El ajuste económico dejó de expresarse solamente en las grandes variables macroeconómicas para ingresar de lleno en la administración cotidiana de los hogares. Comprar menos, sustituir alimentos, buscar ofertas, sumar trabajos, refinanciar deudas y postergar proyectos personales aparecen como distintas manifestaciones de un mismo fenómeno: ingresos que resultan insuficientes para sostener el nivel de vida.
Esa es la principal conclusión que emerge de Futuro en pausa, sobreviviendo al ajuste de Milei, el informe elaborado por el Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), en articulación con el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI). El estudio analiza específicamente el impacto económico sobre mujeres y personas LGBTTINB+ después de dos años y medio de gestión de Javier Milei.
El relevamiento tiene una particularidad que le otorga dimensión federal. Se obtuvieron 1.605 respuestas y se validaron 1.538 casos, relevados presencialmente entre el 29 de mayo y el 15 de julio de 2026. La muestra fue distribuida territorialmente: 65% corresponde a la región Centro, 15% al NOA, 8% al NEA —Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa—, 7% a Cuyo y 5% a Patagonia. El estudio declara un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2%.
La composición de la muestra también obliga a leer cuidadosamente sus resultados: el 94% se identificó como mujer, el promedio de edad fue de 40 años y el 16% de las encuestas correspondió a población LGBTTINB+. Es, por lo tanto, una radiografía deliberadamente enfocada sobre una población determinada y no una medición general de todos los hogares argentinos.
Ocho de cada diez hogares están por debajo de $1,8 millón
El punto de partida económico resulta revelador. El 84% de las personas relevadas vive en hogares cuyos ingresos mensuales son inferiores a $1,8 millón. Apenas el 15% se ubica entre $1,8 millón y $5 millones y solamente el 1% supera esa última cifra.
La estructura de esos ingresos también muestra una elevada exposición a la precariedad: 36% proviene del trabajo formal en relación de dependencia, 28% del empleo informal, 12% de jubilaciones y pensiones, 11% del trabajo independiente formal, 9% de programas sociales y 3% de aportes familiares u otras fuentes. Además, el 55% tiene personas económicamente a cargo; entre ellas, tres de cada cuatro sostienen a niños, niñas o adolescentes.
Es precisamente sobre esa estructura de ingresos donde aparece uno de los resultados centrales de la investigación: el 90% debió realizar ajustes en las compras y consumos cotidianos del hogar.
No se trata únicamente de gastos considerados prescindibles. El 52% recortó alimentos, el 27% medicamentos y el 19% servicios básicos como electricidad, agua o gas. Al preguntar por la evolución de la capacidad adquisitiva durante los seis meses anteriores, el 88% respondió que podía comprar menos o mucho menos.
La distancia entre ingresos y necesidades básicas aparece todavía con mayor claridad cuando se pregunta si el dinero alcanza: el 21% respondió que nunca cubre los gastos básicos y otro 49% que solamente lo consigue a veces. Es decir, aproximadamente siete de cada diez personas encuestadas viven con ingresos que nunca o sólo ocasionalmente alcanzan para cubrir sus necesidades esenciales.
Los alimentos son señalados como el rubro con precios excesivos por el 62% de las consultadas, seguidos por los medicamentos, con 53%; alquileres, 52%; ropa, 44%; transporte público, 38%; y combustibles, 34%.
La estrategia defensiva: ofertas, mayoristas y menos consumo
La consecuencia es un cambio profundo en los patrones de consumo. El 98% implementó alguna estrategia para proteger su economía.
La respuesta predominante es buscar precios: el 80% compra ofertas y el 41% recurre a compras mayoristas. Otro 27% compra productos usados y 17% reemplaza el transporte público por caminatas, bicicleta u otras alternativas.
Pero el ajuste no termina en el supermercado. El 85% dejó de realizar al menos alguna actividad por razones económicas. Entre quienes efectuaron recortes, salir a comer con familiares o amistades aparece como la actividad más afectada; también se eliminaron actividades culturales, cuidado personal, viajes, vacaciones, atención psicológica, remodelaciones y capacitaciones.
El dato resulta relevante porque permite observar una segunda etapa del deterioro. Primero desaparece el consumo recreativo y postergable; después, cuando esa reducción ya no alcanza, el ajuste avanza sobre alimentos, medicamentos y servicios esenciales.
