FINANZAS

¿Quién debe decidir dónde cobra un trabajador su sueldo? ¿El trabajador según su conveniencia o los bancos? 

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La Cámara Argentina Fintech reitera su posición a favor de que los trabajadores puedan elegir libremente dónde acreditar sus salarios, incluyendo cuentas de pago ofrecidas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP) habilitados y regulados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

El debate en curso no trata de imponer el uso de billeteras virtuales, sino de ampliar derechos, promover la competencia y adecuar el marco legal a una realidad económica que ya existe, caracterizado por la adopción masiva de cuentas digitales, la interoperabilidad y el uso cotidiano de instrumentos electrónicos para administrar ingresos y realizar pagos. 

Permitir la acreditación de salarios en cuentas de pago reguladas no implica imponer cambios ni asumir nuevos riesgos, sino actualizar la normativa laboral a una realidad ya consolidada y ampliamente documentada por indicadores oficiales del Banco Central. 

Desde esta perspectiva, el documento “Pago de salarios en cuentas de pago. Seguridad, competencia y libertad de elección en el sistema financiero argentino” identifica puntos centrales

1. Las cuentas de pago son hoy un componente estructural del sistema financiero 

Las cuentas de pago ya no son una promesa ni una hipótesis académica: son un componente estructural del sistema financiero argentino. El debate no arranca desde la teoría, sino desde un dato duro. Según el Banco Central de la República Argentina, en diciembre se registraron 753 millones de transferencias inmediatas en pesos por un total de $88,7 billones. (+24,8% en cantidad de operaciones y del 24,4% en montos reales de crecimiento interanual). El 75% de esas transferencias tuvo como origen o destino una CVU, es decir, una cuenta de billetera digital. En términos simples, millones de personas ya administran su dinero todos los días a través de estas cuentas.

En ese contexto, el salario aparece como una de las pocas operaciones masivas donde todavía no existe plena libertad de elección del canal. La iniciativa legislativa no intenta forzar comportamientos ni alterar dinámicas existentes: busca que la ley deje de correr detrás de la realidad. Mantener restricciones normativas sobre el uso de cuentas de pago para el cobro de salarios se apoya en supuestos que ya no describen cómo funcionan hoy las finanzas de las personas. 

2. Los PSP operan bajo un marco regulatorio específico y supervisado 

Los Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen cuentas de pago se encuentran registrados y supervisados por el BCRA, bajo un marco regulatorio específico que contempla obligaciones operativas, tecnológicas, informativas y de protección al usuario. Este régimen parte de una distinción fundamental: los PSP no realizan intermediación financiera ni asumen riesgos sistémicos, por lo que la regulación se orienta a la protección de los fondos y la seguridad operativa, en línea con la naturaleza de la actividad

3. Los fondos de los usuarios permanecen dentro del sistema financiero 

La normativa vigente del Banco Central establece que el 100% de los fondos de los usuarios en cuentas de pago debe mantenerse depositado en cuentas bancarias a la vista, separadas del patrimonio del Proveedor de Servicios de Pago. Esto implica que los recursos permanecen dentro del sistema financiero regulado, bajo supervisión prudencial, Desde el punto de vista funcional, tanto si un salario se acredita en una cuenta bancaria como en una cuenta de pago, los fondos se encuentran alojados en bancos. 

4. El debate es ampliar el acceso al crédito 

Reducir esta discusión a una cuestión de captación de depósitos desconoce la transformación que atraviesa el crédito en la Argentina. Según el Informe de Crédito Fintech Argentina Q1 2025 elaborado por el ITBA y la Cámara Argentina Fintech sobre datos del Banco Central, el crédito fintech alcanzó los 5,7 millones de créditos vigentes, con un crecimiento interanual del 68%, y hoy el 27% de los tomadores de crédito del sistema financiero tiene al menos un crédito fintech

Las fintech tienen un rol fundamental en la ampliación del acceso al crédito formal para trabajadores, emprendedores y personas históricamente excluidas del sistema tradicional, mediante la construcción de historial crediticio y la ampliación del universo de sujetos financiables.

5. Más opciones no eliminan las anteriores: el ejemplo del transporte público 

La reciente apertura de medios de pago en el transporte público demuestra que ampliar alternativas no implica eliminar las previas. Ese mismo principio guía este debate: sumar opciones, sin imponer ni excluir. 

