Daniel Artana

Economista jefe de FIEL. Profesor en la UNLP y en la UTDT. Ph. D. in Economics UCLA

El ajuste fiscal

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Existe una discusión en torno a si el resultado fiscal del primer trimestre es sostenible. Del lado del gasto, hay más motosierra que licuadora, y esto puede ampliarse si se aprueba la Ley Bases. En los ingresos, el principal problema es que el impuesto PAIS expira a finales de año. No es tarea fácil, pero puede lograrse el balance de las cuentas públicas.

Luego de que se publicara el resultado superavitario del Tesoro Nacional del primer trimestre del año, surgieron algunas dudas respecto de su sostenibilidad bajo el argumento de que éste se explicaría por una licuación transitoria de gastos. En cambio, desde el gobierno se sostiene que la mayor parte de la mejora obedece a medidas que tendrían un efecto permanente.

Del lado de los ingresos, el gobierno nacional ha sufrido una pérdida menor que las provincias porque se favoreció del impacto de la devaluación de diciembre en los impuestos al comercio exterior y del aumento en la alícuota del impuesto PAIS. Estos gravámenes no se comparten con las provincias, mientras que la recesión está produciendo una caída en términos reales en los coparticipados.

Además de que el impuesto PAIS es bastante distorsivo, el gobierno nacional tiene el problema de que el mismo expira a finales de este año; además, no podría sostenerse a la elevada alícuota actual si se levanta el cepo. Esto último es relativo porque las personas físicas pueden eludir el pago del impuesto fácilmente, pero no así las empresas que ya sufren un mayor costo en sus importaciones por la existencia de los aranceles y del derecho de estadística. De todas maneras, si no se puede eliminar, al menos sería conveniente reducir la alícuota del impuesto PAIS; a su vez, habrá que ver si en una eventual discusión en el Congreso para extender su vigencia, las provincias no consiguen quedarse con una parte de su recaudación.

En la medida en que se apruebe el paquete fiscal, la masa coparticipable se favorecería de una recuperación parcial del punto del PIB que se perdió con la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Esta mejora sería del orden de 0.4% del PIB porque el mínimo no imponible es más alto que el que regía previo a la reforma de finales de 2023 y porque la alícuota media del impuesto sube más pausadamente. Pero en el paquete fiscal hay una segunda fuente de ingresos de un monto cercano al anterior que es la aclaración de que no puede haber más salarios no remunerativos dispuestos por acuerdos paritarios o por entidades públicas.

En cualquier caso, la Nación recibiría el 40% de los mayores ingresos que se obtengan del impuesto a las ganancias y algo más podría aportar la moratoria. Esto es menos del 1.5% del PIB que se prevé genere el impuesto PAIS en 2024.

La otra fuente de compensación es la recuperación del impuesto a los combustibles que se produjo al actualizar gradualmente por la inflación el monto del gravamen por litro. Ese proceso se ha realizado en forma parcial y se acaba de postergar el aumento previsto para mayo. Pero, en cualquier caso, la recaudación de este impuesto debería mejorar en el segundo trimestre del año, respecto de lo observado en el primero, por los aumentos ya realizados.

Del lado de los egresos, el resultado de caja estuvo favorecido por la postergación de los pagos a generadores de electricidad y productores de gas natural. Esa no es una mejora permanente. Pero, más allá de la forma que se elija para compensar a los afectados en los meses venideros, la suba en tarifas debería aportar los recursos para que no se repita el mismo problema. Sin embargo, la postergación de los aumentos tarifarios previstos para el mes de mayo despierta algunas dudas y será importante ver la decisión que el gobierno toma para el mes de junio.

Por el peso del gasto en jubilaciones en el gasto nacional, la mayor caída en porcentajes del PIB se dio en ese rubro. El gobierno ha dispuesto una nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones que revierte sólo una parte de la caída en el poder adquisitivo de las mismas. En la medida en que dicha fórmula sea avalada por la justicia, habrá un ahorro importante en el gasto cuya cifra final dependerá de la magnitud de los bonos que se otorgan a los jubilados que cobran la mínima.

