ECONOMIA

La industria vuelve a caer en febrero: retrocede 7,9% interanual según Orlando J. Ferreres

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La actividad industrial volvió a contraerse en febrero y reabrió una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿la estabilización macro alcanza para reactivar la economía real? Según el último informe del Índice de Producción Industrial (IPI), la producción cayó 7,9% interanual y acumuló una baja de 5,5% en el primer bimestre de 2026. El dato, difundido el 26 de marzo, irrumpe en un escenario donde la administración nacional apuesta a mostrar señales de ordenamiento, pero todavía no logra consolidar una recuperación homogénea en sectores clave.

En términos mensuales, la caída fue de 2,7% respecto de enero, lo que interrumpe la mejora previa y deja al primer tramo del año con un comportamiento errático. La dinámica no es menor: pone en evidencia que, más allá de la desaceleración inflacionaria que el oficialismo busca instalar, el frente productivo sigue sin traccionar.

Un rebote incompleto en un marco de transición

El informe del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres describe un escenario de “altibajos” en la industria. Si bien enero había mostrado una suba revisada de 2,1% mensual, febrero corrigió esa tendencia y dejó un crecimiento marginal del 0,7% respecto a diciembre en la serie desestacionalizada.

El problema no es solo estadístico. La caída interanual revela un deterioro más profundo, impulsado principalmente por sectores sensibles al ciclo económico. La producción de maquinaria y equipo se desplomó 23,9%, con una caída del 30,1% en el segmento automotriz. A la par, alimentos, bebidas y tabaco retrocedieron 9,6%, afectados por una baja de 22,5% en la molienda de aceites.

En contraste, metales básicos mostró una suba de 3,8%, lo que marca que la dinámica no es homogénea. Sin embargo, el dato no alcanza para compensar el peso de los sectores en caída.

El informe introduce un punto clave: la reactivación depende de la mejora en los ingresos reales de las familias, que “por ahora siguen deprimidos”. Esa variable conecta directamente con el núcleo del programa económico oficial.

Impacto político: señales cruzadas en la agenda económica

El dato industrial no es neutro en términos políticos. Mientras el Gobierno busca consolidar su narrativa de estabilización, la persistencia de caídas en la actividad productiva condiciona su margen de acción y obliga a administrar tiempos.

El deterioro en sectores como maquinaria o alimentos afecta directamente a cadenas productivas con peso territorial, lo que puede trasladarse a tensiones con gobernadores y actores del entramado industrial. A la vez, el diagnóstico de consumo débil introduce una contradicción: sin recuperación del poder adquisitivo, el rebote económico queda incompleto.

En este contexto, los sectores industriales aparecen como los más condicionados. La caída en la producción automotriz y en la molienda de aceites no solo impacta en empleo y exportaciones, sino que también limita la capacidad de mostrar resultados concretos en el corto plazo.

Al mismo tiempo, el dato refuerza la centralidad del crédito y del ingreso disponible como variables políticas. Sin esos motores, la recuperación queda atada a factores externos o a nichos específicos.

Un escenario abierto: entre la estabilización y la reactivación pendiente

El propio informe es explícito: no se espera una pronta reactivación en los próximos meses. Esa advertencia proyecta un escenario donde la economía podría transitar una fase de estabilidad con bajo dinamismo.

En términos estratégicos, el desafío no es menor. La política económica deberá mostrar si puede transformar el orden macro en crecimiento sostenido o si la industria seguirá operando por debajo de su potencial.

Las próximas semanas serán clave para observar si la caída de la inflación logra traducirse en mejora del ingreso real y, en consecuencia, en una recuperación del consumo. También habrá que seguir de cerca si sectores puntuales logran traccionar o si el patrón de altibajos se consolida.

Por ahora, la industria marca el ritmo de una economía que todavía no termina de arrancar.

IPI Orlando J. Ferreres by CristianMilciades

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El campo celebra las exportaciones, pero advierte: sin eliminar retenciones, el crecimiento tiene techo

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La Sociedad Rural Argentina (SRA) valoró las proyecciones del Ministerio de Economía que estiman exportaciones agropecuarias por hasta US$ 42.000 millones en 2026, pero al mismo tiempo lanzó una advertencia directa al Gobierno: sin una reducción estructural de la presión fiscal, el crecimiento del sector será limitado.

