EL PAIS

Las diez obras que pueden cambiar la logística, la energía y las exportaciones de Argentina

Compartí esta noticia !

Durante décadas, Argentina convivió con una paradoja estructural: abundancia de recursos naturales, pero infraestructura insuficiente para transformarlos en crecimiento sostenido. Gas que no podía transportarse, rutas saturadas, redes eléctricas al límite y corredores logísticos con elevados costos redujeron la competitividad de sectores capaces de generar divisas y empleo.

Hoy, ese escenario comienza a mostrar un cambio de escala. Bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y con una participación predominante del capital privado, avanza un conjunto de diez proyectos estratégicos que buscan atacar uno de los principales obstáculos de la economía argentina: la falta de infraestructura para producir más y exportar mejor.

La mayor parte de las inversiones se concentra en energía, aunque también aparecen iniciativas ferroviarias, portuarias, viales, eléctricas e internacionales que prometen modificar el mapa logístico del país durante los próximos cinco años.

El eje central es Vaca Muerta. Allí se concentran las inversiones de mayor magnitud. La ampliación del Gasoducto Perito Moreno, incorporada al RIGI mediante la Resolución 676/2026, demandará una inversión de 550 millones de dólares para incrementar en 12 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte entre Neuquén y Buenos Aires antes del invierno de 2027. La obra permitirá sustituir importaciones de gas natural licuado con producción local, reduciendo costos energéticos para hogares, industrias y centrales eléctricas.

En paralelo, el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) ya supera la mitad de ejecución. Con una inversión de 3.000 millones de dólares liderada por YPF junto a Vista, Pan American Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía, conectará Añelo con Punta Colorada para transportar hasta 550.000 barriles diarios de petróleo hacia los mercados internacionales.

Sin embargo, el proyecto de mayor envergadura es Argentina LNG. La iniciativa impulsada por YPF contempla inversiones cercanas a los 50.000 millones de dólares, de los cuales unos 30.000 millones se ejecutarán durante los primeros cuatro años. El objetivo es convertir el gas de Vaca Muerta en gas natural licuado para abastecer mercados internacionales desde la costa atlántica de Río Negro. La meta inicial apunta a exportaciones cercanas a los 14.000 millones de dólares anuales hacia 2030, con posibilidad de escalar hasta los 20.000 millones.

Ese ecosistema energético se complementa con el Gasoducto San Matías, otra obra incorporada recientemente al RIGI que demandará 1.300 millones de dólares y abastecerá al proyecto Southern Energy, integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Según las estimaciones oficiales, el ducto permitirá generar exportaciones por unos 2.500 millones de dólares anuales.

Pero el desafío argentino no termina en producir más energía. También requiere transportar bienes hacia los mercados internacionales de manera más eficiente.

En esa lógica aparece el Corredor Bioceánico Capricornio, una obra regional valuada en aproximadamente 10.000 millones de dólares que conectará Brasil, Paraguay, Argentina y Chile mediante una red de 2.400 kilómetros. El corredor pretende consolidarse como una alternativa logística al Canal de Panamá para vincular el Atlántico con el Pacífico, aunque el tramo argentino continúa siendo el más rezagado de toda la iniciativa.

Con un objetivo similar avanza el Tren Trasandino, un proyecto ferroviario de 9.600 millones de dólares que contempla un túnel de 54 kilómetros bajo la Cordillera de los Andes, doble vía electrificada y un puerto de aguas profundas en Chile destinado a facilitar las exportaciones agroindustriales hacia Asia.

Otro componente estratégico es la Hidrovía Paraná-Paraguay. La nueva concesión privada por 25 años busca modernizar el principal corredor fluvial del país mediante inversiones tecnológicas y obras de mantenimiento que permitan reducir tiempos de navegación y mejorar la competitividad exportadora.

