COLUMNISTAS

Las nuevas estrellas del poder

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Los desafíos para comprender este mundo posmoderno nos inducen a estudiar una y otra vez las consecuencias de nuestras interacciones sociales. Entender cómo se desenvuelven las mutaciones del “poder” en la sociedad nos ayudará a comprender nuestras acciones del presente.

El término poder proviene del latín possum que significa ser capaz o ser potente para lograr la posesión o dominio de un objeto o como el desarrollo colectivo de modos de actuar, sentir y pensar. Todos los individuos poseen poder y está en cada uno de nosotros ceder total o parcialmente esa fuerza para constituir soberanía política, por ejemplo.

Para analizar brevemente la volatilidad de nuestras interacciones y pensamientos sociales tomaremos como eje central la mirada sobre el poder de nuestro querido pensador francés, Michel Foucault. Él se definió como un historiador de las ideas, ideas que reflejan la historia del poder en todas sus manifestaciones: dominante, fundadora de discursos, garante del orden, aterrorizante, fascinante, inmovilizadora, entre otras.  

Todos conocemos cuales son las características del mundo posmoderno, y si no conociéramos teóricamente algunos detalles sobre ella, todos practicamos sus bases interaccionistas que se vinculan con nuestro propio mundo. La mirada va hacia las formas de dominio del hombre sobre el hombre en la cual se refleja el paradigma de una época en particular; donde el paradigma se esfuerza por identificar aquellas cosas que podemos conocer y sobre aquellas cosas que debemos saber. Claramente la vida que llevamos ahora no es la misma que hace 30 o 40 años y bajo esta coyuntura se resaltan nuevos mecanismos del poder, que ya habían sido analizadas por Foucault en el siglo pasado.

El concepto que me interesa rescatar hoy se enfoca en la idea de que el poder no es una recarga que goza de una quietud permanente de una clase dominante, de una institución o de una persona en particular, sino que el poder representa una simple estrategia. Son tiempos de un poder dinámico que da cuenta una sustancia corrosiva que atenta sobre las dominaciones institucionalizadas.

La comodidad de algunos poderes con los cuales lidiamos constantemente queda endeble frente a las capacidades diseminadas de ejercer resistencia o de ejercer llanamente potestad sobre alguien. Solamente con un teléfono móvil somos capaces de tambalear los más complejos entramados sociales del status quo o capaces de instalar un pensamiento social que habitaba en las sombras hasta ese momento. La influencia de saberes y pensamientos cambia las configuraciones constantemente y anula reglas de juego para mutar hacia otras.

Por el solo hecho de pertenecer a una sociedad tenemos la potestad real de influir directamente en un reclamo salarial, una interpelación a un alto funcionario o un Presidente, una protesta de violencia de género, la manifestación de un fenómeno social o torcer la opinión pública de un momento a otro.

Cuando debemos medir de alguna forma el poder o queremos visualizarlo en alguna relación concreta primero tenemos que ejercer el poder. Cuando miramos una relación de poder, vemos el poder en plena acción, en cualquier relación, no solamente un poder político o el poder concentrado. Donde existe una forma de poder también se ejerce una resistencia, esto hace que el poder no se ejerza de forma unilateral, sino que vivimos en un mundo donde hay una relación de fuerzas múltiples. El dinamismo del poder actual se logra en el pleno ejercicio del mismo y no bajo una posesión de mera dominación tradicional.

El poder se encuentra en los capilares de la sociedad, no se debe a una relación de arriba hacia abajo o utilizando solamente los mecanismos de represión e ideología, sino que hoy los mecanismos son absolutamente más creativos y estratégicos. Los tiempos fugaces del posmodernismo hicieron que las mutaciones del poder se simbolicen como luces intermitentes que cambian de lentes según el fenómeno. Ahora hay nuevos protagonistas y por lo tanto, nuevas formas de actuar y de pensar.

Siguiendo las líneas argumentativas de Foucault hoy estaríamos frente a un nuevo paradigma que ya no basa su estrategia en las sociedades disciplinarias donde algunos dispositivos han mutado producto de la era digital. Vivimos en sociedades de control donde el poder de los capilares sociales no se rige más por la disciplina sino por influencias más silenciosas como el consumo y la seducción.

