ECONOMIA

La puntana Rovella Carranza se adjudicó el contrato por $320 millones para repavimentar el aeropuerto de Iguazú

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La empresa de construcción puntana, Rovella Carranza, ganó el contrato por $323 millones para repavimentar la pista y la plataforma de operaciones del aeropuerto Carlos Krause de Iguazú.
En un concurso muy exigente donde apenas se presentaron dos firmas nada más, la empresa de San Luis -de gran crecimiento en los últimos 15 años- le ganó a Helport, una especialista en este tipo de obras y vinculada a Corporación América.
La obra durará apenas 3 meses. Y el aeropuerto estará cerrado sólo 30 días, entre el 15 de abril y el 15 de mayo. El comienzo de los trabajos será en unos 15 días, cuando se firmen los contratos.
En rigor no fue una sola licitación sino dos separadas. Una por la repavimentación de la pista y los rodajes (las calles para ir a cabecera de pista), por valor de $201 millones más IVA y la otra para construir a nuevo la plataforma de operaciones por $67 millones más IVA. Rovella Carranza y Helport fueron las únicas dos que se presentaron en ambas compulsas.
El dato llamativo fue que en el concurso no hubo presencia de firmas misioneras, ya que algunas interesadas finalmente desistieron de participar porque consideraron muy exigentes los pliegos. En especial, en los requisitos de antecedentes de obras similares y capacidad financiera acorde al contrato de la obra.
Economis se comunicó con la sede de la empresa en San Luis, donde prefirieron no hacer mayores comentarios. “Todavía nos tienen que dar la orden de compra AA2000”, explicó el ingeniero Fabricio Cattaneo. Otras fuentes confirmaron que la adjudicación es un hecho. El anuncio oficial se realizaría en las próximas semanas.
Cabe recordar que la obra principal para dejar como nuevo el Carlos Krause lo está encarando la UTE liderada por la misionera Ratti Construcciones y la empresa Riva de Buenos Aires, que ganaron el contrato mayor ($700 millones más IVA) para poner a nuevo la terminal de pasajeros en un lapso de 22 meses.
En esa licitación sí habían participado otras cuatro firmas constructoras de Misiones. Estas fueron Ingar, Maceva, Proobra y NR Construcciones. Carlos Enriquez se iba a presentar a estos concursos por la pista y la plataforma pero al final desistió, al igual que otras constructoras locales.
Rovella Carranza es una firma de origen puntano que tuvo un crecimiento exponencial en los últimos 15 años con obras por casi todo el país, aunque tienen pocos antecedentes en Misiones hicieron aquí un trabajo clave: la nueva torre de control. Ese trabajo se concluyó en el 2016 para reemplazar a la vieja torre que estaba, literalmente, inclinada.
La firma puntana tiene un track record mayor en Corrientes, Entre Rios y Formosa. El año pasado inauguraron el estadio único de La Pedrera (San Luis), que tiene un look europeo. Pero intervinieron en trabajos de todo tipo, acueductos, rutas, viviendas, etc.
Pliegos exigentes
La repavimentación de la pista de aterrizaje es un trabajo exigente que requiere, entre otras cuestiones, tener una pavimentadora adicional para evitar cualquier demora en los trabajos. El aeropuerto estará cerrado solamente por 30 días, desde el 15 de abril al 15 de mayo, en la época turística más baja. En ese lapso, los vuelos operarán en Foz de Iguazú.
Justamente las exigentes condiciones para evitar cualquier demora que pudiera extender el cierre del Krause un día más de lo necesario pesó para dejar afuera a las constructoras locales.
Para evitar paralizar operaciones por más tiempo, se empezará a trabajar en una de las cabeceras, se le “quitarán” 1.000 metros a la pista, pero los aviones seguirán llegando.
Es que el Carlos Krause tiene una pista larga, de 3.300 metros y aún restando un tercio queda con el mismo largo que el General San Martin de Posadas, de 2.200 metros. Los Boeing 737-700 o 737-800 (Aerolíneas, Austral o Fly Bondi), los Airbus 320 (Lan Argentina) o los MD 83 (Andes) pueden operar sin problemas en esas dimensiones reducidas.
La etapa 2 sí implicará el cierre temporal de la aeroestación de Iguazú y obligará a los vuelos a aterrizar en el aeropuerto de Foz, situado a 10 minutos del puente Tancredo Neves.
Otro contrato aparte para dejar el Carlos Krause totalmente a nuevo es la remodelación del estacionamiento, una obra por $80 millones que ya se adjudicó y cuyas obras comenzaron en septiembre.
 
