El presidente del bloque Argentina Federal viajará a Brasilia junto a legisladores de distintos espacios políticos con el objetivo de generar una instancia de acercamiento frente a la tensión entre Milei y Lula. Desde Misiones, planteó que la política debe intervenir para evitar que la confrontación presidencial afecte el comercio, la integración fronteriza y las familias.
“Buscaremos alguna vía que podamos ir abriendo, un camino del diálogo en este tiempo que me parece que es muy importante”.
La frase del diputado nacional por Misiones y presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, dada en Radio Rivadavia AM 630 de Buenos Aires, resume el objetivo político con el que viajará a Brasilia junto a una delegación multipartidaria del Congreso Nacional.
En un escenario marcado por la confrontación entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, Herrera Ahuad apuesta a la diplomacia parlamentaria como herramienta para reconstruir puentes y evitar que las diferencias entre los presidentes terminen convirtiéndose en problemas concretos para argentinos y brasileños.
“Vamos a Brasilia un poco con una agenda para tratar de buscar una vía de solución ante el conflicto diplomático que tiene Argentina”, explicó.
El legislador señaló que la mayoría de quienes participarán de la misión integran espacios de amistad parlamentaria con Brasil y que la agenda incluirá reuniones con senadores y diputados del país vecino.
“La mayoría de los que estamos allí estamos en lo que es el Grupo de Amistad con Brasil, en la parte de diplomacia legislativa”, indicó.
La participación de Herrera Ahuad adquiere una dimensión especial por su condición de representante de Misiones, una provincia que vive la relación con Brasil de una manera cotidiana y directa.
La frontera como argumento político
Para el presidente de Argentina Federal, el vínculo bilateral no puede quedar condicionado exclusivamente por las diferencias ideológicas entre Milei y Lula.
“Misiones está muy interesada en las relaciones internacionales con Brasil y con Paraguay”, sostuvo.
Y fue más allá: “Con el 92% de nuestro territorio con los hermanos brasileros no podemos permitirnos que haya un conflicto bilateral que vaya en contra no solo del comercio o de los intercambios en la matriz comercial de la provincia de Misiones, sino también en la cuestión cultural y te diría hasta familiar”.
La definición introduce una mirada federal sobre una discusión que suele concentrarse en las relaciones entre las administraciones nacionales.
Desde Misiones, Brasil significa frontera, producción, intercambio comercial, turismo, cultura y relaciones familiares.
Por eso, Herrera Ahuad planteó que una escalada diplomática podría terminar afectando a personas que tienen vínculos cotidianos con el país vecino.
“Algún conflicto diplomático que escale un poco más y que tengamos problemas para pasar a Brasil, los brasileños a venir para acá… Hay muchos misioneros que tienen familia, tienen su hermano, tienen su primo, tienen su tío que está del otro lado”, señaló.
La respuesta política que propone es justamente la contraria a la escalada: más diálogo.
“Tenemos que tratar de buscar una vía que lleve más tranquilidad a las familias”, afirmó.
Una señal del perfil de Argentina Federal
La misión a Brasil también coincide con la línea política que Herrera Ahuad viene planteando desde la presidencia de Argentina Federal: escapar de los extremos y discutir cada tema en función de los intereses concretos de las provincias.
Su participación junto a legisladores de diferentes fuerzas vuelve a mostrar esa lógica.
La delegación no estará conformada por un único espacio partidario, sino por representantes de distintas bancadas que coinciden en que la relación con Brasil tiene un valor estratégico que debe preservarse más allá de las diferencias políticas internas.
En ese sentido, el viaje proyecta una señal de construcción transversal: cuando la relación entre los presidentes se tensiona, el Congreso intenta mantener abiertos otros canales institucionales.
Para Herrera Ahuad, ese objetivo tiene además un componente territorial.
Misiones no observa el conflicto desde lejos. Lo vive sobre una frontera atravesada todos los días por trabajadores, comerciantes, turistas y familias.
Por eso, la frase con la que definió la misión también funciona como síntesis de su posicionamiento político: “Buscaremos abrir un camino del diálogo”.
Una apuesta por intervenir desde la política antes de que la confrontación termine afectando intereses económicos, sociales y humanos que exceden a cualquier gobierno de turno.
La crisis de Musimundo golpeó de lleno a Misiones. La cadena de electrodomésticos cerró este sábado sus dos sucursales de Posadas y también dejó de operar en Apóstoles, Leandro N. Alem y Jardín América. Decenas de trabajadores quedaron sin empleo después de recibir, según denunció el Centro de Empleados de Comercio de Posadas, una comunicación verbal que les indicaba que no debían regresar a sus puestos el lunes.
La decisión no fue un episodio aislado. Formó parte de un cierre simultáneo de locales en Corrientes, Chaco y Formosa, dentro de un proceso de repliegue regional que expone la delicada situación financiera del grupo empresario vinculado con la explotación de la marca Musimundo.
En Posadas dejaron de funcionar las sucursales ubicadas sobre la calle Bolívar y la avenida Uruguay. Los empleados habían comenzado la jornada del sábado con normalidad y recién alrededor de las 18.30 fueron informados de que los establecimientos cerrarían definitivamente.
“A última hora les dijeron: ‘Están todos despedidos, no vengan más el lunes’. Así, verbalmente”, relató Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas.
Tras recibir el aviso, representantes sindicales acudieron primero al comercio de la calle Bolívar y luego al de la avenida Uruguay. Allí mantuvieron conversaciones con los trabajadores y con un gerente regional, quien confirmó que la empresa había decidido cerrar los locales.
El gremio cuestionó los despidos verbales
El Centro de Empleados de Comercio advirtió que una comunicación verbal no reúne las formalidades necesarias para acreditar una desvinculación laboral y recomendó a los trabajadores presentarse igualmente en sus puestos.
Este lunes, entre las 8 y las 8.30, dirigentes gremiales concurrirán a las dos sucursales de Posadas acompañados por escribanos. La intención es certificar que los establecimientos permanecen cerrados o que los empleados tienen impedido el ingreso.
Con las actas notariales, el sindicato anticipó que realizará una presentación ante el Ministerio de Trabajo para exigir la regularización de las desvinculaciones y reclamar salarios pendientes, liquidaciones finales e indemnizaciones.
“El despido de manera verbal para nosotros es ilegal. Tiene que hacerse a través de una notificación oficial, como una carta documento o un telegrama”, sostuvo Gómez.
La intervención notarial busca, además, evitar que la ausencia de los trabajadores pueda ser interpretada posteriormente como abandono de trabajo. Para el gremio, dejar documentada su voluntad de cumplir tareas será fundamental ante una eventual disputa administrativa o judicial.
Además de los dos comercios de Posadas, la medida alcanzó a las sucursales de Apóstoles, Leandro N. Alem y Jardín América.
De acuerdo con el detalle difundido, fueron afectados 13 trabajadores del local de la calle Bolívar, diez del establecimiento de la avenida Uruguay, ocho de Leandro N. Alem, seis de Apóstoles y seis de Jardín América. Ese desglose arroja un total de 43 empleados, aunque la información gremial difundida inicialmente ubicó el universo afectado en 53 personas. La diferencia todavía deberá ser precisada oficialmente.