Hoy muchos pensamientos individuales son públicos, nuestros consumos están abarrotados en alguna empresa con tarjetas de puntos, nuestras formas de actuar son moldeadas de acuerdo a nuestras cuentas bancarias y nuestras resistencias suelen ser contenidas por un orden institucional. Somos controlados debido al poder que tenemos guardado, latente, y que podemos ejercer en cualquier momento. Hoy debemos estar más controlados que nunca porque en cualquier momento la olla a presión de la cocina social se puede desprender, pero no olvidemos que cada uno lo puede usar a su manera. Todos los individuos tenemos la potestad de jugar nuestras cartas cuando consideremos oportuno, cuando la estrategia del poder sea necesaria.

El legado de Michel está más vivo que nunca, quien luchó toda su vida por reencontrar formas individuales o colectivas de poder que sean la apertura a nuevas dimensiones de realización, hoy vemos resurgir nuevos papeles protagónicos. El posmodernismo demuestra una época capaz de graficar la actitud crítica de los individuos en base a sus fundamentos y formas más románticas de ejercer el poder. Siendo cuestionadores del orden existente y observando las prácticas de los nuevos paradigmas de turnos vamos a ser capaces de mutar los significantes tan poderosos de los cuales muchas veces nos quejamos sin entender que son parte de un sometimiento aceptado por nosotros,  las nuevas estrellas.

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El derecho al empleo es un derecho humano esencial

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Vivimos un momento de una grave y cruel hipocresía estatal. Por un lado se dice que se quiere eliminar la pobreza, pero los actuales funcionarios gubernamentales nacionales se oponen, en general, a los planes sociales, porque entienden que es populismo deficitario y poco a poco hay que acabar con ellos y por el otro lado, no se generan nuevos empleos, ni se preservan los que existen. Cuantas veces se sostiene, irresponsablemente, que los pobres se llenan de hijos para cobrar el subsidio. Y todos los días, se asiste al cierre de fuentes de trabajo privadas y públicas, y se lo justifica como daños colaterales de una política económica que se ocupa de beneficiar a los poderosos y que ahorra dinero público para pagar deudas externas usurarias. O sea, con ese criterio tramposo se manifiesta que los planes sociales generan vagos, mientras no se garantiza que se logre tener trabajo. Así, pareciera que la única fórmula para eliminar a la pobreza es matando físicamente a los pobres, como lo está haciendo sutilmente la droga con el “Paco”, porque las otras salidas en dignidad, no aparecen como objetivos serios en los que se esté trabajando concreta y eficazmente. Eso sí, para prevenir la desesperación de los excluidos, el Estado se ocupa muy bien de invertir en armas y policías y quiere detenerlos y encarcelarlos cada vez más niños.

 

Me gustaría ser esclavo

            Hace un tiempo, en encontraba en un local de “Caritas” y una persona se me arrimó y me dijo, Ud. sabe que “me gustaría ser esclavo”. “¿Cómo es eso le pregunté?”. A lo que me contestó, “claro, si fuera esclavo tendría un valor de comercialización y por lo tanto, alguien se ocuparía de darme de comer, cuidaría mi salud y me ofrecería un techo. Lamentablemente ahora que soy un desempleado, si bien soy libre y no esclavo, nadie me asegura un trabajo para poder obtener comida, salud y techo para mí y mi familia”. Esta sensación de desamparo resulta desesperante y la misma sociedad la hace sentir peor, agregándole una carga moral, cuando se dice “ese no trabaja porque es vago”.

Vagos

            La historia demuestra como los poderosos han instrumentado el concepto de vago y desempleado según sus intereses.

            El 18 de abril de 1822, Martín Rodríguez promulgó un decreto que regulaba sobre los vagos y malentretenidos. Esta norma permitía apresar y enviar al servicio militar, por el doble de tiempo del enrolamiento voluntario, a los que se tuviera como vagos. El decreto autorizaba al Juez de Paz arrestar a quienes no demostraran que tenían trabajo. La “papeleta de conchabo” era fundamental tenerla, sin embargo dicha constancia patronal no daba derecho a estabilidad laboral, ni sueldo digno, ni otros beneficios sociales, ni vacaciones pagas, sólo servía para que el portador no sea arrestado como vago y enviado a los fortines, ya que tenía un patrón bajo cuyas órdenes trabajaba y le daba el conchabo. La lógica era que había que agradecer al que lo explotaba laboralmente porque de esa manera el Estado no lo castigaba.

            El ocioso o vago eran vistos como personas que atentaban contra el orden moral de la sociedad y ponían en peligro la paz y la unión del país. El estereotipo de ello que se combatía era, especialmente, “el gaucho”, para dolor de nuestra historia y ser nacional.

