FINANZAS

La recaudación de junio creció en términos reales y se ubica en el primer semestre en niveles pre pandemia

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En junio, la recaudación tributaria registró un crecimiento de 69,0% i.a(1), una suba por encima del aumento de los precios del periodo. El incremento se explica por una baja base de comparación en 2020 y por la recuperación de la actividad respecto a los niveles del año pasado.

Así, la recaudación acumulada al sexto mes del año se encuentra prácticamente en niveles pre-pandemia, a pesar de la prórroga de ciertos vencimientos y la desaceleración de los recursos por las medidas sanitarias en el marco de la segunda ola por el COVID -19.

En particular, en junio se destaca la evolución de los tributos que responden con mayor inmediatez a la actividad económica, que registraron un incremento de 81,2% i.a. Este grupo se encuentra conformado por el impuesto a los Combustibles (120,6% i.a.), el IVA (85,0% i.a), impuestos Internos (31,5% i.a.) y el Impuesto a los Créditos y Débitos (73,6% i.a.); este último continúa afectado por la exención al sector Salud.

Resulta relevante mencionar la dinámica del Impuesto a las Ganancias (47,3% i.a.). Al igual que en mayo, estuvo afectada por la reducción de las retenciones sobre las rentas de trabajadores en relación de dependencia por el incremento de las deducciones personales.

Asimismo, se postergó el vencimiento del saldo de Declaraciones Juradas de Personas Humanas, que se trasladó a agosto. Los tributos del comercio exterior continuaron mostrando un buen desempeño. Los Derechos de Exportación crecieron (138,5%i.a.); por su parte, los Derechos de Importación y Tasa Estadística aumentaron en su conjunto (114,8% i.a.).

La recaudación asociada a la seguridad social se incrementó en un 52,9% i.a., donde los Aportes Personales exhibieron una suba de 54,3% i.a. y las Contribuciones Patronales crecieron 53,1% i.a. El aumento de este último se encuentra disminuido por las exenciones que ha desplegado el Estado Nacional para acompañar al sector de la Salud, los sectores críticos del programa REPRO II y las provincias del Norte Grande, en el marco de la pandemia.

Por último, la recaudación de Bienes Personales mostró un crecimiento de 68,1%, a pesar de la postergación del vencimiento para los pagos de los saldos de Declaración Jurada para el mes de agosto. Más allá del efecto de las medidas de aislamiento que se tomaron en el marco de la pandemia, se observa un mejor desempeño de los recursos asociados a la actividad económica respecto al mes anterior. Así, tanto las medidas para la asistencia y recuperación del empleo que despliega el Estado Nacional como el avance de la vacunación permiten ser optimistas sobre la recuperación de la actividad y su impacto positivo en los ingresos del Estado.

(1) Esto no incluye lo percibido en concepto de ingresos no tributarios por facilidades de pago asociadas al Aporte Solidario y Extraordinario (Ley N° 27.605), que ascendió a $24.771 millones en el mes en curso.

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Los comercios tendrán acreditadas al siguiente día hábil las ventas con tarjetas de débito

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Este martes el BCRA sacó un comunicado indicando esta nueva medida que beneficiará a 1,5 millones de micro y pequeños comercios.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo en beneficio de las MiPyMEs el plazo de la liquidación de los pagos que hacen los bancos a los comercios por las ventas en el marco de la Ley de Tarjetas de Crédito. La medida tiene un universo de beneficiarios de 1,5 millones de micro y pequeños comercios y entrará en vigencia el 1 de julio.

La Comunicación A7305 estableció que los micro y pequeños comercios, según la definición de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, percibirán el cobro de las ventas efectuadas con tarjeta de crédito a los 8 días hábiles de concretada, en lugar de los actuales 10 días hábiles.

En el caso de las empresas medianas, el plazo se mantendrá en 10 días hábiles y para las grandes empresas el plazo será a los 18 días hábiles, que es el tiempo promedio que transcurre entre el gasto en los comercios y el pago por parte de los tarjetahabientes del resumen de la tarjeta.

