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Escaló la tensión en la Legislatura: Szychowski denunció privilegios y Rovira lo cruzó en la sesión

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La interna política que partió al oficialismo misionero dejó de expresarse solamente en movimientos de bloques, renuncias partidarias y diferencias discursivas. Este jueves escaló dentro de la propia Legislatura, donde una intervención del diputado Juan José Szychowski sobre la seguridad y la libertad de circulación terminó en un cruce directo con Carlos Rovira y, más tarde, en una escena de gritos e insultos fuera del hemiciclo.

El presidente del bloque Movimiento por lo que Viene pidió la palabra para acompañar un planteo destinado a garantizar que los diputados puedan expresarse “con total libertad y respeto”. Pero enseguida fue más lejos. Szychowski denunció que dentro de la Cámara existen sectores restringidos para 39 de los 40 legisladores y sugirió que esos espacios están reservados para un único diputado.

Aunque inicialmente evitó nombrarlo, la referencia política resultó transparente. Rovira estaba sentado en su banca y escuchó una exposición que puso bajo discusión uno de los aspectos más sensibles del funcionamiento interno de la Legislatura: los accesos, la seguridad y los presuntos privilegios que rodean al expresidente de la Cámara.

“Tenemos que trabajar tranquilos, con seguridad y también tener libertad de circulación. En esta Cámara no existe libertad de circulación”, disparó Szychowski.

Según relató el legislador, la semana pasada un integrante de Movimiento por lo que Viene intentó pasar hacia el patio trasero de la Legislatura, pero el chofer de otro diputado le impidió avanzar. Cuando insistió, personal de seguridad le habría informado que tenía prohibido ingresar.

“Está cerrado para todos nosotros; bueno, para todos no: para 39 diputados”, remarcó Szychowski, poniendo números a la denuncia y dejando expuesto que, según su planteo, solamente uno de los 40 representantes tendría acceso irrestricto a ese sector.

El diputado sostuvo que los legisladores tampoco pueden utilizar el pasillo posterior ni acceder al patio trasero. Cuestionó que la restricción no tenga una explicación institucional conocida y advirtió que podría representar un riesgo ante una emergencia.

“No sé por qué existe esa prohibición. Está prohibido acceder al patio trasero, no sé por qué tampoco”, señaló. Luego recordó que la Cámara cuenta con certificaciones ISO e IRAM y alertó que, ante un siniestro, “estarían la mitad de las salidas cerradas”.

Szychowski agregó un elemento todavía más inquietante. Afirmó que tanto este jueves como durante la sesión anterior fueron observados vehículos con personas vestidas de civil bloqueando las dos puertas enrejadas de la parte posterior.

“No sabemos si están armadas o no”, lanzó.

También aseguró que legisladores de su bloque y al menos un integrante de la oposición habían detectado la presencia de civiles dentro del recinto con una actitud que calificaron como “sospechosa”.

La acusación elevó inmediatamente la temperatura. “Esto está muy mal, es muy grave. Nosotros somos los representantes del pueblo y tenemos que trabajar con toda libertad en este recinto y poder circular”, reclamó Szychowski.

El jefe de Movimiento por lo que Viene contrastó esas restricciones con el ingreso habitual de la mayoría de los diputados. Explicó que 39 legisladores acceden por la puerta principal, atraviesan los controles y escáneres de seguridad y luego se desplazan caminando dentro del edificio.

“No es justo que haya un sector exclusivo para un solo diputado”, sentenció.

La frase terminó de romper cualquier ambigüedad. Aunque Szychowski no pronunció el nombre de Rovira, el cuestionamiento apuntó al sistema de seguridad y circulación construido alrededor del exconductor de la Legislatura y líder de Encuentro Misionero.

El diputado cerró su intervención reclamando a la Presidencia de la Cámara que adopte “todas las medidas necesarias” para que, desde ese momento, los 40 legisladores puedan circular libremente por todos los espacios.

La respuesta no llegó mediante una cuestión de privilegio ni a través de un discurso formal. Rovira se dio vuelta desde su banca, miró hacia el sector de Szychowski y lo increpó con una frase breve: “Da nombres”.

Fueron apenas dos palabras, pero condensaron el nivel de tensión acumulado entre quien condujo durante décadas la estructura política oficialista y el presidente del bloque que hoy reúne a la mayoría de los diputados alineados con el gobernador Hugo Passalacqua.