En transferencias discrecionales a provincias, universidades y gastos de capital, las reducciones observadas en el primer trimestre han sido enormes y difícilmente puedan sostenerse en esa magnitud. Pero ello no obsta para que se pueda lograr algún ahorro respecto de los niveles de 2023, en especial por la decisión de las máximas autoridades de la República de reducir el peso del Estado en la economía.

El efecto de alguna reversión en las partidas mencionadas puede compensarse con recortes en el déficit de empresas del Estado que no pudieron lograrse en forma instantánea, y por una reducción adicional de la planta transitoria de empleados del sector público nacional.

En resumen, la posibilidad de alcanzar el equilibrio fiscal durante todo el año 2024 no es tarea fácil, pero hay mucho más de motosierra que de licuadora y eso puede extenderse todavía más si finalmente la ley de Bases es aprobada en el Senado de la Nación. En definitiva, con convicción política la tarea de balancear las cuentas se debería poder lograr.

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Actividad, inflación y cepo

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Para el año en curso se prevé fuerte caída en la actividad, del orden del 5%, y de la tasa de
inflación, que se ubicaría en torno al 160% anual. La acumulación de reservas del BCRA ha
motivado algunas propuestas de acelerar el levantamiento del cepo cambiario. Sin embargo,
es prudente demorar esta decisión hasta tanto se resuelvan los problemas de stocks
acumulados de demanda de divisas.

Actividad e inflación en caída y un Banco Central que continúa comprando reservas han despertado algunos debates interesantes.

Los indicadores anticipados de actividad son malos. La confianza del consumidor sigue por el piso y los datos disponibles de ventas de bienes durables muestran caídas importantes. Dada la fuerte merma en los ingresos de las familias y el agotamiento de algunos ahorros, la contracción seguramente continuará durante el segundo trimestre del año.

En ese contexto, se visualizan algunos factores contrapuestos. Ayudarían a una recuperación de la economía, la normalización de la cosecha, la fuerte reducción del riesgo país y alguna recuperación de ingresos que fueron sobreajustados al acelerarse tan rápido la inflación en los momentos finales de 2023 y los primeros de 2024. El cambio en la fórmula previsional evitaría una gran recuperación en el poder adquisitivo de las jubilaciones, pero, de todas maneras, alguna mejora se observaría en el segundo trimestre al reducirse la inflación respecto del primero. En el mismo sentido, a la larga o a la corta, las paritarias permitirán alguna recuperación de los salarios formales.

En sentido contrario, operan el fuerte ajuste fiscal y monetario (aunque este último se de en cantidades y no en el precio del dinero que sigue siendo negativo ajustado por inflación). Pero el fisco, en el margen, debería ser menos contractivo. La caída en la recaudación actúa como un estabilizador automático y la contracción del gasto del primer trimestre del año debería ceder un poco hacia adelante en la medida en que se normalicen algunos pagos y se acuerde con las provincias restituir algunas de las transferencias cortadas.

En resumen, esperamos una caída del PIB de casi 5% en 2024, pero con la economía tocando fondo entre el segundo y tercer trimestre del año. Proyectamos para el año una inflación algo por encima del 160%, que es más baja que el consenso de proyecciones. El apretón fiscal y monetario y una economía en receso no darían lugar para que la inflación sea más alta.

Ayudarían también la corrección de algunos desajustes de precios que, ante la incertidumbre, se fijaron en valores superiores a los de equilibrio. En sentido contrario, operan los ajustes de tarifas, pero su efecto quedará concentrado en el segundo trimestre que, de todas maneras, terminaría con tasas mensuales inferiores a las del primero.