La comisión para la venta con tarjeta de crédito se fijó en el marco de la ley en 1,8% y para las ventas con tarjetas de débito en 0,8%. Ese es el tope que los proveedores del servicio de terminales de pago pueden retener a los comercios.

Durante la anterior gestión al frente del BCRA se estableció una figura no contemplada en la ley, la de “agrupadores de pagos” que intermedian entre los comercios y los emisores de las tarjetas de crédito y débito. Estos agrupadores cobran a los comercios porcentajes que llegan a triplicar la comisión establecida por ley, mientras reconocen el 1,8% a los emisores de tarjetas y los adquirentes, encargados de conectar a los comercios y procesar los pagos.

Según cuadros comparativos, frente a una comisión de 1,8% que se acordó en el marco de la ley, el principal agrupador de pago percibía una comisión de 3,39% a los comercios, que ahora decidió elevar, atribuyendo este incremento a la norma emitida por el BCRA.

La comisión de 1,8% se distribuye 1,3% para los emisores de tarjeta y 0,5% para los adquirentes. Significa que por el mismo procesamiento que los adquirentes perciben 0,5%, los agrupadores de pago cobran más de 1,5%.

La Comunicación A7305 no justifica el incremento de la comisión y, en caso de considerar que se incrementó el costo financiero de la operación, tienen margen para absorberlo sin trasladarlo a los comercios.

La medida tomada por el BCRA también estableció que para las empresas de salud, gastronómicas y hoteleras regirá la reducción a ocho días si se tratan de micro o pequeños comercios y se mantiene en diez días hábiles para el resto.

Este esquema de plazos de liquidación facilita la fluidez del sistema de pagos y se complementa con el límite de la tasa de interés que los bancos pueden aplicar a los usuarios que optan por financiar el pago de sus consumos.

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Kristalina Georgieva, propone la designación de Bo Li como Subdirector Gerente del FMI

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La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, informó hoy al Directorio Ejecutivo del FMI su propuesta de designar al Sr. Bo Li para el cargo de Subdirector Gerente, a partir del 23 de agosto de 2021. El Sr. Li es actualmente Subgobernador del Banco Popular de China. Sucederá al Sr. Tao Zhang, quien había informado que dejará su cargo el 22 de agosto.

Al anunciar la selección del Sr. Li, la Directora Gerente manifestó lo siguiente:

«El Sr. Li aporta una amplia experiencia jurídica y en cuestiones relativas a los bancos centrales. A lo largo de más de 14 al servicio del Banco Popular de China, entre 2004 y 2018, ocupó diversos altos cargos, como el director del departamento jurídico y de regulación y director de dos departamentos de política monetaria. En el Banco Popular de China, jugó un papel decisivo en formulación y ejecución de varias reformas y políticas importantes, como la reforma de la banca estatal; la legislación contra el lavado de dinero; y el establecimiento de un marco macroprudencial para China.

El Sr. Li también ha ocupado varios otros cargos en el sector público en China. De 2018 a 2019, fue Vicepresidente de la Federación de Ciudadanos Retornados del Exterior de toda China. Se desempeñó como Vicealcalde de la municipalidad de Chongqing de 2019 a 2021, supervisando el desarrollo del sector financiero, el comercio internacional y la inversión extranjera directa de la ciudad. Retornó al Banco Popular de China en abril de 2021 para asumir el cargo de Subgobernador.

Antes de incorporarse al Banco Popular de China, ejerció como abogado durante cinco años en el estudio jurídico York Davis Polk & Wardwell, en Nueva York

Obtuvo su licenciatura en la Universidad Renmin de China en Pekín. También tiene una maestría en Economía de la Universidad de Boston, un doctorado en Economía de la Universidad de Stanford, y un doctorado en jurisprudencia con honores (magna cum laude) de la Facultad de Derecho de Harvard.»