El dato más duro: 42% tuvo que saltear alguna comida
La dimensión alimentaria constituye probablemente el indicador más sensible del informe.
El 87% modificó su alimentación como consecuencia de la situación económica. Dentro del total de la muestra, el 65% redujo simultáneamente calidad y cantidad de los alimentos; otro 13% disminuyó solamente la calidad y 9% solamente la cantidad.
La sustitución tampoco es neutra desde el punto de vista nutricional. El 65% dejó de comprar carne por falta de dinero; 35% redujo lácteos y 29%, frutas y verduras.
Y aparece un umbral todavía más crítico: en el 42% de los hogares relevados algún integrante debió directamente suprimir una comida por falta de recursos económicos. El propio estudio considera esa situación, junto con la reducción de cantidades ingeridas, como un indicador de inseguridad alimentaria.
Así, el deterioro del poder adquisitivo deja de ser solamente una discusión sobre capacidad de consumo. Cuando casi dos tercios reducen simultáneamente calidad y cantidad de la comida y cuatro de cada diez hogares atraviesan episodios en los que alguien saltea una comida, el ajuste alcanza directamente la seguridad alimentaria.
Trabajar más para sostener el mismo hogar
El mercado laboral ofrece otra pieza para comprender el fenómeno.
El 67% de las personas relevadas percibe ingresos provenientes de algún trabajo remunerado, pero dentro de ese universo apenas 47% tiene empleo formal en relación de dependencia. El 38% trabaja informalmente y 13% lo hace como independiente formal. Sumadas estas dos últimas categorías, el informe considera que 51% de las ocupaciones remuneradas tiene carácter precarizado.
A eso se suma un fenómeno cada vez más significativo: el pluriempleo.
El 29% de quienes trabajan tiene más de una ocupación remunerada: 22% tiene dos trabajos, 5% tres y 2% más de tres. Y más de la mitad de quienes agregaron actividades —56%— lo hicieron durante los últimos seis meses.
Las nuevas fuentes de ingreso describen una economía paralela de supervivencia: venta de ropa, comida o cosméticos en ferias o de manera particular, conducción mediante aplicaciones, clases particulares, manejo de redes sociales y changas vinculadas con limpieza y cuidado de personas.
La comparación incluida en el propio estudio permite dimensionar el fenómeno. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares citados por MuMaLá, el pluriempleo alcanza al 12,2% de la población general y al 15,5% de las mujeres. En la población ocupada relevada por el informe llega al 29%.
Al mismo tiempo, el 25% declaró haber perdido su empleo o principal fuente de ingresos durante los seis meses previos. Y entre el 33% de la muestra que no percibe ingresos provenientes de una actividad laboral, el 55% señaló estar desempleada y 22% dedicarse al trabajo doméstico no remunerado.
El dato permite matizar una idea frecuente: el problema no es únicamente conseguir trabajo. Para una proporción relevante, un empleo ya no resulta suficiente y es necesario acumular ocupaciones para completar ingresos.
Deuda para llegar a fin de mes
El tercer mecanismo de compensación es financiero.
El 63% de las personas encuestadas está endeudada. Entre ellas, la tarjeta de crédito bancaria aparece como principal fuente de obligaciones, mencionada por el 49%; siguen los créditos o préstamos de billeteras virtuales, con 32%; servicios públicos e impuestos, 25%; préstamos familiares, 24%; créditos bancarios, 20%; préstamos informales barriales, 14%; financieras vinculadas con casas de electrodomésticos, 11%; y alquileres, 4%.
Pero quizás el indicador más importante no sea solamente cuántas personas tienen deuda, sino cuántos acreedores acumulan.
El 59% de las endeudadas mantiene obligaciones simultáneas con dos o más fuentes. El informe menciona además préstamos de amigos, fiado en comercios de cercanía, deudas con profesionales, cuotas educativas, vehículos, viviendas y terrenos.
La lectura que propone MuMaLá es que el crédito dejó de funcionar exclusivamente como instrumento para anticipar consumo o financiar bienes durables. Para una parte importante de la población estudiada, la deuda pasó a integrar el presupuesto corriente del hogar: se toma dinero para afrontar necesidades básicas, sostener gastos cotidianos e incluso pagar compromisos anteriores.
