ECONOMIA

Gas de Vaca Muerta prueba salida directa a Brasil: el Gobierno habilita un test clave

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La primera exportación de prueba de gas natural desde Argentina hacia Brasil por el Gasoducto del Mercosur, concretada tras años de inactividad, reabre un capítulo estratégico en la política energética regional. El envío, impulsado por TotalEnergies junto al grupo brasileño J&F hacia la central de Uruguaiana, no solo busca validar la infraestructura técnica, sino medir si el país puede consolidar una salida directa para el shale gas de Vaca Muerta sin depender de terceros. La tensión es clara: ¿se trata del inicio de un corredor energético estable o de un ensayo condicionado por limitaciones estructurales y regulatorias?

Un ducto inactivo que vuelve al centro de la agenda energética

La operación marca el primer flujo por el Gasoducto del Mercosur desde 2021. El test permitió verificar condiciones técnicas clave: integridad de la tubería, funcionamiento de válvulas y estaciones, y protocolos de operación tras años sin actividad.

El sistema conecta Aldea Brasileña, en Entre Ríos, con Uruguaiana, en Río Grande do Sul, a lo largo de 421 kilómetros, con capacidad de transporte de 15 millones de metros cúbicos diarios. La infraestructura, inaugurada en 2000, tiene licencia vigente hasta diciembre de 2027, con posibilidad de extensión por 20 años bajo el nuevo marco normativo.

La validación técnica no es un trámite menor. Es el paso previo para habilitar contratos de exportación en firme, en un contexto donde la confiabilidad del suministro se vuelve un factor político y económico.

De la prueba técnica a la geopolítica del gas

El ensayo se inscribe en un cambio más amplio del mapa energético regional. La caída de las exportaciones de gas desde Bolivia obliga a Brasil a redefinir su matriz de abastecimiento. En ese escenario, Vaca Muerta aparece como alternativa.

La prueba actual replica, en otro formato, los testeos realizados un año atrás vía Bolivia. Pero introduce una diferencia clave: la posibilidad de un corredor directo entre Argentina y Brasil.

Ese cambio altera la lógica de interconexión regional. Deja de depender de terceros países y abre la discusión sobre infraestructura propia. El proyecto en análisis contempla una extensión de más de 550 kilómetros del lado brasileño para conectar con Porto Alegre y, potencialmente, con el cinturón industrial de San Pablo.

Actores en juego y control del sistema

El movimiento involucra a múltiples actores con intereses convergentes pero no necesariamente alineados. Del lado argentino, la operación del ducto está en manos de Transportadora Gas del Mercosur, con participación de Total Gas, Tecpetrol, Central Puerto y CGC. En Brasil, la operación corresponde a Transportadora Sulbrasileira de Gás, con presencia de Petrobras, Total Gas, Repsol e Ipiranga.

Las tareas técnicas del test están a cargo de Petrobras y Ámbar Energía, del grupo J&F. El objetivo es determinar si el sistema puede operar de forma continua y estable.

La central termoeléctrica de Uruguaiana, con 640 MW de capacidad instalada, funciona como punto de anclaje de esta estrategia. Diseñada para operar con gas importado, requiere hasta 2,8 millones de m³ diarios para plena carga. Su historial de funcionamiento irregular —alternando entre GNL y combustibles líquidos— expone la fragilidad del suministro en ausencia de un esquema estable.

Integración energética y disputa por el mercado brasileño

El test refuerza una tendencia: la integración energética bilateral empieza a pasar de la planificación a la ejecución. Para el sistema eléctrico brasileño, el gas argentino aparece como una alternativa competitiva y cercana, especialmente en contextos de baja hidraulicidad.

Pero el impacto trasciende lo técnico. La posibilidad de exportaciones firmes redefine la posición de Argentina como proveedor regional. También reconfigura la competencia por el mercado brasileño, donde conviven distintas rutas de abastecimiento.

El Plan Nacional Integrado de Infraestructura de Gas Natural y Biometano de Brasil, que prevé inversiones por US$7.500 millones en 14 obras, incluye la conexión con Argentina como una de las prioridades. El proyecto contempla un gasoducto de 593 kilómetros con capacidad de 15 millones de m³ diarios.

En paralelo, el Grupo de Trabajo Bilateral Argentina-Brasil avanzó en un informe técnico que evalúa múltiples alternativas: rutas vía Bolivia, Paraguay, Uruguay y una conexión directa. Esa diversidad de opciones refleja que la decisión final aún no está cerrada.