El desafío de Rovira confirmó que el planteo había tocado un nervio sensible: la existencia de sectores, accesos y condiciones especiales dentro de una Cámara integrada formalmente por 40 representantes con los mismos derechos.

El intercambio se produjo después de semanas de creciente confrontación. Szychowski ya había cuestionado públicamente las ausencias de Rovira y reclamado que los diputados concurrieran al recinto a “dar la cara”. Esta vez, con Rovira presente, el choque fue frontal.

Los gritos siguieron fuera del hemiciclo

La tensión no terminó al levantarse la sesión. Fuera del hemiciclo, Nicolás Llera -uno de los más enfáticos acólitos de Rovira- increpó al diputado Rudi Bundziak y lanzó insultos contra integrantes de Movimiento por lo que Viene. Fuera del recinto, Llera, quien es hijo de un ex diputado y hermano del actual presidente de Marandú, se refirió a la condición sexual del diputado

La escena trasladó a los pasillos lo que hasta entonces había conservado, con dificultad, las formas parlamentarias. Los agravios exhibieron hasta qué punto la fractura política ya atraviesa las relaciones personales y el funcionamiento cotidiano de la Cámara.

La sesión dejó una imagen difícil de disimular. La discusión pendiente ya no es solamente política. La Presidencia de la Cámara deberá aclarar quién ordenó restringir los accesos, qué sectores están vedados, por qué razón, quiénes eran los civiles mencionados y si las puertas traseras cumplen efectivamente con las normas de seguridad y evacuación.

Porque detrás de la interna aparece una cuestión institucional elemental: la Legislatura no puede tener zonas reservadas por poder político ni representantes de primera y de segunda categoría.

La denuncia de Szychowski abrió una pregunta más amplia y difícil de cerrar: ¿quién controla hoy la Cámara de Representantes y bajo qué reglas?

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Misiones desactiva la prohibición del glifosato y condiciona el reemplazo a alternativas viables

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La prohibición del glifosato en Misiones está a punto de dejar de ser una obligación establecida por ley para convertirse en un objetivo condicionado al desarrollo tecnológico, autorizaciones nacionales y las exigencias de los mercados internacionales. Ese es el cambio sustancial que propone el proyecto presentado este jueves en la Cámara de Representantes, con las firmas de 18 diputados del bloque Movimiento por lo que Viene.

La iniciativa tiene apenas tres artículos, pero modifica el corazón de la política agroecológica aprobada por la Legislatura en junio de 2023. El texto deroga el artículo 7 de la impulsada por Carlos Rovira, que prohibió el uso de glifosato, sus componentes y productos afines en todo el territorio provincial, y lo reemplaza por una fórmula abierta, progresiva y sin una fecha determinada para su cumplimiento.

La nueva redacción establece que la utilización de bioinsumos será exigible en Misiones “en la medida” en que los organismos nacionales competentes o las autoridades de los países compradores de productos misioneros hayan autorizado fitosanitarios más amigables con el ambiente. Al mismo tiempo, faculta al Poder Ejecutivo provincial a fijar los plazos, las condiciones y los requisitos del proceso de transición.

El cambio jurídico es profundo: la ley dejará de contener una prohibición expresa del glifosato. Tampoco establecerá un plazo concreto para eliminarlo. La sustitución quedará supeditada a la existencia de alternativas autorizadas y validadas por el mercado.

La norma sancionada en 2023 había fijado un período de dos años para completar la transición hacia métodos productivos más amigables con el ambiente. Cumplido ese plazo, la prohibición debía entrar plenamente en vigor.

Sin embargo, antes de que esa obligación se volviera efectiva, el gobernador Hugo Passalacqua prorrogó por cinco años la posibilidad de utilizar glifosato. Posteriormente, el Decreto 1675/25 eliminó en los hechos aquella fecha límite al extender la excepción hasta que existieran productos alternativos autorizados por los organismos nacionales y los países de destino de las exportaciones.

El proyecto presentado ahora lleva ese criterio al nivel legislativo. Ya no se trata solamente de postergar por decreto la aplicación de una prohibición vigente, sino de retirar esa prohibición del cuerpo permanente de la ley.