El dato oficial —que anticipa un ingreso adicional de US$ 8.700 millones respecto al año anterior— confirma el peso del agro como principal generador de divisas. Sin embargo, desde la entidad rural remarcan que ese resultado no es consecuencia de un esquema plenamente competitivo, sino del esfuerzo del productor en un contexto adverso.

En ese sentido, el ministro Luis Caputo destacó al campo como motor de la economía. Pero en el sector privado la lectura es más matizada: reconocen las señales de previsibilidad, aunque advierten que el actual esquema impositivo sigue actuando como un freno estructural.

Las medidas de alivio fiscal —como la baja de aranceles a insumos y bienes de capital— generaron una reacción positiva en la actividad. Sin embargo, desde la SRA subrayan que ese impulso convive con un escenario internacional complejo.

El agro enfrenta hoy lo que describen como “costos de guerra”, con aumentos superiores al 50% en insumos clave como la urea y un fuerte impacto del precio de los combustibles en la logística.

Este contexto deja al descubierto una tensión central: el sector produce más, pero con márgenes cada vez más ajustados.

Retenciones: el reclamo que vuelve al centro

En este escenario, el mensaje de la SRA es contundente: las mejoras actuales no alcanzan para sostener un proceso de crecimiento de largo plazo.

El foco vuelve a estar en los Derechos de Exportación (DEX), que el sector considera el principal obstáculo para desplegar todo su potencial.

El presidente de la entidad, Nicolás Pino, fue directo en su planteo:
“Celebramos que el país reciba estos miles de millones adicionales, pero hoy el esfuerzo del que arriesga se agota en cubrir costos récord y presión fiscal. El campo ya demostró que, con previsibilidad, responde”.

Y dejó planteado el reclamo de fondo:
“La eliminación de las retenciones será el acelerador definitivo para que la Argentina exprese su máximo potencial agroindustrial y supere el déficit mediante la actividad y no la asfixia”.

Más allá del reconocimiento a las medidas recientes, el posicionamiento de la SRA introduce una advertencia política y económica: el alivio actual es insuficiente si no se traduce en una reforma más profunda.

Para el sector, la Argentina tiene una oportunidad concreta de expandir su capacidad exportadora, pero esa ventana podría desaprovecharse si persisten los impuestos que penalizan la producción.

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El Gobierno habilita más bioetanol en naftas para contener el impacto del petróleo

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Un ajuste técnico con lectura económica En un contexto de presión sobre los precios energéticos, el Gobierno avanzó con una decisión de impacto indirecto pero estratégico: habilitó a las refinadoras a incrementar el contenido de bioetanol en las naftas hasta un 15%. La medida, formalizada el 26 de marzo a través de la Resolución 79/2026 de la Secretaría de Energía, busca amortiguar el traslado del encarecimiento del petróleo a los surtidores.

El movimiento no modifica el corte obligatorio vigente, pero introduce una flexibilidad clave en la composición del combustible. Para hacerlo viable, el Ejecutivo elevó el límite máximo de oxígeno permitido en naftas al 5,6%, un ajuste técnico que habilita mayor presencia de biocombustibles sin alterar formalmente la estructura regulatoria. La decisión abre una pregunta de fondo: ¿es una herramienta coyuntural para contener precios o el inicio de un rediseño más amplio en la política de combustibles?

Marco regulatorio y lógica de intervención

La resolución se inscribe en el esquema definido por la Ley de Hidrocarburos y la Ley 27.640 de biocombustibles, que establece los porcentajes obligatorios de mezcla. En ese marco, la Secretaría de Energía actúa como autoridad de aplicación y tiene facultades para ajustar las especificaciones técnicas de los combustibles.

El punto central de la norma no está en el porcentaje en sí —que ya estaba contemplado en regulaciones previas— sino en la adecuación del parámetro de oxígeno. Ese indicador resulta determinante para la calidad del combustible y está directamente vinculado con la proporción de bioetanol en la mezcla.

Según los informes técnicos que respaldan la decisión, elevar el contenido de oxígeno mejora la eficiencia de la combustión, incrementa el número de octano y reduce las emisiones de monóxido de carbono. Pero, en términos políticos, el efecto más relevante es otro: habilita a las empresas a sustituir parcialmente componentes derivados del petróleo por biocombustibles, con potencial impacto en los costos.

La resolución aclara un punto sensible: no se incorporan nuevos compuestos oxigenados. Es decir, el cambio se limita a ampliar el margen para el bioetanol, sin alterar la naturaleza del producto final ni imponer nuevas exigencias regulatorias.

Impacto en el mercado y señales a la cadena energética

El Gobierno elige un camino intermedio. No interviene directamente en precios ni modifica los cortes obligatorios, pero introduce una herramienta que puede influir en la estructura de costos de las refinadoras. En un escenario de volatilidad internacional del petróleo, esa flexibilidad puede funcionar como amortiguador.

Para las empresas, la medida abre un margen de decisión: podrán aumentar el contenido de bioetanol hasta el nuevo límite si lo consideran conveniente. No es una obligación, sino una opción habilitada por regulación. Esa lógica preserva el funcionamiento de mercado, pero bajo parámetros redefinidos por el Estado.

Al mismo tiempo, el sector de biocombustibles encuentra una señal implícita de respaldo. Aunque no se modifican los porcentajes mínimos, la ampliación del techo potencial refuerza su rol dentro de la matriz energética. En paralelo, el gasoil mantiene sin cambios su esquema, con mezclas de hasta el 20% de biodiesel ya contempladas.

Entre la coyuntura y la estrategia

La decisión aparece alineada con un objetivo inmediato: reducir el impacto del petróleo en los precios internos. Pero también deja abierta una dimensión más amplia. El uso de biocombustibles como herramienta de política energética no es nuevo, pero su activación como variable de ajuste frente a shocks externos introduce un matiz distinto.

En ese sentido, el Gobierno evita una intervención directa en precios —con alto costo político y fiscal— y opta por un mecanismo técnico que desplaza parte del problema hacia la composición del producto. Es una forma de intervenir sin hacerlo de manera explícita.

Queda por ver hasta qué punto las refinadoras utilizarán esta flexibilidad y cómo impactará en la dinámica de precios. También, si este tipo de medidas se consolidan como parte de una estrategia más amplia o quedan circunscriptas a la coyuntura.

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Alerta en el sistema financiero: la morosidad marca un récord y afecta al 17% de los deudores

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La morosidad en el sistema financiero argentino alcanzó en enero de 2026 un nivel récord, reflejando el deterioro de la capacidad de pago de los hogares en un contexto de ingresos que no logran recomponerse al ritmo de las deudas.

Según los últimos datos disponibles, 2.663.953 personas presentan atrasos de tres meses o más en sus obligaciones, lo que configura el nivel más alto de mora registrado en la serie reciente. La cifra equivale al 17% del total de deudores del sistema, consolidando una tendencia creciente que se profundiza mes a mes.

El salto interanual es significativo: hay 1.181.718 deudores morosos más que en enero de 2025, lo que representa un incremento del 79%. Este crecimiento no está acompañado por un aumento equivalente en la cantidad total de deudores, lo que implica que la morosidad gana peso dentro del sistema financiero.

Un año atrás, los deudores en situación irregular representaban el 10% del total. Hoy, ese porcentaje escaló siete puntos, evidenciando un deterioro acelerado en la cadena de pagos.

Deudas pequeñas, problema estructural

Uno de los datos más relevantes del fenómeno es que la morosidad está fuertemente concentrada en deudas de bajo monto. El 50% de los deudores en mora debe $484.295 o menos, lo que indica que el problema no se limita a grandes compromisos financieros, sino que afecta principalmente a sectores medios y bajos.

Esto refuerza la idea de que la crisis no está asociada a decisiones de inversión o apalancamiento, sino a la dificultad de sostener gastos cotidianos financiados, en un contexto de ingresos reales debilitados.

Sin embargo, el monto de las deudas impagas viene en aumento en los últimos meses, lo que agrega presión sobre los ingresos disponibles. A diferencia de las tasas de interés y las obligaciones financieras, los salarios no han logrado crecer por encima de la inflación, lo que profundiza la brecha y complica la capacidad de repago.

Un deterioro que se amplía

El crecimiento de la morosidad se da en paralelo a otros indicadores de fragilidad económica, como la caída del empleo formal y el aumento del desempleo, configurando un escenario en el que cada vez más personas quedan expuestas a situaciones de endeudamiento crítico.

El dato de enero no solo marca un pico estadístico, sino que también refleja una tendencia estructural: los sectores más vulnerables son los que presentan mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, incluso cuando se trata de montos relativamente bajos.