Eso configura un círculo particularmente delicado: pérdida de poder adquisitivo, reducción del consumo, búsqueda de ingresos adicionales y, cuando esas estrategias no alcanzan, endeudamiento y refinanciación.
La economía también se traslada al cuerpo
El informe incorpora una dimensión menos habitual en los relevamientos económicos: el efecto psicofísico de la incertidumbre material.
El 83% afirmó que las preocupaciones económicas afectaron su descanso o sueño. El 81% manifestó haberse sentido emocionalmente desbordada con alguna regularidad y el 86% registró durante junio síntomas físicos asociados al estrés, como dolores de cabeza, tensión muscular o insomnio.
Entre estos últimos, 29% calificó los síntomas como intensos y 30% como moderados. La preocupación fue, además, el estado emocional más mencionado, con 61%, seguida por angustia y tranquilidad —ambas con 45%—, ansiedad, intranquilidad, enojo, desilusión y tristeza.
En otras palabras, la economía doméstica no termina en la billetera. La tensión financiera aparece asociada a alteraciones del sueño, síntomas físicos y sobrecarga emocional.
Una doble jornada que persiste
Existe además una desigualdad estructural que atraviesa todos los demás indicadores.
El 94% de las encuestadas realiza tareas domésticas en su hogar: 53% siempre, 24% frecuentemente y 17% algunas veces. Paralelamente, 55% sostiene económicamente a otras personas y, dentro de ese grupo, 75% tiene niños, niñas o adolescentes bajo su responsabilidad.
El estudio contrasta estos resultados con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del INDEC: 30,6% de las mujeres participa del cuidado de otros integrantes de la familia frente a 18,9% de los varones, mientras que las tareas domésticas no remuneradas son realizadas por 89,9% de las mujeres y 68,3% de los hombres.
Esa distribución desigual tiene una consecuencia económica directa: el 22% de las encuestadas sin ingresos indicó que su situación se explica por la dedicación al trabajo doméstico no remunerado.
Un presente peor y un futuro suspendido
Todos esos indicadores confluyen finalmente en una variable difícil de capturar mediante estadísticas tradicionales: las expectativas.
Siete de cada diez encuestadas consideran que su situación económica es peor que seis meses atrás. Apenas alrededor del 2% identifica una mejora, mientras que 28% considera que permanece igual. Pero el resultado más contundente aparece cuando la pregunta abandona el presente y se concentra en los proyectos: el 89% sostiene que la situación económica limita sus planes personales.
Tampoco predominan expectativas de recuperación. El 47% considera que su economía empeorará hacia adelante, 32% cree que seguirá igual y solamente 21% espera una mejora.
Ese probablemente sea el dato que mejor explica el título elegido por las organizaciones para el trabajo: Futuro en pausa.
Porque la fotografía que surge de las 1.538 encuestas no muestra un único mecanismo de ajuste sino una secuencia acumulativa. Primero se eliminan consumos secundarios. Después se buscan ofertas y se sustituye calidad. Luego se reducen alimentos y medicamentos. Se agrega un segundo empleo o una changa. Cuando tampoco alcanza, aparece la tarjeta, la billetera virtual, el préstamo familiar o el fiado. Y, detrás de todo ello, se postergan vacaciones, capacitación, vivienda, salud, recreación y proyectos.
MuMaLá interpreta este conjunto de resultados como una profundización de la feminización de la pobreza y vincula el deterioro con las políticas económicas y de reducción del Estado aplicadas por la administración de Javier Milei. Esa atribución causal forma parte del marco conceptual y político de las organizaciones autoras del estudio y debe distinguirse de los datos relevados por la encuesta.
Más allá de esa interpretación, los números describen por sí mismos un fenómeno económico concreto: una parte muy amplia de la población relevada está compensando la pérdida de capacidad adquisitiva mediante tres variables simultáneas -menos consumo, más trabajo y más deuda-. Cuando esas tres estrategias aparecen juntas, el ajuste deja de ser transitorio y empieza a modificar decisiones de largo plazo.
Y allí aparece quizá el indicador más inquietante del informe: no es solamente que el dinero alcance menos hoy. Para nueve de cada diez personas consultadas, la economía ya está condicionando aquello que imaginan hacer mañana.