            Esta costumbre legal injusta e hipócrita se prolongó, de acuerdo a las necesidades de quienes detentaban el poder, durante todo el siglo XIX y hasta casi la mitad del siglo XX en Argentina.

            De esta forma, el Estado se aseguró hombres para el ejército y los pudientes tenían de esta forma mano de obra barata para sus emprendimientos, garantizada por el Estado. Todo ello, en una verdadera encerrona legal perversa a los más débiles.

 

Derecho humano ignorado

            La moraleja es triste, ya que cuando a algunos les convenía, no se podía aceptar que alguien no tuviera trabajo y podía ser arrestado por considerarlo vago. Ahora, los mismos que se aprovecharon del trabajo exigido a los que llamaban vagos, se desinteresan de ellos y no se ocupan, adecuadamente, que se puedan dignificar con empleos dignos, para ganar su pan.

            El artículo 23, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional en Argentina, indica que “toda persona tiene derecho al trabajo… y a la protección contra el desempleo”.

            Lamentablemente, la política actual no parece concentrada en la protección de las fuentes de trabajo, con políticas contra el desempleo, cada día se despiden más empleados del estado y se cierran fábricas o se reduce personal y tampoco se asegura el derecho a tener trabajo.

            Resulta fundamental reflexionar sobre estos dos objetivos básicos, para poder construir, seriamente, una sociedad justa para todos. Tenemos que trabajar para hombres y mujeres libres y que no anhelen la esclavitud, porque ello sería un grave fracaso para la humanidad.

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El atraso cambiario y el regreso a los 90

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Hay quienes somos, a veces, monotemáticos. Esto suele tener que ver con historias y situaciones que se repiten y nos cuesta entenderlas.

En mi caso soy sumamente insistente con mí predica que afirma que el atraso cambiario es una de las causas de los problemas económicos de la Argentina.

Téngase en cuenta que escribo estas líneas desde Misiones, una provincia fronteriza con más del 90 por ciento de límites con países vecinos.

La historia se repite de tanto en tanto en la Argentina, para no enumerar basta sólo con recordar el uno a uno de la convertibilidad de los 90. Hoy el panorama es parecido. Pérdida de competitividad de las economías regionales, crisis en los comercios de frontera, cierre de fábricas que no resisten la competencia de lo importado. Todos éstos casos se repiten a lo largo de la historia, y la situación es mucho más difícil en las zonas de frontera.

Ahora bien, duele ver en éste escenario que viajar a Cataratas es más caro que viajar a Miami o a Madrid.

¿Es porque las aerolíneas de cabotaje son ineficientes? ¿Es porque los prestadores de servicios de cataratas son abusivos en los precios? No señor, nada de eso. Es producto del atraso cambiario, amigo.

Breve análisis:

Si un viaje para ir a Cataratas, Bariloche o a cualquier otro destino interno nos costaba 15.000 pesos en febrero de 2016, luego de un año de inflación, ese mismo viaje cuesta cerca de 20.000 pesos. Esto es así.

En cambio, si viajar a Miami te costaba 1.000 dólares en febrero de 2016, hoy te sigue costando la misma cantidad de dólares. A esos mil dólares se los compraba en febrero de 2016 con 15.000 pesos. Ese viaje que costaba 15.000 pesos hace un año, hoy cuesta sólo 15.900 pesos.

Conclusión: hoy es casi un 40 por ciento más barato viajar al exterior. El argentino trabaja todo el año, ahorra unos pesos, y con todo derecho quiere pasear. Compara, mira precios y a dónde decide vacacionar, lógicamente fuera del país. Se lleva su plata a otro país, genera empleo y demanda bienes y servicios en otro país, simplemente porque es más barato.

Mientras tanto acá nos perdemos de generar trabajo y producción. Mientras tanto el déficit de la balanza en el turismo internacional crece mes a mes.

El Gobierno debe reaccionar. La lluvia de dólares no llega ni por inversión ni por exportaciones de nuestra industria o de nuestras economías regionales, la lluvia de dólares viene por la toma de deuda internacional de la Nación, las provincias y las empresas, viene también de las exportaciones de productos primarios del complejo oleaginoso de la Pampa Húmeda.

El Gobierno debe reaccionar y ver en el espejo de la historia para darse cuenta que siempre que hubo atraso cambiario, siempre, pero siempre, la Argentina termino mal.

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Idas y venidas de la gestión; ¿pueden prolongar la recesión?