6. Más competencia fortalece la infraestructura 

La resistencia de los bancos no responde a una preocupación por la seguridad, sino a la defensa del fondeo gratuito que obtienen de los salarios cautivos. Al retener estos depósitos se aseguran capital a costo cero para financiar sus préstamos y comisiones, evitando competir en un mercado abierto donde el trabajador sea libre de elegir. Su advertencia sobre la “caída del crédito” solo evidencia que su modelo de negocio depende de mantener privilegios regulatorios en lugar de ofrecer mejores servicios que los de las fintech. 

Permitir que los salarios se acrediten en cuentas de pago no implica asumir nuevos riesgos ni debilitar al sistema financiero. Implica actualizar el marco normativo laboral y administrativo a la realidad de los trabajadores y del sistema de pagos argentino

Un llamado al Congreso 

Desde la Cámara Argentina Fintech instamos al Congreso de la Nación a avanzar en una normativa que amplíe derechos, fomente la competencia y acelere la inclusión financiera. Los bancos se oponen a la libertad de elegir dónde cobrar salarios para no perder privilegios. El salario pertenece al trabajador. Reconocer su derecho a elegir dónde cobrarlo es un paso necesario hacia un sistema financiero más abierto, dinámico y alineado con la realidad de la Argentina actual.

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Economía refinancia deuda, emite Letra del Tesoro en dólares por hasta USD 1.228 millones

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, dispuso la emisión de una nueva Letra del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses, a descuento y con vencimiento el 19 de febrero de 2027, por un monto máximo de VNO USD 1.228.159.232,62. La medida, formalizada mediante la Resolución Conjunta 7/2026 y fechada el 5 de febrero de 2026, tiene como objetivo reemplazar al vencimiento una letra en dólares que expira el 13 de febrero de 2026, en el marco del esquema de rollover de deuda intra sector público autorizado por la Ley de Presupuesto 27.798.

Refinanciamiento intra sector público y marco legal vigente

La decisión se inscribe en el Sistema de Crédito Público regulado por la Ley 24.156, que exige autorización presupuestaria para toda operación de endeudamiento. En ese sentido, el artículo 44 de la Ley 27.798 habilita al órgano responsable de la coordinación de los sistemas de Administración Financiera a realizar operaciones de crédito por los montos y destinos previstos en su planilla anexa. Asimismo, el artículo 54 de la misma norma establece que, durante el Ejercicio Fiscal 2026, los pagos de intereses y amortizaciones de capital de letras denominadas en dólares emitidas al Sector Público Nacional serán reemplazados al vencimiento por nuevos títulos públicos, cuyas condiciones definen conjuntamente las Secretarías de Finanzas y de Hacienda.

En línea con ese mandato, la resolución destaca el próximo vencimiento de la “Letra del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses a descuento con vencimiento 13 de febrero de 2026”, emitida por la Resolución Conjunta 7/2025, y dispone su sustitución por un nuevo instrumento con plazo de un año. La operatoria se encuadra, además, en las competencias asignadas por el Decreto 1344/2007, modificado por el Decreto 820/2020, que reconoce a ambas Secretarías como órgano responsable conjunto de la coordinación de la Administración Financiera.

Condiciones financieras de la nueva Letra en dólares

La Letra del Tesoro Nacional en Dólares Estadounidenses a descuento tendrá fecha de emisión el 13 de febrero de 2026 y vencimiento el 19 de febrero de 2027. Se emitirá, suscribirá y pagará en dólares estadounidenses, con amortización íntegra al vencimiento y tasa de interés cupón cero, característica propia de los instrumentos a descuento.

El precio de suscripción fue fijado en USD 984,98 por cada VNO USD 1.000, con denominación mínima de VNO USD 0,01. La colocación será directa y exclusiva al Sector Público Nacional definido por el artículo 8° de la Ley 24.156, así como a fondos y/o patrimonios de afectación específica administrados por organismos comprendidos en ese marco, de conformidad con el artículo 54 de la Ley 27.798.

El instrumento será intransferible y no cotizará en mercados de valores locales ni internacionales. La titularidad se instrumentará mediante un certificado depositado en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Los servicios financieros se atenderán a través del BCRA mediante transferencias de fondos a la cuenta de efectivo del titular de la cuenta de registro. Además, la letra gozará de las exenciones impositivas previstas por la normativa vigente.

Impacto y señales al mercado

Desde el punto de vista fiscal e institucional, la emisión refuerza la estrategia de administración de pasivos mediante el reperfilamiento intra sector público, evitando desembolsos en efectivo en moneda extranjera y asegurando la continuidad operativa del Tesoro dentro de los límites presupuestarios autorizados. Al tratarse de una colocación no negociable y sin cotización, el impacto se circunscribe al ámbito público, sin efectos directos sobre el mercado de capitales.

