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Alivio fiscal para el turismo: Misiones baja Ingresos Brutos y libera de retenciones bancarias a las agencias

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El turismo misionero tendrá desde octubre un poco más de aire en uno de los lugares donde más se siente la presión cotidiana de los impuestos: la caja.

El Gobierno provincial decidió reducir del 5% al 3,5% la alícuota de Ingresos Brutos para profesionales independientes vinculados con la actividad turística y excluir a las agencias de viajes minoristas del régimen de retenciones bancarias. En este último caso, el beneficio alcanzará a una única cuenta declarada por cada agencia y tendrá una vigencia de tres meses, según la información oficial.

No se trata solamente de una rebaja de alícuota. Para una actividad atravesada por una cadena extensa de pequeños prestadores -guías, agentes, agencias y servicios asociados-, la disponibilidad inmediata de los ingresos es parte del capital de trabajo. Una retención bancaria no modifica la obligación tributaria final, pero sí inmoviliza recursos durante la operatoria diaria. La exclusión dispuesta para las agencias apunta precisamente sobre ese frente financiero.

El ministro de Turismo, José María Arrúa, encuadró las medidas dentro de las decisiones impulsadas por el gobernador Hugo Passalacqua para mejorar las condiciones de funcionamiento de la actividad. Según destacó, el objetivo es avanzar sobre respuestas concretas a los planteos del sector, más allá de las mesas de diálogo que no terminan traducidas en soluciones.

El contraste tiene, además, una cuota de ironía histórica. Mientras Misiones baja impuestos para darle competitividad al turismo, la Nación no brinda ninguna respuesta a los reclamos de los empresarios del sector. Entrar al país por el Tancredo Neves no se convierta en una excursión de cuatro horas. Esta semana el reclamo volvió a Buenos Aires de la mano del senador Martín Goerling, que reunió al sector privado de Iguazú con funcionarios nacionales para pedir que se agilice la frontera. La escena tiene un antecedente incómodo: Goerling formó parte de Cambiemos, el espacio que gobernó la Nación entre 2015 y 2019, cuando los empresarios de Iguazú ya planteaban prácticamente los mismos problemas. En 2018, Mauricio Macri escuchó personalmente esos reclamos, prometió un plan de modernización para la ciudad y su propio gobierno reconoció la necesidad de mejorar los controles fronterizos. Ocho años después, la discusión vuelve a empezar casi desde el mismo lugar.

Del 5% al 3,5% para los profesionales

La primera medida tiene impacto directo sobre los trabajadores independientes. A partir de octubre, la alícuota de Ingresos Brutos para las actividades profesionales alcanzadas pasará del 5% al 3,5%. La comunicación oficial incluye específicamente entre los beneficiarios del sector turístico a los guías y agentes profesionales que operan como personas humanas.

La diferencia equivale a una reducción de 1,5 puntos porcentuales de la alícuota o, vista sobre la carga anterior, una baja del 30%.

La decisión profundiza una política que Misiones viene aplicando sobre el trabajo profesional. En 2025, ATM había instrumentado una bonificación especial del 30% de Ingresos Brutos para profesionales matriculados, universo en el que ya estaban incluidos los guías turísticos. Ese esquema fue posteriormente prorrogado durante 2026.

Ahora, el paso de una alícuota del 5% al 3,5% consolida ese alivio en la carga efectiva para las actividades alcanzadas.

El segundo cambio apunta directamente al flujo financiero de las agencias de viajes minoristas. Durante tres meses quedarán exceptuadas de las retenciones bancarias, sobre una cuenta informada por cada empresa.

El efecto es diferente al de una reducción de impuestos, pero particularmente relevante para el funcionamiento cotidiano. Al evitar que una parte de los fondos sea retenida automáticamente cuando ingresa a la cuenta, las agencias podrán disponer de mayor liquidez para afrontar pagos, proveedores y otros costos operativos.

La medida oficial apunta precisamente a liberar recursos y mejorar la previsibilidad financiera de las empresas turísticas.

Una nueva pieza del esquema de alivio fiscal

Las decisiones sobre turismo no aparecen aisladas. Se incorporan a una secuencia de modificaciones tributarias que Misiones fue acelerando durante 2026 ante un escenario de menor actividad y presión sobre los márgenes empresarios.