En este contexto, la morosidad deja de ser un fenómeno marginal para convertirse en un indicador clave del estado de la economía real, con impacto directo en el consumo, el crédito y la estabilidad del sistema financiero.

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Empleo y empresas en caída: más de 200 mil puestos menos y 22 mil firmas cerradas en dos años

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La dinámica del mercado laboral argentino muestra un deterioro sostenido desde diciembre de 2023, con una destrucción acelerada de empleo privado registrado y un retroceso significativo en el entramado empresarial. Los datos consolidan un escenario en el que la caída del trabajo formal ya impacta de lleno en el desempleo y expone límites en la absorción del mercado laboral.

Desde la asunción del actual gobierno, se perdieron 200.941 empleos privados registrados, lo que equivale a una destrucción promedio de 268 puestos por día hasta diciembre de 2025. El fenómeno alcanza a 22 de las 24 jurisdicciones del país, con fuerte concentración en los principales distritos económicos.

La Provincia de Buenos Aires encabeza las pérdidas con 73.690 empleos menos, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-32.970) y Córdoba (-14.790). En términos relativos, las caídas más profundas se registran en Santa Cruz (-16,2%), La Rioja (-13,5%) y Catamarca (-11,2%), evidenciando un impacto particularmente severo en economías regionales.

Pero el deterioro no se limita al empleo. El tejido productivo también acusa el golpe. Desde noviembre de 2023 se perdieron 22.608 empresas, a un ritmo de 30 firmas por día, es decir, más de una por hora. La caída abarca 23 de las 24 jurisdicciones, lo que da cuenta de una contracción generalizada.

Nuevamente, la Provincia de Buenos Aires lidera las bajas con 5.973 empresas menos, seguida por Córdoba (-3.925) y Santa Fe (-2.358). En términos proporcionales, las provincias más afectadas fueron La Rioja (-17,1%), Chaco (-12,3%) y Catamarca (-11,2%). En total, el país perdió el 4,4% de su stock de empresas en apenas dos años.

Un mercado laboral que no logra recomponerse

El retroceso del empleo formal no está siendo compensado por una reconversión productiva. Por el contrario, los datos muestran una expansión del empleo informal y precario, al mismo tiempo que aumenta la desocupación, lo que configura un cuadro de mayor fragilidad estructural.

La tasa de desempleo alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, lo que implica una suba de 1 punto porcentual respecto a 2024 y de 1,8 puntos frente a 2023. En términos absolutos, esto se traduce en 279.000 desempleados más en comparación con dos años atrás.

El impacto es particularmente fuerte en los jóvenes. Entre los varones de 14 a 29 años, el desempleo trepó al 16,2%, mientras que en mujeres de la misma franja etaria llegó al 16,8%, consolidando a este segmento como el más vulnerable del mercado laboral.

A nivel territorial, el Gran Buenos Aires aparece como el epicentro del deterioro, con una tasa de desempleo del 9,5%, lo que implica que casi una de cada diez personas que buscan trabajo no lo consigue.

El avance del “desempleo ampliado”

A este escenario se suma un fenómeno emergente: el crecimiento del denominado “desempleo ampliado” o “desempleo blue”, que busca capturar a quienes trabajan pocas horas, en condiciones precarias, pero necesitan más ingresos.

Este indicador alcanzó el 7,2% en el tercer trimestre de 2025 y supera en todas las provincias al desempleo tradicional. La brecha es especialmente marcada en el norte del país, donde se consolidan formas de subsistencia basadas en trabajos de baja calidad y escasa carga horaria.

El dato revela una transformación del mercado laboral: aunque algunas personas logran insertarse en actividades informales o de autoempleo —como trabajos vinculados a plataformas digitales—, estas ocupaciones no alcanzan para garantizar estabilidad ni ingresos suficientes.

Concentración sin derrame

El cuadro general muestra que la caída del empleo y de las empresas no responde a un proceso de modernización o reconversión productiva. Por el contrario, los sectores que exhiben crecimiento —principalmente el financiero, la minería y los hidrocarburos— no generan una demanda significativa de empleo ni dinamizan el consumo masivo.

En este contexto, se configura un proceso de destrucción y concentración económica, sin que el crecimiento sectorial se traduzca en mejoras generalizadas en el mercado laboral.

El resultado es un sistema productivo más concentrado, con menos empresas, menos empleo formal y una creciente precarización del trabajo, lo que plantea un desafío estructural para la economía argentina en el corto y mediano plazo.

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