La baja de persianas profundiza el retiro de Musimundo de Misiones. Aproximadamente dos meses antes ya habían cerrado las sucursales de Eldorado, Comandante Andresito y Aristóbulo del Valle.
Con esta nueva tanda de cierres, la cadena dejó de operar en ocho puntos comerciales de la provincia y extendió la incertidumbre laboral hacia algunas de las principales ciudades misioneras.
La mayor inquietud entre los nuevos despedidos está asociada con lo sucedido en Eldorado, Andresito y Aristóbulo del Valle. Los exempleados de esas sucursales todavía reclaman el pago de sus indemnizaciones.
En Eldorado, seis trabajadores aseguran que la empresa les propuso cancelar las acreencias laborales en doce cuotas. El primer desembolso debía realizarse el 1º de agosto, pero, según denunciaron, el dinero nunca fue depositado ni recibieron explicaciones formales.
Uno de los afectados es Carlos Cardozo, de 57 años, quien trabajó durante 25 años en la compañía. Los exempleados también iniciaron gestiones para determinar si sus créditos laborales fueron incorporados al concurso preventivo de acreedores de la empresa.
El antecedente intensificó el temor de los trabajadores alcanzados por los cierres del sábado. No solamente quedaron sin empleo de manera intempestiva, sino que enfrentan dudas respecto de cuándo y bajo qué condiciones podrán cobrar las indemnizaciones correspondientes.
“Fue muy agresiva la manera en la que lo hicieron, más sabiendo cómo vienen manejándose con los trabajadores anteriores”, cuestionó Gómez. El dirigente también destacó el impacto emocional provocado por una decisión comunicada al finalizar una jornada laboral, entre empleados con años de antigüedad y familias a cargo.
Una crisis que se extendió por todo el NEA
La retirada de Musimundo abarcó buena parte del Nordeste. En Corrientes capital cerraron cuatro locales: los ubicados en Maipú y avenida 3 de Abril, avenida Cazadores Correntinos, la peatonal Junín y el Centenario Shopping Mall.
También se reportaron cierres en Resistencia, Barranqueras y Fontana, en Chaco, y en las sucursales que todavía funcionaban en Formosa. Trabajadores de las distintas provincias preparan presentaciones ante las autoridades laborales para reclamar salarios e indemnizaciones.
Detrás de la marca aparece la crisis de Carsa, empresa con sede en Chaco vinculada con la operación de Musimundo. La firma inició en julio un concurso preventivo de acreedores y acumularía una deuda superior a los $63.500 millones.
La compañía quedó atrapada en un escenario combinado de caída del consumo, costos operativos elevados y dificultades para refinanciar sus obligaciones. El cierre simultáneo de locales revela que la crisis ya no se limita a un problema financiero: se convirtió en una contracción territorial y laboral de gran escala.
El derrumbe de la cadena se produce en un contexto particularmente adverso para el comercio. La reducción del poder adquisitivo, el encarecimiento del crédito y la retracción de las ventas golpean con especial intensidad a los rubros de electrodomésticos, tecnología y bienes durables, cuya demanda depende en buena medida del financiamiento.
En Misiones, además, el cierre se suma a un proceso sostenido de destrucción del entramado empresario. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la provincia contabilizaba en mayo 8.367 empleadores registrados, 814 menos que un año antes, lo que representó una caída interanual del 8,9%.
La tendencia también se observa en el país. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 desaparecieron en términos netos 16.560 empresas empleadoras, una contracción del 3,3%. Solamente durante mayo se perdieron 2.371 firmas respecto de abril.
Desde noviembre de 2023, la cantidad de empleadores registrados en la Argentina cayó de 512.357 a 481.724: son 30.633 empresas menos, equivalentes al 6% del total existente al comienzo de la gestión de Javier Milei.
El cierre de Musimundo se incorpora así a una crisis que combina caída del consumo, desaparición de empresas y pérdida de puestos laborales. En Misiones, el impacto inmediato se concentra en las familias que quedaron sin ingresos, pero también deja locales vacíos en corredores comerciales estratégicos y una nueva señal de alarma sobre la fragilidad del comercio regional.
A pocos minutos de Encarnación, AguaVista se consolidó como uno de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos de Paraguay. Con cerca de 1.000 lotes vendidos, golf, náutica, deportes, seguridad y un flamante aeródromo privado, el proyecto busca convertirse en una experiencia regional. Elio Saurini, presidente de A+E y del consorcio de propietarios, explica la filosofía empresarial detrás de un country que apuesta a vender realidades antes que promesas.
Hay proyectos inmobiliarios que venden metros cuadrados. Otros venden ubicación, amenities o una promesa de valorización futura. AguaVista intenta vender algo bastante más difícil de medir: una experiencia.
Para comprenderlo hay que salir de Encarnación, cruzar hacia San Juan del Paraná y entrar en un espacio donde el paisaje empieza a explicar el negocio antes que cualquier brochure comercial. Golf, residencias, náutica, áreas deportivas, caminos internos y seguridad conforman una suerte de pequeña ciudad privada construida alrededor de una idea que aparece repetidamente en la conversación con Elio Saurini, presidente de A+E Sociedad Anónima -la desarrolladora- y también presidente del consorcio de propietarios: calidad de vida.
Ahora hay además una pieza que cambia la escala del proyecto. AguaVista inauguró su propio aeródromo.
No es solamente un nuevo servicio para los propietarios. Es probablemente la expresión más acabada de hacia dónde pretende ir el desarrollo: convertirse en un destino en sí mismo y acortar las distancias entre el sur de Paraguay y los grandes centros de negocios de la región.
“Queremos que sea una experiencia para todas las personas que visiten el sur, no solamente paraguayos, sino también extranjeros”, sintetiza Saurini. Y define tres pilares: calidad de vida, seguridad y bienestar.
La frase puede sonar a slogan inmobiliario. Pero detrás hay 17 años de construcción, inversión y decisiones empresariales, algunas bastante alejadas de la lógica tradicional del negocio inmobiliario.
AguaVista comenzó alrededor del deporte. Más específicamente, alrededor de una cancha de golf. Con el tiempo, el proyecto fue adquiriendo otra dimensión.
A+E significa originalmente Asunción más Encarnación, las dos procedencias de los accionistas que dieron origen a la sociedad. Después llegaría una figura determinante para la transformación del proyecto: Andrés Trosiuk, actualmente accionista mayoritario. Saurini le atribuye buena parte del cambio de escala.
La familia Trosiuk aportó capital, conocimiento empresario y, especialmente, tiempo. Pero la transformación más profunda estuvo en la filosofía con la que comenzó a desarrollarse AguaVista.
La premisa fue sencilla de formular y costosa de ejecutar: hacer todo al mejor nivel posible. Y apareció una segunda decisión todavía más disruptiva. No vender promesas.
En una industria acostumbrada a financiar buena parte de sus desarrollos mediante ventas “en pozo”, AguaVista decidió avanzar en sentido contrario.
“Nosotros no vamos a vender en pozo, vamos a vender realidades. Vamos a terminar y ahí recién vamos a vender”, recuerda Saurini sobre la estrategia impulsada por Trosiuk.
El comprador adquiría algo que podía utilizar prácticamente al día siguiente.
La diferencia parece semántica, pero en términos de negocio es enorme: significa trasladar parte importante del riesgo desde el cliente hacia el desarrollador.