Entre ellas estuvo la eliminación del pago a cuenta de Ingresos Brutos en los controles de ingreso a Misiones, un régimen que funcionaba desde 2007 y que obligaba a anticipar el impuesto sobre mercaderías que entraban a la provincia. También se prorrogó hasta diciembre el esquema de alivio para profesionales y se avanzó sobre mecanismos de retención y percepción.

ATM, además, elevó este año a $1.800 millones anuales el umbral de facturación para quedar obligado a actuar como agente de retención y percepción, reduciendo el universo de empresas comprendidas por ese régimen.

El hilo conductor es financiero: reducir anticipos, retenciones y saldos inmovilizados para dejar una porción mayor del capital dentro de las empresas y actividades profesionales.

En el turismo, ese movimiento adquiere una relevancia particular por la estructura del sector. No termina en hoteles o grandes operadores. Alrededor del visitante funcionan agencias, guías, gastronomía, transporte, comercio y una extensa red de servicios que captura parte del gasto turístico.

Por eso, la baja tributaria anunciada tiene una doble lectura. Representa un alivio puntual para quienes quedan alcanzados, pero también busca sostener la competitividad de una actividad que Misiones considera estratégica. La provincia resigna una parte de la presión fiscal inmediata con la expectativa de dejar más recursos circulando dentro de la propia economía.

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Presupuesto 2027: cambios de reglas, discrecionalidad y el impacto en derechos fundamentales

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El Presupuesto 2027 propone gastar algo más en términos reales que este año, pero esa recuperación convive con una transformación más profunda del Estado nacional: menos recursos que antes del ajuste iniciado en 2024, menor presencia directa en la obra pública y cambios normativos que alcanzan algunas de las principales políticas sociales.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) puso la lupa sobre esos movimientos en su primer análisis del proyecto enviado al Congreso. El punto de partida ayuda a dimensionar la discusión: tomando las propias proyecciones macroeconómicas del Gobierno -29% de inflación para 2026 y 18% para 2027-, el gasto total aumentaría 3,9% real el próximo año. Sin embargo, todavía quedaría 26,5% por debajo de 2023.

La foto, además, cambia considerablemente según dónde se mire.

Los servicios sociales tendrían una mejora real de 6,1% respecto de 2026, aunque continuarían 16% por debajo de 2023. Dentro de ese universo, Salud aparece con una suba del 16% interanual; Seguridad Social, del 5%; y Educación y Cultura, del orden del 6%. En el otro extremo, Vivienda y Urbanismo conserva una caída del 99% frente a 2023 y Agua Potable y Alcantarillado, del 93%. Los servicios económicos, atravesados entre otros factores por la reducción de subsidios e infraestructura, quedarían 68% debajo de aquel año.

Es decir, 2027 aparece en el proyecto como un año de recuperación parcial, pero no de regreso a los niveles previos al ajuste.

La AUH, sin actualización automática

Uno de los cambios más sensibles no pasa estrictamente por cuánto dinero se asigna, sino por cómo se actualizarían en adelante algunas de las principales transferencias sociales.

El artículo 17 propone derogar la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares establecida por la Ley 27.160. El proyecto no incorpora, en reemplazo, otra fórmula automática, parámetros de actualización ni una periodicidad mínima. De aprobarse en esos términos, los futuros incrementos volverían a quedar sujetos a decisiones del Poder Ejecutivo.

La diferencia entre ambos mecanismos no es menor. ACIJ calculó que las transferencias que cuentan con actualización automática -AUH, Asignaciones Familiares y Plan 1000 Días- recuperaron 31,9% desde 2023, mientras las prestaciones no indexadas sufrieron una pérdida real del 50,5%.

La Prestación Alimentar ofrece un ejemplo concreto. Permaneció 23 meses sin aumentos y recién volvió a actualizarse en mayo de este año. En abril, antes de ese incremento, cubría apenas 19,5% de una Canasta Básica Alimentaria para adulto equivalente, contra 63,5% de cobertura de la AUH.

Para ACIJ, ese antecedente muestra el riesgo que supone abandonar una regla automática: no implica necesariamente que la AUH vaya a dejar de aumentar, pero sí que desaparece el mecanismo que obliga a preservar periódicamente su valor frente a la inflación.