Entre la validación técnica y la decisión política

El test en curso no define por sí solo el futuro del corredor energético. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Lo que sigue es una fase donde lo técnico se cruza con lo político y lo económico.

Habrá que observar si los resultados habilitan contratos en firme y si avanzan las inversiones en infraestructura complementaria. También, cómo se ordena la competencia entre rutas alternativas y qué rol asumen los Estados en ese proceso.

La exportación de prueba reactivó un ducto. Pero, sobre todo, volvió a poner en discusión quién controla el flujo de gas en el Cono Sur y bajo qué condiciones. Ese debate, más que técnico, es estratégico.

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El BCRA redefine la tasa de interés con un corredor y empuja a la baja el rendimiento de las Lecaps

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El Banco Central de la República Argentina activó un nuevo esquema de política monetaria al establecer un corredor de tasas que fija un piso del 20% y un techo del 25% nominal anual. La decisión, que convive con una fuerte inyección de pesos por compra de dólares, está generando un efecto inmediato: las Lecaps de corto plazo comprimen sus rendimientos y se acercan al límite inferior del rango. El movimiento no es técnico. Redefine cómo se forman las tasas en la economía y abre una pregunta clave: ¿hasta dónde puede bajar el costo del dinero sin tensionar el equilibrio cambiario?

Un cambio de lógica: del control directo al arbitraje de mercado

El corredor de tasas funciona como un marco de referencia. El Central absorbe liquidez a través de pases pasivos al 20% y presta a los bancos mediante pases activos al 25%, aunque estos últimos operan bajo condiciones acotadas —solo media hora diaria— como herramienta de contingencia.

El dato político-económico es otro: el BCRA deja de imponer una tasa de referencia rígida y permite que el tramo corto de las Lecaps actúe como señal para todo el sistema. Si ese segmento baja, arrastra al resto de las tasas.

A esto se suma un factor determinante: la compra sostenida de divisas. Cada intervención del Central inyecta pesos en el mercado. Parte de esa liquidez se esteriliza, pero no en su totalidad, lo que genera presión descendente sobre las tasas.

Tasas en baja: liquidez, expectativas y menor presión inflacionaria

Las Lecaps cortas ya operan con tasas mensuales de entre 1,50% y 1,74%, y una TNA promedio cercana al 20%, en línea con el piso del corredor. La dinámica responde a varios elementos que confluyen: mayor disponibilidad de pesos, menor oferta de instrumentos de corto plazo y un mercado que se siente más cómodo en horizontes inmediatos.

Según lo expresado por analistas del mercado, el BCRA no está resistiendo esa baja, sino convalidándola. El resultado es un reacomodamiento general del sistema financiero hacia tasas más bajas, en un contexto donde las expectativas inflacionarias muestran señales de desaceleración.

Otro dato operativo refuerza esa tendencia: la flexibilización de encajes bancarios. El Central redujo la integración mínima diaria del 75% al 65% y amplió los activos elegibles, lo que incrementa la liquidez disponible.

Crédito, dólar y control inflacionario

El nuevo esquema favorece al Gobierno en un punto sensible: tasas más bajas impulsan el crédito y, por esa vía, la actividad económica. También reducen el costo financiero del Estado.

Sin embargo, el equilibrio es delicado. Más pesos en circulación pueden presionar sobre el tipo de cambio si se canalizan hacia la demanda de dólares. El propio funcionamiento del corredor sugiere que el BCRA busca evitar saltos bruscos en las tasas, pero no elimina el riesgo de tensiones en otros frentes.

En ese marco, la estabilidad del dólar aparece como una variable crítica. Mientras se mantenga contenida, el esquema puede sostenerse. Si se altera, el margen de maniobra se reduce.

Entre la desinflación y el riesgo cambiario

La estrategia del Central parece apostar a un escenario de continuidad en la desinflación y abundante liquidez, al menos en el corto plazo. Factores como la liquidación de exportaciones y la dinámica del mercado de pesos serán determinantes.

Habrá que observar si la compresión de tasas se profundiza o encuentra un límite, y cómo reacciona la demanda de activos en pesos frente a ese nuevo equilibrio.

El corredor de tasas no solo ordena el presente. También define los márgenes de acción futuros en una economía donde cada punto de tasa impacta sobre inflación, crédito y tipo de cambio.

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Negocios: el consumo deja de hundirse, pero los mayoristas siguen comprando con freno

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En supermercados y autoservicios mayoristas, el segundo trimestre arranca con una sensación ambigua. La encuesta del INDEC muestra que lo peor del humor empresario podría haber quedado atrás, pero la mejora todavía no se traduce en decisiones expansivas. El Indicador de Confianza Empresarial se ubicó en -6,2% en marzo: sigue en terreno negativo, aunque bastante menos deteriorado que la industria y lejos de los pisos observados en etapas más críticas de la serie. Es un dato que habla más de estabilización que de rebote.

La foto actual del sector sigue siendo adversa. En marzo, 37,3% de las empresas definió como mala su situación comercial, mientras apenas 5,3% la evaluó como buena. El balance fue de -32,0%, lo que confirma que el negocio aún opera bajo tensión. Sin embargo, cuando se consulta por el trimestre abril-junio, el resultado cambia de signo: 16,0% espera una mejora, 14,7% prevé un empeoramiento y 69,3% cree que todo seguirá igual. El balance positivo, de 1,3%, es mínimo, pero rompe con la lógica enteramente contractiva.

Esa diferencia entre presente malo y futuro apenas mejor ilustra bastante bien el momento del comercio mayorista. Las empresas ya no esperan un desplome adicional, pero tampoco muestran convicción suficiente como para acelerar compras, ampliar dotaciones o asumir riesgos operativos. De hecho, el dato más elocuente de esa prudencia aparece en la relación con proveedores: para los próximos tres meses, apenas 1,3% de las firmas espera aumentar el volumen de pedidos, mientras 24,0% prevé una reducción. El balance se hunde a -22,7%. En lenguaje de negocios, esto significa que los mayoristas no están apostando a una recomposición vigorosa de ventas.

También los stocks revelan una lógica defensiva. En marzo, 25,3% de las empresas dijo tener existencias por debajo de lo normal, contra 13,3% que las ubicó por encima, con un balance de -12,0%. No parece tratarse de una sobreacumulación, sino más bien de inventarios administrados con cautela, coherentes con un mercado que todavía no garantiza una demanda firme.

La principal limitación para expandir la actividad comercial sigue siendo, con claridad, la demanda. El 58,7% de las firmas la ubicó como el factor que más restringe el crecimiento del negocio. Es un peso incluso mayor que el registrado tres meses atrás, cuando marcaba 55,8%. El segundo factor, bastante más atrás, es el costo laboral, con 17,3%, aunque en este caso cayó fuerte respecto del 28,6% previo. En cambio, el costo de financiamiento subió de 3,9% a 6,7%, lo que sugiere que, aunque la demanda es el problema dominante, el frente financiero vuelve a ganar relevancia en la gestión cotidiana.

La situación financiera de las empresas no aparece colapsada, pero sí bajo presión. Solo 9,3% la considera buena, mientras 24,0% la define como mala; el balance es de -14,7%. El acceso al crédito, además, sigue siendo claramente restrictivo: apenas 2,7% lo califica como fácil y 30,7% como difícil, con un balance de -28,0%. Para un sector que opera con márgenes finos, alta rotación y necesidad permanente de capital de trabajo, esa restricción es decisiva.

Un aspecto interesante del informe es el comportamiento de la competencia. En los últimos tres meses, 20,0% de las firmas dijo que aumentó la competencia en su sector, contra 6,7% que percibió una disminución, con un balance de -13,3%. En otras palabras, aun con demanda floja, el mercado sigue tensionado por jugadores que disputan volumen, precio y participación. Esa mayor presión competitiva suele traducirse en promociones, menores márgenes y estrategias más agresivas para sostener flujo de ventas.

El dato más sensible del relevamiento, quizá, está en el empleo. Para los próximos tres meses, ninguna firma prevé aumentar la cantidad de personas empleadas; 76,0% cree que no habrá cambios y 24,0% espera una reducción. El balance es de -24,0%, uno de los registros más duros del informe. Es una señal inequívoca: aun cuando la expectativa sobre la situación comercial deja de ser negativa, el sector no está dispuesto a traducir esa mejora marginal en nuevas contrataciones. Al contrario, sigue priorizando eficiencia y ajuste.

En precios, la dinámica continúa muy activa. Durante el último mes, 65,3% de las empresas afirmó haber aumentado sus precios promedio de venta y solo 1,3% dijo haberlos bajado. Hacia adelante, para el próximo trimestre, 69,3% espera nuevas subas, 29,3% cree que permanecerán sin cambios y 1,3% proyecta bajas. El mensaje es claro: aunque la demanda siga siendo el principal problema, la recomposición de precios no se detiene.

