FINANZAS

La Argentina dual: corazón de clase media, bolsillo de clase baja

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Un estudio de Ecolatina hace foco en como impactó la pandemia de Covid-19 en el bolsillo de los argentinos y ¿qué pesa más, el corazón de clase media o el bolsillo de clase baja?

En todos los ámbitos, la pandemia, más que crear tendencias, aceleró y profundizó las que ya estaban delineadas. Ahora que podemos apreciar y dimensionar los acontecimientos con mayor precisión, esta conclusión resulta evidente. Del mismo modo que no es una sorpresa la velocidad exponencial con la que se integraron el mundo físico y el digital en una única fuente de sentido y realidad, tampoco debería serlo que la nueva configuración social de la Argentina ahora esté a la vista de todos.

Su carácter bifronte se viene gestando desde hace años. La pandemia más la extensa cuarentena lo único que hicieron fue cristalizarlo.

Como todo ser dual, es complejo de definir y de predecir. Sus conductas resultan paradójicas, erráticas, en apariencia contradictorias. No encajan dentro de las características clásicas del juicio y del prejuicio. Y es justamente por ello que pueden conducir a errores de interpretación.

A un extremo de la grieta se preguntan: ¿cómo es posible que un laburante vote a la derecha?, sin llegar a comprender que para ese trabajador no se trata de derecha o izquierda. Del otro lado sucede lo mismo, solo que en sentido inverso. ¿Cómo se explica que un profesional formado, educado, con acceso a una vida confortable pueda adherir a propuestas que a la larga pueden terminar atentando contra su propio confort?

Parafraseando a Pascal, ¿de qué manera ese corazón de clase media tiene razones que la razón no comprende? Interrogando desde el otro lado del fenómeno cabe recordar a Juan Carlos Pugliese, aquel ministro de Economía de Alfonsín que asumió en plena hiperinflación de 1989 y dejó para la historia una frase arquetípicamente argentina: “Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”.

El problema de la hibridez es que siempre se torna complejo dilucidar la proporción de carga genética de cada una de las partes. ¿Qué pesa más, el corazón de clase media o el bolsillo de clase baja? ¿El acervo cultural y la carga de valores o los apremios de la economía cotidiana? ¿Cómo se influencian mutuamente lo uno con lo otro? ¿Hasta dónde el problema son las siempre ascendentes expectativas de la clase media, que por lógica no hay bolsillo que pueda satisfacer? ¿Es la clase media una construcción simbólica e identitaria que siempre se corre el arco a sí misma y por eso “nunca llega”? ¿O en realidad estamos asistiendo a un proceso de degradación en cámara lenta donde nos encontramos pidiendo siempre lo mismo en un espiral descendente?

Por ser un espiral no llegamos a percibir que aunque el requerimiento sea el mismo, en cada ocasión lo hacemos desde un escalón más abajo y eso nos aleja más y más del objeto de deseo.

¿Tiene la sociedad argentina, por su configuración dual, una insatisfacción crónica, o en realidad la velocidad del deterioro es superior a la de readecuación de sus demandas?

En pocas palabras: ¿siempre queremos más de lo que podemos o a pesar de querer cada vez menos no llegamos ya ni siquiera a eso?

Números para el análisis
Si le ponemos números al análisis, tal vez quede más claro el dilema.

Entre 2012 y 2020, la economía de la Argentina cayó 13%, la inflación fue del 1438% y el desempleo subió 3,5 puntos porcentuales.

A pesar de haber caído 7 puntos, como lo demuestra el estudio publicado recientemente por el Banco Mundial, la clase media sigue abarcando en nuestro país al 45% de las familias. Y si lo vinculamos ya no con lo fáctico, sino con el imaginario, lo que expresa la clase media continúa siendo atractivo para 3 de cada 4 argentinos. Tanto nuestros estudios como los del Observatorio de Psicología Social de la UBA lo confirman. El 75% de la población se autopercibe integrando este gran colectivo social.

El punto hoy es cómo se articulan el componente simbólico con la realidad constante y sonante de la economía cotidiana. Corazón y bolsillo.