Discapacidad: cambios en prestaciones

Otro de los capítulos que concentra las observaciones de la organización es el de discapacidad.

Los artículos 39 y 41 modifican el funcionamiento del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. En lugar de un arancel homogéneo, cada organismo obligado podría determinar los valores en su relación con los prestadores.

ACIJ advierte que ese esquema puede abrir diferencias de acceso: una cobertura que pague aranceles menores podría disponer de una oferta más reducida de prestadores o servicios. La organización considera que la modificación entra en conflicto con el principio de no regresividad y con derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

También cambia el esquema de pensiones. El proyecto elimina la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, creada por la Ley de Emergencia en Discapacidad y compatible con el trabajo, mientras mantiene la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, cuyos requisitos de acceso son más restrictivos.

En términos presupuestarios hay dos movimientos diferentes. La pensión por invalidez laboral recuperaría 8,5% real frente a 2026, aunque permanecería 26,5% debajo de 2023. En cambio, Incluir Salud, que brinda cobertura sanitaria a beneficiarios de estas prestaciones, sufriría una reducción de 13,9% respecto de este año y de 19% frente a 2023.

Universidades, más ajuste

La tensión también atraviesa al sistema universitario. El proyecto destina $7,5 billones al programa Desarrollo de la Educación Superior. El Consejo Interuniversitario Nacional había calculado en $11 billones los recursos necesarios para cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La brecha entre ambas cifras es del 32%.

Medidos en términos reales, los fondos previstos para las universidades quedarían 24,9% por debajo de 2023.

El deterioro también aparece en los salarios. Según los datos incorporados por ACIJ, el poder adquisitivo de los docentes universitarios cayó 25% entre 2023 y 2026 y 47% respecto de 2015, sin que el proyecto contemple una recomposición específica para 2027.

Obra pública: de 2.339 proyectos, Nación conserva 199

La infraestructura muestra con particular nitidez el cambio de modelo. De una cartera nacional de 2.339 obras, 1.683 fueron dadas de baja o ingresaron en procesos de rescisión; otras 457 fueron transferidas o se encuentran en proceso de traspaso hacia provincias y municipios. Apenas 199 continúan bajo gestión directa de la Nación.

El achicamiento de la cartera vino acompañado por una caída extraordinaria de la inversión.

A precios constantes de 2027, el gasto de capital vinculado con infraestructura pasó de alrededor de $18,4 billones en 2023 a $5,1 billones en 2024. Bajó luego a $3,9 billones en 2025 y $3,7 billones este año. Para 2027 se proyectan $3,8 billones.

Hay una pequeña mejora en el margen, pero la comparación larga resulta mucho más contundente: el gasto seguiría cerca de 80% por debajo de 2023, con especial impacto en vivienda, agua, saneamiento y transporte.

El proyecto busca cubrir parte de ese espacio con capital privado. El artículo 67 crea para nuevos concesionarios de rutas nacionales un esquema de beneficios que contempla amortización acelerada de inversiones, reintegro o crédito fiscal de IVA y la posibilidad de computar el 100% del impuesto a los débitos y créditos contra otros tributos. Para acceder al régimen, además, las provincias involucradas deberán conceder exenciones en Ingresos Brutos y Sellos.

El giro es relevante: parte del apoyo público a la infraestructura deja de materializarse mediante inversión presupuestaria directa y pasa a hacerlo mediante beneficios tributarios orientados a atraer inversión privada.

Género: programas que desaparecieron del detalle presupuestario

El informe también pone el foco sobre las políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género.

El Programa Acompañar redujo 90% sus recursos en 2024 frente al año anterior y desde 2025 dejó de aparecer como una partida presupuestaria identificable. La Línea 144 siguió un recorrido similar: perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y posteriormente desapareció como partida específica.

El proyecto para 2027 no modifica esa situación. Por tercer año consecutivo, ni Acompañar ni la Línea 144 aparecen con partidas propias, lo que, según ACIJ, dificulta conocer cuánto dinero se destina y ejecuta efectivamente en esas políticas.

