En el marco de las acciones que está llevando adelante en la Unión Europea, el pasado 3 de junio autoridades del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) se reunieron con los referentes de la DV ENVI, una de las Comisiones estratégicas del Parlamento Europeo. Esta comisión, una de las más numerosas con 88 miembros, tiene entre sus prioridades políticas la biodiversidad, la economía circular, la salud pública, la seguridad alimentaria, la calidad del aire y del agua y el uso de productos químicos y plaguicidas.
Actualmente, la DV ENVI trabaja para elaborar el marco legislativo mediante el que se logre una huella neta de carbono igual a cero en Europa hacia el año 2050, buscando impulsar que se proponga a todos los ciudadanos europeos un ambicioso acuerdo verde, con el objetivo de llevar a cabo la transición hacia una economía más ecológica. En ese marco es que ha impulsado el reglamento EUDR 1115/ 2023 sobre desforestación.
En el encuentro, durante el cual el IPCVA planteó la postura de la cadena de ganados y carnes de la argentina, participaron el Presidente del Instituto, Jorge Grimberg, el Vicepresidente, Mario Ravettino, el Jefe de Promoción externa, Sergio Rey, el Jefe de promoción interna Adrian Bifaretti, Gerardo Leotta, por el Consorcio ABC y Gustavo Idígoras por la plataforma VISEC.
El encuentro sirvió para explicar cómo se está preparando la cadena de ganados y carnes de la Argentina para lograr una implementación exitosa del reglamento y además evacuar dudas y consultas en torno a diferentes definiciones, alcance, criterios y parámetros del reglamento EUDR.
Entre otros temas, se mencionaron aspectos relacionados con los parámetros de deforestación y degradación forestal, incendios, bosques implantados, criterios de diferenciación entre monte nativo y especies invasoras, como así también la posibilidad de realizar pruebas piloto para ajustar los sistemas de carga de información para el cumplimiento de la diligencia debida.
Por Fernando Krakowiak, EcoJournal. El gobierno elevará el precio estacional de la energía a $57.214 por megawatt por hora (MWh) para todos los usuarios residenciales de electricidad, según las nuevas resoluciones a las que accedió EconoJournal en exclusiva y que saldrán publicadas en el Boletín Oficial en las próximas horas. A los hogares de ingresos bajos (Nivel 2) y medios (Nivel 3) les aplicará sobre ese valor una bonificación del 71,9% y 55,9%, respectivamente. Una vez hecho el descuento, el valor de la energía mayorista para un hogar N2 trepará un 439% (de $2981 a $16.066 por MWh) y el impacto en la factura será de al menos el 65%, mientras que para un hogar N2 la suba del componente mayorista será de 571% (de $3756 a $25.208) y el impacto final llegará como mínimo al 85%.
Debido al congelamiento que arrastra el componente mayorista de la electricidad desde el año pasado, su incidencia actual en la tarifa de los N2 y N3 se ubica actualmente en torno al 15%. Es por eso que la factura final subirá como mínimo entre 65% y 85%, respectivamente. El problema es que ese porcentaje se aplicará sobre una base sustancialmente más alta a la que los hogares más pobres venían pagando en febrero porque ya debieron afrontar una suba de 500% en los márgenes de distribución y transporte que provocaron un ajuste en la tarifa final que estuvo en torno al 300%.
Ministro de Economía, Luis Caputo.
Topes al consumo
Economía tomó además la decisión de topear el consumo subsidiado de los usuarios de bajos ingresos, para los cuales hasta ahora no existía ningún límite. Por lo tanto, los N2 pagarán ese precio mayorista bonificado solo por los primeros 350 kWh mensuales. El resto del consumo se calculará a $57.214, un 1819% más de lo que venían pagando hasta ahora por el componente mayorista.
Los hogares de ingresos medios sí tenían un tope que era de 400 kWh mensuales y que ahora se reducirá a 250 kWh. Por lo tanto, la suba del 85% terminará siendo sustancialmente mayor para los que consuman electricidad por encima de ese tope.
En esta ocasión, los menos perjudicados por el aumento son los usuarios de altos ingresos (Nivel 1), el 35 por ciento de los hogares, porque ya venían pagando la energía mayorista a un precio sustancialmente mayor que el resto. Para ellos el precio de la electricidad mayorista trepará 28,8% (de $44.401 a $57.214), lo que implica un impacto de cerca de 10% en la factura final.
Igual los tres segmentos de usuarios seguirán subsidiados porque el precio monómico de la electricidad, que refleja el costo real de la energía, se ubica en torno a los $80.000 por MWh.
Cambio de modalidad
El anuncio implica un cambio en el modo en que se visualizan los subsidios. Hasta ahora, la energía mayorista tenía un precio diferencial de acuerdo a la segmentación. Sin embargo, en el Anexo 1 de la resolución que se publicará en las próximas horas se fija un único precio de la energía mayorista y se aclara con un asterisco que “para los usuarios residenciales categorizados como N2 y N3, al valor consignado, se le aplicará la bonificación fijada por la Secretaría de Energía”.
