Daniel Artana

Economista jefe de FIEL. Profesor en la UNLP y en la UTDT. Ph. D. in Economics UCLA

Cómo sigue la película en el segundo semestre

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El superávit fiscal es el ancla económica y política del gobierno, y es clave consolidar estos resultados durante el segundo semestre de gestión. También es importante, aprobada la Ley de Bases, avanzar en reformas estructurales que ni siquiera se han discutido.

Próximos a cumplir los primeros seis meses de gestión del nuevo gobierno, hay resultados mixtos. La inflación, que en mayo se ubicaría en alrededor de 5%, ha caído más rápido de lo esperado y es menos de la mitad de la que se observó en los últimos cuatro meses completos del gobierno anterior (agosto-noviembre de 2023) o del 8% mensual promedio de los primeros once meses del año pasado. Pero debe señalarse que la tasa semanal de inflación en la Ciudad de Buenos Aires que medimos en FIEL muestra alguna dificultad para perforar el 1%.

La brecha cambiaria y el riesgo país son sustancialmente más bajos y las reservas netas del BCRA han mejorado en alrededor de US$ 10.000 millones, y además se ha resuelto buena parte del aumento no deseado en el stock de deuda comercial con proveedores del exterior que había generado la administración anterior. Pero la gestión actual también acumuló una deuda significativa, dado que no se ha permitido pagar libremente las importaciones realizadas desde diciembre en adelante.

El resultado fiscal de los primeros cuatro meses del año fue superavitario en 0.2% del PIB anual, cuando el promedio de los primeros cuatrimestres de años anteriores era un déficit del orden de 1% del PIB. Y los pasivos remunerados del BCRA se han reducido fuertemente, en parte por licuación y en parte por el traspaso de deuda de la autoridad monetaria al Tesoro.

La actividad económica se contrajo más de lo esperado. El PIB mensual en marzo arrojó una caída interanual del 8% y la actividad industrial habría caído 15% en abril, según el índice que elaboramos en FIEL. Con capacidad ociosa por doquier, la recuperación depende de lo que puedan aportar las exportaciones y el consumo. Luego de años de economía cerrada al comercio, las primeras pesan poco en la demanda agregada, aunque algo ayudarán.

El consumo privado debería mejorar. El monto ajustado por inflación de las jubilaciones, tanto la mínima más bono como la máxima, estuvieron en mayo 30% por encima del promedio del primer trimestre y los salarios privados registrados dejaron de caer en marzo, mostrando incluso una modesta recuperación. La caída del empleo es todavía un porcentaje bajo y la menor cantidad de horas extras tampoco haría que la masa salarial continue cayendo.

¿Cómo sigue la película? El superávit fiscal es el ancla económica y política del gobierno. La postergación de los aumentos de tarifas genera algunas dudas sobre la capacidad del gobierno de mantener el resultado alcanzado durante los primeros cuatro meses de gestión. A eso se suma el hecho de que el impuesto PAÍS expira a finales del año y, aun cuando se quisiera renovar a una tasa más baja, seguramente el gobierno nacional tendrá que ceder una parte de su recaudación a las provincias para poder pasarlo por el Congreso.

Sin embargo, si finalmente se aprueba la Ley de Bases, el gobierno podrá seguir avanzando para tratar de que algunas reducciones de gastos sean permanentes. En cualquier caso, no hay mucho tiempo para consolidar el ajuste, ya que es crucial para lograr un acceso limitado al mercado internacional de capitales. En 2025, los vencimientos de deuda en moneda extranjera del Tesoro y de Bopreal son del orden de US$ 17.000 millones y los organismos multilaterales aportarían, en el mejor de los casos, no más del 30% de esa cifra. Y ello no computa que el BCRA puede necesitar divisas para otros fines (por ejemplo, pagar parte del swap con China o normalizar la deuda comercial). Sin algo de financiamiento, el nivel de tipo de cambio real que equilibre el mercado de divisas puede ser más alto que el que tolere la política.