La contracción alcanza también a la Educación Sexual Integral. El programa específico disponía del equivalente a $2.052 millones en 2023, medidos a precios de 2027. Para el próximo año aparecen apenas $30 millones: 98,5% menos en términos reales.

El primer relevamiento de ACIJ deja así una fotografía con dos movimientos simultáneos. El Presupuesto 2027 interrumpe parcialmente la caída global del gasto, pero no desarma el ajuste acumulado desde 2023. Y, al mismo tiempo, incorpora modificaciones que van más allá de las planillas: cambia reglas de actualización de transferencias sociales, redefine mecanismos de cobertura en discapacidad y profundiza un esquema de infraestructura con menor intervención directa de la Nación.

El debate que comienza en el Congreso, por eso, no estará concentrado únicamente en cuánto gastará el Estado durante 2027. También pondrá en discusión qué obligaciones conservará, cuáles dejarán de tener actualización automática y qué funciones pasarán a depender en mayor medida de decisiones administrativas, provincias o inversión privada.

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Posadas mejoró la tasa de empleo, pero también creció la desocupación por mayor demanda

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Al segundo trimestre del 2026, el aglomerado de Posadas exhibió incrementos de su tasa de  empleo, tanto en la comparación trimestral como interanual. Sin embargo, mostró al mismo tiempo una suba de la tasa de desocupación, explicada por mayor demanda de trabajo por una expansión de la población económicamente activa.  

• La Tasa de Actividad se ubicó en 47,3%, la mayor desde mediados de 2024. Presentó un incremento de 1,2 puntos porcentuales (p.p.) en la comparación  interanual, incorporando a siete mil personas a la población económicamente activa contra igual período del 2025. Respecto al trimestre anterior (1° de 2026), la tasa de actividad también mostró una suba: fue de +0,8 p.p., con cuatro mil nuevos activos. 

En el plano regional, Posadas presentó la mayor tasa del NEA, al tiempo que se ubicó 17° entre 32 aglomerados urbanos en el ranking nacional. 

• La Tasa de Empleo fue del 44,5% en Posadas. Dicha cifra representa un incremento de 0,4 puntos contra el igual trimestre del 2025, variación que produjo que la población ocupada crezca en cuatro mil personas en el último año. Además, en la comparación trimestral esta tasa se incrementó en 0,2 puntos porcentuales, con mil nuevos ocupados en los últimos tres meses. El aglomerado misionero también lidera en el NEA en esta tasa, y en el ranking nacional se ubica 14°. 

• La Tasa de Desocupación fue del 5,9%, la mayor desde el primer trimestre de 2025. Esta tasa presentó una importante suba en la comparación interanual con +1,6 puntos porcentuales, lo que representa el aumento de la población desocupada en dos mil personas respecto a igual período del 2025. Además, contra el trimestre anterior, la tasa se incrementó en 1,2 p.p., sumando dos mil personas a la  población desocupada. En el NEA, Posadas exhibió la segunda tasa de desocupación más baja de la región y se ubica 21° en el país.

Mayor empleo y mayor desocupación al mismo tiempo

Los datos del segundo trimestre muestran una dinámica particular del mercado de trabajo de Posadas: crecieron simultáneamente la actividad, el empleo y la desocupación. Esto no implica una contradicción, sino que refleja una mayor presión sobre el mercado laboral. En el último año, la población económicamente activa creció y se expandió en siete mil personas, mientras que la cantidad de ocupados aumentó en cuatro mil. Es decir, el  mercado incorporó nuevos trabajadores, pero no logró absorber a todas las personas que se sumaron a la búsqueda de empleo. Como resultado, la mayor participación laboral permitió que creciera el empleo, pero también elevó la cantidad de personas desocupadas. 

La tasa de actividad avanzó 1,2 p.p. interanual, mientras que la tasa de empleo lo hizo en 0,4 p.p. y la desocupación aumentó 1,6 p.p. La misma dinámica se observa en la comparación trimestral: hubo más activos y más ocupados, pero el incremento de la fuerza laboral fue superior al crecimiento del empleo, llevando la desocupación al 5,9%. 