La resolución también autoriza a titulares de áreas clave —incluidas la Oficina Nacional de Crédito Público, la Dirección de Administración de la Deuda Pública y otras dependencias vinculadas a la programación y análisis del financiamiento— a suscribir la documentación necesaria para implementar la operación, lo que agiliza la ejecución administrativa. La norma entra en vigencia desde su dictado y fue suscripta por Jose Garcia Hamilton y Carlos Jorge Guberman.

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Economía aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de BICE Fideicomisos con un superávit financiero superior a $21.000 millones

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El Ministerio de Economía aprobó formalmente el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de BICE Fideicomisos Sociedad Anónima, una empresa pública clave en la estructuración y administración de fideicomisos financieros y de garantía. La decisión quedó plasmada en la Resolución 78/2026, firmada por el ministro Luis Andrés Caputo y publicada en el Boletín Oficial, y proyecta para el ejercicio un resultado financiero superavitario de $21.018.023.308, sin recurrir a endeudamiento ni aportes del Tesoro Nacional. El dato no es menor: consolida el giro hacia una gestión autosustentable dentro del esquema de empresas públicas y refuerza la estrategia oficial de disciplina fiscal y eficiencia operativa.

Un presupuesto con superávit operativo, económico y financiero

De acuerdo con la resolución, el presupuesto aprobado estima ingresos de operación por $25.409.580.188 y gastos de operación por $12.141.190.526, lo que arroja una ganancia operativa de $13.268.389.662. En términos más amplios, los ingresos corrientes ascenderán a $36.417.321.802, mientras que los gastos corrientes se ubicarán en $14.677.558.099, generando un resultado económico positivo (ahorro) de $21.739.763.703.

El esquema se completa con recursos de capital por $286.351.011 y gastos de capital por $1.008.091.406, destinados íntegramente a inversión en maquinaria y equipamiento. Aun así, el balance final proyecta un superávit financiero de más de $21.000 millones, un indicador poco frecuente en empresas públicas y alineado con los objetivos macroeconómicos del Ministerio de Economía.

La resolución se dicta en el marco de las facultades previstas en el artículo 49 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y su Decreto Reglamentario 1344/2007, y cuenta con dictamen favorable de la Oficina Nacional de Presupuesto, lo que le otorga respaldo técnico y legal.

Transformación operativa y alineamiento con la Ley Bases

El Plan de Acción 2026, aprobado como Anexo I, describe un proceso de transformación iniciado en 2024, orientado a la eficiencia, sostenibilidad operativa y reducción de costos. Entre las medidas implementadas se destacan la reestructuración de la dotación de personal, la revisión integral de honorarios y la mudanza de la sede social para compartir infraestructura con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), lo que permitió reducir en un 35% los gastos mensuales de mantenimiento.

La empresa proyecta cerrar 2026 con una dotación de 115 empleados, frente a esquemas más amplios en años previos, y continuar profundizando políticas de control del gasto. Según el propio documento oficial, este proceso convirtió a BICE Fideicomisos en una compañía superavitaria, capaz de cubrir gastos e inversiones exclusivamente con ingresos fiduciarios, sin asistencia del Estado.

En términos normativos, el plan explicita que la operatoria de la empresa se desarrolla en estricta concordancia con la Ley 27.742 (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos) y con las políticas definidas por el Poder Ejecutivo Nacional, reforzando estándares de transparencia, control e integridad en la administración fiduciaria.

Inversión, mercado y señales al sistema financiero

Para 2026, BICE Fideicomisos prevé una inversión de $1.008.091.406 en maquinaria y equipo, orientada al recambio tecnológico, la automatización de procesos y una mayor trazabilidad de la gestión. No se contempla colocación de deuda, ni en moneda local ni extranjera, una señal consistente con la estrategia oficial de reducir el apalancamiento del sector público.

Desde el punto de vista institucional, la empresa mantiene su inscripción como fiduciario financiero ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y ostenta la categoría 1 FD con Perspectiva Estable, la máxima calificación fiduciaria otorgada por Fix Ratings, lo que la posiciona como uno de los principales fiduciarios del país en términos de activos administrados.

El plan también proyecta un rol activo en el financiamiento de la economía real, mediante la estructuración de fideicomisos financieros para proyectos de inversión privada, infraestructura y desarrollo productivo, buscando complementar al sistema financiero tradicional sin comprometer recursos fiscales.