La acumulación de reservas del BCRA ha motivado algunas propuestas de acelerar el levantamiento del cepo cambiario. El “overhang monetario” se ha reducido y eso facilita la apertura del cepo, pero todavía quedan stocks acumulados de demanda de divisas y nuevos flujos trabados que, si el cepo se levantara de golpe, podrían presionar a la demanda de cambios en una forma inusual. En este sentido, la postergación de pagos de nuevas importaciones desde mediados de diciembre ha reprimido el flujo de compras y, a la vez, generado un stock pendiente de pago exigible si se levanta el cepo que, en mayo, sería superior a los US$ 10.000 millones. Con el BOPREAL el gobierno resolvió buena parte del stock indeseado de importaciones de bienes y servicios previo al 10 de diciembre, pero no hizo lo propio con los pagos de dividendos acumulados que, a su vez, han seguido aumentando desde entonces. Previo a cualquier decisión de levantamiento del cepo se requiere resolver estos problemas de stocks acumulados.

Esa represión en la demanda de divisas despierta algunas dudas respecto a si los niveles observados del tipo de cambio son de equilibrio o no. Todavía resta un largo camino que recorrer en la acumulación de reservas y las importaciones deberían volver a cierta normalidad cuando se recupere la economía y se hayan “digerido” los adelantos motivados por la brecha cambiaria y la inconsistencia macroeconómica de la política adoptada entre finales de 2019 y finales de 2023.

La prudencia del gobierno en algunos de estos temas es una respuesta lógica a una herencia muy pesada.

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Transitando la estanflación

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La caída de la actividad se profundizó, al tiempo que algunos de los factores que permitían una recuperación rápida han empeorado. El gobierno puede ayudar dando certezas sobre algunos interrogantes que pueden demorar la normalización de la economía; para otros, se requiere el apoyo de la oposición.

Los datos de actividad económica muestran que la recesión había comenzado varios meses antes de que asumiera el Presidente Milei. Por ejemplo, en noviembre de 2023, el PIB se ubicó 2% abajo del promedio del año 2022, la industria 4% abajo y la construcción, 5%. En diciembre, cuando se expusieron las inconsistencias groseras del programa económico del gobierno anterior y cuando también impactó la devaluación, la actividad siguió cayendo, para estos mismos indicadores, con registros que se ubicaron 5%, 9% y 13% por debajo del promedio del año anterior, respectivamente.

La aceleración de la inflación que ocurrió desde comienzos de 2022 erosionó el poder adquisitivo de las familias, sobre todo de jubilados y trabajadores informales. En diciembre de 2023 y comienzos de 2024, esa tendencia se agravó, lo cual sugiere que la actividad tendrá un mal desempeño en la primera mitad del año (aun contando el efecto de la recuperación de la cosecha).

Sin embargo, había cuatro factores que podían ayudar a una pronta recuperación, pero, lamentablemente, algunos se han moderado.

El primero es la normalización de la cosecha, pero una pérdida parcial de volumen por el clima caluroso y sobre todo la caída en los precios internacionales han restado algo de su efecto positivo.

El segundo es la entrada de capitales, fundamentalmente de los argentinos, cuando se moderan las dudas acerca de la sostenibilidad de cualquier programa económico en curso. Las tensiones políticas han reducido este potencial efecto positivo, ya que es necesario y conveniente avanzar en reformas estructurales que aseguren la solvencia fiscal y en desregulaciones que abran oportunidades de inversión.

Los dos restantes dependen de una disminución importante en la tasa de inflación. En la medida en que ello ocurra, se reducirá más rápidamente el sobreajuste que han sufrido los ingresos de las familias. Pero para que el efecto sea pleno, es necesario que la mejora fiscal dependa de cambios estructurales y no de la persistencia de una alta inflación.

En el mismo sentido opera la remonetización de la economía que ocurre cuando se reduce el costo de tener dinero en el bolsillo o en cuentas bancarias transaccionales. Si el fisco no requiere de fondos adicionales, el aumento en la capacidad prestable de los bancos puede destinarse a aumentar el crédito al sector privado.