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Industria manufacturera: la producción no despega, pero las exportaciones insinúan un respiro

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La industria manufacturera argentina llega al segundo trimestre con un humor empresario todavía contractivo, aunque con algunos matices que impiden una lectura linealmente pesimista. El dato de síntesis es el Indicador de Confianza Empresarial, que en marzo se ubicó en -18,3%, todavía en zona negativa, aunque con una mejora respecto de enero (-20,1%) y febrero (-18,7%). No alcanza para hablar de un cambio de ciclo, pero sí de una desaceleración en el deterioro.

El problema central sigue estando en el corazón mismo de la actividad: la demanda. En marzo, el 50,9% de las firmas industriales consideró que su cartera total de pedidos estaba por debajo de lo normal, contra apenas 2,9% que la ubicó por encima. De allí surge un balance de -48,0%, uno de los registros más elocuentes de la debilidad del mercado interno. No es un dato menor: cuando la mitad del entramado fabril percibe pedidos insuficientes, la capacidad de reacción productiva queda acotada, incluso si otras variables empiezan a estabilizarse.

A esa señal se suma una evaluación también negativa de las exportaciones actuales. El 38,8% de las empresas sostuvo que su nivel exportador está por debajo de lo normal, frente a 6,7% que lo consideró por encima, lo que arroja un balance de -32,1%. Es decir, tampoco el frente externo luce hoy como un motor consolidado. Sin embargo, ahí aparece uno de los pocos datos con sesgo favorable del informe: para abril-junio, las expectativas sobre exportaciones muestran un balance positivo de 2,8%, con 18,4% de firmas que esperan aumentos y 15,6% que anticipan bajas. La mejora es tenue, pero relevante en un contexto donde casi todos los demás indicadores siguen en rojo.

En producción, el cuadro continúa siendo de cautela. Para el trimestre abril-junio, el 64,8% de las empresas no espera cambios en sus volúmenes, mientras que 20,1% prevé una baja y 15,1% una suba. El balance queda en -5,0%, mejor que el de los meses más duros del año pasado, pero todavía sin fuerza para sostener una narrativa de recuperación. La industria, en otras palabras, dejó de empeorar al ritmo previo, pero aún no encuentra una tracción clara.

El informe también confirma que el principal cuello de botella no es hoy la oferta sino la falta de mercado. El 52,5% de las firmas señaló a la demanda interna insuficiente como el factor más importante que limita la capacidad para aumentar la producción. Muy lejos aparecen la competencia de productos importados, con 11,5%, y la incertidumbre económica, con 7,2%. La demanda externa insuficiente, en cambio, fue mencionada por 4,6%. Es un dato de enorme valor analítico: más que un problema fabril de costos o abastecimiento, la industria enfrenta una restricción de ventas.

Ese diagnóstico se refleja también en la situación general del negocio. Solo 6,2% de los empresarios calificó como buena la situación actual de su firma, mientras que 31,3% la definió como mala. El balance resultante, de -25,1%, muestra que la percepción empresarial sigue deteriorada. Aun así, la situación financiera presenta una foto algo menos severa: 10,7% la juzga buena y 25,5% mala, con un balance de -14,8%. No es un escenario holgado, pero sí menos comprometido que el de la cartera de pedidos o el clima general del negocio.

Otro punto delicado es el crédito. El 35,0% de las firmas considera difícil el acceso al financiamiento y apenas 6,2% lo ve fácil, lo que da un balance de -28,8%. En una economía donde la reactivación industrial requiere capital de trabajo, reposición de stocks e inversión defensiva, el crédito sigue operando más como restricción que como palanca.

Los stocks, por su parte, aparecen relativamente equilibrados. El 62,7% los considera adecuados y el balance es levemente positivo, en 2,1%. Esa aparente normalidad, sin embargo, no necesariamente es una buena noticia: puede leerse tanto como ordenamiento operativo como síntoma de una producción que no necesita recomponer inventarios porque la demanda sigue débil.

Hacia adelante, las señales más preocupantes pasan por el empleo fabril. Para los próximos tres meses, apenas 6,3% de las empresas espera aumentar las horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo, mientras 18,7% prevé una baja. El balance es de -12,4%. En una industria que no ve aún un repunte consistente de pedidos, el ajuste sobre la intensidad de uso del trabajo aparece como una respuesta lógica, aunque inquietante.

En precios, el panorama confirma que la industria todavía opera bajo presión. El 38,2% espera aumentos en los precios promedio de venta durante abril-junio, 53,3% cree que no variarán y 8,5% anticipa bajas. No es una dinámica explosiva, pero sí suficiente para mostrar que la recomposición de márgenes continúa en agenda.

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El Gobierno elimina el antidumping para zapatillas deportivas y redefine la política industrial del sector

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El Gobierno nacional oficializó el 20 de abril de 2026 un cambio sensible en la política comercial: eliminó el derecho antidumping para las zapatillas deportivas desmontadas importadas desde China. La decisión, plasmada en la Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía, excluye a estos productos del valor FOB mínimo de US$15,70 por par vigente desde 2021. El movimiento no solo impacta en costos y precios, sino que redefine el equilibrio entre protección industrial y apertura selectiva. La pregunta que queda planteada es si se trata de un giro estructural en la política productiva o de un ajuste puntual para sostener un modelo híbrido de fabricación.

Del proteccionismo al ensamblado: un cambio de enfoque

La medida se apoya en un informe técnico de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que detectó un “cambio de circunstancias” en el mercado del calzado, especialmente en el segmento deportivo. El diagnóstico es claro: la industria local mantiene competitividad en cuero y moda urbana, pero enfrenta una brecha tecnológica en productos de alta performance.

Ese desfasaje explica el viraje. En lugar de sostener barreras generalizadas, el Gobierno opta por liberar la importación de kits desmontados —con suela o parte superior distinta del cuero natural— que luego se ensamblan en el país. El esquema no es nuevo, pero ahora recibe un respaldo normativo explícito.

La resolución cierra el examen iniciado en 2025 sobre la medida antidumping vigente desde 2021 y redefine su alcance. El resto del calzado continúa bajo protección, lo que muestra un criterio selectivo más que una apertura total.

La presión desde adentro del sector

El dato político no es menor: el cambio fue impulsado por actores centrales de la industria local. Empresas como Topper Argentina y Puma Sports Argentina promovieron la revisión del esquema, argumentando que el antidumping encarecía insumos clave para su modelo productivo.

El planteo logró respaldo técnico. La CNCE sostuvo que la importación de kits no desplaza producción nacional, sino que la complementa, permitiendo sostener empleo y mejorar la productividad. Según el informe, el ensamblado local genera un valor agregado estimado en torno al 20% y requiere procesos industriales complejos.

La paradoja es evidente: la protección deja de ser demandada por quienes producen y pasa a ser vista como un obstáculo. El Gobierno toma esa señal y ajusta la regulación en línea con una lógica más pragmática.

Impacto en precios, competencia y estructura productiva

La eliminación del valor mínimo de importación tiene un efecto directo sobre los costos. Al reducir el precio de los insumos, las empresas pueden ajustar sus estructuras y, en teoría, trasladar parte de esa baja a los consumidores.

El mercado, además, podría ampliar su oferta. La CNCE señala que el acceso a materiales y tecnologías no disponibles localmente permite mejorar la calidad y durabilidad del producto final. Esto apunta a un segmento masivo, donde la innovación y el precio son variables decisivas.

En paralelo, la medida se alinea con la reducción del Derecho de Importación Extrazona aplicada recientemente a estos productos. La consistencia regulatoria aparece como un objetivo explícito: evitar superposiciones que terminen encareciendo el mercado interno.

Sin embargo, la decisión también reconfigura la competencia dentro del sector. Mientras el calzado deportivo desmontado queda liberado, otros segmentos —como el calzado de cuero o de seguridad— mantienen esquemas de protección. La segmentación puede generar tensiones entre distintos actores de la industria.

Un movimiento táctico con proyección abierta

El Gobierno avanza así en una política comercial más selectiva, donde la protección se combina con aperturas puntuales según el diagnóstico sectorial. El caso del calzado deportivo funciona como testigo de esa estrategia.

En el corto plazo, el foco estará en la evolución de las importaciones. En los últimos años, los kits desmontados pasaron de representar el 59% de las compras externas entre 2021 y 2023 a un 24% en el último período. La expectativa oficial es revertir esa caída.

También habrá que observar el impacto en precios y en niveles de actividad. Si la medida logra expandir la oferta sin afectar el empleo, podría consolidarse como modelo para otros sectores con brechas tecnológicas.

Por ahora, el cambio deja una señal clara: la política industrial se mueve hacia esquemas más flexibles, donde el objetivo no es solo proteger, sino redefinir cómo y dónde se genera valor. El alcance real de ese giro dependerá de cómo evolucione el equilibrio entre apertura, producción y mercado interno.

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