La aprobación de este presupuesto refuerza el mensaje del Gobierno en dos planos. En lo económico, muestra que es posible sostener empresas públicas superavitarias, con inversión y sin deuda, en un contexto de ajuste fiscal. En lo institucional, consolida un esquema de gestión alineado con la Ley Bases y con la narrativa oficial de eficiencia y racionalización del Estado.

Para el mercado, el dato no pasa inadvertido: una empresa pública que proyecta superávit financiero, invierte y no se endeuda funciona como señal de orden fiscal en un momento en el que la estrategia económica prioriza credibilidad y disciplina presupuestaria.

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En enero, las provincias solo emitieron deuda en pesos y acotaron el acceso al financiamiento en dólares

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La actividad del mercado de deuda subnacional arrancó 2026 con un perfil marcadamente conservador. Durante enero, solo dos provincias —Buenos Aires y Chaco— realizaron colocaciones de deuda, exclusivamente en pesos, por un total de $361.574 millones. El dato, relevado por la consultora Politikon Chaco, confirma la ausencia de emisiones provinciales en dólares en el primer mes del año y plantea interrogantes sobre el real apetito del mercado por riesgo argentino, en un contexto donde el Gobierno nacional sostiene que la demanda por activos locales está en expansión.

El comportamiento del financiamiento provincial no es menor: ocurre en un escenario de redefinición de la estrategia macroeconómica, con un Tesoro nacional que anticipó que no volverá a los mercados internacionales de deuda en el corto plazo y con vencimientos relevantes por delante. En ese marco, el desempeño de provincias y empresas aparece como un termómetro clave para medir el flujo de dólares financieros y la profundidad del mercado de capitales local.

Emisiones provinciales: concentración, pesos y caída interanual

Según el informe de Politikon Chaco, Buenos Aires explicó el 74% del total emitido en enero, con colocaciones por $267.156 millones. Ese monto surgió de la emisión de tres Letras del Tesoro, todas a descuento. Chaco, en tanto, representó el 26% restante del mes, con $94.418 millones, correspondientes a un bono en pesos ajustado por TAMAR con margen y tres reaperturas de Letras de Tesorería.

En términos agregados, las emisiones provinciales mostraron una baja interanual del 21,7%, un dato que refuerza la lectura de cautela financiera y de restricciones en el acceso al crédito, al menos durante el primer mes del año. Aunque Córdoba anunció una colocación por u$s800 millones, esa operación se emitió con fecha 3 de febrero, por lo que no fue computada dentro de las estadísticas de enero.

El resultado parcial introduce límites a una de las hipótesis que circula en el Palacio de Hacienda: la idea de que existe una demanda creciente por deuda argentina. Al menos en el caso de las provincias, ese interés no se tradujo en colocaciones en moneda dura durante enero.

Vencimientos provinciales: predominio de pesos y amortizaciones

Del lado de las obligaciones, enero presentó un perfil exigente pero contenido. Los vencimientos de títulos públicos provinciales alcanzaron los $417.856 millones, con una variación real interanual del 0,5% y una fuerte caída del 60,1% respecto del mes previo.

El 78% de los pagos correspondió a amortización de capital y el 22% a intereses. Por tipo de instrumento, el 67% de los vencimientos estuvo vinculado a Letras y el 33% a Bonos. En cuanto a la moneda, el 63% de los pagos se realizó en pesos y el 37% en dólares.

Solo cuatro provincias enfrentaron vencimientos en moneda extranjera durante enero. Córdoba abonó u$s35,3 millones del CO32d y u$s10 millones del CO26. Chubut pagó u$s32 millones del PUL26. Neuquén canceló u$s26,6 millones del BNA26 y Tierra del Fuego desembolsó u$s5,8 millones correspondientes al TFU27.

Empresas más activas y el efecto de la estrategia oficial

Mientras las provincias mostraron menor dinamismo en el endeudamiento en dólares, el sector privado tuvo un rol más activo. De acuerdo con estimaciones de Cohen Aliados Financieros, las emisiones conjuntas de provincias y empresas sumaron u$s3.079 millones en enero, cifra que incluye la colocación de Córdoba registrada en febrero. Descontando ese monto, los privados habrían emitido alrededor de u$s2.279 millones en el primer mes del año, a lo que se agregan unos u$s1.100 millones en préstamos bancarios.