La náutica fue uno de los primeros grandes ejemplos de esa filosofía y, según Saurini, también uno de los puntos de inflexión en la historia de AguaVista. Desde entonces el proyecto no dejó de incorporar capas.
Hoy reúne golf, náutica, fútbol, pádel, espacios para eventos, barrios residenciales y una infraestructura interna concebida para que buena parte de la vida cotidiana transcurra dentro del complejo. Y llegó el aeropuerto.
El lujo de comprar tiempo
En los negocios premium existe un activo cuyo valor suele crecer más rápidamente que el metro cuadrado: el tiempo.
El nuevo aeródromo de AguaVista debe entenderse desde esa perspectiva. Durante años, uno de los problemas para quienes llegaban desde Asunción o Ciudad del Este en vuelos privados era que el último tramo terrestre podía demandar casi tanto tiempo como el propio viaje aéreo.
El aeropuerto de Encarnación se encuentra, según Saurini, a unos 40 o 45 minutos de AguaVista. Un vuelo privado desde los principales centros paraguayos puede durar entre 40 minutos y una hora y veinte, dependiendo de la aeronave.
La paradoja era evidente: se podía cruzar medio Paraguay en el mismo tiempo que después demandaba completar el último tramo por tierra. El aeródromo elimina buena parte de esa fricción.
No fue sencillo. El proyecto llevaba más de una década en discusión. El masterplan original no contemplaba una pista y la topografía tampoco facilitaba la solución. Hace alrededor de siete años se intentó adquirir un terreno vecino, pero inconvenientes documentales frustraron aquella alternativa. Las negociaciones continuaron hasta conseguir finalmente la propiedad donde se construyó la infraestructura actual. La pista es privada, pero no exclusiva para propietarios.
Cualquier aeronave privada puede operar cumpliendo las condiciones correspondientes. AguaVista incluso imagina una etapa posterior: apoyar eventualmente una conexión regular Asunción-AguaVista o un circuito que incluya Ciudad del Este. Todavía es una idea hacia el futuro.
Pero revela algo sobre la ambición del proyecto. AguaVista ya no piensa únicamente en cómo llegar al country, sino en conectar el country con Paraguay.
El crecimiento también puede medirse en otra cifra: alrededor de 1.000 lotes vendidos.
Si cada lote representa potencialmente un núcleo familiar, Saurini calcula un universo cercano a las 4.000 personas vinculadas al complejo. El público es heterogéneo. La mayoría de los propietarios son paraguayos, procedentes principalmente de Encarnación, Asunción y Ciudad del Este. Pero existe una presencia significativa de argentinos, además de brasileños y, en menor medida, europeos. También cambió la manera de habitar AguaVista.
Ya no se trata exclusivamente de casas de fin de semana. Es una pequeña ciudad multicultural.
Hay familias que viven permanentemente allí y salen diariamente a trabajar; otras utilizan sus propiedades durante determinados períodos del año y otras mantienen la lógica tradicional de segunda residencia.
Ese cambio es probablemente uno de los indicadores más importantes de maduración de cualquier country: cuando deja de ser solamente un destino ocasional y comienza a transformarse en lugar de residencia.
Para Saurini, el diferencial está en dos conceptos que aparecen constantemente durante la conversación: seguridad y libertad.
Un chico, ejemplifica, puede desplazarse en carrito de golf por el complejo sin necesidad de atravesar una calle convencional. La seguridad representa además una inversión permanente dentro del presupuesto y de la concepción general del desarrollo.
Es una concepción del lujo menos vinculada con la ostentación que con otra clase de privilegio: poder moverse, hacer deporte, vivir rodeado de naturaleza y reducir ciertas preocupaciones de la vida urbana.
Paraguay y el negocio de la previsibilidad
Pero AguaVista tampoco puede entenderse aislado de lo que ocurre alrededor. El desarrollo creció mientras Paraguay atravesaba una transformación económica que comenzó a atraer cada vez más capital extranjero. Saurini identifica una característica fundamental: la estabilidad.
Y aquí aparece una diferencia interesante entre la cultura empresarial paraguaya y la argentina.
“En Paraguay los márgenes son menores, pero son mucho más seguros”, explica.
El empresario argentino, acostumbrado históricamente a convivir con retornos nominalmente elevados, inflación, saltos cambiarios y horizontes cortos, puede sorprenderse frente a rentabilidades más moderadas.
La contrapartida paraguaya es otra. Previsibilidad.
Saurini asegura que en Paraguay un empresario puede realizar proyecciones a cinco, seis e incluso diez años con un grado razonable de certidumbre. Ese cambio de paradigma ayuda a explicar el creciente interés argentino.
No necesariamente se trata de ganar mucho y rápido. Se trata de poder estimar cuánto puede ganar un proyecto dentro de varios años sin que todas las variables cambien violentamente en el camino.
Saurini observa incluso una suerte de efecto dominó entre inversores extranjeros. Uno llega, invierte, obtiene resultados y transmite su experiencia a otro potencial inversor.
“Vemos muchos extranjeros queriendo invertir, muchos extranjeros que ya invirtieron y el que ya invirtió, le fue bien, vuelve a traer a otra gente”, describe.
Entre ellos aparecen muchos argentinos.
Saurini evita opinar sobre inversiones en Argentina porque nunca realizó una personalmente. Pero asegura que los argentinos que invirtieron en AguaVista se muestran conformes con la experiencia.
El contraste entre ambos modelos es inevitable. Argentina ofrece históricamente oportunidades extraordinarias asociadas también a riesgos extraordinarios. Paraguay está construyendo otra propuesta: retornos posiblemente menos espectaculares a cambio de una economía donde el tiempo puede formar parte de la ecuación empresarial. Y para un inversor, poder pensar a diez años también es una forma de rentabilidad.
Saurini describe al empresario paraguayo como cauto. Esa cautela, combinada con estabilidad macroeconómica, explica en parte el patrón de crecimiento del país. Pero también reconoce una asignatura pendiente: la industria.
El ejecutivo observa especialmente lo que está sucediendo en el este paraguayo, donde la cercanía con Brasil y los incentivos de la Ley de Maquila están impulsando nuevas inversiones industriales. Su lectura es que esa transformación recién comienza.
Paraguay construyó durante años estabilidad, previsibilidad y condiciones favorables para el capital. El próximo salto, entiende, debería producirse en la sofisticación de su matriz productiva.
Para AguaVista, esa expansión económica representa además una oportunidad.
Porque los countries premium no prosperan únicamente por sus atributos internos. Necesitan un ecosistema económico que produzca empresarios, ejecutivos, profesionales e inversores dispuestos a pagar por una determinada forma de vida.
Del rooftop al hotel para pilotos
El aeródromo tampoco está concebido como una pista aislada. AguaVista prepara un rooftop, un espacio de coworking y alojamiento destinado a pilotos, una necesidad frecuente para quienes operan vuelos privados. También aparecen proyectos vinculados con hotelería y gastronomía.
La intención es que la infraestructura aeronáutica funcione como otra puerta de entrada al ecosistema AguaVista y, eventualmente, también hacia Encarnación.
El aeródromo está abierto a aeronaves privadas aunque sus pasajeros no sean propietarios del country.