A los pagos de deuda en moneda extranjera se suman hoy (y seguramente será más a fines de este año) el equivalente a US$ 24.000 millones de vencimientos de deuda en moneda local (o dólar link) que son relativamente fáciles de renovar con cepo, pero que se vuelven más desafiantes si se libera el acceso al mercado cambiario.

Aprobada la Ley de Bases, durante el segundo semestre de gestión el gobierno debería poner el foco en consolidar los números fiscales, aun cuando ello reduzca su popularidad. Entre otras cosas, ello requiere contar con un presupuesto creíble para este año y cumplir con las fechas legales para el de 2025.

También se debe avanzar en reformas estructurales que ni siquiera se han discutido, aun cuando se deba a esperar a finales de 2025 para enviarlas a un Congreso más afín. La reforma previsional excede con creces el cambio de fórmula de indexación aprobado por DNU y está pendiente una reforma tributaria que reduzca el peso de los impuestos más distorsivos en la recaudación y los gastos tributarios. En este tema, la visión del Ejecutivo es algo contradictoria al proponer el RIGI y defender el tratamiento especial del régimen de Tierra del Fuego.

En resumen, hay un gran riesgo para el programa en curso si se generan dudas acerca de la capacidad de mantener el ancla fiscal que hasta ahora ha sido el sostén principal de los logros alcanzados.

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El ajuste fiscal

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Existe una discusión en torno a si el resultado fiscal del primer trimestre es sostenible. Del lado del gasto, hay más motosierra que licuadora, y esto puede ampliarse si se aprueba la Ley Bases. En los ingresos, el principal problema es que el impuesto PAIS expira a finales de año. No es tarea fácil, pero puede lograrse el balance de las cuentas públicas.

Luego de que se publicara el resultado superavitario del Tesoro Nacional del primer trimestre del año, surgieron algunas dudas respecto de su sostenibilidad bajo el argumento de que éste se explicaría por una licuación transitoria de gastos. En cambio, desde el gobierno se sostiene que la mayor parte de la mejora obedece a medidas que tendrían un efecto permanente.

Del lado de los ingresos, el gobierno nacional ha sufrido una pérdida menor que las provincias porque se favoreció del impacto de la devaluación de diciembre en los impuestos al comercio exterior y del aumento en la alícuota del impuesto PAIS. Estos gravámenes no se comparten con las provincias, mientras que la recesión está produciendo una caída en términos reales en los coparticipados.

Además de que el impuesto PAIS es bastante distorsivo, el gobierno nacional tiene el problema de que el mismo expira a finales de este año; además, no podría sostenerse a la elevada alícuota actual si se levanta el cepo. Esto último es relativo porque las personas físicas pueden eludir el pago del impuesto fácilmente, pero no así las empresas que ya sufren un mayor costo en sus importaciones por la existencia de los aranceles y del derecho de estadística. De todas maneras, si no se puede eliminar, al menos sería conveniente reducir la alícuota del impuesto PAIS; a su vez, habrá que ver si en una eventual discusión en el Congreso para extender su vigencia, las provincias no consiguen quedarse con una parte de su recaudación.

En la medida en que se apruebe el paquete fiscal, la masa coparticipable se favorecería de una recuperación parcial del punto del PIB que se perdió con la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Esta mejora sería del orden de 0.4% del PIB porque el mínimo no imponible es más alto que el que regía previo a la reforma de finales de 2023 y porque la alícuota media del impuesto sube más pausadamente. Pero en el paquete fiscal hay una segunda fuente de ingresos de un monto cercano al anterior que es la aclaración de que no puede haber más salarios no remunerativos dispuestos por acuerdos paritarios o por entidades públicas.

En cualquier caso, la Nación recibiría el 40% de los mayores ingresos que se obtengan del impuesto a las ganancias y algo más podría aportar la moratoria. Esto es menos del 1.5% del PIB que se prevé genere el impuesto PAIS en 2024.