Es posible comenzar a resolver algunos interrogantes que pueden demorar la normalización de la economía. El gobierno puede ayudar dando certezas sobre algunos, pero para otros, se requiere el apoyo de la oposición. Dentro de los más importantes, se debería lograr:

  • Asegurar con reformas estructurales y mejor gestión que el equilibrio fiscal sea sostenible, aun si
    la inflación baja a un dígito anual. También es importante que el ajuste fiscal sea percibido como equitativo, y ello requiere avanzar parejo en remover privilegios impositivos, regulatorios u otros escondidos detrás de partidas de gasto estatal.
  • Avanzar en algunas reformas estructurales y, por sus efectos más generalizados, la laboral parece ser
    la más importante. Esto requiere lograr acuerdos con la oposición.
  • Seguir acumulando reservas en el BCRA, lo cual requiere evitar la tentación de atrasar el tipo de cambio real y, además, dar alguna señal acerca de cómo se piensa resolver la deuda con importadores que se ha generado desde el 10 de diciembre (a mayo sería del orden de US$ 10.000 a 12.000 millones) y con el giro de dividendos. En el último caso, una alternativa, análoga a la utilizada para los pagos de importaciones, sería que se puedan girar libremente los dividendos obtenidos a partir del año 2024.

La Argentina tiene una gran oportunidad de liberarse de las fuerzas que han detenido el progreso. Los avances que se logren este año son cruciales.

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Avanzando a todo vapor

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Los primeros pasos del flamante gobierno han sido vertiginosos. Los desafíos son enormes,
pero la pesada herencia recibida exige realizar ajustes de shock.

Los primeros pasos del gobierno que asumió el 10 de diciembre han sido vertiginosos. La estrategia parece ser resolver rápido el problema fiscal, corregir algunos de los desequilibrios de precios relativos heredados, licuar parcialmente los pasivos en pesos del BCRA y avanzar con reformas estructurales.

Los tres primeros son requisitos previos para lanzar un programa de estabilización. No es posible reducir la inflación si antes no se elimina una de las fuentes principales de emisión, que es el desequilibrio de un gobierno que carece de financiamiento genuino. Sin embargo, el paquete anunciado por el equivalente a 5% del PIB tiene algo de rusticidad y depende parcialmente de la aprobación del Congreso.

La combinación de impuesto PAÍS a las importaciones y retenciones a las exportaciones genera un sesgo antiexportador porque se paga un tipo de cambio efectivo superior en las compras de insumos o bienes de capital que el que se percibe por las ventas al exterior. La posibilidad de vender el 20% en el CCL morigera el sesgo, pero no lo elimina. Además, algunas de las reducciones previstas de gastos requieren de una licuación adicional a la ya observada durante el año 2023, que son más difíciles de sostener en el tiempo que las reducciones de cantidades.

En el proyecto de Ley enviado al Congreso a finales de año se incluyó el aumento de retenciones, una moratoria, un blanqueo y la reducción y adelanto en el pago del impuesto a los bienes personales. En caso de ser aprobadas, estas medidas aportarían casi 1% del PIB. No se incluyó la reversión del aumento en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que representaría para el gobierno nacional alrededor de 0.4% del PIB adicionales, que sería presentada en un proyecto aparte.

Del lado del gasto, el proyecto prevé la suspensión en la actualización de la fórmula previsional, pero el “ahorro” previsto para 2024 no requeriría de una reducción adicional en el poder adquisitivo de los que perciben haberes superiores a la mínima, sino mantener los niveles ya licuados de finales de 2023. Además, se incluye una ambiciosa reforma de la administración nacional, como así también de los fondos fiduciarios, cuyo impacto fiscal es difícil de cuantificar.

Finalmente, se pide una autorización para privatizar todas las empresas del Estado. No es fácil estimar ahorros de gastos o ingresos porque el elevado costo del capital reduce el valor de las compañías y algunas no parecen tener un precio positivo, aún cuando mejoren su eficiencia.

Los ajustes de precios relativos se han circunscripto al salto en el tipo de cambio oficial (con dudas acerca de cómo evitar una apreciación importante en un contexto de altísima inflación, al menos durante los próximos tres meses), y la liberación de precios contenidos por la discrecionalidad de los acuerdos con empresas o la falta de actualización en las prepagas. No se ha avanzado en reducir los subsidios a la energía y el transporte, a la espera de las audiencias públicas que lo habiliten.