Al cierre del cuarto trimestre de 2020, para considerarse como parte de la clase media alta, una familia de la Argentina tenía que tener ingresos mensuales totales “piso” de $120.000 y “techo” de $250.000. El promedio, $150.000. Con esos valores se pertenecía al 17% de la familias que en la pirámide social se ubican en el segundo escalón, inmediatamente debajo de la clase alta. A la cotización del dólar blue del cierre del año, esos valores eran: US$720 piso, US$1500 techo, y US$900 promedio.

Si nos detenemos a analizar el otro segmento que integra la clase media, que es la clase media baja, mucho más frágil y vulnerable, la situación resulta más apremiante. El piso de ingresos era $60.000, el techo $120.000 y el promedio, $75.000. Llevado a dólares blue, US$360, US$720 y US$450 respectivamente.

La conversión de los ingresos familiares de la clase media a dólares está lejos de ser trivial. Responde a que justamente sus expectativas de consumo están vinculadas en gran medida con bienes icónicos que tienen “dólares adentro”. Simplificando, y a riesgo de ser demasiado lineales, para la clase media alta, el viaje, el auto, la tecnología y la ropa. Para la clase media baja, el celular, la computadora y las zapatillas.

Podrá decirse, con razón, que esos bienes, en el caso de ser importados o tener componentes que llegan del exterior, entran al país a dólar oficial, lo cual es cierto. Pero no puede desconocerse que en la Argentina lo que sucede con el dólar blue se filtra en todas las cadenas de valor disfrazado de inflación. Al fin de cuentas es lo mismo, o bastante parecido.

El shock de los precios
Es lo que, al “salir de la caverna” en la que hibernaron buena parte del año pasado llevó a los consumidores a shockearse con ciertos precios haciéndose una pregunta simple y casi infantil: ¿qué pasó? ¿Un celular cuesta entre $150.000 y $250.000? ¿Un par de zapatillas, entre $10.000 y $20.000? ¿Un kilo de asado entre $600 y $800? ¿Qué pasó?

Buena parte de la explicación hay que buscarla justamente en el dólar blue. Entramos a la cuarentena con un dólar de $86 y salimos con uno que valía casi el doble.

Si no queremos tomar este parámetro y pasamos a pesos, basta registrar que hoy la inflación interanual es del 50%, según la medición del Indec de junio. Por donde se lo que quiera mirar el problema es similar. El poder adquisitivo de los hogares argentinos se redujo 8% en promedio durante el primer trimestre de 2021. Medido en pesos, considerando ingresos de los hogares e inflación publicados también por las estadísticas oficiales. Y medido en dólares blue, la caída fue del 19%, con un dólar “contenido”.

La Argentina dual le está encontrando sus propias respuestas al dilema. Son de orden práctico más que filosófico.

Se consolidan patrones de consumo más sajones que latinos. Prima la sensatez, la austeridad y la conveniencia. Lo que antes se escondía ahora se socializa. La cultura low cost gana cada vez más adeptos. Crecen los outlets, los mayoristas, las ferias, los showrooms, las segundas marcas y, por supuesto, el comercio electrónico, propio de la nueva era donde físico y digital ya son una única cosa.

Otro símbolo de la época es que muchos consumidores ya no hablan tanto de segundas marcas, sino de “primeras marcas desconocidas”, sutileza que busca calmar a ese corazón de clase media que se inquieta cuando siente que su bolsillo ahora es de clase baja. Al menos para su percepción y sus expectativas.

¿De qué manera esta dualidad que se venía gestando, pero que ahora se transparentó y quedó expuesta, reconfigurará la narrativa de nuestra identidad nacional? ¿Será aceptada con resignación o, por el contrario, provocará enojo? ¿Se procesará el dolor que produce un movimiento descendente de este calibre o se manifestará en el decir y el hacer de los ciudadanos?

Interrogantes que se abren ahora que todo está a la vista.

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¿Criptoactivos como moneda nacional? Un paso demasiado grande

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Por Tobias Adrian y Rhoda Weeks-Brown – Las nuevas formas digitales de dinero tienen el potencial de ofrecer pagos más baratos y rápidos, aumentar la inclusión financiera, mejorar la resiliencia y la competencia de los proveedores de servicios de pago y facilitar las transferencias transfronterizas.