Eso modifica nuevamente el concepto original. El proyecto inmobiliario empieza a adquirir características de hub privado de turismo, negocios y servicios premium.
Y esa transformación ocurre en un momento particularmente interesante para el sur paraguayo, con Encarnación consolidándose como destino turístico y polo de servicios frente a una región transfronteriza de enorme potencial.
Disciplina de ultramaratonista
Hay otro elemento que permite entender a Saurini. Corre ultradistancias. Y cuando se le pregunta cuánto de la disciplina deportiva traslada al mundo empresarial, no duda: “El 100%”.
Su fórmula tiene dos palabras: constancia y disciplina.
“En la vida todo es disciplina para lograr los objetivos”, sostiene.
Puede parecer una digresión personal dentro de una conversación sobre inversiones inmobiliarias, pero probablemente explique más de AguaVista que muchos indicadores financieros.
Un proyecto que lleva 17 años desarrollándose necesita precisamente eso.
No solamente capital.
Tiempo.
Persistencia.
Capacidad de atravesar ciclos económicos.
Y una visión suficientemente larga como para continuar invirtiendo cuando todavía no existe un comprador esperando del otro lado.
Incluso la mirada deportiva de Saurini termina infiltrándose en el diseño. Caminos, circuitos y espacios son pensados también para quienes corren, caminan o utilizan bicicleta.
No es casual.
AguaVista nació alrededor del golf y el deporte continúa formando parte de su identidad.
La experiencia AguaVista
Cuando mira hacia atrás, Saurini admite algo poco frecuente entre quienes conducen grandes desarrollos empresariales.
Ni siquiera él imaginó que llegarían hasta acá.
No esperaba un aeropuerto de estas características. Tampoco algunos de los barrios que terminaron construyéndose.
El proyecto superó las expectativas de quienes participaron de su propio desarrollo.
Tal vez allí esté la clave para entender AguaVista.
No se construyó de una sola vez. Se fue agregando ambición.
Primero fue el golf.
Después llegaron la náutica, las residencias, los servicios, el deporte, la seguridad, nuevos barrios y una comunidad que hoy reúne alrededor de un millar de propietarios de lotes.
Ahora los aviones pueden aterrizar dentro del propio complejo.
Y el próximo paso ya no parece ser simplemente vender más terrenos.
Es construir una marca capaz de trascender el negocio inmobiliario.
Porque en el segmento premium, el verdadero producto rara vez es una casa.
Puede ser el silencio.
La seguridad.
La naturaleza.
El tiempo que se ahorra.
La posibilidad de subir a un avión en Asunción y aterrizar prácticamente frente a casa. O simplemente la sensación de que todo aquello que se compró ya existe. Después de 17 años, AguaVista parece haber entendido que el lujo contemporáneo no consiste solamente en tener más. Consiste, cada vez más, en vivir mejor.
La economista Mercedes D’Alessandro advirtió en Batalla Cultural que el crecimiento de la morosidad no puede explicarse únicamente por las decisiones de quienes toman créditos. La caída de los ingresos, las tasas exorbitantes, la expansión de las billeteras virtuales y el auge de las apuestas online conformaron un mercado que obtiene rentabilidad de hogares cada vez más vulnerables.
La discusión sobre el endeudamiento de las familias suele comenzar por el último eslabón de la cadena: la persona que utilizó la tarjeta por encima de sus posibilidades, aceptó un crédito desde el teléfono o acumuló cuotas que después no pudo pagar. La economista misionera Mercedes D’Alessandro propuso invertir esa mirada. Antes de responsabilizar al deudor, planteó, es necesario observar quién diseñó el préstamo, a qué tasa lo ofreció, qué información tenía sobre la capacidad de pago del cliente y cuánto dinero ganó mientras la deuda se volvía impagable.
En una entrevista con el programa Batalla Cultural, D’Alessandro situó el aumento de la morosidad dentro de una transformación económica más profunda. La pérdida de poder adquisitivo, la destrucción de puestos de trabajo, el deterioro de las jubilaciones y el retroceso de las políticas de ingresos empujaron a numerosos hogares a financiar gastos esenciales. Pero esa crisis encontró, además, una infraestructura digital preparada para convertir la necesidad en un negocio disponible las 24 horas.
El interrogante, entonces, excede la conducta individual: ¿el problema son quienes se endeudan o quienes construyeron un modelo de rentabilidad basado en endeudarlos?
D’Alessandro describió un desacople que atraviesa la economía argentina: los ingresos de los hogares cayeron con mayor intensidad que el consumo. Esa diferencia no representa una inesperada capacidad de resistencia, sino que fue cubierta mediante tarjetas, préstamos personales, adelantos de dinero y créditos otorgados por plataformas financieras.
“El consumo no cayó tanto como cayeron los ingresos. Ese consumo que no terminó de caer se financió con deuda, que fue lo único que creció y creció durante estos años”, detalló.
Después de la fuerte devaluación inicial del Gobierno de Javier Milei, la aceleración de los precios produjo una pérdida de poder adquisitivo que, según la economista, nunca terminó de ser reparada. A ese golpe se sumaron los despidos en el Estado y el sector privado, la caída del empleo formal, el congelamiento del bono para jubilados y el deterioro de la jubilación mínima.
Las familias, sin embargo, no pueden reducir determinados consumos en la misma proporción. La comida, los medicamentos, los alquileres, las tarifas, el transporte y los útiles escolares no son gastos prescindibles. Cuando el salario deja de alcanzar, la deuda aparece como un ingreso sustituto: permite llegar hasta fin de mes, pero compromete los ingresos del mes siguiente.
Así se conforma una dinámica acumulativa. Se toma un crédito para cubrir una necesidad inmediata; la cuota reduce los recursos futuros; el nuevo faltante obliga a refinanciar el saldo o contraer otra obligación. En ese circuito, la deuda deja de ser una herramienta para anticipar consumo y se transforma en un mecanismo permanente de supervivencia.
La pandemia aceleró una transformación que, en condiciones normales, habría demandado varios años. El uso de pagos electrónicos creció de manera exponencial, mientras que las extracciones de dinero en cajeros automáticos perdieron participación.
El Ingreso Familiar de Emergencia impulsó la bancarización de millones de personas que hasta entonces se encontraban fuera del sistema. Las billeteras virtuales multiplicaron sus usuarios y el código QR se incorporó a la vida cotidiana. Comprar, transferir, cobrar una prestación o pedir dinero prestado pasó a concentrarse en la misma pantalla.
Aquella expansión tuvo un costado inclusivo: permitió que millones de personas accedieran por primera vez a una cuenta y realizaran operaciones sin depender del efectivo. Sin embargo, también abrió una puerta de entrada masiva al crédito con escasos controles y tasas muy elevadas.
Antes, recordó D’Alessandro, obtener un préstamo exigía presentarse en una sucursal, acreditar ingresos, demostrar capacidad de pago y, en muchos casos, conseguir un garante. Ahora la oferta aparece dentro de la aplicación, con un monto “preaprobado” y la posibilidad de aceptarlo inmediatamente.
La facilidad tecnológica eliminó fricciones, pero también debilitó los momentos de evaluación. El prestamista posee información detallada sobre los movimientos del usuario, sus ingresos, sus consumos y su saldo disponible. Pese a ello, puede ofrecerle una cuota que absorba una porción desproporcionada de sus recursos.