En este sentido, el principal dato del trimestre es la importante expansión de la población activa que si bien logró ser absorbida parcialmente por empleo, no lo hizo de manera completa, incrementado así la tasa de desocupación. Posadas presenta así un escenario de mayor participación de la población en el mercado de trabajo, acompañado por una generación de empleo positiva, aunque insuficiente para absorber plenamente ese aumento de la actividad. 

En línea con la tendencia histórica, Posadas volvió a mostrar las mayores tasas de actividad y empleo en la región del NEA. En relación con la tasa de actividad, el 47,3% de Posadas se posiciona no solo por encima de la media regional (45,4%) sino también del resto de los aglomerados: Corrientes marcó 44,9%; Formosa 44,4% y Gran Resistencia 44,7%. 

A nivel nacional, Posadas se ubicó 17° entre 32 aglomerados medidos, por debajo del nivel  nacional (48,9%). 

Respecto a la tasa de empleo, el 44,5% de Posadas también se ubica al frente en la región, con una fuerte distancia sobre el resto: la secunda Formosa con 42,3% seguida de Gran Resistencia (41,3%) y Corrientes (40,8%) y también muy por encima de la media regional  (42,2%). A nivel nacional, se ubicó 14°, también por debajo de la media nacional (45,0%). 

Por su parte, la tasa de desocupación de Posadas fue la segunda más baja del NEA, solo por encima de Formosa (4,8%) y por debajo del Gran Resistencia (7,5%) y Corrientes (9,1%), quedando también detrás de la media regional NEA (7,0%). En el plano nacional, Posadas tiene la 12° tasa de desocupación más baja del país.

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El desempleo trepó al 7,9%, el nivel más alto en cinco años, y la informalidad alcanzó al 45%

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El mercado laboral argentino volvió a mostrar señales de deterioro en el segundo trimestre de 2026. La desocupación subió al 7,9%, el registro más alto desde 2021, mientras que la informalidad laboral escaló al 45%, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La combinación expone un problema que excede la cantidad de puestos de trabajo: no sólo aumentó la población que busca empleo y no lo consigue, sino que también creció el peso de quienes trabajan fuera de los circuitos formales.

La desocupación alcanzó así su mayor nivel en cinco años, desde el período en que la economía todavía atravesaba la salida de la pandemia. En todo el país, unas 1,8 millones de personas estaban desocupadas y alrededor de 10,2 millones trabajaban en la informalidad. En este último caso, la tasa aumentó un punto porcentual frente al mismo trimestre del año anterior, una variación que el propio INDEC considera estadísticamente significativa.

El dato adquiere mayor dimensión porque el deterioro no aparece tanto en las grandes tasas agregadas como en la calidad del trabajo disponible. La actividad y el empleo no exhibieron movimientos bruscos respecto del trimestre anterior, pero debajo de esa relativa estabilidad avanzó la precariedad laboral: casi uno de cada dos trabajadores quedó fuera de un empleo formal. Es una señal de las dificultades que mantiene la economía para transformar actividad en puestos registrados y de mayor calidad.

En ese contexto, el mercado laboral de Posadas ofrece dos caras. La tasa de desocupación se mantiene por debajo del promedio regional y nacional, pero una parte importante de quienes consiguieron insertarse laboralmente necesita más trabajo.

Los nuevos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), difundidos este jueves por el INDEC, ubican la desocupación en Posadas en 5,9% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 7% del NEA y el 7,9% registrado en los 31 aglomerados urbanos relevados en el país.

Es una diferencia relevante. Pero no alcanza para describir por sí sola lo que está sucediendo.

Posadas registró una tasa de actividad de 47,3% y una tasa de empleo de 44,5%. En ambos casos quedó por encima del promedio del Nordeste, donde la actividad alcanzó 45,4% y el empleo 42,2%. A nivel nacional, en cambio, esos indicadores fueron ligeramente superiores: 48,9% y 45%, respectivamente.

Posadas tiene una mayor proporción de su población incorporada al mercado laboral que el promedio del NEA y, al mismo tiempo, una menor tasa de desempleo.

Sin embargo, la comparación temporal muestra un deterioro más marcado. La desocupación pasó del 4,7% en el primer trimestre al 5,9% en el segundo trimestre de 2026, una suba de 1,2 puntos porcentuales en apenas tres meses. Frente al mismo período de 2025, cuando había sido del 4,3%, el aumento fue todavía mayor: 1,6 puntos. En el promedio de los 31 aglomerados urbanos del país, en cambio, el desempleo pasó de 7,8% en el primer trimestre a 7,9% en el segundo; y frente al segundo trimestre de 2025, cuando se ubicaba en 7,6%, aumentó 0,3 puntos porcentuales. 

Así, aunque Posadas continúa con una tasa considerablemente menor que la media nacional, la evolución reciente muestra un empeoramiento más pronunciado. 

El matiz aparece cuando se mira la calidad y la intensidad de esa inserción.

Más búsqueda de horas

La subocupación alcanzó en Posadas el 10,8%, muy cerca del 11,5% nacional y bastante por encima del 5,9% promedio del NEA.

Más significativo todavía es lo que ocurre dentro de ese universo. La subocupación demandante llegó al 9,7%: son personas que trabajan menos de 35 horas semanales, están dispuestas a trabajar más y además buscan activamente otra ocupación o ampliar su jornada.

Ese indicador prácticamente duplica al promedio regional, de 4,3%, y supera también el 8% registrado para los 31 aglomerados urbanos del país.

Es probablemente el dato que mejor permite leer el mercado laboral posadeño más allá de la tasa de desempleo: hay relativamente menos personas completamente fuera del empleo, pero una franja importante de quienes trabajan considera insuficiente la cantidad de horas laborales que consigue.

También el 11,1% de los ocupados de Posadas aparece como demandante de empleo, es decir, tiene una ocupación pero busca activamente otra. En este indicador la capital misionera supera al promedio del NEA, de apenas 7,9%, aunque permanece claramente por debajo del 16,9% nacional.

Sobre una población de referencia de 397 mil habitantes en Posadas, unas 188 mil personas integraban la población económicamente activa durante el segundo trimestre. De ellas, alrededor de 177 mil estaban ocupadas y 11 mil desocupadas.

Pero el universo de trabajadores que buscaba mejorar su inserción era mayor: aproximadamente 21 mil ocupados estaban buscando otro empleo y 20 mil personas se encontraban subocupadas.

La fotografía regional también muestra diferencias importantes.

Corrientes presentó la mayor desocupación del NEA, con 9,1%. Le siguieron Gran Resistencia, con 7,5%; Posadas, con 5,9%; y Formosa, con 4,8%.

Sin embargo, las tasas locales deben leerse con cautela. El propio INDEC advierte sobre las estimaciones con coeficientes de variación elevados. En el caso específico de la desocupación de Posadas, el coeficiente de variación es de 20% y el intervalo de confianza del 90% va de 4% a 7,9%.

El NEA, con menor participación laboral

Hay otra particularidad estructural detrás de los números.

El Nordeste registró una tasa de actividad de apenas 45,4%, contra 48,9% del promedio nacional. También la tasa de empleo regional, de 42,2%, quedó casi tres puntos por debajo del 45% del conjunto de los 31 aglomerados.

En todo el país, el segundo trimestre cerró con una tasa de actividad de 48,9%, empleo de 45% y desempleo de 7,9%. El INDEC estimó 14,7 millones de personas económicamente activas dentro de los aglomerados relevados, 13,6 millones ocupadas y alrededor de 1,2 millones desocupadas.

En comparación con un año atrás, el desempleo prácticamente no cambió: pasó de 7,6% a 7,9%. La tasa de actividad, en cambio, aumentó de 48,1% a 48,9%, mientras que el empleo avanzó de 44,5% a 45%. La informalidad también ganó terreno: el empleo informal pasó de representar una tasa de 19,2% sobre la población total a 20,2%.

La informalidad laboral aumentó un punto porcentual interanual, una variación estadísticamente significativa.

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La economía sigue sin fuerza: cayó 0,6% en el trimestre y la inversión se hundió 11,1%

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La economía argentina sufre una pérdida de velocidad de la actividad, acompañada por caídas del consumo y la inversión y una dependencia creciente del impulso exportador.

La estimación preliminar difundida este jueves por el INDEC muestra que el Producto Interno Bruto aumentó 2% interanual entre abril y junio. Sin embargo, al eliminar los factores estacionales y comparar contra los primeros tres meses de 2026, el PIB cayó 0,6%.