La diferencia no es menor. Una prórroga conserva la obligación y posterga su cumplimiento. La reforma propuesta elimina la obligación categórica y la sustituye por un mandato futuro, sujeto a condiciones técnicas, regulatorias y comerciales que todavía no están plenamente satisfechas.

El artículo proyectado tampoco menciona directamente al glifosato. Habla de la exigibilidad de los bioinsumos y de la autorización de “fitosanitarios amigables con el ambiente”. Esa redacción permitirá mantener el uso del herbicida mientras no haya sustitutos adecuados para cada actividad, autorizados por el Senasa u otros organismos nacionales y aceptados por los mercados compradores.

Además, la expresión “nacional y/o” países de destino introduce un esquema potencialmente variable: la transición podrá depender no solamente del cultivo y del producto alternativo disponible, sino también del mercado al que se dirija cada producción.

El objetivo permanece, el plazo desaparece

La posición oficial intenta diferenciar la modificación normativa de una reivindicación del glifosato. El argumento central es que Misiones mantiene como horizonte estratégico una chacra orgánica y sustentable, pero reconoce que ese proceso no puede quedar atado a fechas que desconozcan las condiciones reales de la producción.

“El horizonte estratégico se mantiene firme: la chacra misionera avanza de manera decidida hacia un modelo orgánico y sustentable, donde la eliminación progresiva del glifosato es una prioridad innegociable”, sostiene el Gobierno. La revisión se justifica, sin embargo, en la falta actual de alternativas biológicas que reúnan simultáneamente cuatro condiciones decisivas: que estén probadas, certificadas, sean económicamente accesibles y cuenten con homologación en los mercados nacionales e internacionales.

El Gobierno advierte que imponer una prohibición sin sustitutos viables no garantiza una producción más limpia, sino que puede llevar a los productores a utilizar el producto de manera informal, sin registro ni asistencia técnica. También plantea una consecuencia todavía más severa: bajo el texto vigente, los colonos podrían quedar formalmente impedidos de comercializar o exportar su producción aun cuando los mercados compradores admitan el uso regulado del glifosato y no reconozcan las alternativas desarrolladas localmente.

Desde esa perspectiva, la modificación “no defiende al glifosato, sino al productor”. La prioridad inmediata pasa a ser evitar que la chacra misionera cargue con una restricción que no existe en otras provincias competidoras y que podría incrementar costos, reducir rendimientos o cerrar mercados.

Una ley de vanguardia que chocó con la escala productiva

La Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos fue impulsada por Rovira -entre otros diputados- y aprobada en 2023 como uno de los pasos más ambiciosos del modelo ambiental misionero. La norma no se limitó al glifosato: creó un marco para investigar, desarrollar, producir, registrar, comercializar y utilizar productos biológicos naturales. Pero en la práctica, únicamente abrió las puertas a una empresa: Agro Sustentable, que le proveía bioinsumos al Gobierno para repartirlos en las chacras. En enero, Passalacqua cortó ese vínculo. 

La prohibición fue, sin embargo, su disposición más contundente y controvertida. Desde el comienzo, entidades agrarias, productores yerbateros, forestales, tabacaleros, tealeros, ganaderos y asesores técnicos advirtieron que no existía un herbicida biológico capaz de reemplazar al glifosato en todas sus funciones, con costos, disponibilidad y eficacia comparables.

La controversia se profundizó con la experiencia de Agro Sustentable, la compañía encabezada por Joaquín Basanta -socio de Augusto Marini, titular de Alegramed, otra empresa bajo la lupa- que se instaló en el Parque Industrial de Posadas y le vendió insumos a la Provincia para su distribución entre productores. La empresa quedó ligada política y comercialmente a la primera etapa de la transición promovida por la ley.

La Confederación Económica de Misiones consideró favorable la presentación del proyecto que propone derogar el artículo 7 de la Ley VIII–N.º 103. Para la entidad, la decisión resulta “lógica” y debe avanzar en la Legislatura, ya que, a tres años de la sanción de la norma, todavía no existe un reemplazo biológico que haya demostrado eficacia real bajo las condiciones productivas de Misiones.

