La polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al Estado sumó un nuevo capítulo. Según información obtenida a través de un pedido de acceso a la información pública, la entidad financiera concedió 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, sobre un total de 25.391 operaciones realizadas en ese período. Esto implica que aproximadamente uno de cada 23 préstamos fue otorgado a integrantes de una categoría sometida a controles especiales por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El dato permite dimensionar por primera vez la magnitud de una operatoria que comenzó a ser observada tras conocerse que varios funcionarios nacionales habían accedido a créditos millonarios del Banco Nación. Entre los casos que trascendieron públicamente figuran el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi.

La controversia excede a esos nombres. El universo de Personas Expuestas Políticamente incluye a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, magistrados, fiscales, autoridades militares, embajadores y otros cargos jerárquicos, además de familiares directos y ex funcionarios alcanzados por la normativa de la UIF. Sin embargo, también deja fuera a algunos cargos relevantes dentro de la estructura estatal, por lo que el número informado podría no abarcar a todos los beneficiarios con vínculos con la administración nacional.

Uno de los puntos más cuestionados es la modificación introducida por el Banco Nación en septiembre de 2024 en la línea hipotecaria “+ Hogares”. La actualización incorporó expresamente entre los potenciales beneficiarios a los “cargos políticos designados por resolución o electivos”, una definición que no figuraba en la normativa vigente durante la gestión anterior. Esa modificación motivó una denuncia presentada por la diputada nacional Mónica Frade, que actualmente tramita en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.

El Gobierno intentó relativizar el impacto del caso. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que los funcionarios involucrados representan una porción mínima del total de créditos otorgados. Sin embargo, la información oficial entregada por el Banco Nación muestra que la cantidad de beneficiarios alcanzados por la categoría PEP es significativamente superior a los casos que se conocieron públicamente.

La investigación judicial busca determinar si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos y si la modificación de la normativa pudo favorecer a determinados sectores de la administración pública. Paralelamente, continúan las investigaciones y pedidos de información sobre la evolución patrimonial de algunos funcionarios nacionales que accedieron a estas líneas crediticias. Entre ellos figura el vocero presidencial Manuel Adorni, cuyo incremento patrimonial sigue bajo análisis público y judicial, aunque hasta el momento no existe una resolución que determine irregularidades.

Más allá de las definiciones judiciales futuras, el dato central es que los créditos otorgados a Personas Expuestas Políticamente no constituyen casos aislados. La información oficial revela una operatoria de alcance mucho más amplio dentro de un universo regulado y monitoreado por el propio sistema financiero, reabriendo el debate sobre los criterios de acceso al crédito en el principal banco público del país.