En el acumulado del primer semestre, la economía quedó 2,2% por encima del mismo período del año pasado.

Las dos comparaciones no son contradictorias. Muestran momentos distintos. La variación interanual todavía recoge el crecimiento acumulado respecto de una base menor de 2025; la medición desestacionalizada revela qué ocurrió entre un trimestre y el siguiente. Y allí aparece el freno.

El componente más dinámico de la demanda fueron las exportaciones.

Las ventas externas de bienes y servicios aumentaron 13,7% interanual y otro 2,5% respecto del trimestre anterior. Fue el único gran componente de la demanda que mostró crecimiento en la comparación desestacionalizada.

En sentido contrario, las importaciones disminuyeron 8,6% interanual y 3,5% trimestral.

La composición importa porque muestra que el crecimiento interanual del PIB no estuvo acompañado por una expansión equivalente de los principales motores de la demanda interna.

El consumo privado, que representa la mayor parte de la economía, apenas avanzó 0,4% interanual. Y frente al primer trimestre cayó 2,4%.

El consumo público retrocedió todavía más: 4,1% contra el segundo trimestre de 2025 y 2,3% frente al trimestre inmediatamente anterior.

La distancia con 2025 es marcada. En el segundo trimestre del año pasado, el consumo privado había crecido 11,7% interanual. En el primero de 2026 todavía avanzaba 3,1%. Entre abril y junio, ese crecimiento quedó reducido a 0,4%.

La inversión, la señal más fuerte

El dato más contractivo aparece en la inversión. La formación bruta de capital fijo cayó 11,1% interanual durante el segundo trimestre y acumuló además una baja desestacionalizada de 0,8% contra los primeros tres meses del año.

No se trata de un movimiento concentrado en un único rubro. La inversión en construcciones retrocedió 0,1%; las denominadas otras construcciones, 8,2%; maquinaria y equipo, 15,2%; y equipo de transporte, 22,1%.

Dentro de maquinaria y equipo, la inversión en bienes nacionales cayó 15,5% y la correspondiente a bienes importados, 15%. En equipos de transporte la retracción fue todavía mayor: 20,4% en los nacionales y 24,9% en los importados.

La comparación con un año atrás permite dimensionar el cambio de ciclo. En el segundo trimestre de 2025 la inversión había crecido 32,4%. Un año después cae 11,1%.

También cambió su peso dentro de la economía: la formación bruta de capital fijo representaba 18,9% del PIB en el segundo trimestre de 2025 y bajó a 16,5% en igual período de 2026.

La industria vuelve a caer

La heterogeneidad también aparece cuando el PIB se abre por sectores.

Tres actividades tuvieron un crecimiento particularmente elevado: pesca avanzó 44,7%; explotación de minas y canteras, 16,4%; y agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 6,9%. Electricidad, gas y agua creció 5% y la intermediación financiera, 4,8%.

En cambio, la industria manufacturera cayó 2,1% interanual. La construcción apenas creció 0,2% y el comercio mayorista, minorista y reparaciones quedó prácticamente sin variación respecto del segundo trimestre de 2025.

Hoteles y restaurantes avanzaron 1,6%; transporte, almacenamiento y comunicaciones otro 1,6%; actividades inmobiliarias y empresariales 0,7%; enseñanza 0,1% y servicios sociales y de salud 0,5%.

La administración pública cayó 1,4% y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales retrocedieron 0,9%.

La composición vuelve a ofrecer una señal importante. Los sectores vinculados a recursos naturales y exportaciones muestran los incrementos más fuertes, mientras actividades muy ligadas al mercado interno -industria, comercio y construcción- oscilan entre la caída y el estancamiento.

La secuencia trimestral permite ver con claridad el cambio de velocidad.

El PIB había crecido 6,5% interanual en el segundo trimestre de 2025. La expansión se redujo a 3,2% en el tercero, 2,2% en el cuarto, repuntó a 2,4% durante el primer trimestre de 2026 y quedó en 2% entre abril y junio.

Pero el dato más inmediato es el -0,6% trimestral desestacionalizado. Después de crecer 0,7% en los primeros tres meses del año, la actividad retrocedió en el segundo trimestre.

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