger los recursos del Estado.

“Este sistema corrupto no solo vulnera a los ciudadanos de bien, también le quita derechos a las personas con discapacidades reales”, destacaron fuentes oficiales.

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