ECONOMIA

Sturzenegger cerró la puerta a cambios en la yerba: “El foco está en exportar, no en cobrar un precio que la yerba no tiene”

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Federico Sturzenegger ratificó en Puerto Iguazú, en el corazón turístico de la principal provincia productora de yerba mate del país, una definición que difícilmente cause satisfacción entre los productores misioneros: el Gobierno nacional no piensa modificar la política de desregulación del sector.

En diálogo con Economis, durante el encuentro organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el ministro de Desregulación y Transformación del Estado defendió el nuevo esquema del mercado yerbatero y rechazó la idea de que la crisis del precio de la materia prima deba resolverse mediante una nueva intervención estatal.

La respuesta llegó en un momento especialmente sensible. Mientras Sturzenegger participaba del encuentro empresario en Iguazú, productores yerbateros volvían a manifestarse por los valores que reciben por la hoja verde y una parte del sector atribuye directamente el deterioro de sus ingresos a la pérdida de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

Sturzenegger planteó otra lectura. “Me parece que tenemos un sector yerbatero que está con récord de producción, está con récord de exportaciones. Definitivamente, el futuro de la industria es la expansión del mercado de exportación, que es infinito”, sostuvo.

Para el funcionario, la penetración prácticamente universal que alcanzó la infusión en el mercado doméstico demuestra que el desafío ya no pasa por encontrar consumidores dentro de la Argentina, sino fuera de sus fronteras.

“No hay ningún motivo por el cual la industria yerbatera le pueda vender yerba al 96 por ciento de las familias argentinas y no pueda hacer lo mismo en todo el resto del mundo con el producto espectacular que tiene”, afirmó.

Y enseguida lanzó una de las frases más fuertes de la entrevista: “Tenemos que poner el foco en ese crecimiento y no necesariamente en cobrarle a los argentinos un precio que la yerba no tiene”.

La discusión, sin embargo, tiene una frontera que en Misiones resulta decisiva: una cosa son los números agregados de producción, ventas y exportaciones y otra es la situación económica del productor que entrega la hoja verde.

Economis le planteó precisamente esa diferencia. La expansión de la industria y de los mercados externos no necesariamente implica que todos los eslabones de la cadena atraviesen la misma situación. El pequeño productor enfrenta hoy el deterioro del precio de su materia prima en un mercado con abundante oferta.

Sturzenegger sostuvo la lógica de mercado. “Todas las industrias tienen sus distintos eslabones y sus distintos participantes y eso genera un precio, que es el que está en el mercado”, respondió.

No hubo, en ese punto, una promesa de intervención específica para recomponer el ingreso del productor primario. La propuesta nacional vuelve a aparecer más adelante en la cadena: hacer crecer el mercado para ampliar la demanda.

“El Gobierno nacional está 100 por ciento a disposición de la industria para el desarrollo de los mercados de exportación. Me parece que tenemos que apostar a lo grande”, insistió.

Economis fue entonces directamente a la definición política: ¿puede haber un cambio en la política nacional para la yerba mate?

La respuesta fue terminante. “No, no, no”.

Sturzenegger descartó así una revisión del rumbo desregulador y desplazó nuevamente la discusión desde el precio de la hoja verde hacia la ampliación del negocio yerbatero.

“Nosotros vamos a estar siempre codo a codo para ayudar a la industria, desarrollar la industria de exportación. Estamos desarrollando muchísimos nuevos mercados y me parece que el foco está ahí”, aseguró.

La definición tiene peso político porque se produce en Misiones y en plena discusión sobre las consecuencias del nuevo esquema yerbatero. Desde la entrada en vigencia de las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, el INYM perdió herramientas centrales de intervención económica, entre ellas la capacidad de fijar precios obligatorios para la materia prima.

Para Sturzenegger, esa regulación no es el camino que permitirá resolver el problema estructural de la actividad.

Su apuesta es otra: más mercado, más exportaciones y más productos derivados de la yerba mate.

El ministro también planteó que la internacionalización de la yerba no debería limitarse a exportar el paquete tradicional que consumen argentinos, paraguayos, uruguayos y parte del mercado regional.

“El producto tampoco necesariamente tiene que venderse de la manera que lo consumimos en Argentina”, señaló.

Allí aparece una de las claves de su visión sobre el futuro de la actividad. Sturzenegger mencionó expresamente la posibilidad de desarrollar bebidas energizantes, bebidas diuréticas y otros productos derivados, capaces de insertar la materia prima en categorías de consumo mucho más amplias que la infusión tradicional.

“Hay un sinfín de usos que tiene la yerba mate y estoy seguro de que la industria lo va a desarrollar”, afirmó.

Es una apuesta a cambiar la escala del negocio. La Argentina tiene un mercado interno extraordinariamente maduro, pero la yerba todavía posee una participación marginal frente a otras bebidas e infusiones en buena parte del planeta. Para el Gobierno nacional, allí está la oportunidad que debe perseguir el sector.

Dos diagnósticos frente a una misma crisis

La discusión deja expuestas dos miradas que hoy atraviesan a la economía yerbatera.

Desde buena parte del sector primario se reclama recuperar instrumentos capaces de equilibrar una cadena caracterizada por miles de productores frente a una industria mucho más concentrada. El argumento es que aumentar producción o exportaciones no garantiza, por sí solo, una distribución suficiente del ingreso hacia la chacra.

Sturzenegger parte de la premisa contraria: el precio debe surgir del mercado y el Estado debe concentrar sus esfuerzos en remover obstáculos y ayudar a ensanchar la demanda, especialmente mediante las exportaciones.

Mientras los productores que protestan en las afueras del hotel donde se desarrolló el encuentro de finanzas, miran el precio del kilo de hoja verde que sale de la chacra, Nación mira el tamaño potencial del mercado mundial. Uno reclama una respuesta inmediata sobre el ingreso; el otro propone una transformación de escala que necesariamente requiere tiempo, inversiones, innovación comercial y apertura de destinos.

En Iguazú, Sturzenegger dejó claro cuál de esas dos estrategias seguirá el Gobierno nacional. Y puso incluso un horizonte temporal.

Me imagino una industria de la yerba en diez años que es muchísimo más grande que la que tenemos hoy”, aseguró.

Después volvió sobre la misma idea: “Estoy convencido de que en diez años vamos a tener una industria mucho más grande que la que tenemos actualmente”.

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Brito: “Los perdedores hicieron el ajuste más rápido de lo que se están expandiendo los ganadores”

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El presidente de Banco Macro, Jorge Brito, eligió Puerto Iguazú para poner en palabras una mirada que combina respaldo al ordenamiento macroeconómico con una advertencia sobre el punto más sensible que enfrenta ahora el programa económico: la estabilización todavía no consiguió traducirse con suficiente fuerza en actividad, empleo e ingresos.

El nivel de actividad hoy es el tema en Argentina, el nivel de actividad y, en consecuencia, el empleo”, sostuvo Brito en una diálogo con Economis y otros medios, durante su participación en la reunión del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Iguazú.

No es una observación menor viniendo de uno de los principales banqueros del país. Brito respaldó la necesidad de eliminar el déficit fiscal y consideró inevitable la corrección de buena parte de los subsidios que sostenía el Estado. Pero también marcó una diferencia con uno de los supuestos centrales sobre los que se apoyó el cambio de modelo: la velocidad con la que el mercado podía reordenar la economía.

Para mí es un error de diagnóstico creer que el mercado te iba a resolver muchos temas en el corto plazo”, afirmó.

Para Brito, el nuevo esquema económico produjo sectores ganadores y perdedores, pero ambos reaccionaron a velocidades diferentes.

Claramente lo que está ocurriendo es que los perdedores hicieron el ajuste más rápido de lo que se están expandiendo los ganadores”, explicó. Y allí ubicó una de las tareas pendientes: “Creo que ahí tiene que haber una coordinación”. 

Equilibrio fiscal, pero con matices

Brito no cuestiona el corazón fiscal del programa económico. Por el contrario, sostuvo que la Argentina había llegado a una situación en la que prácticamente no existían alternativas.

Cuando un Estado mantiene déficit y ya no consigue quién lo financie, explicó, quedan dos caminos: ajustar o emitir dinero. La experiencia inflacionaria argentina, planteó, mostró los límites de la segunda alternativa.

Sí puede discutirse, según el empresario, dónde debía recaer el recorte.

En ese sentido, defendió la reducción de los subsidios generalizados a las tarifas. “No hay países en el mundo, ni desarrollados ni subdesarrollados, que tengan subsidios de tarifa de la magnitud que tenía Argentina”, señaló.

Y utilizó su propio caso para graficar la distorsión: “Acá se subsidiaba la oferta y yo era subsidiado, yo, Jorge Pablo Brito. Entonces eso era algo que estaba claramente mal y había que resolverlo”. 

La corrección tarifaria redujo el ingreso disponible de las familias al mismo tiempo que la economía todavía no generó suficiente empleo e inversión como para compensar ese impacto. Según Brito, el peso de los servicios públicos en el presupuesto familiar pasó de niveles cercanos al 5 por ciento a alrededor del 25 por ciento, en un contexto que además combinó tasas de interés reales excepcionalmente elevadas, pérdida de puestos de trabajo y deterioro de ingresos. 

Uno de los ejes de la jornada del IAEF fue el crecimiento de la morosidad. Brito reconoció el problema, aunque evitó una lectura catastrófica.

En el sistema bancario, explicó, la mora involucra a más de dos millones de clientes, aunque representa menos del 10 por ciento. En Banco Macro, sostuvo, las nuevas generaciones de créditos muestran mejores indicadores de cumplimiento que las anteriores, una señal que alimenta la expectativa de que el deterioro haya comenzado a revertirse. 

No hay nada que nos haga pensar que eso vaya a incrementarse a futuro”, aseguró. “Somos muy optimistas de que esto se va a poder resolver en el corto plazo”. 

Brito aprovechó la entrevista con Economis para enviar además un mensaje directo a los clientes de Macro que atraviesan dificultades financieras.

“Convoco a todos los clientes que están en mora a que vengan. En el caso de mi banco van a encontrar una ayuda para poder refinanciar a tasas ventajosas y plazos convenientes”, afirmó. 

Pero trazó una línea frente a las propuestas políticas que buscan resolver el sobreendeudamiento afectando los derechos de los acreedores.

Para el presidente de Macro, una intervención de ese tipo podría solucionar un problema coyuntural a costa de generar otro mucho más profundo: reducir estructuralmente la oferta de crédito.

“Si violentamos o afectamos los derechos de los acreedores, eso en definitiva termina afectando la capacidad de dar préstamos”, advirtió. 

El argumento de Brito va más allá de la coyuntura de la mora. Su diagnóstico es que una de las debilidades estructurales argentinas es precisamente la escasez del crédito privado en relación con el tamaño de la economía.

“Cuantos menos préstamos tenemos en relación al producto, menos desarrollados somos”, sintetizó.

Pero hizo una distinción sobre la calidad del financiamiento. El desafío no pasa únicamente por multiplicar préstamos al consumo, sino por construir un sistema capaz de prestar a largo plazo.

“El préstamo bueno no es necesariamente el de consumo. Es el préstamo hipotecario, el que permite a un individuo comprarse una vivienda, a una pyme o a una empresa financiar capital de trabajo”. 

Allí aparece otra de las restricciones argentinas: el costo financiero.

Brito señaló que sobre cada préstamo existe una carga impositiva correspondiente a los tres niveles del Estado que puede terminar siendo superior al propio spread financiero de las entidades bancarias.

Para bajar el costo del crédito, planteó, también será necesario revisar esa estructura. 

Ante la pregunta sobre cómo recuperar el poder adquisitivo, Brito volvió sobre una palabra: productividad.

Su secuencia es inversión, productividad, creación de empleo y, finalmente, recuperación del salario real.

“Productividad genera empleo y la competencia del empleo es lo que genera aumento de salarios”, explicó.

Para que aumente el salario real, lo que tenemos que generar es aumento del empleo y el aumento del empleo se genera pura y exclusivamente con inversión”, insistió. 

Desde su rol empresario, aseguró que ésa es precisamente la estrategia que intenta llevar adelante en las compañías que conduce: identificar oportunidades de inversión capaces de generar crecimiento.

Brito mira al interior: “Debe ser el gran ganador”

En Iguazú, el presidente de Banco Macro dejó además una definición especialmente relevante para Misiones y las economías regionales.

El interior es el gran ganador” del nuevo modelo económico, afirmó, aunque inmediatamente introdujo una condición: para que ese potencial pueda convertirse en producción, exportaciones y empleo, la Argentina necesita infraestructura.

El riesgo, según Brito, es repetir viejos desequilibrios territoriales. Si las oportunidades económicas cambian de lugar pero la infraestructura no acompaña, el país puede volver a generar procesos migratorios y cuellos de botella como los ocurridos décadas atrás.

Por eso planteó la necesidad de “empezar a trabajar diagramando este nuevo modelo de país”, con infraestructura capaz de acompañar el desarrollo productivo de las provincias. 

Misiones, sostuvo, tampoco debería quedar al margen.

Brito identificó a la energía, el petróleo y el gas como motores de buena parte de la Patagonia y a la agricultura como un vector que atraviesa numerosas provincias del centro y del norte. En ese escenario, planteó que las exportaciones deberían adquirir mucho más peso dentro de la economía argentina, pero con una condición adicional: incorporar valor agregado. 

La infraestructura aparece, en su visión, como el puente entre el equilibrio macroeconómico y la recuperación de la economía real.

Argentina, dijo, tiene una infraestructura “totalmente desinvertida y atrasada”. Recuperarla permitiría atacar dos problemas simultáneamente: mejorar la competitividad futura y generar actividad y empleo ahora.

Y no necesariamente mediante obra pública financiada directamente por el Estado.

Brito planteó que el Gobierno puede crear incentivos y marcos regulatorios capaces de movilizar capital privado hacia rutas, ferrocarriles y obras hídricas.

“Todo eso debería generar un plan de infraestructura para generar empleo en el corto plazo”, sostuvo. 

Es, en definitiva, el matiz que Brito introduce al debate económico desde el sector privado. El equilibrio fiscal aparece como una condición que no debería abandonarse. Pero no alcanza.

La segunda etapa necesita inversión. Necesita crédito. Necesita infraestructura. Y, sobre todo, necesita velocidad para que los sectores que pueden crecer comiencen a hacerlo antes de que el ajuste de quienes perdieron termine profundizando el freno de la actividad.

El propio Brito lo resumió desde Iguazú: Argentina necesita empresarios “que se animen, que inviertan”.

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Piporé, la única yerba argentina que llega a las Islas Malvinas

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Mientras el Gobierno nacional anuncia mayores sanciones contra las empresas que operan en las Islas Malvinas y promete utilizar todas las herramientas del Estado para defender la soberanía argentina, una marca profundamente misionera mantiene una presencia singular en el archipiélago: la yerba Piporé, de Santo Pipó.

La revelación la hizo Raúl Karaben, socio de la cooperativa yerbatera, durante el encuentro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas que se realiza en Puerto Iguazú. Allí aseguró que Piporé es la única yerba mate que se comercializa en las islas, aunque no llega directamente desde la Argentina continental.

“Piporé se vende en las Islas Malvinas. Nosotros abastecemos a los chilenos, vendemos muy bien en Chile y Punta Arenas”, explicó Karaben. Desde ese extremo austral, la yerba cruza hacia el archipiélago y encuentra consumidores en un territorio atravesado nuevamente por la tensión diplomática.

El dato apareció en medio de una exposición destinada a explicar el negocio yerbatero, pero adquirió una dimensión política inevitable. En el auditorio estaba Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado y uno de los principales impulsores de los cambios que quitaron al Instituto Nacional de la Yerba Mate sus facultades para ordenar el mercado y establecer precios de referencia.

Pero Karaben no se refugió únicamente en el costado exitoso del negocio exportador. Cuando describió la situación interna, eligió una definición brutal: “El precio está para el tujes”. Según el empresario, el productor percibe apenas un tercio de lo que cobraba cuatro años atrás y esos ingresos “no le alcanzan para lo más mínimo”.

Karaben evitó atribuir el derrumbe exclusivamente a las decisiones del Gobierno nacional. “¿Es producto del Gobierno? No. La yerba tiene ciclos”, sostuvo. Explicó que el mercado pasó de una etapa de escasez a otra de sobreoferta: la producción aumentó de unos 800 millones a aproximadamente 980 millones de kilos y, con más materia prima disponible, el precio se desmoronó.

El ajuste, advirtió, recae primero sobre el eslabón más débil. “Pierde el más chiquito”. Son cerca de 12.000 productores y son ellos, especialmente los de menor escala, quienes atraviesan el momento más crítico. Pero el impacto alcanza finalmente a toda la cadena. “Estamos mal porque la yerba está mal. El mal precio es para todos”, resumió.

Su mirada también chocó con la propuesta del Gobierno de Misiones de recuperar un valor obligatorio para la materia prima. “Poner un precio mínimo es una pavada”, lanzó. Argumentó que los precios fijados administrativamente pueden terminar eludiéndose mediante acuerdos informales o notas de crédito posteriores. Desde esa perspectiva, establecer un valor de referencia no resuelve el desequilibrio de fondo ni responde la pregunta central: quién pagará efectivamente el precio mínimo que reclama la Provincia.

Karaben cuestionó, además, el cruce de responsabilidades entre Posadas y Buenos Aires. Consideró que la Provincia “le tira la pelota a la Nación”, aunque el problema no haya sido originado exclusivamente por el Gobierno nacional. Recordó que la yerba atravesó una etapa de precios muy favorables que impulsó nuevas plantaciones y amplió la oferta hasta superar la capacidad de absorción del mercado.

“¿La responsabilidad la tiene el Gobierno? No, pero sí, porque no hace nada para atender la problemática”, planteó. La frase condensó su diagnóstico: el Estado no creó por sí solo la crisis, pero tampoco puede desentenderse de sus consecuencias sobre miles de familias productoras.

La crítica más dura quedó dirigida hacia la política productiva provincial. “Misiones no tiene política agraria”, sentenció Karaben. Para el dirigente cooperativista, la crisis de la yerba mate es apenas la manifestación más visible de una debilidad estructural: la falta de diversificación. “No se puede vivir de un monoproducto”, advirtió.

La escena concentró varias de las contradicciones que rodean a la actividad. Piporé habló de exportaciones y expansión internacional frente al funcionario que condujo la apertura del mercado interno, mientras los productores misioneros denuncian una fuerte caída del precio de la hoja verde y reclaman nuevas herramientas de regulación.

Karaben describió una actividad con características difíciles de encontrar en otros sectores productivos. La yerba mate no ofrece resultados inmediatos: es un árbol que requiere alrededor de cinco años antes de entregar su primera cosecha comercial, pero luego puede mantenerse productivo durante cuatro décadas.

Esa espera inicial condiciona las decisiones de inversión y limita la capacidad de reaccionar rápidamente ante los movimientos del mercado. Cuando los precios caen, el productor no puede sustituir de inmediato el cultivo. Cuando la demanda aumenta, tampoco es posible multiplicar la oferta de una temporada a otra.

La producción se concentra prácticamente en tres países: la Argentina, Brasil y Paraguay. Dentro del mercado argentino, aproximadamente el 85 por ciento de la yerba mate se cultiva en Misiones.

Brasil, que durante años tuvo un peso mayor dentro del mapa regional, redujo parte de su superficie yerbatera ante el avance de la soja. De ese modo, el grueso de la producción quedó concentrado en la Argentina y, especialmente, en suelo misionero.

Karaben también describió un proceso de concentración productiva. Los primeros ocho establecimientos representan alrededor del 75 por ciento de la producción, mientras que los quince principales reúnen cerca del 90 por ciento.

La yerba mate, además, se mueve dentro de un mercado interno relativamente inelástico. El consumo argentino presenta pocas variaciones estructurales y deja escaso margen para crecer únicamente dentro del país.

“Si alguien sube, le ganó a otro”, resumió Karaben. En otras palabras, cuando una marca aumenta su participación, generalmente lo hace desplazando a un competidor, no porque se haya ampliado considerablemente el consumo total.

Por esa razón, la exportación se convirtió en una pieza estratégica.

El largo viaje hacia el mundo árabe

Piporé construyó una presencia especialmente fuerte en los países árabes. La relación tiene raíces históricas y comenzó a consolidarse después de la Segunda Guerra Mundial, cuando numerosos inmigrantes sirios y libaneses que habían vivido en la Argentina regresaron a sus lugares de origen llevando consigo el hábito de tomar mate.

Ese consumo, nacido de la experiencia migratoria, se transmitió entre generaciones y atravesó fronteras. En la actualidad, la yerba llega a más de 25 países del mundo árabe.

La guerra en Siria produjo nuevos desplazamientos poblacionales y contribuyó a expandir el consumo hacia otros destinos. El mate acompañó a esas comunidades como una marca de identidad, del mismo modo que sucede con los argentinos que viven en el exterior.

Karaben identificó así dos grandes perfiles entre los consumidores internacionales: el argentino nostálgico que busca sostener sus costumbres y el consumidor árabe que incorporó la yerba como parte de su propia tradición familiar.

La cooperativa también exporta a mercados alejados del consumo histórico sudamericano, entre ellos Alemania, Bulgaria, Dinamarca, Noruega y Canadá. Chile ocupa un lugar central dentro de esa estrategia, especialmente el sur del país.

Desde allí se produce la conexión más inesperada: Punta Arenas funciona como puerta de entrada de Piporé hacia las Islas Malvinas.

La presencia de Piporé en las islas aparece justo cuando la cuestión Malvinas volvió al centro de la agenda nacional. El presidente Javier Milei anunció el endurecimiento de las sanciones contra compañías que desarrollen actividades sin autorización argentina y anticipó mayores recursos para avanzar con una base naval en Tierra del Fuego.

En ese contexto, la ruta comercial de la yerba expone una paradoja. Una cooperativa nacida en Misiones, propiedad de productores argentinos y estrechamente ligada a una de las economías regionales más representativas del país, llega al territorio a través del circuito comercial chileno.

No se trata de una operación directa con origen argentino hacia las islas, sino de la expansión regional de una marca que logró instalarse con fuerza en el mercado austral. Desde Punta Arenas, el producto continúa un recorrido que termina colocando yerba misionera en las góndolas malvinenses.

Piporé, próxima a cumplir 96 años de historia, se convirtió así en una inesperada avanzada argentina. No lleva discursos ni documentos diplomáticos. Lleva yerba mate.

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Más de 50 empresas participaron del primer MetalMisión de Misiones

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Dos de Mayo fue sede de la primera edición de MetalMisión, una jornada que reunió a 55 empresas y generó un espacio de vinculación directa entre la industria metalúrgica y metalmecánica, grandes empresas compradoras y distintos actores del entramado productivo provincial y nacional.

Bajo el eje “Industria para la Industria”, uno de los principales momentos del encuentro fueron las rondas de negocios B2B intersectoriales, que permitieron a empresas metalúrgicas y metalmecánicas presentar sus capacidades frente a potenciales compradores, conocer demandas concretas y avanzar en nuevas oportunidades comerciales.

La propuesta reunió a compañías de distintos sectores, entre ellas Arauco, Papel Misionero, Andreani, Amanda, Metalúrgica Alem, Indumar y Bolsaplast, entre otras, generando un espacio de encuentro entre quienes demandan bienes y servicios industriales y quienes cuentan con capacidad para proveerlos desde Misiones.

Las rondas de negocios permitieron generar reuniones directas entre empresas, identificar necesidades específicas y explorar posibilidades de incorporación de proveedores locales a distintas cadenas de valor. Así, MetalMisión puso el foco en transformar la vinculación empresarial en oportunidades concretas de negocio y cooperación.

La jornada también contó con un panel de compradores, exposiciones de empresas y espacios destinados a promover la competitividad y el trabajo conjunto del sector, con presentaciones de CAMIM 360 y ADIMRA. A esto se sumaron rondas intrasectoriales bajo el concepto “Asociativismo Práctico”, orientadas a generar nuevas formas de cooperación entre empresas metalúrgicas.

El encuentro fue impulsado por la Cámara Misionera de Industriales Metalúrgicos (CAMIM) y ADEMI, junto a distintas instituciones vinculadas al sector productivo, con una propuesta que busca seguir integrando la industria misionera y acercar las capacidades de sus empresas a las necesidades concretas de otras actividades económicas.

“Desde ADEMI entendemos que el desarrollo también se construye generando estos espacios de encuentro. Cuando una empresa puede mostrar lo que hace, conocer qué necesita otra industria y encontrar una oportunidad concreta para trabajar en conjunto, estamos fortaleciendo nuestra producción y ampliando las posibilidades de crecimiento en la provincia”, señaló la presidente de ADEMI, Graciela De Moura.

Con 55 empresas participantes y una agenda centrada en la generación de negocios, MetalMisión 2026 marca un punto de partida para consolidar nuevas vinculaciones entre la industria metalúrgica y el resto del entramado productivo. El objetivo es que estos encuentros se traduzcan en más negocios, nuevos proveedores y mayores oportunidades para las empresas misioneras.

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Daniel Artana: “El verdadero indicador macroeconómico que da mal es la inversión”

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La economía argentina consiguió ordenar algunas de sus variables fundamentales, resistió una sucesión de shocks y comenzó a desplegar una potencia exportadora que promete cambiar su estructura durante la próxima década. Pero todavía tiene un punto débil que condiciona todo el programa: la inversión no reacciona.

Daniel Artana puso allí el foco durante una entrevista con Economis en el Encuentro de Ejecutivos de Finanzas realizado en el hotel Loi Suites de Puerto Iguazú. Para el economista, la estabilidad alcanzada es una condición necesaria, pero no garantiza por sí misma un ciclo de crecimiento sostenido. Sin inversión, productividad y reformas estructurales, el orden macroeconómico puede convertirse en una plataforma prolija, aunque insuficiente.

La estabilidad es condición necesaria, pero no suficiente. Los países no crecen porque tienen inflación; al contrario, la inflación complica el crecimiento económico. Pero se necesitan otras cosas: más inversión y más productividad”, definió.

Artana considera que la Argentina todavía necesita ampliar su horizonte. Aunque el Gobierno haya corregido desequilibrios importantes, entre los empresarios persiste la duda sobre la continuidad política de esas transformaciones. El temor a que el país vuelva a aplicar políticas que no existen en otras economías desalienta decisiones que requieren años para recuperar el capital comprometido.

Esa incertidumbre, sumada a problemas coyunturales, explica por qué la inversión sigue rezagada. No ocurre lo mismo con las exportaciones, que muestran un fuerte dinamismo, ni necesariamente con el producto bruto interno, que soportó numerosos impactos sin desplomarse. Tampoco es el consumo, según su lectura, la principal señal de alarma.

El verdadero indicador que da mal macroeconómicamente es la inversión. Está muy baja”, remarcó.

La estabilidad no compra el crecimiento

El planteo de Artana atraviesa el debate económico de fondo. Bajar la inflación, reducir el déficit y ordenar los precios relativos son pasos imprescindibles, pero no producen automáticamente nuevas fábricas, infraestructura, tecnología ni empleos de mayor productividad.

Para que eso ocurra, el sector privado necesita previsibilidad suficiente para invertir y el Estado debe avanzar en reformas capaces de remover obstáculos acumulados durante décadas. La estabilidad evita que la economía se desordene, pero el crecimiento requiere aumentar la cantidad y la calidad del capital productivo.

La Argentina todavía enfrenta, además, el riesgo de volver atrás. Una parte de las decisiones empresariales continúa suspendida por la pregunta que acompaña a todos los programas económicos del país: cuánto de lo realizado permanecerá después de la próxima elección.

Artana considera que un programa será verdaderamente consistente cuando pueda atravesar la alternancia política sin que se discutan nuevamente sus principios elementales. Lo que definió como el “ABC” económico -aquello tan básico como aceptar que dos más dos es cuatro- debería sobrevivir a los cambios de presidente.

El problema es que todavía existe una parte de la dirigencia dispuesta a desconocer esas reglas. Mientras esa amenaza siga abierta, el horizonte permanecerá corto y la inversión tendrá dificultades para despegar.

La falta de infraestructura apareció como uno de los puntos centrales de la entrevista. La retirada del Gobierno nacional de la obra pública dejó proyectos paralizados y trasladó presión hacia provincias que, al mismo tiempo, enfrentan una menor disponibilidad de recursos y reclamos para reducir impuestos.

Para Artana, la explicación debe buscarse en la forma en que creció el gasto público durante las últimas décadas. El Estado expandió fuertemente sus erogaciones, pero concentró buena parte de ese incremento en gastos corrientes.

En el nivel nacional, los mayores recursos se destinaron principalmente a subsidios económicos y moratorias previsionales. En las provincias y los municipios, el aumento estuvo asociado, en gran medida, con la expansión del empleo público. El economista aclaró que su descripción no supone necesariamente un juicio sobre la legitimidad de esas decisiones, sino la constatación de una restricción básica: el dinero es limitado.

Si uno gasta más en gasto corriente, gasta menos en gasto de capital”, sintetizó.

La Argentina habría recorrido una historia diferente si el auge del gasto público se hubiera dirigido hacia rutas, energía, conectividad, puertos y otras obras capaces de elevar la productividad. Otros países aprovecharon períodos de abundancia para ampliar su infraestructura. El país, en cambio, consolidó compromisos corrientes que luego resultaron difíciles de reducir.

Cuando el Gobierno nacional decidió recortar el déficit fiscal, una de las partidas más castigadas fue la inversión pública. También cayeron con fuerza las transferencias de capital destinadas a las provincias. Los gobiernos subnacionales ajustaron menos, pero quedaron frente a la misma disyuntiva: revisar el gasto corriente o resignarse a invertir poco.

“Las provincias siempre tienen la opción de ser austeras por el lado del gasto corriente para poder gastar más en infraestructura. Tampoco hay mucho espacio para seguir subiendo impuestos. La plata tiene que salir de algún lado, porque mágicamente las cosas no se resuelven”, señaló.

La definición resulta especialmente sensible para Misiones, una provincia que necesita inversiones nacionales para compensar déficits históricos de infraestructura, pero que también debe competir con Brasil y Paraguay, reducir costos internos y sostener servicios públicos con recursos propios.

Artana considera que el Gobierno nacional podría haber moderado algunos movimientos del programa económico. La alternativa, explicó, habría sido acumular una mayor cantidad de reservas y sostener un tipo de cambio “un poco más depreciado” que el actual.

No propone regresar a una devaluación permanente ni construir competitividad exclusivamente a partir de un peso débil. Su observación apunta a la velocidad con la que se produjo el encarecimiento de la economía argentina en dólares y al impacto que ese proceso genera sobre sectores que todavía no alcanzaron niveles suficientes de productividad.

De todos modos, advirtió que el país probablemente será más caro en dólares que en otros momentos de su historia. Esa tendencia no necesariamente expresa una anomalía: puede ser el resultado de una economía que aumenta con fuerza su capacidad de generar divisas.

“Si no matamos la gallina de los huevos de oro que nos da el campo, la minería, los hidrocarburos y muchos sectores industriales que están aumentando sus exportaciones, esta economía va a ser más cara en dólares de lo que fue históricamente”, explicó.

La proyección que trazó es ambiciosa: en menos de una década, la Argentina podría alcanzar exportaciones por 200.000 millones de dólares anuales. El salto sería impulsado por los recursos naturales, pero también por actividades industriales que ya consiguen colocar más producción en el exterior. La carne es uno de los ejemplos mencionados por el economista.

Ese flujo de dólares cambiaría la estructura económica. También tendería a apreciar los costos internos y obligaría a elevar la productividad. El problema, otra vez, es qué ocurre durante la transición con los sectores que no participan del boom exportador.

No todas las actividades cuentan con petróleo, gas, minerales o una demanda externa en expansión. Parte de la industria depende del mercado interno, arrastra problemas de escala y debe competir después de años de operar dentro de una economía protegida.

Para Artana, esos sectores deberán reconvertirse. El proceso no será inmediato ni indoloro.

“Hay actividades con problemas de demanda interna y esas reconversiones no son fáciles”, reconoció.

La construcción sufrió el golpe más directo por el derrumbe de la inversión pública. Después de una caída muy fuerte, mostró una recuperación parcial, volvió a retroceder y todavía no consiguió estabilizar un sendero de crecimiento. La industria, por su parte, permanece estancada en un nivel relativamente bajo.

Sin embargo, Artana encontró una señal menos negativa: la producción industrial lleva varios meses sin continuar cayendo. El piso puede ser bajo, pero al menos dejó de profundizarse el deterioro.

“Uno puede decir que está en un nivel bajo, y es cierto. Pero por lo menos no cae desde hace varios meses”, observó.

Su expectativa es que la industria empiece a reaccionar a medida que las empresas introduzcan mejoras, eleven su productividad y adapten sus estructuras. No habrá una recuperación uniforme: algunas compañías conseguirán reconvertirse y otras encontrarán mayores dificultades para sobrevivir en una economía más abierta y competitiva.

La combinación entre menor obra pública nacional, presión tributaria elevada y gasto corriente rígido deja a las provincias ante una ecuación incómoda. Necesitan invertir para mejorar su competitividad, pero tienen poco margen para aumentar impuestos y enfrentan resistencias para reducir estructuras estatales consolidadas.

Artana no ofreció una salida sencilla. Precisamente, advirtió que no existe. Si las provincias quieren recuperar capacidad de inversión, deberán revisar prioridades y liberar recursos actualmente absorbidos por gastos corrientes.

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