La otra fuente de compensación es la recuperación del impuesto a los combustibles que se produjo al actualizar gradualmente por la inflación el monto del gravamen por litro. Ese proceso se ha realizado en forma parcial y se acaba de postergar el aumento previsto para mayo. Pero, en cualquier caso, la recaudación de este impuesto debería mejorar en el segundo trimestre del año, respecto de lo observado en el primero, por los aumentos ya realizados.

Del lado de los egresos, el resultado de caja estuvo favorecido por la postergación de los pagos a generadores de electricidad y productores de gas natural. Esa no es una mejora permanente. Pero, más allá de la forma que se elija para compensar a los afectados en los meses venideros, la suba en tarifas debería aportar los recursos para que no se repita el mismo problema. Sin embargo, la postergación de los aumentos tarifarios previstos para el mes de mayo despierta algunas dudas y será importante ver la decisión que el gobierno toma para el mes de junio.

Por el peso del gasto en jubilaciones en el gasto nacional, la mayor caída en porcentajes del PIB se dio en ese rubro. El gobierno ha dispuesto una nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones que revierte sólo una parte de la caída en el poder adquisitivo de las mismas. En la medida en que dicha fórmula sea avalada por la justicia, habrá un ahorro importante en el gasto cuya cifra final dependerá de la magnitud de los bonos que se otorgan a los jubilados que cobran la mínima.

En transferencias discrecionales a provincias, universidades y gastos de capital, las reducciones observadas en el primer trimestre han sido enormes y difícilmente puedan sostenerse en esa magnitud. Pero ello no obsta para que se pueda lograr algún ahorro respecto de los niveles de 2023, en especial por la decisión de las máximas autoridades de la República de reducir el peso del Estado en la economía.

El efecto de alguna reversión en las partidas mencionadas puede compensarse con recortes en el déficit de empresas del Estado que no pudieron lograrse en forma instantánea, y por una reducción adicional de la planta transitoria de empleados del sector público nacional.

En resumen, la posibilidad de alcanzar el equilibrio fiscal durante todo el año 2024 no es tarea fácil, pero hay mucho más de motosierra que de licuadora y eso puede extenderse todavía más si finalmente la ley de Bases es aprobada en el Senado de la Nación. En definitiva, con convicción política la tarea de balancear las cuentas se debería poder lograr.

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Actividad, inflación y cepo

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Para el año en curso se prevé fuerte caída en la actividad, del orden del 5%, y de la tasa de
inflación, que se ubicaría en torno al 160% anual. La acumulación de reservas del BCRA ha
motivado algunas propuestas de acelerar el levantamiento del cepo cambiario. Sin embargo,
es prudente demorar esta decisión hasta tanto se resuelvan los problemas de stocks
acumulados de demanda de divisas.

Actividad e inflación en caída y un Banco Central que continúa comprando reservas han despertado algunos debates interesantes.

Los indicadores anticipados de actividad son malos. La confianza del consumidor sigue por el piso y los datos disponibles de ventas de bienes durables muestran caídas importantes. Dada la fuerte merma en los ingresos de las familias y el agotamiento de algunos ahorros, la contracción seguramente continuará durante el segundo trimestre del año.

En ese contexto, se visualizan algunos factores contrapuestos. Ayudarían a una recuperación de la economía, la normalización de la cosecha, la fuerte reducción del riesgo país y alguna recuperación de ingresos que fueron sobreajustados al acelerarse tan rápido la inflación en los momentos finales de 2023 y los primeros de 2024. El cambio en la fórmula previsional evitaría una gran recuperación en el poder adquisitivo de las jubilaciones, pero, de todas maneras, alguna mejora se observaría en el segundo trimestre al reducirse la inflación respecto del primero. En el mismo sentido, a la larga o a la corta, las paritarias permitirán alguna recuperación de los salarios formales.

En sentido contrario, operan el fuerte ajuste fiscal y monetario (aunque este último se de en cantidades y no en el precio del dinero que sigue siendo negativo ajustado por inflación). Pero el fisco, en el margen, debería ser menos contractivo. La caída en la recaudación actúa como un estabilizador automático y la contracción del gasto del primer trimestre del año debería ceder un poco hacia adelante en la medida en que se normalicen algunos pagos y se acuerde con las provincias restituir algunas de las transferencias cortadas.

En resumen, esperamos una caída del PIB de casi 5% en 2024, pero con la economía tocando fondo entre el segundo y tercer trimestre del año. Proyectamos para el año una inflación algo por encima del 160%, que es más baja que el consenso de proyecciones. El apretón fiscal y monetario y una economía en receso no darían lugar para que la inflación sea más alta.

Ayudarían también la corrección de algunos desajustes de precios que, ante la incertidumbre, se fijaron en valores superiores a los de equilibrio. En sentido contrario, operan los ajustes de tarifas, pero su efecto quedará concentrado en el segundo trimestre que, de todas maneras, terminaría con tasas mensuales inferiores a las del primero.

La acumulación de reservas del BCRA ha motivado algunas propuestas de acelerar el levantamiento del cepo cambiario. El “overhang monetario” se ha reducido y eso facilita la apertura del cepo, pero todavía quedan stocks acumulados de demanda de divisas y nuevos flujos trabados que, si el cepo se levantara de golpe, podrían presionar a la demanda de cambios en una forma inusual. En este sentido, la postergación de pagos de nuevas importaciones desde mediados de diciembre ha reprimido el flujo de compras y, a la vez, generado un stock pendiente de pago exigible si se levanta el cepo que, en mayo, sería superior a los US$ 10.000 millones. Con el BOPREAL el gobierno resolvió buena parte del stock indeseado de importaciones de bienes y servicios previo al 10 de diciembre, pero no hizo lo propio con los pagos de dividendos acumulados que, a su vez, han seguido aumentando desde entonces. Previo a cualquier decisión de levantamiento del cepo se requiere resolver estos problemas de stocks acumulados.

Esa represión en la demanda de divisas despierta algunas dudas respecto a si los niveles observados del tipo de cambio son de equilibrio o no. Todavía resta un largo camino que recorrer en la acumulación de reservas y las importaciones deberían volver a cierta normalidad cuando se recupere la economía y se hayan “digerido” los adelantos motivados por la brecha cambiaria y la inconsistencia macroeconómica de la política adoptada entre finales de 2019 y finales de 2023.

La prudencia del gobierno en algunos de estos temas es una respuesta lógica a una herencia muy pesada.

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Transitando la estanflación

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La caída de la actividad se profundizó, al tiempo que algunos de los factores que permitían una recuperación rápida han empeorado. El gobierno puede ayudar dando certezas sobre algunos interrogantes que pueden demorar la normalización de la economía; para otros, se requiere el apoyo de la oposición.

Los datos de actividad económica muestran que la recesión había comenzado varios meses antes de que asumiera el Presidente Milei. Por ejemplo, en noviembre de 2023, el PIB se ubicó 2% abajo del promedio del año 2022, la industria 4% abajo y la construcción, 5%. En diciembre, cuando se expusieron las inconsistencias groseras del programa económico del gobierno anterior y cuando también impactó la devaluación, la actividad siguió cayendo, para estos mismos indicadores, con registros que se ubicaron 5%, 9% y 13% por debajo del promedio del año anterior, respectivamente.

La aceleración de la inflación que ocurrió desde comienzos de 2022 erosionó el poder adquisitivo de las familias, sobre todo de jubilados y trabajadores informales. En diciembre de 2023 y comienzos de 2024, esa tendencia se agravó, lo cual sugiere que la actividad tendrá un mal desempeño en la primera mitad del año (aun contando el efecto de la recuperación de la cosecha).

Sin embargo, había cuatro factores que podían ayudar a una pronta recuperación, pero, lamentablemente, algunos se han moderado.

El primero es la normalización de la cosecha, pero una pérdida parcial de volumen por el clima caluroso y sobre todo la caída en los precios internacionales han restado algo de su efecto positivo.

El segundo es la entrada de capitales, fundamentalmente de los argentinos, cuando se moderan las dudas acerca de la sostenibilidad de cualquier programa económico en curso. Las tensiones políticas han reducido este potencial efecto positivo, ya que es necesario y conveniente avanzar en reformas estructurales que aseguren la solvencia fiscal y en desregulaciones que abran oportunidades de inversión.

Los dos restantes dependen de una disminución importante en la tasa de inflación. En la medida en que ello ocurra, se reducirá más rápidamente el sobreajuste que han sufrido los ingresos de las familias. Pero para que el efecto sea pleno, es necesario que la mejora fiscal dependa de cambios estructurales y no de la persistencia de una alta inflación.

En el mismo sentido opera la remonetización de la economía que ocurre cuando se reduce el costo de tener dinero en el bolsillo o en cuentas bancarias transaccionales. Si el fisco no requiere de fondos adicionales, el aumento en la capacidad prestable de los bancos puede destinarse a aumentar el crédito al sector privado.

Es posible comenzar a resolver algunos interrogantes que pueden demorar la normalización de la economía. El gobierno puede ayudar dando certezas sobre algunos, pero para otros, se requiere el apoyo de la oposición. Dentro de los más importantes, se debería lograr:

  • Asegurar con reformas estructurales y mejor gestión que el equilibrio fiscal sea sostenible, aun si
    la inflación baja a un dígito anual. También es importante que el ajuste fiscal sea percibido como equitativo, y ello requiere avanzar parejo en remover privilegios impositivos, regulatorios u otros escondidos detrás de partidas de gasto estatal.
  • Avanzar en algunas reformas estructurales y, por sus efectos más generalizados, la laboral parece ser
    la más importante. Esto requiere lograr acuerdos con la oposición.
  • Seguir acumulando reservas en el BCRA, lo cual requiere evitar la tentación de atrasar el tipo de cambio real y, además, dar alguna señal acerca de cómo se piensa resolver la deuda con importadores que se ha generado desde el 10 de diciembre (a mayo sería del orden de US$ 10.000 a 12.000 millones) y con el giro de dividendos. En el último caso, una alternativa, análoga a la utilizada para los pagos de importaciones, sería que se puedan girar libremente los dividendos obtenidos a partir del año 2024.

La Argentina tiene una gran oportunidad de liberarse de las fuerzas que han detenido el progreso. Los avances que se logren este año son cruciales.

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Avanzando a todo vapor

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Los primeros pasos del flamante gobierno han sido vertiginosos. Los desafíos son enormes,
pero la pesada herencia recibida exige realizar ajustes de shock.

Los primeros pasos del gobierno que asumió el 10 de diciembre han sido vertiginosos. La estrategia parece ser resolver rápido el problema fiscal, corregir algunos de los desequilibrios de precios relativos heredados, licuar parcialmente los pasivos en pesos del BCRA y avanzar con reformas estructurales.

Los tres primeros son requisitos previos para lanzar un programa de estabilización. No es posible reducir la inflación si antes no se elimina una de las fuentes principales de emisión, que es el desequilibrio de un gobierno que carece de financiamiento genuino. Sin embargo, el paquete anunciado por el equivalente a 5% del PIB tiene algo de rusticidad y depende parcialmente de la aprobación del Congreso.

La combinación de impuesto PAÍS a las importaciones y retenciones a las exportaciones genera un sesgo antiexportador porque se paga un tipo de cambio efectivo superior en las compras de insumos o bienes de capital que el que se percibe por las ventas al exterior. La posibilidad de vender el 20% en el CCL morigera el sesgo, pero no lo elimina. Además, algunas de las reducciones previstas de gastos requieren de una licuación adicional a la ya observada durante el año 2023, que son más difíciles de sostener en el tiempo que las reducciones de cantidades.

En el proyecto de Ley enviado al Congreso a finales de año se incluyó el aumento de retenciones, una moratoria, un blanqueo y la reducción y adelanto en el pago del impuesto a los bienes personales. En caso de ser aprobadas, estas medidas aportarían casi 1% del PIB. No se incluyó la reversión del aumento en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que representaría para el gobierno nacional alrededor de 0.4% del PIB adicionales, que sería presentada en un proyecto aparte.