 
 

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Por qué Macron se opone al tratado entre el MERCOSUR y la Unión Europea

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Por ahora no hay tratado. Eso indicaban las declaraciones de Emmanuel Macron, desde antes de la llegada de Macri a Paris. Similares a las de todos sus predecesores desde 1999, cuando comenzaron las negociaciones. Francia, dijo, no puede avalar un tratado que favorezca el ingreso de alimentos sudamericanos en desmedro de su propia producción. Subsidiada por los contribuyentes franceses para conservar empleos y garantizar seguridad alimentaria. Hubo declaraciones amables, apoyos para el ingreso a la OCDE y salutaciones al G20, pero sin novedad en el tema principal. Hasta ofrecimos destrabar el caso Aguas Argentinas, la compra de los dos patrulleros oceánicos y otras cosas más. Pero no alcanzó.
Nadie puede mostrarse sorprendido. Ya sabemos que desde la década de 1950 la Unión Europea, marcada a fuego por las hambrunas irrepetibles de la guerra, viene subsidiando en forma coordinada su producción de agroalimentos. Y que todos los borradores del acuerdo comercial birregional, que circulan desde hace casi veinte años, chocaron con esa incompatibilidad de modelos alimentarios. Nuestro campo es imbatible; los de la península europea son poco productivos y están protegidos. Y Europa, el actor grande sentado a la mesa, hace las ofertas y pone las condiciones. De hecho, los industriales bonaerenses y paulistas celebran el freno de Macron (quien, como veremos al final de esta informe, habla también en nombre de otros europeos proteccionistas, no solo franceses) pero su festejo quedó eclipsado por el de los granjeros del norte. La asimetría de poder funciona así.
Hay que aclarar también que los productores antiacuerdo -granjeros europeos, industriales sudamericanos- no dominan las negociaciones todo el tiempo. Hay, en ambas regiones, exportadores que quieren pactar, diplomáticos que trabajan de negociadores, y políticos que aman las fotos firmando convenios. A lo largo de estas dos décadas de rosca, hubo momentos en que los planetas casi se alinearon. A principios del siglo XXI, por ejemplo, hubo meses en los que la producción agrícola europea fue muy baja, y las barreras al trigo y el maíz cayeron a cero; en ese momento, Europa hizo una oferta “buena”, pero para los industriales paulistas era mala y dijeron que no. Diez años más tarde, los duros fueron los argentinos. Entre esas y otras episódicas ventanas de oportunidad, la mayor parte del tiempo las trabas estuvieron en Europa.
Siendo así de difíciles e improbables las cosas, como lo muestran los casi 20 años de vueltas alrededor del asunto, ¿por qué volvimos a hablar del tema? Por dos razones. Una es el deseo del gobierno argentino. La otra, es que hasta hace unos meses parecía abrirse una nueva ventana de oportunidad en Europa –o eso nos pareció. Pero la realidad es que esa ventana europea se cerró rápidamente.
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Veamos primero el deseo gubernamental argentino, expresado en las declaraciones del Presidente. Aunque no haya estudios de impacto que demuestren que el tratado tendría saldo positivo, Macri lo quiere por razones que van más allá del comercio. Para empezar, porque firmar un tratado así sería un activo institucional para apuntalar las finanzas argentinas. Somos un país con inflación alta, déficit fiscal y otras vulnerabilidades, que apela a la ayuda política externa para mejorar su calificación. Un tratado con Europa, o el ingreso a la OCDE, deberían bajar nuestras tasas de riesgo país. Está también, claro, la capitalización del logro ante el electorado (“volvimos al mundo”), pero en un año no electoral lo económico pesa más. Además, “el trayecto es el camino”: aún sabiendo que la cosa está muy difícil, Macri y la diplomacia argentina insisten con la meta de firmar porque expresa una “vuelta al mundo” en sí misma. Al declarar una y otra vez la voluntad de “volver”, el gobierno argentino ya se siente un poquito más cerca de los países de Occidente. Después de todo, somos europeos; si ellos no quieren, se lo pierden.
Queda, por último, la mirada geopolítica de nuestro gobierno acerca de la presunta ventana de oportunidad que se abrió tras el Brexit y el triunfo electoral de Trump. De esas que pueden imponerse sobre el lobby de los granjeros franceses y polacos. Un año atrás muchos dirigentes europeos se veían en las puertas de una guerra comercial. Ese fantasma, de hecho, no se disipó: los nacionalismos y separatismos siguen en auge, y “The Donald” acaba de anunciar en Davos que protegerá el acero estadounidense (Europa es un gran productor de acero, y Estados Unidos uno de sus principales mercados de exportación). En ese contexto, en nuestras costas se especuló con el advenimiento de una política comercialista más activa de parte de Europa, para compensar la pérdida de otros mercados, y que ello podría incluir un relanzamiento del proyecto con el MERCOSUR. El razonamiento tenía lógica.
Pero surgieron otros elementos en el camino. Uno de ellos son los cambios laborales impulsados por Macron -quien se proyecta como un líder europeo- que afectan a los países del este de la Unión. Su propuesta es atacar el “dumping salarial” que se produce con el ingreso de trabajadores “baratos” provenientes de los países socios del este -polacos, sobre todo- en las ciudades del oeste. Lo que propone, concretamente, es una nueva política salarial regulada desde Bruselas, que se implementa garantizando que los trabajadores cobren salarios de convenio en el país de residencia, con independencia de su procedencia. Es decir, que en Paris los polacos cobren como franceses, y que en Varsovia los franceses cobren como polacos.
Recuérdese que el enojo social con los salarios más bajos que cobraban polacos, checos o búlgaros fue una de las causas del éxito del Brexit (y Macron llegó al Elíseo con el mandato de evitar nuevos “exits”). La “reforma social europea” de Macron, que aparenta defender los derechos salariales de los trabajadores del este que se mudan al oeste, piensa sobre todo en sus propios votantes franceses. Y en los que votaron por Marine Le Pen. Macron persigue el doble objetivo de atacar el problema del desempleo en Francia, y de calmar los reclamos de los votantes franceses contra los salarios baratos de polacos y húngaros.
Este Macron reformista, que recorrió meses atrás los países del este buscando apoyo político para su propuesta, es el mismo que ahora se opone al acuerdo con los sudamericanos. No solo le preocupan los granjeros franceses, como a todos sus predecesores: también, quiere eliminar cualquier impacto de un acuerdo comercial sobre los mercados de trabajo del Este. Y cuando habla, lo hace también en nombre de los líderes europeos orientales que respaldan su reforma laboral.

 
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Dujovne se reunió con el Ministro de Finanzas de China

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Esta tarde el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunió con el ministro de Finanzas de China, Xiao Jie, cuando faltan menos de dos meses para el primer encuentro de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales de la presidencia argentina del G20.
Durante la reunión Dujovne y Xiao analizaron la agenda del G20 para este 2018 con principal atención en lo que será el encuentro ministerial de marzo próximo en Buenos Aires. En ese sentido, el Ministro chino manifestó su apoyo a las prioridades de la presidencia de nuestro país: el futuro del trabajo y el desarrollo de la infraestructura. Por su parte, Dujovne se comprometió a seguir trabajando en sintonía con los acuerdos alcanzados durante la presidencia de China y Alemania, en 2016 y 2017 respectivamente.
Por otro lado, en el encuentro se trataron asuntos de cooperación bilateral entre ambos países y sobre la iniciativa “One belt, one road”, el ambicioso proyecto de infraestructura que promueve el país asiático.
El Ministro argentino estuvo acompañado por la Deputy de Finanzas de Argentina ante el Foro Internacional, Laura Jaitman, el Subsecretario de Ingreso Públicos de la Nación, Andrés Edelstein, el Subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Soto, y el Director de Política Internacional del Ministerio de Hacienda, Ariel Rajnerman. El Ministro chino asistió a la reunión acompañando por el Viceministro de Finanzas Shi Yaobin y el Embajador en Argentina, Yang Wanming.

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Las PyMEx argentinas con nuevas herramientas pero sin repunte

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En diversos estudios se han identificado ventajas que tienen las PyMEs exportadoras, o PyMEx, para la economía, por sobre las que sólo destinan su producción al mercado interno. Las exportadoras cuentan con atributos deseables para la economía, como fue reseñado por IERAL (2012)1 , temática también abordada por el BID2 en un informe con foco en América Latina.
En este sentido, la internacionalización exige que las PyME se tornen más productivas, innovadoras y competitivas. La participación en mercados de exportación va acompañada de aumentos de productividad, sofisticación de capacidades empresariales y menores restricciones crediticias. Lógicamente, las PyMEx implican una mayor generación de divisas y pagan mejores salarios, con el consecuente aumento del bienestar para la comunidad y los efectos positivos sobre otras actividades.
Las PyMEx tienen la capacidad de generar efectos derrame a través del crecimiento y la creación de empleo en las firmas proveedoras de insumos, productos y servicios.
Sin embargo, en la práctica se observa que es bajo el porcentaje de PyMEs que exporta en América Latina (también en Argentina), que la mayoría no tiene una cartera diversificada de exportación (pocos productos y/o mercados) y que la tasa de supervivencia exportadora entre este segmento de firmas es muy pequeña.
Dentro de las principales restricciones que enfrentan este conjunto de empresas se encuentran las siguientes:
• Imposibilidad de explotación de economías de escala.
• Altos costos directos para entrar por primera vez en el campo exportador.
• Elevados costos de comercio debido a la falta de infraestructura adecuada de transporte, demoras en controles aduaneros y altos costos de transporte.
• Costos de cumplimiento de requisitos del comercio internacional.
• Falta de recursos humanos especializados y tiempo para entender los estándares internacionales de comercio; y limitaciones en el acceso a la información.
• Problemas de financiamiento, debido a restricciones en el acceso al crédito bancario y escaso desarrollo de fuentes alternativas de financiamiento (mercado de capitales).
Políticas públicas para promover la mayor inserción externa de PyMEs
Con el objetivo de fomentar a las PyMEx, de acuerdo a la reciente publicación del BID citada precedentemente, las acciones de política pública deben buscar ampliar la entrada de PyMEs al mercado exportador, brindar apoyo que permita la supervivencia de las mismas y promover la diversificación exportadora (condición esencial para que sobrevivan). Deben dejarse de lado los mecanismos de apoyo aislados, para favorecer la adopción de una serie de prácticas básicas de gestión y operativas dentro de las empresas, como también de herramientas que faciliten las operaciones.
A nivel internacional es posible citar diversas medidas de apoyo a la internacionalización de las pymes que se han desarrollado recientemente, algunas en países de América Latina. Una de ellas es el programa Exporta Fácil, desarrollado en el ámbito del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia en el año 2009, el cual se encuentra dirigido a todas las MiPyMEs localizadas en cualquier lugar de dicho país. Este programa busca promover la cultura exportadora desarrollando un sistema simplificado de exportación por correo y envíos urgentes aprovechando la red postal de Colombia 4-72. En el mismo, se establecen tarifas y modalidades acordes al desarrollo de exportaciones en pequeños bultos.
Existen referencias relativas al impacto del programa desde su implementación hasta el año 2016. La tasa de crecimiento promedio anual para el período 2010-2016 alcanzó el 56%, 40% y 45% para las variables relativas a peso exportado, valor promedio exportado y cantidad de exportadores respectivamente.
Es posible establecer dos períodos diferentes, debido a que en los primeros años del programa (entre los años 2010 y 2013) el ritmo de crecimiento fue muy alto, con tasas superiores al 55% anual en los tres casos considerados; mientras que entre 2013 y 2016 si bien el crecimiento continúa, las tasas de variación observadas son considerablemente menores. En este último período, las tasas de crecimiento promedio anual fueron del 43%, 28% y 26% en relación al peso exportado, número de exportadores participantes en el sistema y valor promedio exportado, respectivamente.

En Argentina, por su parte, el gobierno nacional puso en práctica el programa Exporta Simple, de características similares al citado, de exportación simplificada a través de prestadores de servicio postal. La herramienta impulsada por el Ministerio de Producción, además cuenta con una web específica www.exportasimple.gob.ar que permite resolver dudas e interactuar para realizar consultas particulares. La plataforma que ya se encuentra operativa, busca facilitar la logística de los envíos al exterior (a cualquier parte del mundo) para las pequeñas y medianas empresas, reduciendo los costos de exportación.
Los cuatro pasos del Sistema Exporta Simple:
1. Dar de alta el servicio de Exporta Simple en AFIP.
2. Completar la información de la mercadería que se desea exportar para calcular el costo de envío. Se realiza una cotización del envío en la plataforma.
3. Comparar ofertas de diferentes operadores (prestadores de servicio postal o couriers) y seleccionar el de mayor conveniencia según costo y tiempo de envío. De esta forma se genera una factura proforma con la información necesaria para que el prestador la emita en la exportación.
4. La empresa courier retira la mercadería desde el domicilio que desee el usuario para llevarlo a destino, emitiendo una factura E.
Los requisitos que se han establecido para determinar quienes pueden utilizar el régimen de exportación simplificada son los siguientes:
• Si bien no es necesario estar registrado como exportador, se requiere estar inscripto en AFIP con CUIT y clave fiscal con nivel de seguridad 3 como mínimo.
• Cada envío individual no puede superar el valor FOB de U$S 15.000. El monto máximo de exportación anual es igual al valor FOB equivalente a US$600.000 por sujeto.
• Es posible exportar hasta 300 kilogramos brutos por envío (peso unitario). • Los bienes sujetos a exportación deben ser producidos en el país, nuevos, no alcanzados por prohibición, suspensión o cupo a la exportación • Los bienes a exportar no pueden ser aquellos sometidos a un tratamiento operativo específicamente normado para el control aduanero.
De acuerdo a diversos pedidos de cotización llevados a cabo por IERALPYME en dicho sistema, a modo de simulación, es posible afirmar que se trata de una herramienta muy fácil de usar, y concreta al momento de tomar decisiones de exportación o envíos al exterior. En una primera instancia se deben detallar Origen y Destino de la mercadería, cantidad de bultos y dimensión , peso total (kg) y valor del producto en dólares. La página arroja los resultados para esa búsqueda y en ese momento, permite la elección del operador más conveniente para el envío. Las diferentes cotizaciones varían en su valor de acuerdo con los parámetros citados, y también se distinguen entre operadores según la cantidad de días que se encuentra en tránsito la mercadería y la clase de servicio brindado por las empresas couriers (lugar y tipo de recolección y gastos incluidos). De acuerdo a los valores relevados, se aprecia que se trata de un servicio más factible de ser utilizado para el envío de productos de alto valor unitario en el mercado de destino y bajo peso.
Para ilustrar el potencial del nuevo programa, es interesante analizar la performance del programa colombiano “Exporta Fácil”, que se presentó previamente y que guarda semejanzas importantes con aquel recientemente creado en Argentina. La comparación da cierto margen de optimismo en relación a la posibilidad que sea utilizado por porciones crecientes de empresas PyME. De igual manera, cabe destacar que en el período 2010-2016, para el cual se tiene información del programa colombiano, el tipo de cambio real de este país se incrementó un 40% lo cual implica un abaratamiento de la producción colombiana respecto a los precios del resto del mundo; mientras que en el mismo período el tipo de cambio real de Argentina se apreció. La evolución del tipo de cambio real resulta muy relevante para el éxito del programa a futuro. De todas formas, es importante notar que el volumen operado por este tipo de sistema, de acuerdo con la referencia colombiana, resulta marginal desde el punto de vista del volumen total de comercio exterior. 
Este sistema se suma a otra medida adoptada por el Gobierno nacional, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), formalizada en octubre del 2016 pero que tendrá una aplicación de carácter gradual en el periodo 2017-2021. El plan VUCE implica 5 etapas de implementación con enfoques puntuales en cada una de ellas. Se trata de una herramienta de facilitación del comercio exterior que permite optimizar y unificar digitalmente la información y documentación para cumplir con todos los trámites de importación, exportación y tránsito aduanero.
A modo de síntesis, es oportuno resaltar que con estos programas se apunta a generar oportunidades para las PyMEs a través de la disminución de las restricciones que suelen enfrentar estas empresas. Las medidas apuntan a reducir el costo del transporte, los costos de transacción y de información, y es probable que facilite notoriamente la “primera exportación” para empresas de pequeña envergadura. Algunos segmentos y sectores tendrán mayores posibilidades de aprovecharlas que otros, sin lugar a dudas, más si se toma en consideración que Argentina presenta un problema de competitividad vinculado a la política macroeconómica, que en muchas ocasiones eclipsa las posibilidades de sostener negocios PyME basados en la exportación.
¿Cuál es la situación actual que enfrentan las PyMEx argentinas?
Una vez planteado el escenario general y las políticas recientemente aplicadas, resulta oportuno destacar la situación actual de las PyMEx en Argentina. Las restricciones y dificultades que enfrenta este segmento de empresas, sumado a la influencia de factores macroeconómicos (inflación, suba de costo en dólares) explican en gran parte el magro desempeño de las PyMEx argentinas en años recientes.
Cuando se analiza la evolución del número de PyMEx en Argentina, según el criterio utilizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)3 , se tiene que el mayor registro fue en 2008, cuando se registraron 6.220 PyMEs manufactureras que realizaron exportaciones. En el período 2008-2009, la cantidad de PyMEx argentinas se redujo considerablemente, para luego durante el año 2011 mostrar cierta recuperación por parte de las firmas en esta condición. Desde entonces hasta el año 2016 se verificó una contracción persistente que llevó a que el número de firmas PyMEs exportadoras disminuya a 4.239, una caída cercana al 32% (cerca de 2000 pymes dejaron de exportar). De acuerdo con cifras preliminares del Ministerio de la Producción para el total de empresas exportadoras (incluyendo MiPyMEs y Grandes), esta tendencia declinante habría continuado en 2017. 

Otro indicador relevante es lo ocurrido con la participación de las PyMEs industriales exportadoras en el valor total exportado por el país. Durante el período 2001-2016 éstas perdieron 2,3 puntos porcentuales en su participación en el valor total exportado por Argentina, desde 8,7% del total hasta apenas 6,4%. A partir de 2009 especialmente, la contribución de las PyMEx fue en descenso, de forma que en 2016 se observó el menor registro para los 16 años analizados.

Finalmente, una mención adicional resulta oportuna, respecto al destino de las exportaciones de las PyMEs argentinas. El magro desempeño ha llevado a una concentración de las exportaciones de PyMEs en mercados regionales. Lo que también es importante destacarlo en el marco de la discusión actual en relación a la estrategia de inserción en el mundo que está llevando a cabo Argentina, la cual comprende las negociaciones para el acuerdo estratégico en materia comercial con la Unión Europea (UE).

Se visualiza que en la última década las exportaciones PyMEx argentinas han sido destinadas principalmente a países integrantes del Mercosur y otros países latinoamericanos, llegando a alcanzar el 63% y 62% del total durante 2011 y 2013 respectivamente. En el caso de la Unión Europea, se trata de un bloque que ha perdido participación como mercado receptivo de las exportaciones PyMEx argentinas, representando un 17% de las mismas durante el año 2005 y sólo 12% en 2016, lo que refleja una importante pérdida acumulada de mercados externos.
A modo de cierre, es importante destacar nuevamente que la caída acumulada en los indicadores que reflejan el desempeño de las PyMEx argentinas ha sido sustancial en los últimos años. En este marco, las políticas específicas de apoyo que se comienzan a aplicar son auspiciosas y oportunas, aunque no debe perderse de vista que la macroeconomía puede implicar un pesado lastre para la competitividad de las PyMEs, que resulta muy difícil de compensar por acciones individuales de las firmas.
 
 

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Tramos de la ruta 12 en la primera licitación de participación público privada

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La nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras abarcarán más de 7.000 kilómetros de rutas nacionales, a partir de una inversión superior a  USD 16.700 millones. Las licitaciones se dividen en tres etapas. Las evaluaciones de oferta de esta primera fase del proyecto se realizarán en el mes de marzo, por lo que se estima que los trabajos comiencen en la segunda mitad del año.

 

El plan para la construcción de la Red de Autopistas y Rutas segura prevé una inversión de US$ 6.000 millones en los primeros 4 años del proyecto. Se espera la participación de empresas extranjeras de Europa, Estados Unidos, Asia y el resto de América Latina, que ya participaron del procedimiento transparente de consulta y de las audiencias públicas de las fases informativas del nuevo sistema.

 

El de Rutas Seguras es un concepto que no existía en la Argentina: son rutas con banquinas pavimentadas; carriles anchos; obras para evitar cruces por localidades; cruces a diferente nivel con rutas importantes y ferrocarriles y circunvalaciones, entre otras.

 

“La modernización de la infraestructura vial es fundamental para el desarrollo de nuestro país y hace décadas que no hay obras de esta magnitud. Esta es una apuesta muy grande que estamos haciendo. El mecanismo de participación público privada da mucha previsibilidad y este es el momento para invertir, para apostar por Argentina.”– Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.

 

Los proyectos son: Corredor A: RN 3 y 226; Corredor B: RN 5; Corredor C: RN 7 y 33. Corredor D: RN 8, 36, A-005, 158, 188; Corredor E: RN 9, 11,34, 193, A-008, A-012; Corredor F: Autopista Rosario-Córdoba RN9 y RN 33; Corredor G: RN 12 y 16; Corredor H: RN 34, 9, 66 y 1V66; Corredor I: RN 19 y 34; Corredor Sur: Au. Riccheri, Avenida Jorge Newbery, Autopista Ezeiza – Cañuelas y rutas 3 y 205; Corredor BB: RN 3, 33, 229, 249, 252, 1V252, 1V3; Corredor Cuyo: RN 7, 20, 40; Corredor Au. Parque: Autopista Parque. A ellos se suman el Puente Paraná –Santa Fe y el Puente Chaco – Corrientes.

 

Los proyectos se financiarán fundamentalmente a través del impuesto al gasoil, un gravamen que en su origen estuvo destinado a la realización de obras. El nuevo esquema garantiza la seguridad jurídica y financiera, al adoptar como mecanismo para abordar posibles controversias entre las partes la intervención de paneles técnicos como paso previo a recurrir a los procesos formales en tribunales judiciales. Este es un punto clave para atraer inversiones acordes a la magnitud de las obras que se van a ejecutar en los primeros 4 años. Además, la nueva modalidad genera incentivos para que las empresas finalicen las obras en el menor tiempo posible porque implementa un sistema en el que se le reconoce a la empresa contratista la eficacia y la rapidez.

 

“El financiamiento de las obras de infraestructura a través del esquema de Participación Público Privada es clave: debemos cumplir con las metas fiscales y reducir el déficit pero al mismo tiempo queremos aumentar la inversión en infraestructura para ser más competitivos. Los programas de PPP que representarán alrededor de 30.000 millones de dólares de nuevas inversiones en 60 proyectos son la vía más potente para compatibilizar ambos objetivos” – Luis Caputo, Ministro de Finanzas.

 

“Durante estos últimos meses preparamos una estructura de riesgos y beneficios equilibrada, que pueda ser replicada transversalmente en todos los programas PPP. Esperamos que muchos de los que participen del programa de autopistas también lo hagan en el resto de los programas que se licitarán durante el 2018, tanto del sector de Transporte como de Energía, Agua y Saneamiento, Salud y otros” – José Luis Morea, subsecretario de la Unidad PPP.

 

Por otro lado, exige a los contratistas estándares más elevados de calidad, así como disponer de equipos mínimos propios para responder velozmente ante la necesidad de realizar obras de emergencia como ocurre, por ejemplo, en el caso de inundaciones que perjudican el estado de las calzadas.

 

“Este primer llamado a licitación formaliza nuestro objetivo de transformar la red vial argentina. Junto al presidente Mauricio Macri, estamos enfocados en recuperar la infraestructura a través de un nuevo sistema basado en la transparencia que generará más crecimiento y desarrollo para todos los argentinos”. Javier Iguacel, administrador general de Vialidad Nacional.

 

El llamado a licitación de esta primera etapa contempla obras en los Corredores A, B, C, E, F y Sur que cambiarán la fisonomía vial de la región agropecuaria más importante del país. Se intervendrán alrededor de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, mediante la construcción de 810 km de autopistas, 1.494 km de ruta segura, 252 km de obras especiales y 17 km de variantes. Los pliegos están disponibles en la web de Vialidad Nacional.

 

  • Corredor A: prevé la construcción de 116 kilómetros de autopista entre Las Flores y Azul, así como la conversión a ruta segura de 270 kilómetros, entre Azul hasta Coronel Dorrego, ambos en la RN 3. La RN 226 se adecuará a semi autopista entre Azul y Olavarría y desde Balcarce hasta Azul, se convertirá en una ruta segura de 174 kilómetros.

 

  • Corredor B: consiste en la construcción de 113 kilómetros de autopista entre Mercedes y Bragado y 31 kilómetros entre Santa Rosa y Anguil. Además, se convertirán a ruta segura los 372 kilómetros que van desde esta localidad hasta Bragado.

 

  • Corredor C: contempla la construcción de dos variantes en la RN7, una de 6 kilómetros en la localidad de Desaguadero y otra de 23 kilómetros en La Picasa, 421 kilómetros de ruta segura desde Junín hasta el límite con San Luis y de Luján de Cuyo a Potrerillos. La RN 33, desde Gral. Villegas hasta Rufino, se convertirá también en ruta segura a lo largo de 102 kilómetros.

 

  • Corredor E: prevé una autopista sobre la RN-A012, un tercer carril en la RN 9 y una variante en la RN 11, a la altura de los puertos de Timbúes y San Martín. Además, se intervendrán los accesos a los puertos de Rosario, San Nicolás y Zárate.

 

  • Corredor F: consiste en la construcción de 161 kilómetros de autopista en la RN 33, entre Rufino y Rosario, reparación de losas a lo largo de 36 kilómetros de la autopista Rosario-Córdoba, y la construcción en la RN 9 de 77 kilómetros de autopista, entre Córdoba y Villa del Totoral.

 

  • Corredor Sur: contempla 76 kilómetros de autopista sobre la RN 3, entre San Miguel del Monte y Las Flores, 43 kilómetros entre Cañuelas y Lobos y los 36 kilómetros de Lobos a Roque Pérez, sobre la RN 205.
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