La infraestructura vial también atraviesa un proceso de transformación. La Red Federal de Concesiones reemplazará al esquema administrado por Corredores Viales mediante la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales financiadas íntegramente por inversión privada. Según el Ministerio de Economía, estos corredores concentran cerca del 80% del tránsito nacional y permitirán reducir tanto el deterioro de la infraestructura como el costo fiscal asociado a la administración estatal.

En materia energética, el Gobierno también lanzó un ambicioso Plan Nacional de Transporte Eléctrico, que contempla inversiones privadas por unos 6.600 millones de dólares para ejecutar 17 proyectos destinados a reforzar líneas de alta tensión, ampliar la capacidad del sistema e incorporar nuevas interconexiones nacionales e internacionales. El financiamiento se recuperará mediante cargos tarifarios aplicados una vez que las obras entren en funcionamiento.

El décimo gran proyecto corresponde al sistema ferroviario de cargas. La privatización del Belgrano Cargas y Logística incluirá las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza bajo un esquema que habilitará inversiones privadas para modernizar la infraestructura. Entre los principales interesados figura Ferromex, del Grupo México, que analiza un plan de inversiones de hasta 3.000 millones de dólares destinado a recuperar capacidad operativa y reducir costos logísticos para las economías regionales.

Más allá de la magnitud financiera, el denominador común de estas iniciativas es que buscan resolver restricciones estructurales que históricamente limitaron el crecimiento argentino. Para el economista Sebastián Laza, una mejora en la infraestructura energética y logística permitiría potenciar sectores donde el país posee claras ventajas comparativas —como el agro, la minería y los hidrocarburos— y generar un efecto multiplicador sobre la industria, el transporte, la metalmecánica y los servicios asociados.

En la misma línea, José Vargas, director de Evaluecon, sostiene que la verdadera transformación no reside únicamente en cada obra individual, sino en la capacidad de conformar un sistema integrado que reduzca costos, aumente la productividad y genere las divisas necesarias para sostener el crecimiento económico sin repetir la histórica restricción externa.

El desafío trasciende la construcción de infraestructura. La experiencia argentina demuestra que las grandes obras sólo producen cambios estructurales cuando están acompañadas por estabilidad macroeconómica, reglas regulatorias previsibles y continuidad institucional. Inflación baja, equilibrio fiscal, acceso al financiamiento y seguridad jurídica aparecen como condiciones indispensables para que el capital privado complete inversiones cuya recuperación demandará décadas.

Si esas condiciones logran consolidarse, el impacto podría extenderse mucho más allá de los sectores directamente involucrados. Una matriz logística más eficiente, menor costo energético y mayor capacidad exportadora no sólo fortalecerían el ingreso de divisas, sino que también mejorarían la competitividad de miles de empresas, favorecerían nuevas inversiones y ampliarían las oportunidades de desarrollo para las economías regionales, convirtiendo a la infraestructura en uno de los principales motores del crecimiento sostenible de la próxima década.

Compartí esta noticia !

Logística: el 65% de la producción agrícola argentina se genera a menos de 300 kilómetros de los principales puertos

Compartí esta noticia !

La competitividad del agro argentino no depende únicamente de los rindes o de los precios internacionales. La logística constituye uno de los factores que más inciden sobre la rentabilidad del sector y, en ese aspecto, Argentina mantiene una ventaja estructural significativa. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el 65% de la producción nacional de los seis principales cultivos se encuentra dentro de un radio de 300 kilómetros de los tres nodos portuarios más importantes del país: Gran Rosario, Bahía Blanca y Quequén.

El estudio, elaborado con datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca correspondientes a la campaña 2024/25, muestra cómo la localización geográfica de la producción permite reducir tiempos y costos de transporte hacia los puertos desde donde se despacha la mayor parte de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites.

Dos de cada tres toneladas de soja, maíz, trigo, sorgo, cebada y girasol se producen en un radio de 300 km alrededor del Gran Rosario, Quequén y Bahía Blanca. El nodo del sur santafesino concentra por sí solo casi la mitad de la producción nacional.