Pero esto no es sencillo de conseguir. Requiere importantes inversiones y difíciles decisiones de política, como es la definición del papel de los sectores público y privado en la oferta y regulación de las formas digitales de dinero.

Algunos países podrían verse tentados a tomar un atajo: adoptar criptoactivos como moneda nacional. Muchos de ellos son en efecto seguros, de fácil acceso y de transacción barata. Sin embargo, creemos que en la mayoría de los casos, los riesgos y los costos superan los posibles beneficios.

Los criptoactivos son fichas emitidas de forma privada mediante técnicas criptográficas y denominadas en su propia unidad de cuenta. Su valor puede ser extremadamente volátil. El bitcóin, por ejemplo, alcanzó un máximo de USD 65.000 en abril y se desplomó hasta menos de la mitad de ese valor dos meses después.

Y, aun así, el bitcóin sigue vivo. Para algunos, es una oportunidad de realizar transacciones de forma anónima, para bien o para mal. Para otros, es una forma de diversificar carteras y mantener un activo especulativo que puede generar fortuna, pero también importantes pérdidas.

Así, los criptoactivos son fundamentalmente diferentes de otros tipos de dinero digital. Los bancos centrales, por ejemplo, están considerando la emisión de monedas digitales: dinero digital emitido en forma de pasivo del banco central. Las empresas privadas también están ampliando fronteras, con dinero que puede enviarse a teléfonos móviles, popular en África Oriental y China, y con monedas estables, cuyo valor depende de la seguridad y la liquidez de los activos que las garantizan.

¿Criptoactivos como moneda de curso legal?

El bitcóin y sus homólogos se encuentran en gran parte en la periferia de las finanzas y los pagos, y sin embargo algunos países están considerando seriamente otorgar a los criptoactivos el estatus de moneda de curso legal e, incluso, convertirlos en una segunda (o potencialmente la única) moneda nacional.

Si se otorgara a un criptoactivo el estatus de moneda de curso legal, los acreedores tendrían que aceptarlo como medio de pago de obligaciones monetarias, como son los impuestos, de forma similar a los billetes y a las monedas en circulación (dinero legal) emitidos por el banco central.

Los países pueden ir aún más lejos y aprobar leyes que fomenten el uso de criptoactivos como moneda nacional, es decir, como unidad monetaria oficial (en la que pueden expresarse las obligaciones monetarias) y forma de pago obligatoria en las compras diarias.

Es difícil que los criptoactivos se impongan en países cuya inflación y tipos de cambio son estables y que cuentan con instituciones creíbles. Los hogares y las empresas tendrían muy pocos incentivos para fijar precios o ahorrar en un criptoactivo paralelo como el bitcóin, aun cuando se le concediera el estatus de dinero legal o moneda de curso legal. Su valor es demasiado volátil y sin relación con la economía real.

Incluso en economías relativamente menos estables, el uso de monedas de reserva internacionalmente reconocidas, como el dólar o el euro, sería más atractivo que adoptar un criptoactivo.

Los criptoactivos podrían imponerse como vehículo para que las personas que no disponen de cuenta bancaria realicen pagos, pero no como reserva de valor. Se cambiarían inmediatamente por moneda real una vez recibidos.

Por otro lado, puede que la moneda real no siempre sea de fácil acceso ni que sea fácilmente transferible. Además, en algunos países, la legislación prohíbe o limita los pagos en otras formas de moneda. Esto podría inclinar la balanza hacia el uso generalizado de criptoactivos.

Proceder con precaución

El costo más directo de la adopción generalizada de criptoactivos, como el bitcóin, es la estabilidad macroeconómica. Si se fijaran los precios de los bienes y servicios tanto en moneda real como en criptoactivos, los hogares y las empresas emplearían tiempo y recursos importantes en elegir qué moneda mantener, en lugar de participar en actividades productivas. De forma similar, los ingresos fiscales se verían expuestos al riesgo de tipo de cambio si los impuestos se indicaran por adelantado en criptoactivos, mientras que los gastos siguieran estando en su mayoría en moneda nacional, o viceversa.

También, la política monetaria perdería fuerza. Los bancos centrales no pueden fijar tasas de interés para una moneda extranjera. Normalmente, cuando un país adopta una moneda extranjera como propia, «importa» la credibilidad de la política monetaria extranjera y espera que su economía —y sus tasas de interés— se ajusten al ciclo económico extranjero. Nada de esto es posible en el caso de la adopción generalizada de criptoactivos.

Como resultado, los precios domésticos podrían volverse altamente inestables. Incluso si todos los precios se indicaran, por ejemplo, en bitcóin, los precios de los bienes y los servicios importados seguirían fluctuando enormemente, siguiendo los vaivenes de las valoraciones del mercado.

La integridad financiera también sufriría. Sin medidas sólidas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, los criptoactivos pueden ser utilizados para lavar dinero obtenido por medios ilícitos, financiar el terrorismo y evadir impuestos. Esto podría presentar riesgos para el sistema financiero de un país, su balance fiscal y sus relaciones con países extranjeros y sus correspondientes bancos.

El Grupo de Acción Financiera Internacional ha establecido una norma sobre cómo deben regularse los activos virtuales y los proveedores de servicios relacionados para limitar los riesgos a la integridad financiera. Pero la aplicación de esa norma todavía no es uniforme entre los países, lo que puede ser problemático dado el potencial de actividades transfronterizas.

Surgen nuevos problemas legales. El estatus de moneda de curso legal requiere que el medio de pago sea ampliamente accesible. Sin embargo, el acceso a internet y la tecnología necesaria para transferir criptoactivos siguen siendo escasos en muchos países, lo que plantea cuestiones de equidad e inclusión financiera. Además, la unidad monetaria oficial debe tener un valor suficientemente estable para facilitar su uso en obligaciones monetarias a mediano y largo plazo. Y los cambios en el estatus de moneda de curso legal y la unidad monetaria de un país suelen exigir modificaciones complejas y amplias a la legislación monetaria para evitar crear un sistema legal desarticulado.

Asimismo, los bancos y otras instituciones financieras podrían verse expuestos a las grandes fluctuaciones de los precios de los criptoactivos. No está claro si la regulación prudencial frente a las exposiciones a moneda extranjera o activos de riesgo de los bancos podría mantenerse si, por ejemplo, el bitcóin obtuviera el estatus de moneda de curso legal. 

Además, el uso generalizado de criptoactivos socavaría la protección de los consumidores. Los hogares y las empresas podrían perder riqueza debido a las grandes fluctuaciones del valor, el fraude o los ciberataques. Si bien la tecnología que subyace a los criptoactivos ha demostrado ser extremadamente robusta, pueden producirse fallos técnicos. En el caso del bitcóin, el recurso es difícil, ya que no existe un emisor legal.

Por último, los criptoactivos minados, como el bitcóin, requieren una enorme cantidad de electricidad para alimentar las redes informáticas que verifican las transacciones. Las implicaciones ecológicas de la adopción de estos criptoactivos como moneda nacional podrían ser nefastas.

Lograr un equilibrio

En cuanto moneda nacional, los criptoactivos —incluido el bitcóin— vienen acompañados de riesgos importantes para la estabilidad macrofinanciera, la integridad financiera, la protección de los consumidores y el medio ambiente. Las ventajas de sus tecnologías subyacentes, incluido el potencial de servicios financieros más baratos e inclusivos, no deben ignorarse. No obstante, los gobiernos deben intensificar los esfuerzos para ofrecer estos servicios y aprovechar las nuevas formas digitales de dinero al tiempo que mantienen la estabilidad, la eficiencia, la igualdad y la sostenibilidad medioambiental. Intentar convertir criptoactivos en moneda nacional es un atajo nada aconsejable.

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Ejecución de la inversión pública en el Norte Grande

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Según la OPC, hubo un fuerte salto de la inversión pública nacional en el NEA durante el primer semestre 2021, y algo menor en el NOA

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso nacional (OPC) indicó que la inversión pública (compuesta por la inversión real directa y las transferencias de capital) ejecutada por la Administración Pública Nacional (APN), en el primer semestre 2021, ascendió a $296.982 millones, que equivale a un crecimiento real del 107,2% contra igual período del año anterior; a la vez que, en relación al crédito presupuestario vigente, se lleva ejecutado el 38% del mismo.

El alza interanual está explicado por fuerte suba de las Transferencias de Capital (TC), que subieron un 132% a/a; y un poco por debajo creció la Inversión Real Directa (IRD): +63%, siempre en términos reales. En volumen, las TC representaron el 71,6% del total de la inversión pública, participaron muy superior a los años previos.

Ejecución de la inversión pública por regiones

Al primer semestre del 2021, más de la mitad de la inversión pública se concentró en la región Pampeana (53,7% del total), y le sigue la categoría de “región sin especificar” (22,2%), que incluye obras de alcance nacional, binacional e interprovincial y otra no clasificada.

Luego, se ubica el NOA con una participación del 8% del total devengado de inversión pública; el NEA y la Patagonia comparten el cuarto lugar concentrando en cada caso el 6,3% del total, y cierra Cuyo con 3,5%

Sin embargo, la situación es distinta al analizar, por un lado, el ritmo de ejecución, y luego, la variación contra el mismo período del año anterior por región.

La región con mayor ritmo de ejecución de inversión pública en relación a su crédito presupuestario vigente es el NEA con un 47,8%. Esto genera que su incremento interanual esté entre los mayores del país (el segundo más alto, específicamente), con un alza real del 143% interanual.

En el NOA, se ve la situación inversa: se lleva ejecutado apenas el 34% de su crédito presupuestario (la más baja entre las regiones, excluyendo a las “sin especificar”), y tuvo un incremento bastante menor al NEA, pero que es también muy importante: +70,3% real interanual, siendo el segundo más bajo del país detrás de la Patagonia.

En todas las regiones del país predomina la presencia de las TC sobre la inversión pública total, pero en el NEA-NOA es donde tienen mayor participación (excluyendo a la categoría “sin especificar”). En el noroeste, las TC explican el 74,8%, mientras que en el nordeste lo hacen en un 73,2%. Esto, dicho de otro modo, implica más recursos para los gobiernos provinciales y sus organismos destinados a la ejecución de la inversión.

Inversión pública por provincias

Tal como muestra el cuadro supra CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba y La Rioja son las jurisdicciones de mayor volumen de ejecución (en pesos corrientes) de la inversión pública de la APN.. Sin embargo, si tomamos el ritmo de ejecución, observamos que Formosa, San Luis y Entre Ríos son la que ejecutaron un mayor grado de su crédito presupuestario vigente.

A su vez, salvo Santa Cruz, el resto de las provincias muestra alzas en relación a igual período de 2020. En este marco, San Luis, Entre Ríos, Catamarca, Chaco, Chubut, Formosa y Santiago del Estero muestran las mayores alzas.

El informe menciona, también, que el gasto por ubicación geográfico asociado a la población de las provincias en que se registra el gasto permite construir un indicador de inversión pública per cápita. A través de este, se observa un máximo en la provincia de La Rioja ($25.676 por habitante). Este máximo riojano se da en el marco del Convenio que mantiene la provincia con el Estado nacional (a través del artículo 84 del Presupuesto vigente, que establece una asignación específica de $12.500 millones a la provincia y $500 millones a favor de sus municipios).

En el otro extremo, vemos a una provincia vecina, también del Norte Grande: Tucumán, con apenas $1.544 por habitante. El promedio nacional es de $6.483 por habitante, lo cual implica un incremento del 105,2% en términos reales respecto al primer semestre 2020 ($2.184 por habitante)

Fuente Región Norte Grande

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Estafas on line, el lado B de la pandemia