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Hay que pasar el invierno: cómo serán los vencimientos de deuda de las provincias

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En junio provincias y la CABA tuvieron vencimientos de títulos públicos por  un total de $28.072,9 millones, un volumen superior a lo operado en abril (+41%) y  siendo el segundo más alto del año, detrás de abril. El 54% de los mismos fueron de  Letras del Tesoro, y el 46% restante corresponden a bonos. Esta situación es muy  distinta a la que se dio en mayo, cuando el volumen correspondiente a Letras llegó al  82%. Observando por moneda de origen de los títulos, el 89,3% fueron en pesos  ($25.063,3 millones), y los vencimientos en dólares fueron por USD 31,7 millones.  

Por jurisdicción, la provincia de Buenos Aires concentró el 37,3% de los vencimientos,  con un total de $10.483,9 millones correspondientes a cuatro Letras del Tesoro: una de  ellas (LBJ21) se trató de una letra a descuento y que concentró el mayor volumen sobre  el total provincial ($8.670 millones). Hubo a su vez dos pagos de servicio de renta  (BBD21 por $147,4 millones y BBS21 por $426 millones) y una por la cual se pagó  servicios de renta y amortización (BBJ21 por $1.240,1 millones). 

En segundo lugar, se ubicó la provincia de Mendoza, que participó del 27,3% del total  de los vencimientos, con un total de $7.670,3 millones, correspondientes a una Letra del  Tesoro (BMJ21, por el cual se pagó renta y amortización por $1.938,6 millones) y a un  título de deuda (PMJ21 por $5.731,7 millones), que finalizó el servicio con el pago del  último cupón de interés y el total de la amortización, cuyo pago de capital era bullet, lo  que cual ensanchó fuertemente el volumen de pago final de la provincia.  

Tercera se ubicó la CABA: enfrentó vencimientos por $3.575,2 millones (12,7% del total  del mes), que correspondieron a dos bonos, pero uno de ellos (CABA27) expresado en  dólares, por el cual pagó un servicio de interés por USD 3,7 millones ($355,2 millones  pesificados según el T.C de referencia del BCRA), y pagó un cupón de interés del  BDC24 por otros $3.219,9 millones.  

En cuarto lugar, quedó la provincia del Chaco, con un total de $2.361,5 millones (8,4%  del total), que correspondieron a dos Letras de Tesorería (capital e intereses por  $2.333,6 millones) y dos bonos en dólares (CHSG1 y CHAQ, por un total de USD 294,6 mil; que pesificados dan un total de $27,9 millones).

Le sigue la provincia de Córdoba, que participó del 7,3% del total con vencimientos  (pesificados) por $2.049,9. La particularidad de este caso es que la provincia afrontó los  primeros vencimientos de interés de dos bonos recientemente reestructurados: el  CO24D (por el que pagó USD 5,4 millones) y el CO21D (por el que pagó USD 8,1  millones); además, pagó un servicio de renta del CO23 (bono proveedores) por $773,8  millones.  

Salta continúa en el listado, con una situación similar a la de Córdoba: enfrentó  vencimientos de dos bonos en dólares, de los cuales uno fue recientemente  reestructurado: el SA24D por USD 3,8 millones; el otro bono por el cual se abonó renta  y también el servicio de amortización fue el SARH (USD 9,8 millones). Por último,  enfrentó otros $39,4 millones por el servicio de renta del SA21. En total, pesificando los  pagos, enfrentó vencimientos por $1.333,9 millones (4,8% del total). 

Otras cinco provincias completan el listado, y en todos los casos los vencimientos ni  superaron los mil millones de pesos. El mayor se vio en Chubut ($451,4 millones),  seguida de Río Negro ($104,1 millones), Misiones ($28,2 millones), Neuquén ($14,4  millones) y La Rioja ($8,5 mil).