El presente informe se propone cuantificar qué proporción de la producción de los principales granos se encuentra dentro de un radio de 300 km alrededor de los tres nodos portuarios más importantes del país, desde donde se despacha la mayor parte de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites: Gran Rosario, Bahía Blanca y Quequén. Para ello, se utilizó información oficial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP) correspondiente a la campaña 2024/2025, el último ciclo productivo completo con datos desagregados a nivel departamental. 

A continuación, se presentan los principales resultados del análisis: 

1)    El 47% de la producción de los seis cultivos principales de Argentina (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) se ubica a 300 km del Gran Rosario, y el 65% se encuentra a igual distancia de alguno de los tres nodos portuarios principales del país: Gran Rosario, Quequén y Bahía Blanca.

Al sumar la producción de los seis cultivos principales de Argentina —soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo—, se observa que el 47% del total nacional se localiza a 300 km del Gran Rosario, un 13% a igual distancia de Bahía Blanca y un 12% de Quequén. Estos dos últimos nodos comparten un 7% de la producción dentro de sus áreas de influencia. En conjunto, los tres nodos concentran el 65% de la producción nacional de estos seis cultivos.

2)    El 56% de la producción de soja de Argentina se ubica a 300 km del Gran Rosario, y el 66% se encuentra a igual distancia de alguno de los tres nodos portuarios principales del país.  

La soja, el cultivo de mayor superficie sembrada a nivel nacional, concentra el 56% de su producción a 300 km de los puertos del Gran Rosario, mientras que Bahía Blanca y Quequén aportan cada uno un 7% adicional. Sumando los tres nodos, y evitando contabilizar dos veces la soja que se produce en la intersección de los círculos que rodean a Bahía Blanca y Quequén (4%), se observa que el 66% de la producción nacional de esta oleaginosa se encuentra dentro del radio de influencia portuario.  

3)    El 40% de la producción de maíz se ubica a 300 km del Gran Rosario, y el 55% se encuentra a igual distancia de alguno de los tres nodos portuarios principales del país.  

En el caso del maíz, el 40% de la producción nacional se localiza a 300 km del Gran Rosario, en tanto que Bahía Blanca y Quequén concentran el 11% y el 9%, respectivamente. Entre los tres nodos suman el 55% de la producción nacional del cereal (descontando el 5% que se superpone entre Bahía Blanca y Quequén). De todos los cultivos analizados, este es el que menor concentración presenta en torno a la región portuaria, dado que gran parte se produce en la región del NOA, y en zonas que quedan por fuera del área considerada, tales como el norte de Santa Fe, oeste de Córdoba, provincias de San Luis, Santiago del Estero, región del NEA, etc. 

4)    El 56% de la producción nacional de trigo se ubica a 300 km del Gran Rosario, y el 82% se encuentra a igual distancia de alguno de los tres nodos portuarios principales del país.  

En comparación con los cultivos de verano, el trigo presenta una proporción más elevada de la producción nacional en la Región Sur del país, lo que explica que una parte relevante de la cosecha se despache por los puertos del Atlántico. El 20% de la producción nacional se ubica a 300 km de Bahía Blanca y el 17% a igual distancia de Quequén, con un 11% compartido entre ambas áreas de influencia. El Gran Rosario, por su parte, concentra el 56% de la producción nacional de trigo dentro de su radio de 300 km.

5)    El 93% de la producción de cebada se ubica a 300 km de alguno de los tres nodos portuarios principales de Argentina.  