Este comportamiento se vincula directamente con la estrategia anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo. En declaraciones radiales realizadas el lunes, el funcionario afirmó que el Gobierno nacional no tiene previsto emitir deuda en dólares en los mercados internacionales, pese a los abultados vencimientos futuros. “Si el Gobierno Nacional no emite, los inversores van a buscar como alternativas empresas y provincias”, señaló, al explicar que esa dinámica permitiría el ingreso de dólares financieros.

Los datos recientes muestran, por ahora, una respuesta asimétrica: mayor actividad del sector privado y cautela en el ámbito provincial. La emisión más elevada se registró en noviembre de 2025, con u$s4.591 millones, mientras que en diciembre el monto descendió a u$s2.128 millones. En todo 2025, por esta vía ingresaron aproximadamente u$s19.100 millones.

El desempeño de los próximos meses será clave para evaluar si la estrategia oficial logra canalizar efectivamente la demanda de riesgo argentino hacia empresas y provincias, o si las restricciones macroeconómicas y financieras continúan limitando el acceso al crédito, especialmente en moneda extranjera.

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Enero cerró con ingresos fiscales por $18,3 billones, cayó un 7,6% real

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La recaudación de recursos tributarios alcanzó en enero de 2026 un total de $18.337.625 millones, lo que representó un incremento interanual del 22,0%. El desempeño estuvo impulsado principalmente por el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los ingresos vinculados a la Seguridad Social, en un contexto de normalización macroeconómica y recomposición de la base imponible. Los datos confirman una mejora nominal de los ingresos fiscales al inicio del año, con implicancias directas sobre el equilibrio de las cuentas públicas y la capacidad financiera del Estado.

La recaudación tributaria de enero registró una caída del orden del 7,6% real anual, al totalizar los $18,33 billones. El resultado, reportado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se explica por una fuerte baja de los ingresos del IVA en un contexto de menor actividad.

De esta forma, la pérdida de recursos impactó en una retracción de los envíos de coparticipación de impuestos a las provincias del orden del 8%, lo cual complica las negociaciones con los gobernadores de las provincias por la reforma laboral que contiene una rebaja del Impuesto a las Ganancias de las empresas.

El aporte de los principales impuestos

De acuerdo con el informe oficial correspondiente a enero de 2026, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) neto recaudó $6.213.245 millones, con una variación interanual del 16,4%. Dentro de este tributo, el IVA Impositivo mostró un crecimiento más marcado, con una suba del 28,0% respecto del mismo mes del año anterior, lo que refleja una mayor dinámica de la recaudación asociada a las transacciones gravadas.

Por su parte, el Impuesto a las Ganancias registró uno de los incrementos más relevantes del mes. La recaudación ascendió a $3.403.975 millones, con una variación interanual del 32,4%. Este comportamiento posicionó a Ganancias como uno de los principales motores del crecimiento de los recursos tributarios, en línea con la evolución de los ingresos alcanzados por el tributo y su peso dentro de la estructura fiscal.

Seguridad Social y estructura de ingresos

Los recursos vinculados a la Seguridad Social también exhibieron un desempeño positivo. En enero, los ingresos por este concepto alcanzaron los $5.499.301 millones, lo que implicó una suba interanual del 27,3%. Este rubro constituye un componente clave de la recaudación total y resulta central para el financiamiento del sistema previsional y de las prestaciones sociales.

Por impuestos a los Combustibles ingresaron $ 334.594 millones de Pesos, lo que significa un incremento del 27,3% interanual. El incremento se explica por el aumento del impuesto.

En conjunto, los datos de enero muestran una estructura de ingresos donde los principales impuestos y contribuciones registraron incrementos nominales significativos, consolidando un arranque de año con mayor recaudación en términos interanuales. El crecimiento del 22,0% en los recursos tributarios totales refleja la evolución de los impuestos más sensibles a la actividad económica y al nivel de ingresos, así como el peso creciente de los aportes y contribuciones sociales.

Implicancias fiscales

El desempeño de la recaudación en enero resulta relevante para la planificación fiscal del año. La mejora interanual de los ingresos tributarios fortalece el margen financiero del Estado y se convierte en una variable clave para sostener el equilibrio de las cuentas públicas. Al mismo tiempo, la evolución de impuestos como IVA y Ganancias será determinante para evaluar la consistencia de este crecimiento en los próximos meses.

Con un inicio de 2026 marcado por una recaudación superior a los $18,3 billones, el seguimiento de la dinámica tributaria permitirá anticipar el impacto sobre el resultado fiscal y sobre las decisiones de política económica a lo largo del año.

Informe Recaudación Tributaria de Enero 2026 by CristianMilciades

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