Del lado del gasto, el proyecto prevé la suspensión en la actualización de la fórmula previsional, pero el “ahorro” previsto para 2024 no requeriría de una reducción adicional en el poder adquisitivo de los que perciben haberes superiores a la mínima, sino mantener los niveles ya licuados de finales de 2023. Además, se incluye una ambiciosa reforma de la administración nacional, como así también de los fondos fiduciarios, cuyo impacto fiscal es difícil de cuantificar.

Finalmente, se pide una autorización para privatizar todas las empresas del Estado. No es fácil estimar ahorros de gastos o ingresos porque el elevado costo del capital reduce el valor de las compañías y algunas no parecen tener un precio positivo, aún cuando mejoren su eficiencia.

Los ajustes de precios relativos se han circunscripto al salto en el tipo de cambio oficial (con dudas acerca de cómo evitar una apreciación importante en un contexto de altísima inflación, al menos durante los próximos tres meses), y la liberación de precios contenidos por la discrecionalidad de los acuerdos con empresas o la falta de actualización en las prepagas. No se ha avanzado en reducir los subsidios a la energía y el transporte, a la espera de las audiencias públicas que lo habiliten.

En el frente monetario, el BCRA incentiva a las entidades financieras a cambiar letras propias por deuda del Tesoro. Y, además, fijó la tasa de política monetaria muy por debajo de la inflación esperada, lo que reduce el valor real de los agregados monetarios. Se cambia déficit cuasifiscal por fiscal y se puede ganar la opción de hacer política monetaria tradicional en el futuro sin que espiralicen los pasivos del BCRA, pero se aumenta la magnitud del desequilibrio del Tesoro a resolver, al mismo tiempo que se corre algún riesgo de disminución adicional en la demanda de dinero.

Los avances en las reformas estructurales son muy importantes. Se modifican normas en los mercados de factores y de bienes que deberían reducir los sobrecostos e ineficiencias que crean las regulaciones excesivas. Por ejemplo, se desregulan varios mercados, entre otros: aéreo, alquileres, combustibles, seguros, tarjetas, varios agropecuarios, pesca, obras sociales, provisión de internet; se reducen sustancialmente los costos excesivos de las indemnizaciones por despido al mismo tiempo que se mejoran los ingresos de los trabajadores al sacar la obligatoriedad de aportar la cuota sindical y dejar de retener un porcentaje del aporte transferido de una obra social a una prepaga, y además se extiende el período de prueba; se reducen los costos de insumos y bienes finales al eliminar las restricciones no cuantitativas a las importaciones que, de
todos modos, siguen muy protegidas por aranceles, derecho de estadística e impuesto PAÍS; se liberan exportaciones al eliminar cupos y se suprimen algunos incentivos fiscales que ya no estarían vigentes, aunque se mantiene sin cambios el régimen de Tierra del Fuego.

Aparecen algunas dificultades que habrá que sortear en los próximos meses. La primera, es la legalidad del DNU, cuestionada en la justicia, y la capacidad del gobierno de lograr acuerdos para la mayoría de las reformas incluidas en el proyecto de Ley. La segunda, es seguir recuperando reservas en el BCRA cuando, dentro de 120 días, haya un flujo normal de importaciones y, antes, cuando se vea si el BOPREAL permite limpiar las deudas acumuladas por importaciones de bienes y servicios sin que en ese proceso se afecte la brecha cambiaria. La tercera, es la caída estacional en la demanda de dinero que se da a fines de enero. La cuarta, es lograr plasmar en los números los ahorros fiscales previstos y mejorar la gestión del Estado. La quinta, es lanzar un plan de estabilización que reduzca sustancialmente la tasa de inflación.

Los desafíos son enormes, pero la pesada herencia recibida y el desencanto de la mayoría de la población con el fracaso del populismo K da una esperanza de que el cambio, esta vez, sea duradero.

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