El respaldo, sin embargo, no implica que la CEM abandone su postura original. La organización recordó que había solicitado formalmente la derogación completa de la Ley de Promoción de Bioinsumos en representación de productores, cooperativistas, empresarios pymes, asesores técnicos y dirigentes vinculados con las cadenas forestal, yerbatera, tabacalera, tealera, ganadera y citrícola, además de la agricultura familiar y el comercio. La confederación también pidió que la experiencia sea tomada como antecedente para futuras decisiones que afecten a la actividad agropecuaria, forestal y comercial. “Cuando hay miles de familias y comunidades en juego, las definiciones deben basarse en el diálogo multisectorial y las evidencias científicas; no en ideologías o intereses particulares”, sostuvo la entidad.

Biofábrica, entre los avances científicos y los tiempos del campo

El Gobierno sostiene que la revisión de la ley no implica congelar la agenda agroecológica. La estrategia se apoyará especialmente en Biofábrica Misiones y en acuerdos con universidades e institutos científicos para desarrollar insumos basados en microorganismos nativos.

Uno de los productos más avanzados es Mihoba, elaborado con cepas locales de Trichoderma asperellum. Biofábrica informó que el desarrollo obtuvo el registro del Senasa como biofertilizante y biofungicida y que se realizaron pruebas en diferentes cultivos. No obstante, su función no equivale necesariamente a la de un herbicida total: actúa principalmente como promotor del crecimiento y para el control de determinados hongos y enfermedades.

Los ensayos también revelan una diferencia práctica frente a los productos químicos. De acuerdo con la propia Biofábrica, los microorganismos necesitan varias aplicaciones para establecerse en el suelo, mientras que algunos fitosanitarios convencionales requieren una sola intervención. Esa diferencia influye sobre los costos, la logística y la adopción por parte de los productores. 

En paralelo, Biofábrica y el Instituto de Biotecnología de Misiones desarrollan un hormiguicida biológico a base del hongo nativo Beauveria bassiana. También se estudia su uso contra el ácaro rojo del té y se ensaya Mihoba para prevenir la fusariosis en ananá. Son líneas promisorias, aunque todavía se encuentran en distintas etapas de experimentación, formulación y validación a campo.

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La batalla por los kilos: Playadito conserva la punta, Las Marías acelera y Misiones mueve el tablero yerbatero

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El mercado yerbatero argentino disputa una batalla silenciosa, librada paquete por paquete y góndola por góndola. No hay estridencias, pero sí millones de kilos en juego, cambios de velocidad y una pulseada por el liderazgo que comienza a apretarse en la parte más alta del ranking.

La Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, propietaria de Playadito, conserva el primer lugar en salida de molino con 34.578.731 kilos. Sin embargo, la distancia con Las Marías se redujo a apenas 1.802.873 kilos.

La compañía asentada en Gobernador Virasoro, responsable de marcas como Taragüi, Unión y Mañanita, acumuló 32.775.858 kilos durante los primeros siete meses. El dato relevante no es solamente la diferencia: también importa la velocidad con la que cada jugador llegó a julio.

En el último mes relevado, Las Marías desplazó a Playadito del primer puesto mensual. Registró salidas por 5.303.129 kilos, contra 4.842.153 kilos de la cooperativa correntina. La ventaja mensual fue de casi 461 mil kilos.

Entre mayo y julio, la distancia entre los dos líderes se redujo de 2,33 millones a 1,80 millones de kilos. En términos relativos, Playadito aventajaba a Las Marías por algo más de 10% al cierre de mayo; dos meses después, esa diferencia bajó a apenas 5,5%. Playadito conserva la punta por el colchón acumulado durante los primeros cinco meses, pero Las Marías llega a la segunda mitad del año con mejor ritmo.

La estructura comercial de ambos competidores revela una fuerte dependencia de los dos formatos tradicionales. Playadito acumuló 17 millones de kilos en paquetes de un kilo con palo y otros 16,1 millones en paquetes de medio kilo. Entre ambas presentaciones explica prácticamente todo su volumen.

Las Marías también concentra su despliegue en esos formatos: contabilizó 11,21 millones de kilos en envases de un kilo con palo y 10,59 millones en paquetes de medio kilo. La diferencia es que la empresa distribuye su producción entre un portafolio más amplio de marcas, segmentos y canales.

Por eso, el duelo no es completamente simétrico. De un lado aparece Playadito como una marca insignia de enorme penetración nacional; del otro, una compañía que reúne distintas etiquetas bajo una misma razón social. Aun con esa salvedad, la comparación permite medir quién pone más kilos en circulación.