En el frente monetario, el BCRA incentiva a las entidades financieras a cambiar letras propias por deuda del Tesoro. Y, además, fijó la tasa de política monetaria muy por debajo de la inflación esperada, lo que reduce el valor real de los agregados monetarios. Se cambia déficit cuasifiscal por fiscal y se puede ganar la opción de hacer política monetaria tradicional en el futuro sin que espiralicen los pasivos del BCRA, pero se aumenta la magnitud del desequilibrio del Tesoro a resolver, al mismo tiempo que se corre algún riesgo de disminución adicional en la demanda de dinero.

Los avances en las reformas estructurales son muy importantes. Se modifican normas en los mercados de factores y de bienes que deberían reducir los sobrecostos e ineficiencias que crean las regulaciones excesivas. Por ejemplo, se desregulan varios mercados, entre otros: aéreo, alquileres, combustibles, seguros, tarjetas, varios agropecuarios, pesca, obras sociales, provisión de internet; se reducen sustancialmente los costos excesivos de las indemnizaciones por despido al mismo tiempo que se mejoran los ingresos de los trabajadores al sacar la obligatoriedad de aportar la cuota sindical y dejar de retener un porcentaje del aporte transferido de una obra social a una prepaga, y además se extiende el período de prueba; se reducen los costos de insumos y bienes finales al eliminar las restricciones no cuantitativas a las importaciones que, de
todos modos, siguen muy protegidas por aranceles, derecho de estadística e impuesto PAÍS; se liberan exportaciones al eliminar cupos y se suprimen algunos incentivos fiscales que ya no estarían vigentes, aunque se mantiene sin cambios el régimen de Tierra del Fuego.

Aparecen algunas dificultades que habrá que sortear en los próximos meses. La primera, es la legalidad del DNU, cuestionada en la justicia, y la capacidad del gobierno de lograr acuerdos para la mayoría de las reformas incluidas en el proyecto de Ley. La segunda, es seguir recuperando reservas en el BCRA cuando, dentro de 120 días, haya un flujo normal de importaciones y, antes, cuando se vea si el BOPREAL permite limpiar las deudas acumuladas por importaciones de bienes y servicios sin que en ese proceso se afecte la brecha cambiaria. La tercera, es la caída estacional en la demanda de dinero que se da a fines de enero. La cuarta, es lograr plasmar en los números los ahorros fiscales previstos y mejorar la gestión del Estado. La quinta, es lanzar un plan de estabilización que reduzca sustancialmente la tasa de inflación.

Los desafíos son enormes, pero la pesada herencia recibida y el desencanto de la mayoría de la población con el fracaso del populismo K da una esperanza de que el cambio, esta vez, sea duradero.

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Mala suerte o mala praxis

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La mala praxis pasa la factura. Como en 2019, el gobierno apuesta a que el FMI aportará nuevos fondos

La sequía reducirá las exportaciones agrícolas en alrededor de US$ 20.000 millones. Un shock externo negativo de casi 4% del PIB. Sin embargo, las turbulencias que aquejan a la economía hoy son, fundamentalmente, consecuencia de una serie de errores de política económica.

Antes de profundizar el análisis, debe mencionarse que las sequías no son una novedad en la Argentina. Hubo fuertes caídas de la producción agrícola en 2008 y 2018, sólo para recordar las más recientes. Un gobierno prudente debió ahorrar pesos de la recaudación por retenciones y acumular dólares en el BCRA en los momentos de vacas gordas.

Y hubo vacas muy gordas. La mejora en los términos del intercambio ocurrida post pandemia ayudó a aumentar las exportaciones de un promedio de US$ 61.000 millones al año en 2016-2019 a US$ 78.000 millones en 2021 y US$ 88.000 millones en 2022. En esos dos años, sólo se acumularon reservas por algo menos de US$ 7.000 millones y no se logró erradicar siquiera el déficit fiscal primario -superó los 2% del PIB en 2022-, a pesar de que los ingresos fiscales volvieron a los niveles de 2019 cuando había un virtual equilibrio antes de intereses. Si la actividad económica se recuperó plenamente de la pandemia no se justifica que el gasto no haya retornado a los niveles de 2019. Sin embargo, es casi 2% del PIB mayor, incluso a pesar de la licuación que sufrieron los jubilados que permitió reducir el gasto previsional en alrededor de 1% del PIB.