La cebada, el otro gran cultivo de invierno, acentúa el patrón del trigo con un fuerte predominio en la Región Sur del país, fundamentalmente en La Pampa y Sur de Buenos Aires. En la campaña 2024/25, el 66% de la producción se concentró dentro de un radio de 300 km de Bahía Blanca, el 62% en el entorno de Quequén, y un 44% en la intersección de ambas áreas de influencia; en términos netos, esto equivale a un 85% de la cebada producida a 300 km de los dos puertos del sur. El Gran Rosario, en cambio, participa apenas con el 8%. En conjunto, el 93% de la cebada de la campaña 2024/25 se produjo a 300 km de alguno de los tres nodos portuarios.  

6)    El 61% de la producción de girasol se ubica a 300 km de alguno de los tres nodos portuarios principales de Argentina.  

El girasol es otro cultivo con importante participación en la Región Sur del país. El 61% de la producción nacional se ubica a una distancia igual o menor a 300 km de los tres nodos portuarios: 19% en el área de influencia de Rosario, 26% en torno a Quequén, 31% alrededor de Bahía Blanca y 15% en la intersección de estas dos últimas zonas. El 39% restante se reparte entre regiones productoras como el oeste de Córdoba y de Buenos Aires, San Luis, el norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, entre otras.

7)    El 56% de la producción de sorgo de Argentina se ubica a 300 km del Gran Rosario, y el 58% se encuentra a igual distancia de alguno de los tres nodos portuarios principales del país.  

Por último, la producción de sorgo se distribuye principalmente entre las Regiones Centro y Norte del país, quedando hacia el Sur una producción marginal. El 56% de la producción nacional se encuentra dentro del radio de influencia de los puertos del Gran Rosario. En tanto, solo un 2% y un 1% de la misma se ubica a 300km de Bahía Blanca y de Quequén, respectivamente, con un 1% ubicado en la intersección entre ambos nodos.

En conjunto, estos resultados confirman una ventaja logística estructural de la agroindustria argentina: más de la mitad de la producción de sus principales cultivos se concentra a 300 km de los tres nodos portuarios más importantes del país, con el Gran Rosario como el más relevante de los tres en cuatro de los seis cultivos principales: soja, maíz, trigo y sorgo; mientras que en los casos de la cebada y del girasol ganan participación relativa los nodos portuarios del Sur.

Compartí esta noticia !

Colectivos: el Gobierno prorroga su circulación y busca evitar una crisis en el transporte de pasajeros

Compartí esta noticia !

La falta de renovación del parque automotor volvió a poner en evidencia uno de los desafíos estructurales del transporte argentino. A través del Decreto 654/2026, el Gobierno nacional resolvió extender hasta el 31 de diciembre de este año la habilitación para que continúen prestando servicios 559 colectivos modelo 2012, superando así el límite de antigüedad de diez años previsto en la Ley Nacional de Tránsito.

La decisión alcanza a las unidades de jurisdicción nacional que ya se encontraban habilitadas al 1° de enero de 2026 y busca evitar una reducción de la oferta de transporte en los servicios interurbanos de media y larga distancia. Como contrapartida, las empresas deberán someter estos vehículos a una Revisión Técnica Obligatoria (RTO) cada tres meses, un esquema de fiscalización más estricto que el habitual.

La medida responde a un problema que trasciende a una gestión de gobierno y refleja las dificultades que enfrenta el sector para renovar sus flotas. El elevado costo de las unidades nuevas, la caída de la inversión durante los últimos años y el impacto económico que dejó la pandemia generaron un retraso en el recambio de vehículos que hoy condiciona la operación de numerosas empresas.

De acuerdo con los informes técnicos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), las 559 unidades modelo 2012 representan una porción reducida del parque automotor nacional y su permanencia no modifica significativamente la antigüedad promedio del sistema. Ese análisis fue acompañado por la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, que consideró técnicamente viable la prórroga siempre que se intensifiquen los controles mecánicos.

El decreto también incorpora un criterio que gana espacio en las políticas de transporte de distintos países: privilegiar el estado de conservación y mantenimiento efectivo de las unidades por encima de un límite cronológico estricto. Bajo esa lógica, el Gobierno sostiene que un vehículo correctamente inspeccionado puede continuar prestando servicio sin comprometer los estándares de seguridad.

