Caso Ueno: Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para Santiago Peña y el extitular del BCP
La investigación judicial por el caso Ueno Bank amplió su alcance institucional con la imputación del exmandatario paraguayo Santiago Peña y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para ambos, además de medidas de inmovilización de bienes y activos financieros. La causa adquiere relevancia para Misiones por su impacto en el sistema financiero paraguayo, la transparencia institucional y las relaciones económicas de una provincia que mantiene una intensa vinculación comercial y fronteriza con el país vecino.
La presentación fue realizada por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, luego de tomar declaración indagatoria a Peña y Carvallo, quienes optaron por abstenerse de declarar. La imputación quedó formalizada en la causa N.º 92/2026, caratulada «Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros», cuya apertura había dispuesto el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, después de la presentación de denuncias y la ampliación de una investigación iniciada en 2025.
Según la acusación fiscal, a Peña se le atribuyen los hechos punibles de lesión de confianza y administración en derecho propio. En el caso de Carvallo, la imputación comprende esos delitos y también producción de documentos públicos de contenido falso. Se trata de calificaciones formuladas por el Ministerio Público que deberán ser examinadas en el ámbito judicial y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.
La Fiscalía pidió bloquear sus bienes y cuentas bancarias
Además del pedido de prisión preventiva, los fiscales solicitaron al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos N.º 2, a cargo de Rodrigo Estigarribia, la inhibición general de enajenar y gravar bienes registrables de ambos imputados.
El requerimiento incluye la identificación e inmovilización de cuentas bancarias y activos financieros, mediante comunicaciones a la Superintendencia de Bancos y al Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP). También se solicitó información a organismos competentes para localizar propiedades, vehículos y otros derechos patrimoniales registrados a nombre de Peña y Carvallo.
Las medidas buscan preservar eventuales activos sujetos a investigación y asegurar que el proceso pueda avanzar sobre información patrimonial verificable. Sin embargo, tanto la prisión preventiva como las restricciones patrimoniales solicitadas deberán contar con una resolución judicial. La presentación fiscal no equivale a una condena ni implica que las medidas hayan sido concedidas.
Una investigación que ya alcanza a 27 personas vinculadas con Ueno Bank
La imputación de Peña y Carvallo se incorpora a un expediente de mayor dimensión, que involucra a antiguos directivos de Ueno Bank y a personas relacionadas con empresas vinculadas a la entidad financiera.
El 4 de noviembre, el Ministerio Público informó que había imputado a 27 personas por presuntas irregularidades financieras. Entre los hechos investigados figuran conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, las operaciones bajo análisis incluyen préstamos y sobregiros otorgados a empresas vinculadas, con cuestionamientos sobre la capacidad de pago de las beneficiarias, la suficiencia de las garantías y los procedimientos de evaluación del riesgo crediticio. También se investigan transferencias de fondos entre sociedades relacionadas y la cesión de una cartera de créditos por aproximadamente 74,4 millones de dólares.
El Ministerio Público señaló que los saldos pendientes de las operaciones examinadas ascienden a 166.984.879,33 dólares y 343.157.246.557 guaraníes. Se trata de montos identificados dentro de la investigación y cuya recuperación podría estar comprometida, según la hipótesis de los fiscales.
En esa causa, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para uno de los exvicepresidentes de la entidad y medidas alternativas para otros imputados. Según los antecedentes publicados por ABC Color, cinco exdirectivos varones fueron enviados al Centro Nacional de Prevenidos, conocido como ex Tacumbú, mientras que dos exdirectivas recibieron arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
El papel del Banco Central y los fondos públicos, en el centro del expediente
Uno de los aspectos centrales del caso es la actuación de los organismos encargados de supervisar el sistema financiero paraguayo y el destino de recursos públicos depositados en Ueno Bank. El 5 de noviembre, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández dispuso la apertura de tres causas penales y la conformación de equipos especializados para investigar las denuncias relacionadas con la supervisión y resolución de la entidad, la colocación de fondos estatales y las actuaciones de autoridades y exautoridades públicas.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución FGE N.º 4474, a partir de presentaciones realizadas por legisladores y una denuncia del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez. Entre los antecedentes se encuentra una denuncia contra Peña presentada originalmente en octubre de 2025 y posteriormente ampliada.
La investigación también puso bajo la lupa la relación entre el expresidente y el grupo económico vinculado a Ueno. Según informó Reuters, los fiscales sostienen que Peña habría utilizado su posición institucional para influir sobre organismos públicos y empresas estatales con el objetivo de mantener depósitos de fondos públicos en la entidad, pese a sus vínculos financieros con la estructura empresarial del banco. Peña había declarado que poseía acciones de Ueno Holding, que posteriormente vendió en marzo de 2025. El exmandatario negó haber cometido irregularidades y consideró que los problemas del banco correspondían a una cuestión regulatoria.
La crisis también tuvo consecuencias sobre los ahorristas. Según la información difundida por Reuters, el esquema estatal de garantía de depósitos había desembolsado alrededor de 160 millones de dólares para compensar a casi 1,2 millones de depositantes. Ese dato dimensiona el alcance social y financiero de la situación y explica por qué la investigación excede las responsabilidades individuales de los antiguos directivos y alcanza el funcionamiento de los mecanismos de supervisión y protección del ahorro.
Por qué el caso Ueno también importa a Misiones
Para Misiones, la evolución de esta causa merece seguimiento por la proximidad geográfica, la integración comercial y la circulación cotidiana de personas y actividades económicas entre ambos países. Paraguay constituye un socio relevante para las economías fronterizas argentinas y cualquier episodio de magnitud que involucre a su sistema financiero, sus organismos reguladores y la administración de recursos públicos adquiere interés regional.
No obstante, las actuaciones judiciales conocidas hasta el momento no permiten establecer un perjuicio directo sobre el sistema financiero misionero ni sobre entidades argentinas. La relevancia para la provincia pasa, por ahora, por el seguimiento de sus posibles consecuencias institucionales, económicas y comerciales, así como por la evolución de la confianza en el sistema bancario paraguayo.
La causa Ueno ingresa así en una nueva etapa: ya no alcanza únicamente a los antiguos integrantes de la conducción de la entidad financiera, sino también a quienes ocuparon las máximas responsabilidades del Poder Ejecutivo y del organismo monetario paraguayo. La decisión sobre las medidas cautelares solicitadas y el avance de las investigaciones determinarán el alcance judicial de las responsabilidades atribuidas.