Julio dejó otra señal. Las Marías vendió aproximadamente un 16% más que su promedio mensual de enero a junio, mientras que Playadito quedó cerca de un 2% por debajo de su promedio anterior. Si esa diferencia de velocidad se mantuviera, la pelea por el primer puesto podría cerrarse antes de terminar el año.

No se trata todavía de un sorpasso, pero la bombilla ya está cerca.

Aunque el liderazgo acumulado queda en manos de dos establecimientos correntinos, Misiones exhibe una presencia industrial extensa y diversificada. En el ranking aparecen empresas, cooperativas y marcas asentadas a lo largo de toda la geografía productiva provincial.

El tercer escalón quedó en manos de Establecimiento Santa Ana, elaboradora de CBSé, con 13,69 millones de kilos acumulados entre enero y julio y otros 2,11 millones despachados solamente en julio. Su fortaleza está en el paquete de medio kilo, formato que explicó 10,84 millones de kilos en siete meses y 1,63 millones durante julio. Lejos todavía de la pulseada entre Playadito y Las Marías, CBSé encabeza con amplitud el segundo pelotón y sostiene su lugar con una receta propia: diversificación, yerbas compuestas y saborizadas para ampliar el consumo más allá del mate tradicional.

La Cachuera, elaboradora de Amanda, ocupa el cuarto puesto con 12,41 millones de kilos acumulados. En julio despachó 1,94 millones, un volumen aproximadamente 11% superior a su promedio de los seis meses anteriores.

También se destaca Cordeiro y Compañía, elaboradora de Verdeflor, que ocupa el quinto puesto con 8.914.338 kilos acumulados entre enero y julio. En el último mes despachó 1.377.912 kilos, sostenida especialmente por el paquete de medio kilo, que explicó 1,15 millones. Con una propuesta fuerte en yerbas tradicionales y compuestas, Verdeflor se instala inmediatamente detrás de Amanda y consolida su lugar en el núcleo de marcas que, sin participar todavía de la pulseada por la punta, disputan cada centímetro de la góndola nacional. 

Verdeflor, pasó del sexto al quinto puesto, al crecer desde 6,27 millones de kilos en mayo hasta 8,91 millones en julio. Con 1,26 millones despachados en junio y 1,38 millones en julio, desplazó a Hreñuk -Rosamonte- por una diferencia mínima, cercana a 45 mil kilos. Es una pelea casi paquete a paquete entre dos compañías que quedaron separadas por apenas medio punto porcentual sobre sus respectivos volúmenes. 

Hreñuk, propietaria de Rosamonte, se ubica sexta con 8.875.696 kilos. Su movimiento de julio fue todavía más dinámico: alcanzó 1,21 millones.

La Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo, vinculada con Aguantadora, aparece séptima con 5,64 millones de kilos acumulados y casi 900 mil kilos en julio. También mostró una aceleración respecto de su ritmo previo.

Más atrás se encuentran Yerbatera Misiones, de la familia Puerta, con 5,41 millones de kilos; la Cooperativa Yerbatera Andresito, con 4,92 millones; Piporé, con 3,76 millones; Gerula, con 2,93 millones; Establecimiento Imhof, con 2,76 millones, y Establecimiento Yerbatero Bonafé, con 2,31 millones.

La fortaleza misionera no está concentrada en una única etiqueta capaz de desafiar por ahora a Playadito o Las Marías, sino en la densidad de su entramado industrial. La provincia aporta una constelación de molinos, cooperativas y marcas que ocupa buena parte de la tabla y compite en distintos precios, formatos y regiones.

Allí aparece uno de los rasgos centrales del mercado: Corrientes concentra los dos mayores volúmenes empresariales, mientras Misiones multiplica los jugadores.

La batalla por los kilos se desarrolla en un escenario de consumo exigente, márgenes estrechos y fuerte competencia comercial en un mercado deprimido: la salida de molinos alcanzó en julio los 161.585.495 kilos, contra 161.892.164 kilos en enero-julio de 2025. Son 306.669 kilos menos, equivalentes a una disminución de 0,19%.

Ganar volumen requiere presencia nacional, logística, financiamiento, acuerdos con supermercados, promociones y capacidad para sostener precios en una economía donde las familias revisan cada compra.

En el negocio yerbatero, el liderazgo no se define por una cebada aislada. Se construye mate tras mate, paquete tras paquete y, como muestran estas cifras, kilo tras kilo.