Sin embargo, la decisión vuelve a instalar un debate de fondo. Argentina exhibe uno de los parques automotores más envejecidos de la región. Según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), el país cuenta con casi 15,8 millones de vehículos y una antigüedad promedio de 14,8 años. Más de 4,3 millones superan las dos décadas de uso.

La situación también alcanza al transporte público. Relevamientos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) muestran que la edad promedio de las unidades urbanas viene creciendo desde hace varios años, mientras que el sector sostiene que serían necesarias alrededor de 150 incorporaciones mensuales para estabilizar el parque automotor y recuperar un ritmo de renovación sostenible.

Desde una perspectiva de periodismo de soluciones, la prórroga puede interpretarse como una respuesta de emergencia para garantizar la continuidad del servicio, especialmente en corredores donde la sustitución inmediata de unidades resultaría inviable. No obstante, especialistas coinciden en que la solución estructural requiere mecanismos que faciliten el acceso al financiamiento para las empresas, incentivos para la renovación de flotas y reglas previsibles que permitan planificar inversiones de largo plazo.

El desafío no se limita a mantener colectivos en funcionamiento, sino a construir un sistema de transporte más seguro, eficiente y competitivo. En ese escenario, la extensión de la vida útil de los vehículos aparece como una medida transitoria que evita un problema inmediato, pero que deja planteada la necesidad de una política integral para modernizar el parque automotor argentino.

Compartí esta noticia !

Argentina será sede del cuarto encuentro de Mujeres de América Latina y el Caribe

Compartí esta noticia !

La Ciudad de Buenos Aires será el epicentro del 4° Encuentro de Mujeres de América Latina y el Caribe (EMALyC), donde habrá durante tres jornadas actividades y debates políticos, sociales y culturales con mujeres provenientes de distintos países de la región.

Los días 24, 25 y 26 de julio se discutirá una agenda común en defensa de los derechos e, incluso, se fortalecerá el vínculo entre las distintas organizaciones populares y sociales.

Este viernes 24, las organizadoras convocaron a una conferencia de prensa que se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a las 11 hs. (Santiago del Estero 1029), en la que se darán todos los detalles acerca de las diferentes actividades que se brindarán durante estos tres días.

Esta serie de encuentros de mujeres se originó con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto de organizaciones, movimientos sociales y distintos colectivos de todos los países que componen Latinoamérica y el Caribe.

Las organizadoras del evento subrayan el espacio democrático y de pluralidad que han logrado en estas cuatro ediciones, donde intercambian experiencias, debaten problemáticas y pueden construir propuestas colectivas.

Durante las jornadas, las participantes analizarán la situación política, económica y social de toda la región, puntualizando en cada uno de los países participantes, y buscarán consensuar una agenda regional orientada a la defensa de los derechos de las mujeres en diversas áreas.

El encuentro se realizará en un marco internacional delineado por el avance de sectores de extrema derecha y por los múltiples conflictos sociales que atraviesan a distintos pueblos del continente.

Compartí esta noticia !

El campo se une contra la desregulación del IPCVA y advierte que eliminar los aportes obligatorios pondría en riesgo las exportaciones

Compartí esta noticia !

Una propuesta de desregulación impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional y uno de los sectores más dinámicos de la agroindustria. Las principales entidades de productores ganaderos y cámaras frigoríficas rechazaron el anteproyecto que busca transformar en voluntarios los aportes que hoy financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), al considerar que la medida comprometería la capacidad del organismo para sostener la inserción internacional de la carne argentina.

El debate trasciende una discusión sobre aportes obligatorios. Para las entidades que integran el Consejo de Representantes del IPCVA, el instituto constituye una herramienta estratégica construida por el propio sector privado desde la sanción de la Ley 25.507, destinada a financiar investigaciones técnicas, inteligencia comercial, promoción internacional y apertura de nuevos mercados para una de las principales cadenas exportadoras del país.