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Las idas y venidas del gobierno nacional en temas como el del Correo y la actualización de jubilaciones son malas noticias en términos de gestión, sobre todo después de los cambios ministeriales de fin de año, destinados a mejorar la coordinación entre las distintas áreas. La pregunta es si estas vacilaciones pueden afectar las expectativas como para detener la incipiente salida de la recesión. A juzgar por las variables financieras (bolsa, tasas, dólar), que son las más sensibles, no hay un impacto significativo en el corto plazo, mientras que varios de los vectores de crecimiento ya están en marcha.

Es el caso de la agroindustria, con un plus de cosecha estimado en 2 mil millones de dólares respecto del ciclo anterior y la obra pública, que estaría aportando 1 punto más del PIB que en 2016. A su vez, con datos preliminares, la demanda de bienes de consumo masivo estaría aumentando 2 % interanual en febrero, luego de muchos meses en terreno negativo.

No obstante, la “sensación térmica” de la reactivación puede no coincidir con los datos objetivos, debido a que este rebote convive con los cambios estructurales que intenta el gobierno, por los cuales se retiran subsidios de las tarifas, se sincera el costo del dinero y se admite algo más de competencia en los mercados. El problema está en que, sin esos “ruidos” que alteran el corto plazo, quedaría trunca la transición hacia un crecimiento sustentable más adelante.

 

Tras cinco años de estancamiento, con cepos al cambio y al comercio exterior que formaban parte de un verdadero círculo vicioso, la salida de la recesión que se bosqueja en el arranque de 2017 no estará exenta de tensiones. Es que junto a la recuperación cíclica están operando una serie de cambios estructurales, inevitables si se aspira a un sendero sustentable de crecimiento, pero portadores de un “ruido” que, por momentos, puede confundir. Justamente por ese conflicto, lo que se demanda de la gestión del gobierno nacional es la máxima sincronización.

 

El año pasado, las idas y venidas con las tarifas energéticas fueron un contratiempo serio, porque hasta que el tema se resolvió, subsistieron dudas sobre la magnitud de la corrección fiscal que el Ejecutivo habría de lograr, al tiempo que se demoraban las inversiones necesarias para resolver los cuellos de botella del sector. Es distinta la naturaleza de los contratiempos de las últimas semanas, asociados al Correo y a la actualización de las jubilaciones, aunque tienen el común denominador de poner en tela de juicio el sistema de decisiones del gobierno. Probablemente, el rediseño de fin de año derivó en una saturación de expedientes en la Jefatura de Gabinete, con la paradoja que la mayoría de las decisiones legalmente siguen dependiendo de la firma de cada ministro, secretario, o funcionario de cargo equivalente. El balance de estos primeros dos meses de 2017 anticipa nuevos retoques al organigrama, tanto para evitar contratiempos con las próximas medidas como para que los fusibles queden lejos de la figura presidencial. 

Hay señales tempranas de recuperación gradual de la inversión. Las importaciones de bienes de capital, que en buena parte de 2016 permanecieron en terreno negativo, pasaron a crecer un 11,8 % y un 13,3 % interanual en el cuarto trimestre y en enero de 2017. La Inversión Extranjera Directa, que en 2015 aportaba paupérrimos 111 millones de dólares mensuales a la cuenta de ingreso de capitales, en los últimos tres meses escaló a 260 millones de dólares/mes, todavía muy poco para el tamaño de la Argentina, pero con tendencia firme.

Pese a estos datos, es evidente que hay inversores para los que las condiciones del país no han madurado. Desde la incertidumbre internacional, hasta la asimetría entre la presión impositiva y los servicios prestados por el estado, pasando por el tipo de mandato que habrá de emerger de las legislativas de octubre, todas son razones de peso para demorar los proyectos. Por eso resulta tan inoportuno sazonarlas con nuevas dudas sobre el sistema de decisiones.

Más allá de estos inconvenientes, lo cierto es que la salida de la recesión está en marcha y sólo podría ser frenada por hechos más contundentes. Ha sido importante que el gobierno nacional (y varios provinciales) se haya asegurado el financiamiento externo de buena parte del año en estos meses, porque esto despeja el terreno para los ambiciosos planes de obra pública.