D’Alessandro relató el caso de su padre, jubilado de la mínima, a quien le ofrecieron un préstamo de dos millones de pesos cuya primera cuota se acercaba a los 188.000 pesos. La contradicción resulta evidente: el sistema conoce los ingresos del cliente, pero igualmente propone una obligación difícilmente compatible con su capacidad de pago.
No se trata solamente de una imprudencia del usuario. Existe una decisión empresarial de colocar el crédito aun cuando los indicadores anticipan un elevado riesgo de incumplimiento. Ese riesgo, además, ya está incorporado en tasas, cargos, intereses punitorios y mecanismos de refinanciación que pueden mantener al deudor dentro del circuito durante años.
La vulnerabilidad convertida en mercado
La economista puso especial énfasis en los sectores de menores ingresos. Mencionó a las titulares de la Asignación Universal por Hijo, los jubilados que cobran la mínima y las personas con discapacidad, grupos para los cuales el crédito suele destinarse a cubrir necesidades básicas y no consumos extraordinarios.
Según sostuvo durante la entrevista, ocho de cada diez mujeres que cobran prestaciones a través de Mercado Pago se encuentran endeudadas. En esos casos, la pregunta sobre el destino del dinero es central: buena parte de esas obligaciones se origina en la compra de alimentos, medicamentos, vestimenta o materiales escolares.
Desde la economía feminista, D’Alessandro definió ese fenómeno como deuda de cuidados. Las mujeres suelen asumir gastos vinculados con la crianza y el sostenimiento cotidiano del hogar, incluso cuando no reciben la cuota alimentaria correspondiente. La deuda no financia un activo capaz de generar ingresos futuros, sino bienes que se consumen inmediatamente.
Esa característica reduce las posibilidades de repago. Quien se endeuda para comprar comida no obtiene con ella un rendimiento que permita cancelar el préstamo. Cuando llega la cuota, el ingreso continúa siendo insuficiente y la necesidad reaparece.
Por eso, cuestionar únicamente al tomador del crédito supone ignorar la asimetría entre las partes. De un lado se encuentra una persona cuyo ingreso no alcanza para cubrir gastos esenciales. Del otro, bancos y empresas tecnológicas con bases de datos, algoritmos, capacidad para medir riesgos y poder para fijar unilateralmente las condiciones.
Frente a la multiplicación de proyectos para atender la morosidad, D’Alessandro advirtió que una política de desendeudamiento no debería convertirse en un rescate indirecto a bancos y fintech. “No queremos un salvataje a los bancos. Los bancos y las fintech tienen una responsabilidad gigantesca por haber aplicado tasas exorbitantes a personas de sectores vulnerables”, aseveró.
Si el Estado aporta beneficios fiscales o fondos públicos para garantizar el cobro completo de las deudas, el resultado puede ser paradójico: se socializan las pérdidas mientras se preserva la rentabilidad de quienes otorgaron créditos a tasas excesivas.
La propuesta en la que colaboró para la Legislatura porteña parte de otro criterio. Los acreedores deben asumir una parte del costo mediante la eliminación de intereses punitorios, la reducción de tasas y, para los sectores más vulnerables, quitas sobre el capital.
También planteó explorar la creación de un fondo financiado por el propio sistema o mediante un aporte extraordinario. Una alternativa sería utilizar la diferencia entre la tasa promedio del mercado y las tasas efectivamente cobradas a los sectores de mayor vulnerabilidad.
El principio económico consiste en distribuir responsabilidades. Si la entidad obtuvo ganancias mediante condiciones abusivas o colocó préstamos sin atender la capacidad real de pago, no debería quedar completamente al margen de la solución.
El antecedente citado por D’Alessandro es el programa Desenrola Brasil, impulsado por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva después de encontrar alrededor de 70 millones de personas con problemas para pagar sus compromisos. El mecanismo permitió renegociar las obligaciones de unos 15 millones de deudores mediante acuerdos entre el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y las entidades financieras.
El Estado constituyó un fondo de garantías, pero la clave estuvo en las negociaciones: se aplicaron fuertes reducciones de intereses y descuentos de capital.
Según explicó D’Alessandro, el fondo prácticamente no necesitó utilizarse. La intervención pública funcionó principalmente como instancia de coordinación y presión para que los acreedores aceptaran una parte de la pérdida.
Apuestas online: la nueva fábrica de deuda
La digitalización no modificó solamente el acceso al crédito. También trasladó el juego al teléfono celular y creó un circuito en el cual préstamo, transferencia y apuesta pueden realizarse sin salir de una misma plataforma.
La experiencia brasileña reveló esta nueva dimensión. Al analizar las causas de la morosidad durante el programa de desendeudamiento, las autoridades detectaron una proporción creciente de obligaciones asociadas con apuestas online, particularmente entre los jóvenes.
D’Alessandro señaló que cuatro de cada diez jóvenes presentan problemas de morosidad. En esa franja, el deterioro laboral convive con la expansión de aplicaciones que ofrecen bonos de bienvenida, incentivos para la primera apuesta y sistemas diseñados para sostener la permanencia del usuario.
La operatoria reduce todas las barreras. La casa de apuestas está disponible a cualquier hora; el medio de pago se encuentra vinculado al teléfono y, en algunos casos, el propio ecosistema digital facilita el acceso al dinero. Un joven puede apostar fondos prestados, usar la tarjeta de sus padres o comprometer ingresos que todavía no posee.
Brasil avanzó sobre esta conexión al prohibir el uso de tarjetas de crédito y determinadas herramientas fintech para financiar apuestas. También restringió los bonos promocionales y encendió una alarma al detectar que beneficiarios del programa Bolsa Família destinaban parte de esos ingresos al juego.
D’Alessandro mencionó un estudio brasileño que estimó en alrededor de un punto del producto bruto interno los recursos absorbidos por las apuestas online. Además de sus consecuencias sociales, el fenómeno tiene un impacto macroeconómico: es dinero que deja de circular en comercios y servicios y se transfiere hacia las plataformas de apuestas y sus estructuras financieras.
La publicidad masiva durante los grandes acontecimientos deportivos terminó de normalizar el negocio. Las marcas de apuestas se incorporaron a camisetas, transmisiones, clubes e influencers hasta diluir la frontera entre entretenimiento y juego de azar. El riesgo dejó de presentarse como riesgo y comenzó a ofrecerse como una experiencia cotidiana.
Las grandes plataformas ocupan una posición privilegiada en el nuevo mapa financiero. No solamente administran pagos: observan en tiempo real cuánto cobra una persona, qué compra, con qué frecuencia transfiere dinero y cuándo se queda sin saldo.
Esa concentración de información les permite conocer mejor que nadie el grado de vulnerabilidad de sus usuarios. Por eso, la discusión regulatoria no puede limitarse al porcentaje de la tasa. También debe examinarse cómo se seleccionan los clientes, qué estímulos reciben, de qué manera se presentan los préstamos y qué mecanismos utilizan los algoritmos para inducir decisiones.
La tecnología no es neutral cuando está diseñada para eliminar el tiempo de reflexión. Un crédito preaprobado, una apuesta bonificada y una transferencia inmediata forman parte de una misma economía de la urgencia: cuanto menor es la distancia entre el deseo o la necesidad y la operación, menor es también la posibilidad de ponderar sus consecuencias.
Un acuerdo judicial alcanzado en Estados Unidos obligará a Meta a rediseñar aspectos centrales de Instagram y Facebook para usuarios de entre 13 y 17 años. El esquema incluye un límite conjunto de dos horas diarias, pausas obligatorias, bloqueo durante la madrugada, ocultamiento de “likes”, controles contra el grooming y sistemas más estrictos para comprobar la edad. Aunque su aplicación inicial no alcanza automáticamente a la Argentina, el antecedente instala una nueva referencia para el debate regulatorio sobre niñez, datos personales y plataformas digitales.
Durante años, las grandes plataformas tecnológicas presentaron el tiempo de pantalla, las pausas de uso y los controles parentales como herramientas voluntarias que cada familia debía buscar, configurar y administrar. El nuevo acuerdo judicial que alcanza a Meta en Estados Unidos altera esa lógica: varias de esas medidas dejarán de depender de la voluntad del adolescente y pasarán a estar activadas de manera predeterminada.
El documento establece una cifra máxima cercana a los US$16.680 millones. De ese total, aproximadamente US$12.700 millones están garantizados, mientras que el resto dependerá de que otras plataformas —Snapchat, TikTok y YouTube— adopten determinadas medidas contempladas en una segunda fase.
La resolución alcanza directamente a Instagram y Facebook y se aplicará a los llamados Teen Users, definidos como usuarios de entre 13 y 17 años, dentro de los estados y territorios estadounidenses participantes.
No impone, por sí misma, las mismas modificaciones a WhatsApp ni a Threads. Tampoco significa que TikTok, YouTube o Snapchat hayan quedado automáticamente sometidas a todas las obligaciones: la participación de esas compañías, denominadas en el acuerdo Core Industry Members, es la que podría activar la segunda etapa del convenio.
Para la Argentina, el alcance jurídico no es directo. Sin embargo, el antecedente tiene relevancia porque plantea un estándar concreto sobre responsabilidad empresarial, protección integral de niños y adolescentes, tratamiento de datos personales, diseño algorítmico y prevención de daños digitales. También desplaza el eje de la discusión: ya no se trata solamente de qué publican los usuarios, sino de cómo está construida una plataforma para captar, retener y dirigir su atención.
Dos horas diarias entre Instagram y Facebook
El cambio más contundente será la incorporación de un límite diario predeterminado de dos horas para adolescentes. El tiempo se contabilizará de manera acumulativa entre Instagram y Facebook.
Esto significa que una hora utilizada en Instagram y otra hora en Facebook agotarán el máximo previsto. No se concederán dos horas para cada aplicación.
El contador se reiniciará a las 00:00, de acuerdo con la zona horaria configurada en el dispositivo. Cuando un adolescente tenga cuentas vinculadas, el tiempo se calculará en conjunto. Meta también tendrá que identificar determinados usos de cuentas secundarias y evitar que estas sean empleadas para eludir la restricción.
Una vez consumidas las dos horas, las funciones comprendidas quedarán bloqueadas hasta el reinicio del contador. El adolescente no podrá extender unilateralmente el plazo: para establecer un límite menos restrictivo necesitará la autorización de un adulto supervisor.
No obstante, las dos horas no abarcarán toda la permanencia dentro del ecosistema de Meta. Quedarán exceptuados:
La mensajería a través de Messenger.
Determinados contenidos audiovisuales de larga duración.
El tiempo utilizado dentro de la interfaz de configuración.
El acuerdo define como contenido de larga duración al material de audio o video de 22 minutos o más, como películas, series u otros formatos extensos. Por lo tanto, no establece un límite absoluto de dos horas para toda actividad dentro de Meta, sino para las funciones específicamente alcanzadas.
Un bloqueo que cambia la navegación
Cuando el adolescente complete las dos horas, la interfaz tendrá que impedir que continúe utilizando normalmente Instagram o Facebook. No alcanzará con mostrar una advertencia que pueda ser descartada.
Meta tampoco podrá aprovechar ese momento para recomendar el paso hacia otra de sus plataformas ni utilizar la restricción para empujar al usuario hacia Messenger. Podrá exhibir una pantalla neutral para informar que determinadas funciones permanecen disponibles, pero no deberá emplear mensajes, enlaces o configuraciones como vías indirectas para volver al contenido bloqueado.
El cambio no se limita, por lo tanto, a incorporar un contador de “tiempo de pantalla”. Interviene directamente sobre la arquitectura de navegación y retención de usuarios.
Bloqueo nocturno entre las 0 y las 6
Instagram y Facebook deberán activar de manera predeterminada un Night Mode o modo nocturno para adolescentes. Entre las 00:00 y las 06:00 quedará bloqueado el acceso a las principales funciones.
La restricción comprenderá:
Feed.
Stories.
Explore.
Reels.
Publicación de contenido.
Visualización de publicaciones.
La mensajería y algunas opciones de configuración continuarán disponibles, aunque no podrán ser utilizadas como puerta trasera para ingresar a las funciones bloqueadas.
El silenciamiento de notificaciones comenzará incluso antes. Las alertas quedarán deshabilitadas entre las 22:00 y las 07:00, salvo comunicaciones urgentes relacionadas con seguridad, protección e integridad de la cuenta.
En la Argentina, donde distintos distritos y comunidades educativas discuten restricciones al uso de celulares durante la jornada escolar, el acuerdo agrega otro componente: el impacto del diseño digital sobre el descanso y la utilización nocturna de las pantallas.
Modo escolar y notificaciones desactivadas
El denominado School Mode se aplicará entre las 08:00 y las 15:00 durante los días escolares. En esa franja, Meta deberá desactivar de manera predeterminada las notificaciones automáticas enviadas a los adolescentes.
Las excepciones estarán vinculadas con:
Mensajes.
Seguridad de la cuenta.
Integridad de la plataforma, sus contenidos y publicaciones.
Los padres o supervisores podrán modificar el horario escolar, ajustar el grado de restricción e incluso bloquear todas las funciones, con excepción de la mensajería.
El modo escolar no implica que Instagram y Facebook queden completamente inaccesibles durante esas horas. La obligación afecta principalmente a las notificaciones, uno de los mecanismos utilizados para recuperar la atención del usuario y promover su regreso a la aplicación.
Pausas obligatorias a los 15, 60 y 90 minutos
Meta también deberá introducir interrupciones progresivas durante los períodos prolongados de uso.
Después de 15 minutos de utilización continua, el adolescente recibirá una intervención o notificación visible. Al llegar a los 60 minutos, aparecerá una primera Productive Pause. A los 90 minutos, se activará una segunda pausa.
Estas advertencias deberán aumentar gradualmente en duración o prominencia y estarán activadas por defecto. Dejarán de ser simples recomendaciones voluntarias del tipo “tomarse un descanso”.
Meta, además, tendrá que proporcionar al auditor información sobre la respuesta de los adolescentes frente a estas intervenciones: si abandonan la aplicación, si continúan utilizándola y cómo se comportan quienes superan los 60 o los 90 minutos.
Así, el acuerdo no solamente obliga a implementar las pausas, sino también a evaluar si realmente resultan eficaces para interrumpir el uso continuado.
Una alternativa al feed algorítmico
Dentro de los cuatro meses posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, Meta deberá ofrecer una opción razonablemente accesible para que los adolescentes establezcan como pantalla principal un feed no personalizado.
En esa modalidad, la selección del contenido no estará determinada fundamentalmente por:
El historial de interacciones.
El nivel de participación o engagement.
Las recomendaciones algorítmicas.
La optimización personalizada.
La experiencia se acercaría a un orden cronológico basado en las cuentas que el adolescente sigue o con las que mantiene vínculos.
El acuerdo, sin embargo, no elimina el algoritmo. El feed personalizado seguirá siendo la experiencia predeterminada. La modificación consiste en reconocerle al adolescente la posibilidad de convertir el feed no personalizado en su pantalla principal.
Meta deberá informar sobre esta alternativa. El primer aviso tendrá que aparecer dentro de los diez días posteriores a que el usuario sea identificado como adolescente y repetirse cada 90 días. El joven podrá desactivar esos recordatorios.
Los padres también podrán imponer el feed no personalizado. En ese caso, el adolescente necesitará autorización parental para regresar a una configuración menos restrictiva.
Autoplay controlable, pero no prohibido
Los adolescentes podrán desactivar la reproducción automática o autoplay. Con esa configuración, los videos no comenzarán ni continuarán reproduciéndose sin una acción deliberada del usuario, como tocar o deslizar la pantalla.
Los adultos supervisores también podrán establecer ese ajuste dentro de los controles parentales.
No obstante, el autoplay no estará prohibido ni desactivado obligatoriamente desde el inicio. Tampoco desaparecerá el desplazamiento infinito o infinite scroll. Se trata de una opción disponible, no de la eliminación general de esas herramientas.
Likes y reacciones ocultos por defecto
Para las cuentas adolescentes se ocultará el número de “likes” y reacciones, tanto en publicaciones propias como de terceros.
La visibilidad de esas métricas vendrá desactivada de manera predeterminada y el adolescente no podrá restaurarla por sí solo: necesitará la aprobación del padre o supervisor.
La medida afectará al feed, las publicaciones, los perfiles, la interacción social y las métricas visibles de participación. Es uno de los cambios más directamente relacionados con la comparación social, la búsqueda de validación y la presión que puede producir la exposición pública de resultados.
Restricciones a los filtros de belleza
Meta deberá impedir que los adolescentes utilicen los denominados Cosmetic Procedure Filters y determinados filtros de Extreme Makeup.
Los primeros son definidos como efectos de realidad aumentada que modifican, esculpen, redefinen o idealizan el rostro de una manera que no podría conseguirse sin procedimientos cosméticos o técnicas extremas de maquillaje.
La restricción afectará principalmente a la cámara, las herramientas de creación y la biblioteca de filtros y efectos. No supone la desaparición de todos los filtros de Instagram, sino de aquellos identificados por su potencial para alterar de forma extrema la apariencia física.
Meta deberá determinar la edad real del usuario
La eficacia de todas las restricciones depende de una cuestión central: saber quién es realmente adolescente. Por eso, Meta deberá desarrollar un sistema más robusto de verificación o estimación de edad, conocido como Age Assurance.
El mecanismo tendrá que diferenciar entre:
Menores de 13 años.
Adolescentes de entre 13 y 17 años.
Adultos.
La clasificación no podrá descansar exclusivamente en la fecha de nacimiento declarada. Meta deberá utilizar herramientas adicionales para detectar posibles falsificaciones, aunque el acuerdo todavía no define de manera definitiva todos los métodos que se aplicarán.
Si una persona declara ser adulta, pero las señales disponibles indican que podría ser adolescente, la compañía deberá utilizar modelos de estimación y procedimientos de revisión.
Los nuevos usuarios que todavía no hayan podido ser clasificados recibirán protecciones predeterminadas. Después de cierto período, podrán ser considerados adolescentes si su edad continúa sin verificar.
Umbrales de precisión y auditorías anuales
No será suficiente que Meta afirme que cuenta con un sistema de inteligencia artificial para estimar edades. El acuerdo fija exigencias estadísticas y umbrales de precisión.
Para determinadas metodologías, los falsos positivos no deberán superar:
El 3% entre usuarios de 13 a 15 años.
El 10% entre usuarios de 16 y 17 años.
Las exigencias variarán según se trate de métodos propios o comerciales y se prevén objetivos más estrictos en etapas posteriores.
Los sistemas deberán ser evaluados anualmente. Las revisiones contemplarán:
Precisión.
Diferencias demográficas.
Privacidad.
Seguridad.
Posibilidad de evasión.
Confiabilidad técnica.
Este punto resulta especialmente relevante para la Argentina: cualquier mecanismo de comprobación de edad exige manejar información sensible y plantea interrogantes sobre proporcionalidad, seguridad y protección de datos personales.
Más controles para detectar a menores de 13 años
Meta tendrá que mejorar la identificación de cuentas pertenecientes a niños menores de 13 años. Las medidas incluirán:
Análisis de señales.
Modelos específicos de detección.
Revisión de cuentas eliminadas.
Estudio de redes de contactos asociadas a esas cuentas.
Detección de perfiles relacionados.
Investigación de mecanismos utilizados para evadir los controles.
El objetivo es reducir la posibilidad de que un niño ingrese al sistema con una edad falsa y sea tratado como adulto.
Verificación con límites y protección de datos
El acuerdo también procura impedir que el propio sistema de verificación se convierta en una fuente de vigilancia o recolección desproporcionada de datos.
Para ello contempla:
Límites al número de intentos de verificación.
Investigación de maniobras de evasión.
Minimización de la información recopilada.
Medidas de seguridad.
Eliminación de los datos cuando dejen de ser necesarios.
Prohibición de utilizar determinados datos de menores de 13 años para publicidad, marketing u optimización algorítmica.
Un mecanismo de apelación para quienes sean clasificados erróneamente como menores.
En la Argentina, estos puntos se cruzan con la protección constitucional de la privacidad, la Ley de Protección de Datos Personales y el principio de interés superior del niño. El desafío consiste en evitar dos riesgos simultáneos: que los menores eludan las barreras y que la solución derive en la recolección excesiva de información biométrica o personal.
Menor exposición a contenidos sensibles
Meta deberá mantener y mejorar los mecanismos dirigidos a reducir la exposición adolescente a contenidos relacionados con:
Bullying.
Acoso.
Trastornos alimentarios.
Suicidio.
Autolesiones.
Material sensible.
Contenidos inapropiados para la edad.
La obligación no se limita a retirar publicaciones ilegales. También exige controlar la frecuencia y repetición con que una persona queda expuesta a determinados materiales.
De esa manera, la regulación avanza sobre la arquitectura de recomendación. No elimina el algoritmo, pero obliga a revisar qué contenidos recomienda, cuántas veces los ofrece y si termina encerrando al adolescente en una secuencia potencialmente dañina.
Las protecciones no podrán retroceder
Meta no podrá aplicar las medidas y reducirlas posteriormente mediante un cambio unilateral de política comercial o de producto.
El acuerdo establece obligaciones de mantenimiento y mejora. Las protecciones deberán conservar, como mínimo, el nivel exigido y ser reforzadas cuando las evaluaciones demuestren que resultan insuficientes.