Vencimientos: Acumulado enero – junio 2021 

En el acumulado de enero – junio 2021, la provincia de Buenos Aires concentra el 42,3%  de los vencimientos de títulos públicos provinciales, con un total de $63.960,1 millones.  En segundo lugar, se posiciona la CABA con el 19,7% ($29.802,6 millones); y Chaco  completa el podio con el 10,3% ($15.621 millones). Otras once provincias participan del  27,6% restante por un valor de $41.715,4 millones, para dar un valor total de $151.099,1 millones en vencimientos de títulos públicos tanto en letras como en bonos.  

En este marco, el 91,1% de los vencimientos fueron en pesos ($137.629,1 millones) y  el restante en dólares, por un valor final de USD 144,9millones. Respecto a esto último,  entre Chubut, Córdoba, Neuquén, Salta y Tierra del Fuego concentran el 96,9% de los  pagos en esa moneda. 

Los vencimientos en dólares concentran su mayor volumen en bonos provinciales a  largo plazo, y en gran medida, muchos de ellos fueron reestructurados en el último año.  Por ende, una vez consumada la reestructuración, algunas provincias ya comenzaron a  pagar sus servicios correspondientes (como se observó en junio con los casos de Salta  y Córdoba) y, por ende, se incrementa el volumen de pagos en dólares. Aún con ello en  cuenta, el peso de los pagos de títulos en dólares no representa por el momento un gran  peso en el total de los vencimientos afrontados: acumulado a junio, el mismo representó  el 8,9% del total.  

Por otro lado, en junio 2021 cuatro provincias realizaron licitaciones de Letras del  Tesoro, logrando una colocación total de $18.022,2 millones, un 31% más que el mes  previo. En este punto, la provincia de Buenos Aires mostró el mayor volumen del mes,  colocando $9.447,9 millones (52% del total del mes) en Letras del Tesoro a 63 y 96, en  ambos casos siendo letras a descuento. 

La provincia de Mendoza, por su parte, colocó un total de $6.397,4 millones en Letras  del Tesoro a 348 días (35% del total del mes), que pagan de intereses tasa BADLAR  (spread de 0%) e intereses compensatorios, si correspondiese. 

A su vez, Chaco colocó $1.760,6 millones (10% del total) en Letras de Tesorería a 35 y  a 70 días, con una tasa fija del 37,5% nominal anual.  

Chubut, por su parte, adjudicó $416,4 millones en Letras del Tesoro Serie LXXII (a 34,  90 y 180 días, a diferentes tasas)

Si tomamos en cuenta las emisiones de Letras contra el vencimiento de este mismo  instrumento en las provincias durante junio, podemos ver que ninguna logró una  colocación que cubra el 100% de las obligaciones. La provincia de Buenos Aires, pese  a su alta emisión, cubrió el 90,1% de sus vencimientos de este instrumento; a su vez, el  Chaco lo hizo en un 75,4% y Chubut en un 92,2%. En el caso de Mendoza, si se  considera sólo las Letras (y no el título por el que pagó la totalidad del capital), la cubrió  en 330%. Considerando el pago de capital del título PMJ21, logró cubrir el 83,4%. 

Emisiones: Acumulado enero – junio 2021 

En el período enero-junio del 2021, las colocaciones de títulos totalizan $135.089,7 millones, con la provincia de Buenos Aires concentrando el 47,7% de las mismas, la  CABA el 23,7% y Chaco completa el podio con el 11,3% del total. Otras cuatro provincias concentran el 17,4% restantes. 

Perspectivas para julio

Para el mes de julio se espera una importante suba de los pagos en dólares: están proyectados en monto de USD 66,9 millones, por el vencimiento de servicios de bonos de la provincia de Neuquén (USD 30,6 millones), Tierra del Fuego (USD 8,6 millones), Chubut (USD 14,5 millones) y Córdoba (USD 13,2 millones).

A su vez, los vencimientos en pesos están proyectados en $10.584 millones. Por jurisdicción, la provincia de Buenos Aires tiene vencimientos por un estimado De $3.500 millones; la CABA por $1.900 millones; Chaco por $3.448,9 millones; Chubut por $507,6 millones; La Rioja por $8,5 mil; Misiones por $29 millones; Neuquén por $196,8 millones; Río Negro por $307,9 millones; y Santa Fe por $928 millones.

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Una propuesta para ampliar el sistema mundial de tarificación del carbono

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Escriben Vitor Gaspar e Ian Parry – Entre una cuarta parte y la mitad. Esto es lo que deben disminuir el dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero en la próxima década para mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 2 oC. La manera más rápida y práctica de lograr este objetivo es crear un mecanismo de precio mínimo internacional del carbono.

Esto es importante para el FMI porque el cambio climático presenta grandes riesgos para el funcionamiento de las economías de todo el mundo. Las políticas climáticas adecuadas pueden hacer frente a estos riesgos y, también, generar enormes oportunidades de inversiones transformadoras, crecimiento económico y empleos verdes; tanto es así que nuestro Directorio Ejecutivo ha aprobado recientemente propuestas para incluir el cambio climático en nuestra habitual supervisión económica de los países y en nuestro programa de evaluación de la estabilidad financiera.

En el centro de los debates sobre política económica con los países miembros se encuentra la tarificación del carbono, ampliamente aceptada ahora como el instrumento de política más importante para lograr los recortes drásticos de emisiones que necesitamos. Al encarecer las fuentes de energías contaminantes frente a las fuentes limpias, la tarificación del carbono ofrece incentivos a la mejora de la eficiencia energética y a la reorientación de los esfuerzos de innovación hacia tecnologías verdes. La tarificación del carbono debe respaldarse mediante un programa de medidas más amplio que mejore su eficacia y aceptación e incluya inversiones públicas en redes de energía limpia (como actualizaciones de la red para dar cabida a las energías renovables) y medidas para ayudar a los hogares vulnerables, los trabajadores y las regiones. No obstante, a escala mundial, se necesitan medidas adicionales equivalentes a un precio del carbono de USD 75 por tonelada, o más, de aquí a 2030.

Con antelación a la 26a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) de noviembre —la conferencia climática más importante desde París 2015— estamos viendo señales prometedoras de aumento de la ambición climática. Muchos países han fijado nuevos objetivos climáticos; 60 países ya se han comprometido a alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono de aquí a mediados del siglo y, algunos, incluidos la Unión Europea y Estados Unidos, han ofrecido compromisos mayores a corto plazo. Es importante que estén proliferando los mecanismos de tarificación del carbono; son más de 60 los que se han implementado a nivel mundial, incluyendo las importantes iniciativas este año de China y Alemania.

Aun así, en la próxima década será crucial una actuación más coordinada y más firme.

Si bien algunos países están avanzando de forma enérgica, la ambición varía según el país, de forma que cuatro quintas partes de las emisiones mundiales no tienen precio y el precio promedio mundial de las emisiones es de solo USD 3 por tonelada. Como reacción, algunos países y regiones con precios del carbono elevados o en aumento están considerando imponer cargas sobre el contenido de carbono de las importaciones procedentes de lugares sin mecanismos similares. Sin embargo, desde una perspectiva climática mundial, estos ajustes fronterizos del carbono no son instrumentos suficientes, ya que el carbono contenido en los flujos comerciales suele ser inferior al 10% de las emisiones totales de los países. 

En parte, el avance más lento refleja lo difícil que puede ser para los países aumentar de forma unilateral las políticas de mitigación para cumplir los compromisos del Acuerdo de París, entre otras cosas, debido a la preocupación sobre cómo podría afectar a su competitividad y al temor a que los demás no igualen sus medidas de política. La práctica participación universal de los países en el Acuerdo de París, tan crucial por su legitimidad, no conduce a una negociación sencilla.