La economía todavía sufre las consecuencias del “plan platita” de 2021 y de la decisión de atrasar el tipo de cambio real oficial, también con un claro propósito electoral, primero, y de utilizarlo como ancla nominal, después, aún sin contar con el paraguas de un programa con el Fondo Monetario Internacional. Así, entre diciembre de 2020 y abril de 2022, el tipo de cambio se depreció 37%, menos de la mitad de la inflación observada en ese mismo período, que alcanzó al 86%.

La indecisión fiscal también aportó su grano de arena a las dificultades para renovar la deuda doméstica. La monetización de parte de los vencimientos sólo agregó más combustible a una economía con exceso de pesos que, en parte, se esterilizan con Leliqs, provocando un déficit cuasifiscal de proporciones. Así, el remedio empieza a parecer peor que la enfermedad. De hecho, el monto de pasivos remunerados del BCRA resta efectividad a uno de los instrumentos de política monetaria que utilizan los bancos centrales en la mayoría de los países del mundo: la tasa de interés. Una suba en la tasa, que habitualmente es una señal que se utiliza para enfriar a economías recalentadas, en la Argentina resulta en un aumento en los pagos que realiza la autoridad monetaria, lo que despierta temores de un efecto dominó.

Además, la obsesión por controlar los tipos de cambio alternativos sacrificando reservas del BCRA ha sido una práctica habitual de los ministros del gobierno actual. A pesar de ello, la inconsistencia del programa económico de turno mantuvo la brecha elevada. Y cuando la brecha es alta, los dólares que genera la economía empiezan a escaparse de las manos del BCRA. La respuesta oficial de profundizar todavía más los controles genera algún alivio de corto plazo pero que luego resulta en menores ingresos de divisas o mayores pagos al exterior por el canal oficial. No es casual que, desde 2019 en adelante, virtualmente se perdieran los aportes al mercado de cambios de los turistas del exterior, del financiamiento externo neto a empresas privadas, y de la inversión extranjera directa. A la corta o a la larga, el perro de los controles se
muerde la cola y la decisión oficial fue siempre profundizar los controles.

Más recientemente aparecieron los programas Soja 1 y Soja 2 que, además de generar una pérdida para el BCRA por pagar más caras las divisas que compra que las que vende (que resulta en más emisión), adelantan divisas y recaudación. El problema es que en algún momento el futuro llega y queda poco o nada por vender; en los primeros meses de 2023, se nota la falta de divisas y de ingresos fiscales que se adelantaron a 2022.

Y también aparecen medidas desesperadas para postergar vencimientos de deuda en pesos a tasas elevadas y de obligar a los organismos estatales a desprenderse de títulos en dólares con el objetivo de reducir la brecha, pero al costo de aumentar el riesgo país.

Ahora la estrategia oficial parece ser similar a la de 2019, al pedir un aporte adicional del FMI por la vía de un adelantamiento en los desembolsos previstos para lo que resta de 2023 (unos US$ 10.800 millones). Sin embargo, ya estaba previsto que se desembolsen US$ 4.000 millones antes de las PASO. La clave sería lograr que además se posterguen los pagos de capital al FMI (US$ 5.400 millones antes de las PASO, más
US$ 4.500 millones adicionales en los últimos 4 meses del año, ver Gráfico 1). Pero, aún con algo de dinero del FMI, parece inevitable que la recesión se agrave para que se reduzca la demanda por importaciones.

En resumen, en lugar de que la inflación de algún mes empiece con 3, parece que será la caída de actividad económica la que empiece con ese dígito. Crónica de una muerte anunciada, diría el famoso escritor colombiano.

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