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Certificación forestal: pymes de Misiones y Corrientes demuestran que el modelo puede abrir mercados

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La certificación forestal suele asociarse con grandes empresas, estructuras complejas y procesos difíciles de afrontar individualmente para productores y PyMEs. Sin embargo, una experiencia que ya funciona en Misiones y Corrientes comienza a mostrar otro camino: agruparse para compartir estructuras, implementar requisitos y acceder colectivamente a herramientas de certificación que permitan mejorar competitividad y abrir oportunidades comerciales.

Ese fue uno de los principales ejes del encuentro sobre Certificación Forestal PEFC y Modelos Grupales, realizado el lunes 24 de agosto, que reunió a representantes del sector público y privado de las dos principales provincias forestales del país. Durante la jornada se presentaron los requisitos que deben cumplir tanto productores forestales como industrias para incorporarse a modelos grupales de certificación PEFC y, especialmente, se analizó la experiencia de APICOFOM Sustentable, un certificado grupal integrado por PyMEs de Misiones y Corrientes que implementaron los requisitos de Cadena de Custodia PEFC.

“Lo más importante de este evento es contar el caso de éxito del certificado grupal de APICOFOM, donde un conjunto de empresas PyMEs de Misiones y Corrientes implementaron los requisitos de Cadena de Custodia”, explicó Florencia Chavat, directora ejecutiva de PEFC Argentina. ¿En qué se traduce concretamente? En la posibilidad de que las empresas puedan asegurar el origen de los materiales que procesan, realizar declaraciones respecto de esos productos y acceder a mercados internacionales, explicó Chavat.

Certificar no es solamente llegar a nuevos mercados

Uno de los aspectos que atravesó la jornada fue precisamente ampliar la mirada sobre los beneficios de la certificación. La implementación de sistemas que aseguren la trazabilidad no sólo permite demostrar el origen sostenible de los materiales. También puede convertirse en una herramienta para revisar y ordenar el funcionamiento interno de las propias empresas.

“La implementación de estos procedimientos y de un sistema de gestión que asegure la trazabilidad ordena los procesos productivos, los hace más competitivos y eficientes y permite una mejor vinculación con los clientes”, señaló Chavat.

A ello se suma la posibilidad de demostrar garantías de sostenibilidad y aspectos vinculados con la manera en que trabajan las empresas, incluyendo requisitos relacionados con la salud y seguridad de sus trabajadores.

Esta mirada fue compartida también desde APICOFOM. Su presidente, Guillermo Fachinello, destacó que la certificación no representa únicamente una herramienta para acceder a mercados nuevos y de mayor valor, sino que contribuye a generar empresas más eficientes, mejorar cuestiones vinculadas con la seguridad y optimizar costos.

Una agenda compartida entre Misiones y Corrientes

La convocatoria reunió además a autoridades de las dos provincias, reforzando la dimensión regional que tiene el desarrollo forestal y forestoindustrial del NEA. Participaron Luis María Mestres, secretario de Desarrollo Foresto Industrial de Corrientes; Martín López, designado para asumir como subsecretario de Desarrollo Forestal de Misiones, junto con integrantes de su equipo; Federico Fachinello, ministro de Industria de Misiones; y la ingeniera forestal Graciela Flores, vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, además de representantes de empresas forestales y forestoindustriales, consultores y profesionales del sector.

El encuentro permitió así poner sobre la mesa uno de los desafíos que enfrenta la cadena forestal argentina: cómo ampliar la superficie y la cantidad de empresas certificadas incorporando a actores de menor escala, para que las exigencias crecientes de trazabilidad y sostenibilidad de los mercados no se conviertan en una barrera de entrada.

Los modelos grupales aparecen en ese escenario como una alternativa especialmente relevante, al permitir que distintas empresas o productores avancen dentro de una estructura común y puedan abordar colectivamente parte de las exigencias que supone un proceso de certificación.

Para PEFC Argentina, la experiencia desarrollada por las empresas de APICOFOM permite llevar esa discusión del terreno teórico a un caso concreto. La certificación deja así de ser solamente una exigencia para determinados mercados y comienza a funcionar como una herramienta de gestión: permite conocer y demostrar el origen de la materia prima, ordenar procesos, generar trazabilidad, fortalecer la relación con clientes y mejorar la competitividad de las empresas.

Y, para las PyMEs forestales y forestoindustriales de una región que concentra buena parte de la producción argentina, el modelo grupal plantea una posibilidad adicional: que el tamaño de una empresa no determine por sí solo su capacidad de demostrar cómo produce y competir en mercados cada vez más exigentes.

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Sexto acuerdo consecutivo en la Coproté: 110 pesos por kilo de hoja hasta 2027

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La Comisión Provincial del Té (CoProTé) concretó este jueves en Campo Viera la concertación de las condiciones para la zafra tealera 2026-2027, con la participación de representantes del sector productor primario no elaborador, elaboradores, exportadores, trabajadores rurales, el INTA y organismos del Gobierno provincial. Luego del análisis y debate de las variables productivas, comerciales y económicas que atraviesan a la actividad, la mesa acordó establecer en $110 por kilogramo de hoja el precio garantía del brote de té puesto en secadero, lo que equivale a un aumento del 10 por ciento. Asimismo, se fijó en $715 por kilogramo el precio del té elaborado no tipificado -también un incremento del 10 por ciento-.

La nueva campaña se extenderá desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 31 de mayo de 2027, de acuerdo con lo establecido por la CoProTé en el marco de la Ley VIII N.º 17 y su Decreto Reglamentario N.º 66/1987.

Un paquete de medidas para acompañar la concertación

Como parte de la instancia de concertación, el Ministerio del Agro y la Producción, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal estableció un conjunto de herramientas destinadas a acompañar a los diferentes actores de la cadena tealera y mejorar las condiciones financieras, energéticas, productivas y comerciales de la actividad. La subsecretaria Luciana Imbrogno destacó entre ellas “el descuento de cheques diferidos de entre 30 y 90 días, con tasa totalmente bonificada, para operaciones realizadas a precio de garantía”. También explicó que se implementará una línea de cesión de facturas a través de ANDESCROWD, con una tasa de interés neta del subsidio provincial del 16%. El gobierno provincial financiará el 50% de la tasa vigente, actualmente del 32% TNA en el mercado.

Para los secaderos de té se acordó una bonificación del 20% de la tarifa eléctrica durante seis meses, de noviembre a abril, además de una bonificación del 100% de la potencia mínima durante los meses en que los secaderos cesen su actividad, por solicitud de las empresas, hasta septiembre de 2027. 

El Gobierno de Misiones también comprometió una bonificación del 20% del monto correspondiente al transporte de energía para industrias que adquieren energía de Cammesa, junto con una línea de créditos para prefinanciación de exportaciones a una tasa fija del 2,5% anual, hasta USD 200.000, a través de la línea del CFI”, manifestó el ministro Facundo López Sartori en relación al acuerdo. En materia de logística, se estableció un reintegro del 30% del flete al puerto para hasta dos contenedores por mes, destinado a empresas que facturen hasta USD 700.000, con carácter retroactivo a febrero de 2026.

El paquete se completa con un Fondo Rotatorio para prestadores de servicios de hasta $10 millones por prestador, a una tasa del 10%, con devolución prevista para agosto de 2027, y un subsidio de tasa para la compra de fertilizantes destinado a productores de hasta 8 hectáreas bancarizados, con una tasa del 16,5%, un tope total de $1.000 millones y hasta $2 millones por productor.

Como condición vinculada al cumplimiento del acuerdo, se estableció que, en caso de no cumplirse el precio garantía del brote de té concertado, la industria no accederá a los beneficios mencionados.

Una mesa que reúne a toda la cadena

La reunión contó con la participación de representantes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Federación Agraria Argentina (FAA), Consorcio de Certificación Picada Africana, Consorcio de Certificación Tealeros de Campo Viera, sector elaborador, sector exportador, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y Ministerio del Agro y la Producción.

Durante la jornada también se analizaron las condiciones de la actividad y las variables que pueden incidir en el desarrollo de la nueva campaña. En este marco, se acordó que, si se producen modificaciones en los factores considerados para establecer los valores concertados, los integrantes de la CoProTé deberán reunirse dentro de los diez días posteriores a esos cambios para analizar la situación y resolver lo que corresponda.

La concertación alcanzada permite establecer un marco de referencia para el inicio de la nueva zafra y sostener un ámbito institucional en el que los distintos sectores de la cadena tealera pueden analizar las condiciones de la actividad y acordar medidas para su desarrollo.

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