Así pues, ¿cómo logramos que la tarificación del carbono esté donde debe estar en diez años? Un nuevo estudio del personal técnico del FMI, que todavía se está debatiendo con el Directorio Ejecutivo y los países miembros del FMI, propone la creación de un mecanismo de precio mínimo internacional del carbono que complemente el Acuerdo de París y:

  1. Sea introducido por los principales emisores. El gráfico muestra que China, India, Estados Unidos y la UE serán responsables de casi dos terceras partes de las emisiones mundiales de CO2 que se estiman en 2030 (si no se adoptan nuevas medidas de mitigación). Si se incluye a todo el G-20, esta cifra alcanza el 85%. Una vez introducido, el mecanismo podría ampliarse de forma gradual para incluir a otros países.
  2. Esté anclado en un precio del carbono mínimo. Se trata de un instrumento de política eficiente, concreto y de fácil comprensión. La actuación simultánea de los principales emisores para aumentar el precio del carbono generaría una acción colectiva frente al cambio climático y abordaría de forma decisiva la preocupación relativa a la competitividad. El interés por un precio mínimo del carbono discurre en paralelo al debate actual sobre una tasa impositiva mínima para la tributación internacional de sociedades. De forma más general, la armonización internacional a través de tasas impositivas mínimas tiene una larga tradición en Europa.
  3. Esté diseñado con pragmatismo. El mecanismo debe ser equitativo, flexible y tener en cuenta las distintas responsabilidades de los países, entre otros factores, las emisiones históricas y los niveles de desarrollo. Una forma de hacerlo es, por ejemplo, que el mecanismo tenga dos o tres niveles de precios distintos que varíen según las medidas aceptadas para el desarrollo de un país. El mecanismo también podría acomodar a países en los que la tarificación del carbono no es posible en la actualidad por razones políticas internas, siempre que logren reducciones de emisiones equivalentes con otros instrumentos de política.

Un ejemplo ilustrativo muestra que, junto con las políticas actuales, fortalecer los compromisos del Acuerdo de París con un precio mínimo de tres niveles entre solo seis participantes (Canadá, China, Unión Europea, India, Reino Unido, Estados Unidos), con precios de USD 75, USD 50 y USD 25 para, respectivamente, las economías avanzadas, las economías de alto ingreso y los mercados emergentes de bajo ingreso, podría contribuir a lograr una reducción del 23% en las emisiones mundiales por debajo del nivel de referencia de aquí a 2030. Esto es suficiente para alinear las emisiones con el objetivo de mantener el calentamiento mundial por debajo de 2°C.

La aplicación de un sistema de tarificación del carbono en las provincias de Canadá ofrece un buen modelo sobre cómo traducir un precio mínimo al nivel internacional. El gobierno federal exige a las provincias y territorios que apliquen un precio mínimo del carbono, en aumento progresivo, desde CAD 10 por tonelada en 2018 a CAD 50 en 2022 y CAD 170 en 2030. Las jurisdicciones tienen libertad para cumplir este requisito mediante impuestos sobre el carbono o regímenes de comercio de derechos de emisión.

A nivel internacional, un acuerdo de precio mínimo del carbono diseñado adecuadamente generaría beneficios para los países de forma individual así como de manera colectiva. Todos los participantes se beneficiarían de la estabilización del sistema climático mundial, y la reducción de la combustión de combustibles fósiles generaría beneficios medioambientales nacionales para los países, lo más importante, menos muertes por contaminación local del aire.

No tenemos tiempo que perder para poner en marcha este tipo de mecanismo. Imaginémonos en 2030. Asegurémonos de que no miraremos atrás, al 2021, para lamentarnos de la oportunidad perdida de tomar medidas eficaces. En su lugar, miremos hacia atrás con orgullo por el avance mundial hacia el mantenimiento del calentamiento global por debajo del umbral de 2 oC. Necesitamos una actuación coordinada ahora, que debe centrarse en el establecimiento de un precio mínimo internacional del carbono.

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