Por Florencia Tuchin / Otra Economía –  El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha clave para reflexionar sobre los desafíos pendientes en materia de igualdad laboral. La brecha de género en el empleo persiste en América Latina y el Caribe, con menores tasas de participación femenina y desigualdad salarial. Un informe de la OIT y el testimonio de expertos evidencian estos desafíos, pero también destacan estrategias para revertirlos.

El informe “Panorama Laboral 2024 de América Latina y el Caribe” de la OIT ofrece un diagnóstico preciso de la situación: la tasa de participación femenina en la región es del 52,1 %, frente al 74,3 % de los hombres, lo que significa que casi la mitad de las mujeres en edad de trabajar no están en el mercado laboral.

Sonia Gontero, especialista en salarios y tiempo de trabajo de la OIT, destaca que esta brecha responde a diversos factores económicos, sociales y culturales. “Uno de los mayores obstáculos sigue siendo la distribución desigual del trabajo de cuidado no remunerado. Muchas mujeres deben asumir estas tareas, lo que las obliga a optar por empleos informales o de tiempo parcial, limitando sus oportunidades de desarrollo profesional”, señala Gontero.

Además, el informe resalta que las mujeres continúan enfrentando una brecha salarial considerable: en promedio, ganan un 20 % menos que los hombres. Esto se debe a la segregación ocupacional por género, que relega a muchas mujeres a sectores peor remunerados, así como a las dificultades para acceder a puestos de liderazgo y a la persistente discriminación en las estructuras salariales de muchas empresas.

Otro de los puntos preocupantes que se desprenden del informe es la alta tasa de informalidad en la región, que afecta al 47,6 % de la población trabajadora. La informalidad, además de implicar ingresos inestables y falta de protección social, impacta de manera desproporcionada en mujeres y jóvenes. En sectores como el trabajo doméstico, altamente feminizado, la informalidad sigue siendo la norma, lo que limita aún más las posibilidades de desarrollo económico y social de muchas mujeres.

Para abordar estas desigualdades, los expertos coinciden en que es necesario implementar políticas públicas y empresariales que fomenten la equidad de género en el empleo. En este sentido, Gontero destaca la importancia de promover medidas que incentiven la formalización laboral y la equidad salarial. “La existencia de convenios internacionales como el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración y el Convenio 111 sobre no discriminación en el empleo son avances clave, pero es fundamental que los países implementen mecanismos concretos para hacer cumplir estos principios”, señala

El caso de Chile: una estrategia para la equidad salarial

En Chile, se está avanzando en una política que busca garantizar la equidad salarial entre hombres y mujeres. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, presentaron un proyecto que modifica el Código del Trabajo para fortalecer el principio de igualdad de remuneraciones.

El proyecto busca establecer mecanismos más estrictos para garantizar que las empresas no discriminen salarialmente a las mujeres. Entre las propuestas se encuentra la obligación de las grandes empresas de elaborar un Plan de Igualdad de Remuneraciones y la creación de un Comité de Igualdad de Remuneraciones dentro de las organizaciones. Además, se plantea que la Dirección del Trabajo publique un informe anual de brechas salariales y que se refuercen las sanciones para quienes incumplan el principio de equidad.

Según datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2022, la brecha salarial en Chile sigue siendo significativa. En las grandes empresas (aquellas con más de 200 trabajadores), las mujeres ganan en promedio un 21,4 % menos que los hombres. A nivel nacional, la diferencia alcanza el 25,5 %. La ministra Jara señaló que esta discriminación responde a diversos factores, incluyendo la segregación laboral por estereotipos de género y las interrupciones en la trayectoria laboral de las mujeres debido a responsabilidades de cuidado.

La ministra Orellana enfatizó que uno de los aspectos centrales del proyecto es la «consagración del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que desempeñen un mismo trabajo o un trabajo de igual valor». Para garantizar su aplicación, se propone que las denuncias por incumplimiento puedan ser presentadas ante tribunales de justicia o la Dirección del Trabajo, asegurando así que los trabajadores y trabajadoras cuenten con mecanismos de protección efectivos.

En el sector público también se prevén modificaciones al Estatuto Administrativo, estableciendo medidas para alcanzar la equidad salarial y la creación de comités de igualdad en organismos estatales. Estas iniciativas buscan generar un cambio estructural en la manera en que se determinan los salarios y en la transparencia de las escalas salariales en las empresas.

El caso chileno se perfila como un modelo a seguir en la región, mostrando que es posible implementar medidas concretas para reducir la brecha salarial de género.