Petro se reunirá con Trump el 3 de febrero para discutir narcotráfico y cooperación bilateral
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que se reunirá con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 3 de febrero en Washington, en un encuentro clave para aclarar información vinculada al narcotráfico y destrabar tensiones acumuladas tras meses de advertencias de la Casa Blanca en el marco de su política antidrogas. La reunión, según el propio Petro, será “determinante” para el vínculo bilateral y para la lectura que hace Estados Unidos sobre la estrategia colombiana contra las drogas.
La confirmación fue realizada por el jefe de Estado colombiano, quien sostuvo que el diálogo directo con Trump permitirá “dar tranquilidad al pueblo colombiano” y exponer ante las autoridades estadounidenses lo que definió como “mentiras” difundidas por sectores de la oposición de su país sobre su gestión y su política antidrogas.
Una reunión “determinante” tras meses de tensión
“El debate de los Gobiernos, de los presidentes, ha terminado con la posibilidad de reunión que será el 3 de febrero y ya veremos los resultados de esa reunión que es determinante”, afirmó Petro, de acuerdo con un informe difundido por la agencia Xinhua. La cita se realizará en Washington y se da luego de un período marcado por advertencias y presiones desde Estados Unidos en relación con el combate al narcotráfico en Colombia.
Según explicó el mandatario colombiano, el encuentro apunta a recomponer canales formales de comunicación al más alto nivel político. “Por fin, hay una comunicación que permite que el presidente y las autoridades de Estados Unidos sepan realmente qué está pasando con la lucha que hemos librado en este Gobierno contra los narcóticos en general”, señaló.
En ese marco, Petro planteó que parte del objetivo de la reunión es contrarrestar versiones que, según indicó, fueron promovidas desde la oposición colombiana ante funcionarios estadounidenses, afectando la percepción externa sobre la política de seguridad y drogas del actual Gobierno.
Producción de cocaína, fentanilo y responsabilidades compartidas
Durante sus declaraciones, Petro reconoció que Colombia continúa siendo uno de los mayores productores de cocaína a nivel mundial, pero introdujo un eje central en su argumentación: el consumo y el impacto del fentanilo en Estados Unidos. El presidente colombiano sostuvo que el abuso de esa sustancia constituye un problema de salud pública cuya responsabilidad recae exclusivamente sobre el Gobierno estadounidense.
“El fentanilo es un arma de destrucción masiva”, afirmó Petro, al tiempo que remarcó la necesidad de impedir que esa droga ingrese a Colombia. En ese sentido, aseguró que una de las prioridades de la Fuerza Pública es identificar y desarticular posibles redes criminales que intenten introducir y comercializar esta sustancia en el país sudamericano.
El planteo marca una diferenciación conceptual en la agenda bilateral: mientras Colombia asume el desafío estructural de la producción de cocaína, el Gobierno de Petro busca instalar que el consumo y la crisis asociada a drogas sintéticas como el fentanilo requieren respuestas internas en Estados Unidos, más allá de la cooperación regional.
Cooperación antidrogas y enfoque productivo
Petro también dejó abierta una vía alternativa para la cooperación bilateral. Señaló que, si Estados Unidos desea profundizar su colaboración con Colombia en la lucha contra el narcotráfico, podría comenzar por comprar los productos de los campesinos que sustituyeron voluntariamente los cultivos ilícitos.
El planteo introduce una dimensión económica y social al debate antidrogas, al vincular la reducción de cultivos ilegales con la generación de mercados para la producción legal. En términos institucionales, la propuesta apunta a reforzar políticas de sustitución voluntaria mediante incentivos comerciales, en lugar de concentrarse exclusivamente en estrategias represivas.
La reunión del 3 de febrero se perfila así como un punto de inflexión en la relación entre Bogotá y Washington, con implicancias políticas, económicas y de seguridad que exceden el vínculo bilateral y se proyectan sobre la agenda regional en materia de narcotráfico.