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La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), realizó un estudio donde analiza el fuerte aumento del consumo a través del e-commerce con la llegada de la pandemia.
La facturación del e-commerce, en 2020, superó los 900 millones de pesos, representando un crecimiento anual de 124%. Las categorías más favorecidas fueron: equipos tecnológicos; alimentos y artículos de limpieza, y artículos para el hogar; entre otros rubros. Por otro lado, las operaciones bancarias a través de internet, ya sea mediante la web o aplicación bancaria, también aumentaron un 58%. En efecto, el método de pago más utilizado para dichas operaciones fueron las tarjetas de crédito (77%).
Los datos presentados en dicho informe demuestran que tanto las compras como las ventas online rompieron todos los récords de consumo proyectados, pero también aumentaron las estafas online. Un clic de más o un formulario con datos personales en una web equivocada, puede llevar al vaciamiento de la cuenta bancaria.
Rodrigo López Guerra, CTO de Ixpandit Fintech Factory, comenta: “Una buena forma para detectar una estafa si recibimos un mail con una propuesta llamativa es reflexionar sobre la siguiente frase «si es demasiado bueno para ser real, es porque no lo es». La verdad es que no existen magnates o príncipes dispuestos a regalar sus fortunas a través de un correo electrónico”.
Para evitar cualquier tipo de estafas online, “es importante que nos familiaricemos con la ley de protección de datos y cómo los resguardamos”, recomienda López Guerra.
Si aún estás con la duda de compartir información sensible, te brindamos 5 consejos básicos para evitar todo tipo de fraude.

1) Verificación de datos del vendedor

Chequeá que el sitio web o el vendedor sean oficiales y seguros o la marca tenga buena reputación. Se puede verificar la confiabilidad leyendo los comentarios de compradores anteriores, viendo las calificaciones que recibió o revisando las redes sociales de la empresa.
Además, todas las empresas deben publicar un nombre y número de CUIT para demostrar que es un comercio auténtico. Si estos datos no aparecen podés buscar su Constancia de Inscripción en la página de AFIP.


2) Descartar compras por correos masivos

Muchos de estos correos suelen llegar a la carpeta de Spam o No deseados. Nunca realices una compra a través de esta información recibida ya que es la puerta de entrada para el engaño.


3) Llamadas sospechosas

Si recibís un mensaje o llamada informando que bloquearon la tarjeta de crédito, se aconseja no responder ni brindar información como claves o datos bancarios. Recordá que tu institución bancaria nunca va a solicitar esta información.

4) Perfiles seguros en redes sociales

Si vas a realizar una compra a través de un perfil de Instagram o Facebook, asegúrate que tenga el tilde azul de autenticidad. Otro procedimiento es mirar los comentarios, cantidad de likes y seguidores. También podes acceder a la información de la cuenta como la fecha de creación del perfil, la ubicación geográfica y los nombres que anteriormente utilizó.


5) Conservar los comprobantes

El comercio o vendedor siempre debe enviarte la factura o el comprobante de pago. Si realizaste una compra y ya superó el plazo de entrega, podrás hacer el reclamo o denuncia presentando la factura de la compra del producto.


“Debemos ser muy cuidadosos al momento de brindar nuestros datos bancarios o personales, como claves, CBU, entre otros. Si algo nos genera duda, recordemos siempre estos 5 consejos básicos. En Adelantos.com contamos con altos niveles de seguridad para verificar la identidad del usuario solicitante, desde un doble chequeo de envío de foto y documento o hasta la validación de un mail de seguridad. También en nuestro sitio encontrarán el código QR con la información fiscal”, explica Florencia Valdes, Marketing Manager de Ixpandit Fintech Factory.

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El Ministerio de Economía realizará el miércoles una nueva colocación de bonos en pesos

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El Ministerio de Economía concretará el miércoles una nueva colocación de siete bonos en pesos, con vencimientos que van desde el 30 de septiembre próximo hasta 30 de junio de 2022.

La recepción de ofertas comenzará a las 10 y concluirá a las 15 del miércoles y será la tercera y última licitación prevista para julio.

La oferta incluye Letras del Tesoro Nacional (Letes) con vencimiento el 30 de septiembre, una a descuento, y otra a tasa variable más el 2%.

También habrá otras dos Letes con cierre el 30 de noviembre, una a descuento, y otra a tasa variable más 3%.

A estos papeles se sumarán dos Letes a descuento, una con vencimiento el 31 de diciembre, y otra el 31 de enero de 2022.

La última oferta será una Lete ajustada por CER (inflación) a descuento, con vencimiento previsto para el 30 de junio del año próximo.

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