El principio es relevante porque limita una práctica frecuente en el sector tecnológico: lanzar herramientas de seguridad, promocionarlas públicamente y luego volverlas menos visibles o eficaces mediante sucesivos rediseños.
Seis horas para responder reportes de contenido dañino
Cuando un adolescente denuncie determinado contenido potencialmente perjudicial, Meta deberá contar con procedimientos capaces de responder dentro de las seis horas en, al menos, el 90% de los casos.
La obligación específica alcanza a reportes realizados en inglés o español, un dato especialmente significativo para los usuarios hispanohablantes.
Las categorías previstas incluyen:
Bullying.
Acoso.
Violencia.
Contenido sexual.
Explotación sexual infantil.
Discursos de odio.
Suicidio.
Autolesiones.
La medida modificará tanto la interfaz utilizada para realizar denuncias como los procesos internos de moderación, clasificación y respuesta.
Barreras contra el grooming
Meta tendrá que reforzar las herramientas destinadas a impedir que los adolescentes sean encontrados o contactados por cuentas consideradas potencialmente sospechosas.
Entre las medidas previstas aparecen:
Limitar la posibilidad de que esas cuentas encuentren adolescentes.
Restringir solicitudes de seguimiento o contacto.
Mantener privadas las cuentas adolescentes de Instagram.
Aplicar configuraciones específicas de privacidad en Facebook.
Fortalecer las herramientas de bloqueo y denuncia.
Mostrar advertencias ante determinadas interacciones.
El acuerdo incorpora así una capa preventiva contra el grooming: no espera únicamente a que se concrete una conversación abusiva, sino que procura reducir las posibilidades de contacto desde el diseño mismo de la plataforma.
En la Argentina, el grooming está tipificado como delito, pero el acuerdo estadounidense coloca el foco en una etapa anterior a la intervención penal: las obligaciones empresariales para impedir o dificultar el acercamiento.
Advertencias dentro de Messenger y los mensajes directos
Cuando un adolescente interactúe con una cuenta clasificada como potencialmente sospechosa, Meta tendrá que mostrar advertencias dentro de Messenger o de los mensajes directos.
Estas alertas aparecerán en:
La interfaz de mensajería.
Las solicitudes de contacto.
Las interacciones entre cuentas.
El objetivo es que el adolescente reciba información preventiva antes o durante una comunicación potencialmente riesgosa, y no solamente después de haber denunciado una conducta.
Más facultades para los padres
El nuevo esquema amplía sustancialmente las herramientas disponibles para padres y supervisores. Podrán:
Establecer límites de tiempo.
Fijar restricciones más severas.
Imponer el feed no personalizado.
Controlar la reproducción automática.
Modificar el horario escolar.
Restringir funciones durante ese período.
Activar configuraciones protectoras.
Recibir información sobre la utilización de las plataformas.
Obtener alertas sobre determinadas interacciones.
El modelo combina, de este modo, restricciones obligatorias con decisiones del adolescente y facultades parentales. No coloca toda la responsabilidad en las familias, pero tampoco las excluye de la supervisión.
Identificación de cuentas secundarias
Meta deberá mejorar la detección de cuentas vinculadas, perfiles secundarios y cuentas que probablemente pertenezcan al mismo adolescente.
Los padres podrán recibir notificaciones cuando se identifiquen determinados perfiles alternativos. Las restricciones parentales también deberán extenderse a esas cuentas.
El objetivo es cerrar una de las principales vías de evasión: que el adolescente cree otro usuario cuando su cuenta habitual alcance el límite de tiempo o quede sometida a una restricción.
Alertas sobre interacciones y búsquedas sensibles
El sistema de supervisión podrá proporcionar a los adultos información vinculada con:
Uso general.
Mensajería.
Consumo de contenido de larga duración.
Conexiones sociales.
Interacciones con cuentas potencialmente sospechosas.
También se contemplan alertas frente a determinadas búsquedas reiteradas sobre suicidio, autolesiones o trastornos alimentarios.
Este mecanismo abre, a su vez, un debate delicado: cómo equilibrar la protección del adolescente con su derecho a la intimidad, especialmente a medida que se aproxima a la mayoría de edad.
De las herramientas voluntarias a la protección predeterminada
El aspecto conceptual más profundo del acuerdo es el cambio desde el modelo de adhesión voluntaria —opt-in— hacia medidas activadas desde el comienzo.
El esquema tendrá tres niveles.
Obligatorias y predeterminadas:
Límite diario de dos horas.
Modo nocturno.
Silenciamiento de notificaciones.
Pausas productivas.
Ocultamiento de likes y reacciones.
Protecciones frente a contenidos sensibles.
Determinadas configuraciones de privacidad.
Opcionales para el adolescente:
Elegir un feed no personalizado.
Desactivar el autoplay.
Adoptar configuraciones todavía más restrictivas.
Bajo control parental:
Autorizar el levantamiento de ciertas restricciones.
Imponer límites adicionales.
Seleccionar el feed no personalizado.
Desactivar la reproducción automática.
Modificar horarios.
Bloquear funcionalidades.
La diferencia con el modelo anterior es sustancial. Las herramientas de bienestar digital ya no quedarán escondidas como funciones que el usuario debe descubrir y activar. La protección pasa a ser la configuración inicial y cualquier flexibilización relevante requiere intervención adulta.
Límites a los patrones manipulativos
Las opciones protectoras deberán ser razonablemente accesibles. Meta no podrá enterrarlas dentro de sucesivas pantallas, menús complejos o recorridos diseñados para desalentar su utilización.
Cuando la plataforma ofrezca cambiar el feed o modificar configuraciones, tampoco podrá preseleccionar respuestas de forma manipulativa. El acuerdo interviene así sobre los llamados dark patterns: diseños que orientan al usuario hacia la decisión más conveniente para la empresa.
Este punto completa el cambio de paradigma. La regulación ya no observa solamente el contenido publicado, sino también los botones, avisos, recorridos, valores predeterminados y mecanismos de recomendación que estructuran la experiencia.
Un antecedente para el debate argentino
Las modificaciones no comenzarán a regir automáticamente en la Argentina por el solo hecho de haber sido acordadas en Estados Unidos. Sin embargo, pueden producir efectos más amplios si Meta decide aplicar un diseño homogéneo a escala global o si otros gobiernos toman el convenio como referencia.
El país cuenta con normas de protección integral de niños y adolescentes, protección de datos personales y persecución penal del grooming, pero el nuevo precedente avanza sobre un terreno todavía abierto: la responsabilidad de las plataformas por el diseño de productos capaces de prolongar el uso, amplificar contenidos sensibles o facilitar contactos riesgosos.
La discusión deja de estar concentrada únicamente en cuánto tiempo pasan los jóvenes frente a una pantalla. El interrogante pasa a ser quién construye esa pantalla, qué incentivos incorpora, qué datos utiliza para conocer a cada usuario y qué obligaciones debe asumir cuando su modelo de negocios depende de capturar atención.
Un día se prohibió el trabajo infantil. Otro, se restringió el acceso de menores al alcohol y la nicotina. Ahora, el debate internacional comienza a tratar los entornos digitales con una lógica semejante: no como espacios neutrales, sino como productos cuyo diseño puede requerir límites cuando sus usuarios son niños y adolescentes.