Esa bonificación figura en la resolución 90/2024 firmada por el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo. En el inciso b del artículo 4 dice que “los consumos base de los usuarios del Nivel 2 tendrán una bonificación del setenta y uno coma noventa y dos por ciento (71,92%) sobre el precio definido para el Segmento N1. El consumo excedente de los usuarios del Nivel 2 será valorizado al precio definido anteriormente para N1”.
A su vez, en el inciso c del mismo artículo dice que “los consumos base de los usuarios del Nivel 3 tendrán una bonificación del cincuenta y cinco coma noventa y cuatro por ciento (55,94 %) sobre el precio definido para el segmento N1. El consumo excedente de los usuarios del Nivel 3 será valorizado al precio definido anteriormente para N1”.
Esta nueva modalidad ya había sido anticipada en el artículo 5 del decreto 465/2024 publicado el martes pasado con el que el ministro de Economía Luis Caputo dejó sin efecto el tope anual de aumentos para los usuarios de ingresos medios y bajos. Allí se facultaba a la Secretaría de Energía a “aplicar a los usuarios de las categorías denominadas Nivel 2 y Nivel 3 del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) descuentos sobre el componente Energía que se traslada a las tarifas finales correspondientes a la categoría residencial. A tal efecto, la Autoridad de Aplicación podrá fijar el nivel de los descuentos o bonificaciones que recibirán los beneficiarios durante el Período de Transición”. El período de transición fue figado por 6 meses con la posibilidad de ser extendido por otros 6 meses más.
Reducción de subsidios
Tal como anticipó Econojournal el sábado, el gobierno tomó la decisión de recortarle los subsidios a los usuarios Nivel 2 y Nivel 3 luego de analizar un informe interno donde se advierte que el costo fiscal por seguir manteniendo congelado el precio mayorista de la energía para el 65% de los hogares iba a trepar a US$ 650 millones mensuales durante junio, julio y agosto.
Esos US$ 1950 millones no contemplan la licitación de urgencia que realizó Cammesa la semana pasada para comprar 12 barcos con combustible líquido en medio de la crisis que provocó la falta de gas, ni el buque de Petrobras que se contrató sin licitación y que casi termina sin descargar por un problema con la carta de crédito. Por lo tanto, está claro que ese monto es una proyección conservadora porque la cuenta terminará siendo mayor.
A una semana del acuerdo judicial alcanzado entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) retiró la medida cautelar que había dictado por la “cartelización” y volvió a dejar así libre a la mano invisible del mercado de las prepagas para aumentar el valor de las cuotas sin las limitaciones de ajustarlas de acuerdo a la inflación y la variación salarial, un esquema por el que insistió Federico Struzenegger: había sido la única crítica del exfuncionario de la Alianza a su colega Luis “Toto Caputo”. “Quieren creer que las prepagas no van a volver a formar un cartel y poner los precios por las nubes, pero no hay ninguna razón para pensar eso”, denunció el legislador de la Coalición Cívica y abogado denunciante, Hernán Leyes.
La demanda por “cartelización” había sido impulsada por la Coalición Cívica y ratificada en la audiencia judicial a la que asistieron 41 empresas el 28 de mayo ante el juez federal Juan Rafael Stinco. La decisión, según fuentes oficiales, había sido mantener la cautelar ya que fue lo que forzó a las prepagas a retrotraer las cuotas cobradas durante el primer trimestre; incluso se había ampliado la medida a 13 empresas más.
Leyes denunció en sus redes sociales que tras el acuerdo entre el Gobierno y las prepagas, llegó la orden para que la CNDC dé de baja la medida cautelar por “cartelización”. “Antes de que esto sucediera pedimos una audiencia urgente con las autoridades de la CNDC, pero era tarde. Nos notificaron la baja de la medida cautelar”, denunció el legislador de la Coalición Cívica.
De esta manera, desde el 1 de julio, las empresas de medicina privada podrán volver a incrementar sus cuotas sin control ni supervisión. “No hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero. No hay garantías de que no vuelva a pasar lo mismo”, analizó Leyes.
El legislador porteño aseguró que desde la Coalición Cívica sostendrán la demanda contra las empresas, ya que “el índice salud (que mide realmente la variación de costos de la actividad médica) viene estando por debajo de la inflación desde diciembre de 2023”. “Las prepagas lo saben porque son ellas las que pisan los salarios y honorarios profesionales, y los acuerdos con las clínicas y demás instituciones”, apuntó.
El abogado consideró que las prepagas deben aumentar en relación con su estructura de costos y coherente al servicio que le dan a sus usuarios, pero al tratarse de un mercado imperfecto se debe sostener la intervención estatal en el control.
En el acuerdo alcanzado la semana pasada, las empresas ya habían conseguido un plan de 12 cuotas para devolver a los usuarios lo que hubiesen pagado por encima de la evolución de la inflación y a una tasa equivalente a la del plazo fijo de Banco Nación, que actualmente equivale a la mitad del Índice de Precios al Consumidor.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, volvió a dictar un fallo en contra de una tabacalera. En esa ocasión contra Bronway SA. Esta vez revocó un fallo de la Sala B Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que había aceptado un pedido de la empresa para suspender la resolución general de AFIP N° 5290/2022 que no permitía autodeterminar el tributo de forma manual, sino que ya fija el valor de venta sin posibilidad de modificación.
Así la empresa podía determinar el tributo de manera manual y por lo tanto no abonar el impuesto fijado por ley. En su fallo, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, hicieron lugar al dictamen de la Procuración General de la Nación que sostiene que hay una contradicción en la decisión de la Cámara en tanto no tuvo por acreditado el peligro en la demora para otorgar la cautelar, pero si para dejar sin efecto la aplicación del aplicativo, tornando la decisión descalificable como pronunciamiento judicial.
En su fallo, la Corte agregó que el planteo de la empresa respecto al “oligopolio del mercado del tabaco que –a su entender- provocaría la convalidación de impuesto impugnado” no podría ser abordado desde una aplicación matizada de principios constitucionales de la tributación. Asimismo, se agrega que el legislador al fijar el impuesto tuvo en miras fines extrafiscales (tales como desalentar el consumo del tabaco) y los jueces no pueden pasar por alto que ese fue justamente el fin perseguido por la norma a fin de tutelar la salud de la población.
La posición de la Corte es clave para los intereses de las provincias productoras, que reciben el Fondo Especial del Tabaco, financiado con el impuesto a los cigarrillos. Para este año, se estima que son 611 millones de dólares y unos 21 mil millones de pesos para Misiones, sin contar el IVA, que es coparticipable.
Al momento, ninguna de las dos Tabacaleras (Bronway y Sarandí) están pagando impuestos. Sarandí porque está ejecutando su sentencia de fondo que le hizo lugar a la demanda y Bronway porque si bien le rechazaron la cautelar, le permiten utilizar un aplicativo para determinar el propio impuesto, lo que fue revocado por la Corte Suprema.
La semana pasada el máximo tribunal había dejado sin efecto una serie de cautelares dictadas a favor de Tabacalera Sarandí S.A., en el marco de los cuestionamientos efectuados por esa empresa sobre el impuesto interno al tabaco. Con esta decisión, el empresario debería comenzar a pagar los tributos que exige la AFIP, aunque tiene otro fallo a favor para seguir esquivando esos tributos. Mientras tanto, el máximo tribunal debe definir si ese impuesto cuestionado por la empresa de Pablo Otero es inconstitucional, como dijeron en el fuero en lo contencioso administrativo.
“Tabacalera Sarandí” comercializa una serie de marcas, como Red Point, West, Master y Kiel, viene desde hace años reclamando en tribunales: cuestiona una reforma a la ley 24.674 de impuestos internos que se firmó durante el gobierno de Mauricio Macri, en donde se estableció un aumento del 70 por ciento en esos tributos. La compañía alegó que la medida significaba un incremento en el precio al público de sus productos que la ponían en desventaja frente a empresas internacionales.
Durante su paso por tribunales, la empresa consiguió cautelares que le permitian no pagar ese impuesto, ante los planteos de la firma que aseguraba que se ponía en una situación de secesión de pagos y perdidas de trabajo. La AFIP apeló esa decisión. Hace exactamente 3 años, en mayo del 2021, la Corte revocó esa cautelar y ordenó que se le cobraran. Pero la empresa inició una nueva batería de cautelares y hasta un planteo de inconstitucional contra el impuesto al tabaco.
Todo eso se puso en foco durante el debate de la Ley Bases. El propio Javier Milei llamó a Pablo Otero el señor del Tabaco. Durante el debate en el Congreso hubo un fuerte lobby sobre las condiciones de mercado que lo favorecen y que lo hizo conseguir gran parte del mercado de cigarrillos. Desde su empresa, en tanto, aseguraron que ellos son víctimas del lobby de las empresas multinacionales.
Aunque la economía de Brasil es la más estable de América Latina, alcanzó una nueva escala tras crecer 0,8 % en el primer trimestre del año 2024, una cifra ligeramente por encima de las expectativas del mercado luego de dos períodos de estancamiento, superando incluso a Italia.
A través de su cuenta en la red social X el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, destacó que este alza en el PIB y el nuevo puesto del país en la economía global es “una prueba más de que estamos en el camino correcto“.
O PIB avançou no primeiro trimestre desse ano puxado por maior consumo das famílias e serviços. E outra boa notícia é que, segundo a previsão do FMI, o Brasil subirá mais uma posição chegando a 8º PIB mundial. Mais uma prova de que estamos no rumo certo. https://t.co/zRIwhCQKC4pic.twitter.com/aj1XKLc5AW
Por su parte, el ministro de Finanzas de Brasil Fernando Haddad, detalló en una rueda de prensa desde Roma que el crecimiento económico brasileño se dio “conforme a las previsiones” del Gobierno y el Ministerio, lo que permite mantener la proyección del 2,5 % para este 2024.
Este resultado se trata de una importante noticia para el presidente Lula Da Silva, quien usualmente resalta que la económica nacional tendrá un aumento superior al pronosticado por expertos.
Cabe acotar que la subida del PIB en el país la impulsó el sector agricultura, el cual creció en un 11,3 % respecto al anterior trimestre y también por los servicios con una elevación del 1,4 %.