En un documento conjunto, las entidades afirmaron que la eliminación del esquema de financiamiento compulsivo implicaría, en los hechos, la desaparición del instituto. Argumentan que un sistema de contribuciones voluntarias generaría un problema clásico de acción colectiva: todos se beneficiarían de la promoción internacional sin asumir necesariamente el costo de sostenerla, debilitando progresivamente la capacidad operativa del organismo.

Actualmente, el IPCVA se financia exclusivamente con recursos privados aportados por productores y frigoríficos. La legislación vigente establece una contribución equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena para los productores y del 0,03% para la industria frigorífica. Según remarcan las entidades, ese mecanismo permitió sostener durante años una política de promoción continua sin depender del presupuesto estatal.

El respaldo institucional exhibe una amplitud poco habitual dentro del sector agropecuario. Firmaron el pronunciamiento las cuatro entidades de la Mesa de Enlace —Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro— junto con las principales cámaras de la industria frigorífica, entre ellas ABC, CADIF, CICCRA, FIFRA y UNICA. Además, el propio Estado nacional participa del Consejo de Representantes a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Las organizaciones sostienen que el IPCVA ha sido determinante para consolidar acuerdos comerciales, fortalecer la relación sanitaria con los principales países compradores y posicionar la marca “Carne Argentina” como un producto premium en los mercados internacionales. Incluso recuerdan que entre el 3% y el 5% del presupuesto anual del instituto se destina a colaborar con tareas sanitarias desarrolladas por el SENASA, aspecto considerado central para mantener la habilitación de mercados de alto valor.

El documento también introduce un argumento comparativo. Según las entidades, todos los grandes países exportadores de carne vacuna cuentan con organismos similares financiados mediante aportes obligatorios y, en muchos casos, complementados con recursos públicos. Australia, Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay aparecen como ejemplos de modelos donde la promoción internacional constituye una política de Estado orientada a sostener la competitividad de toda la cadena.

Desde esa perspectiva, los representantes del sector consideran que el debate no debería centrarse únicamente en la reducción de cargas, sino en evaluar el retorno económico que generan estas instituciones. La promoción internacional, la construcción de reputación sanitaria y la apertura de nuevos mercados benefician tanto a grandes exportadores como a pequeños productores, al ampliar la demanda y mejorar las posibilidades de colocación de la producción argentina.

Otro aspecto que las entidades destacan es el carácter federal y plural del instituto. Desde su creación, la presidencia y la vicepresidencia fueron ejercidas de manera rotativa entre representantes de distintas organizaciones, mientras que el Consejo Asesor incorpora universidades, institutos tecnológicos, asociaciones de criadores, organismos científicos, cámaras empresarias y organismos públicos, consolidando un esquema de gobernanza compartida que, sostienen, fortalece la legitimidad institucional.

La discusión también expone un desafío más amplio para la agenda de desregulación impulsada por el Gobierno. Mientras el Ejecutivo busca reducir mecanismos obligatorios de financiamiento sectorial, parte del complejo agroindustrial advierte que existen instituciones cuya sostenibilidad depende precisamente de la participación colectiva de todos los actores. En este caso, el interrogante no pasa únicamente por reducir costos, sino por determinar cómo preservar herramientas que contribuyen a generar divisas, abrir mercados y sostener el posicionamiento internacional de uno de los principales productos de exportación de la Argentina.

La controversia deja planteado un debate de fondo sobre el diseño de las políticas de competitividad. Para el sector cárnico, el desafío no consiste solamente en producir más, sino en mantener instituciones capaces de sostener la calidad sanitaria, promover la diferenciación de la carne argentina y consolidar su presencia en un mercado internacional cada vez más competitivo. Allí radica, sostienen las entidades, el verdadero valor estratégico del IPCVA.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin