El genocida Díaz Bessone y la política social
El General de División RAMÓN GENARO DÍAZ BESSONE fue un genocida argentino que falleció en 2017. Recién en marzo de 2012 fue condenado, por delitos de lesa humanidad, a prisión perpetua.
Fue Comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, con sede en Rosario, entre septiembre de 1975 y octubre de 1976. A la vez, Jefe de la Zona Militar Nº 2 y responsable de los centros clandestinos de detención en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa.
En agosto de 2003 concedió una entrevista a la periodista francesa Marie-Monique Robin durante la cual justificó los asesinatos y las torturas que llevó a cabo brutalmente la dictadura cívico-militar que barbarizó al país entre 1976 y 1983. En esa ocasión declaró que “Los terroristas muertos no llegaban a 7000. Si los metíamos presos, venía luego otro gobierno constitucional y los dejaba en libertad”. Díaz Bessone le preguntó a la periodista: “¿Cómo puede sacar información a los detenidos si usted no lo aprieta, si usted no lo tortura?”. Agregando “¿Usted cree que hubiéramos podido fusilar 7000? Al fusilar tres nomás, mire el lío que el Papa le armó a Franco (Francisco) con tres. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7000 personas”.
Integró el llamado grupo de “los duros”, compuesto también por otros asesinos como Luciano Benjamín Menéndez, Santiago Omar Riveros y Carlos Guillermo (Pajarito) Suárez Mason. En esa época, los dictadores se diferenciaban entre sí como “duros” y “blandos”, según la brutalidad de sus comportamientos. En rigor, es la misma divergencia que se invoca en la actualidad, entre los llamados “halcones” y los llamados “palomas” en la Alianza de Juntos por el Cambio, cohesionada y conducida por el macrismo. En definitiva, más allá de las reales o ficticias distinciones entre los diversos sectores (duros y blandos; halcones y palomas), todos ellos compartían y se beneficiaban (y se benefician) con la consolidación de proyectos antinacionales que fortalecen los privilegios y la injusticia social.
¿Qué relación tuvo el genocida Díaz Bessone con la política social de la dictadura de entonces? A él lo reconocían como “el teórico del Proceso de Reorganización Nacional”, tal como se autodefinía eufemísticamente la dictadura cívico-militar que derrocó al gobierno constitucional del peronismo en marzo de 1976.
El 25 de octubre de 1976 asumió como Ministro de Planeamiento del también genocida Jorge Rafael Videla. Por discrepancias con los sectores más liberales de la dictadura, encabezados por José Alfredo Martínez de Hoz, renunció al cargo el 30 de diciembre de 1977. Durante su gestión presentó un extenso Documento sobre el Proyecto Nacional, fijando los siguientes lineamientos a llevar a cabo sobre Política Social:
Objetivo Básico
Mantener y perfeccionar las características ya tradicionales de la sociedad argentina en cuanto a su condición plural y a su gran movilidad social. Consolidar en ella los valores del Ser Nacional, procurar su homogeneidad cultural y apoyar su crecimiento y desarrollo en la familia unida, jerárquica y estable, y en los cuerpos intermedios propiciando un incremento ponderable del sentido de responsabilidad individual y social.
Objetivos Generales
1. Realizar la misión de la familia como pilar básico de la sociedad y lograr que la acción cultural, educativa y económica contribuyan a su consolidación.
2. Fomentar el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la población.
3. Adecuar la distribución de los habitantes en el territorio satisfaciendo las exigencias del crecimiento, el equilibrio y la seguridad nacional.
4. Fortalecer a la sociedad, particularmente a la niñez y a la juventud, en su formación ética para que pueda responder adecuadamente a cualquier acción que tienda a degradar los componentes esenciales de la naturaleza humana.
5. Favorecer el nacimiento, desarrollo y acción de toda asociación de personas cuya finalidad no atente contra el bien común y las leyes a fin de moderar los frecuentes egoísmos propios de la actividad individualista y encuadrar con clara y precisa legislación la vida de las asociaciones o cuerpos intermedios para que no atenten contra la unidad nacional ni vuelquen su actividad a otros fines que los específicamente propios.
6. Promover el desarrollo humano mediante una acción subsidiaria en los campos de la salud, vivienda, educación y mejoramiento de la calidad de vida.
7. Establecer un sistema de seguridad social que proteja al individuo ante los eventos vitales, pero que no fomente su irresponsabilidad social.
8. Promover la capacitación profesional y el reentrenamiento de los trabajadores que deban ser transferidos desde el área estatal o desde actividades menos productivas a otros sectores de la economía.
9. Retribuir al trabajo con justicia, no considerando su precio por las solas leyes del mercado, sino fundamentalmente como la expresión de la iniciativa, responsabilidad y creatividad del ser humano y el medio para que el hombre alcance las condiciones necesarias para su realización y el logro de su destino trascendente.
Llamativas invocaciones se desprenden de los objetivos propuestos en el Documento sobre política social: “mantener y perfeccionar las características ya tradicionales de la sociedad argentina”; “consolidar en la sociedad los valores del Ser Nacional”; “apoyar su crecimiento y desarrollo en la familia unida, jerárquica y estable”; “realizar la misión de la familia como pilar básico de la sociedad”; “promover el desarrollo humano mediante una acción subsidiaria (destacado nuestro) en los campos de la salud, vivienda, educación y mejoramiento de la calidad de vida”; “reentrenamiento de los trabajadores que deban ser transferidos desde el área estatal a otros sectores de la economía”; “que el hombre alcance las condiciones necesarias para su realización y el logro de su destino trascendente”.
Estos objetivos muestran con claridad que, a través de la política social, se pretendía llevar a cabo un proyecto social y cultural marcadamente retardatario, de asimilación o eliminación de la diversidad y de dominación de las mayorías populares.
Algunos de dichos postulados parecieran enraizarse con las propuestas conservadoras de la organización continental Tradición, Familia y Propiedad, cuyos orígenes se remontan a 1960 en Sao Paulo, Brasil.
Mientras formulaban tan controvertidos y “loables” objetivos -a la par de ponderar la tradición, los valores del Ser Nacional y las virtudes de la familia unida- los impulsores de la dictadura cívico-militar habilitaban la tortura a mansalva, los centros clandestinos de detención en todo el país, los asesinatos, la aplicación de la picana eléctrica en la vagina de mujeres embarazadas, el robo de bebés, los “vuelos de la muerte” que consistían en arrojar personas vivas al mar. En fin, todo un inimaginable compendio de las peores atrocidades en las que pueden incurrir algunos sujetos que simultáneamente se definen como “cristianos”, como “seres humanos”.
Y en la elaboración del Proyecto Nacional que proponía el genocida Díaz Bessone en el Ministerio de Planificación entre 1976 y 1977 ¿habrán participado profesionales de las ciencias sociales y de otras disciplinas? ¿Habrán contribuido en la confección del documento, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, politólogos, economistas, filósofos, abogados, periodistas?
Y si colaboraron en dicho Proyecto del ministerio, legitimando objetivamente la vigencia y el despliegue de las prácticas dictatoriales, ¿cuál habrá sido el destino profesional de los mismos después de la recuperación democrática de 1983? ¿Habrán actuado en algunos casos, a sabiendas o por temor a las eventuales consecuencias, como una suerte de “intelectuales orgánicos” de semejante proceso de devastación humana? ¿Habrán evitado manifestar alguna disidencia, ante la posibilidad de recibir represalias de diversa índole? ¿Habrá habido, siquiera, algún grado de arrepentimiento público por la colaboración prestada?
Cada cual sabrá hasta dónde tuvo que conceder; hasta dónde tuvo que callar para preservar la fuente de trabajo y hasta la propia existencia física. Pero también están los que acompañaron sin rabia ni resignación y que actuaron, en algunos casos, hasta con adhesión, ante las atrocidades que se registraban adentro y afuera del campo profesional.
Mantener la memoria sobre lo acontecido en el pasado, constituye un ejercicio imprescindible para evitar la posible reiteración de episodios y comportamientos delictivos sobre determinados sectores de la sociedad.
Fueron muchos, civiles y militares, los que apoyaron la dictadura desde distintos lugares y cargos y luego aparecieron ocultando y reciclados, como si no hubieran tenido ninguna responsabilidad en la barbarie generalizada de esa época.
Todo lo que se haga para evitar la amnesia siempre será insuficiente, porque los genocidios -tanto en lo que respecta al accionar de sus actores principales, como en los diversos grados de complicidad que se registraron- no pueden ni deben ser olvidados.
No se trata, entonces, de proponer alternativas de revancha, pero tampoco contribuir a disimular, a justificar o peor aún a negar inadmisibles prácticas de enorme gravedad que violaron los más elementales derechos humanos.