A su vez, pese a las dudas del escenario mundial, los precios de las commodities están un escalón arriba del año pasado, con los daños climáticos importantes pero limitados. Economistas de Ieral le han puesto número a estas dos fuentes principales de crecimiento: Marcelo Capello estimó que la obra pública pasará de 2,4 a 3,4 puntos del PIB de 2016 a 2017, consolidando las tres jurisdicciones (Nación, provincias y municipios), mientras que Juan Garzón cifró entre 0,6 y 0,8 puntos del PIB la contribución de la agroindustria a la expansión de la economía este año, computando efectos directos e indirectos. 

 

Del lado del consumo, los datos de febrero habían sido anticipados por la recaudación de enero de impuestos asociados al mercado interno. En términos reales se aproximó a una variación neutra, luego de caer más de 5 % interanual en meses previos. ¿Afectará la dinámica de las paritarias esta tendencia? Primero hay que hacer bien los cálculos: para los docentes de la provincia de Buenos Aires, la propuesta de 18 % para 2017, implica una mejora en términos reales del orden de 3,5 % anual acumulativo (maestro de primaria, con 10 años de antigüedad) en el trienio que arranca en 2015, año en el que los sueldos terminaron siendo pagados por la actual gestión.

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Imputabilidad y anomia

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La posibilidad de sanción de una nueva ley penal que disminuya la edad de imputabilidad responde a una sensación, entendible, de la sociedad de que no existe una política pública que castigue a quienes violen las normas. Creemos que se tratan de dos cuestiones que, si bien están vinculadas, no necesariamente deben ser consideradas idénticas.

Estamos convencidos de que, como decía Ronald Dworkin, vivimos dentro y según la ley, y esta nos convierte en lo que somos. O deberíamos al menos. He aquí un gran problema nacional: indiferencia total respecto del cumplimiento de las normas. A lo que debe sumarse la creciente inseguridad en los polos urbanos. La situación es compleja sin lugar a dudas.

Existe una enraizada concepción en la sociedad de que “no pasa nada” si las leyes no se cumplen. Los derechos individuales prevalecen por sobre lo colectivo. La vulneración de las leyes se justifica en el habitual “todos lo hacen”.  Cualquier intento de orden por parte de las autoridades es calificado como “represión”. La tradicional costumbre del piquete es un ejemplo.

Es evidente que en un sistema jurídico donde el sistema de premios y castigo no resulta eficaz, la modificación de las leyes penales no aportará mucho a los fines buscados.

Entendemos inaceptable el abolicionismo. Resulta imposible el orden social sin penas que castiguen las faltas. Ninguna organización podría funcionar sin control sobre el cumplimiento de las reglas (familia, trabajo, clubes, tránsito, etc.). Las penas deben existir y aplicarse, porque de esa manera el resto del ejido social utiliza y valora el ejemplo. Funciona casi como por contagio.

Sabemos bien quela existencia de normas no implica necesariamente la comprobación de la justicia. Si existe una incorrecta distribución de bienes y obligaciones, oportunidades y deberes, entonces habrá estado de injusticia. Esta percepción es la que tiene hoy (o parece que posee) la sociedad. Un número relevante de personas entiende que existe una notable discrepancia entre las leyes y la justicia como valor. Hay leyes pero no hay justicia. Y puede que tengan razón.

Argentina posee un corpus normativo suficiente pero falla en la aplicación del mismo. El sistema constitucional y convencional vigente, así como el derecho privado y público nacional es de vanguardia. El problema es el control de cumplimiento de las normas y la rápida y eficaz respuesta ante las inobservancias.

La baja de la edad de imputabilidad para los menores se enmarca en ésta búsqueda por “castigar realmente” a quienes violan las leyes. La cuestión es que a los menores la pena impuesta no puede ser la común, o la misma que a los mayores, y además, requerirá de mayor asignación de recursos y seguimiento de los chicos que ingresen al sistema. Esto debería tener muy claro quienes impulsan este tipo de normas. Es un mandato constitucional y convencional.  

Si bajar la edad de imputabilidad de los menores implica la creación de un sistema eficaz e integral de reeducación de los menores, con estricto control de objetivos y metas interinas como definitivas y que tenga como principal fin la protección integral del niño en situación de delincuencia, entonces, podría verse como un aporte.

Tratar la baja de la edad de imputabilidad es sólo tratar el efecto y no la causa del problema, pero no por ello debe dejar de analizarse. Entiendo que aporta mucho al origen del problema esta anomia social crónica, por cuanto, cuando un niño ingresa a la delincuencia es porque ha transcurrido ya por una innumerable sucesión de ausencias, entre ellas, la del Estado y la sociedad toda.

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