EL PAIS

Milei reordena la OSFA: jerarquías de secretario y subsecretario para la nueva cúpula

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El Gobierno nacional formalizó la nueva estructura organizativa de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), creada en febrero para reemplazar al esquema anterior, y estableció rangos equivalentes a los de Secretario y Subsecretario para sus principales autoridades. El Decreto 778/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, también creó una Gerencia General con una remuneración equivalente al 90% de la prevista para un subsecretario.

La medida busca dotar a la OSFA de una estructura institucional propia para administrar el sistema de cobertura sanitaria de las Fuerzas Armadas. El decreto aprueba tanto la organización del primer nivel operativo como la del segundo nivel, incorpora los cargos correspondientes al Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y establece que los gastos derivados de la nueva estructura serán afrontados con los créditos presupuestarios asignados a la propia obra social.

El cambio se produce después de que el Decreto 88/2026 creara la OSFA como ente autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Defensa. Ahora, el Poder Ejecutivo completa ese proceso mediante la definición de su arquitectura de conducción y de las áreas que deberán sostener el funcionamiento cotidiano de la entidad.

En la parte superior de la estructura, el decreto asigna al presidente de la OSFA rango y jerarquía de Secretario, mientras que los restantes integrantes del Directorio tendrán rango y jerarquía de Subsecretario. A su vez, se incorpora un Gerente General como cargo extraescalafonario, cuya remuneración será equivalente al 90% de la correspondiente a un subsecretario.

La decisión tiene una particular relevancia presupuestaria porque no se limita a definir autoridades: también incorpora los cargos de la OSFA al nomenclador de funciones ejecutivas del SINEP. En otras palabras, la reorganización establece un esquema formal de conducción, niveles operativos y responsabilidades que deberán quedar asociados a la administración de los recursos de la obra social.

El Gobierno fundamentó la medida en la necesidad de garantizar capacidad institucional para que la OSFA pueda cumplir con su objeto y, al mismo tiempo, avanzar bajo parámetros de “desburocratización, eficiencia y eficacia”. El decreto señala además que la propuesta de estructura fue elevada por el propio Directorio de la obra social y que en el proceso intervinieron áreas del Ministerio de Defensa, la Oficina Nacional de Presupuesto y la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.

El punto que adquiere mayor sensibilidad es la relación entre la nueva estructura administrativa y el funcionamiento efectivo de la cobertura sanitaria. La creación de cargos jerárquicos no constituye por sí misma una mejora en las prestaciones: el desafío de la OSFA será traducir esa reorganización institucional en una gestión capaz de garantizar atención, ordenar el vínculo con prestadores y administrar de manera sostenible los recursos destinados a sus afiliados.

En este sentido, el propio decreto establece que el gasto que demande la estructura deberá ser atendido con los créditos presupuestarios de la OSFA. La norma, sin embargo, no detalla en su articulado el costo total de la nueva estructura ni informa una masa salarial consolidada. Por eso, cualquier cálculo sobre cuánto percibirán en pesos las autoridades requiere cruzar el decreto con las escalas salariales vigentes y otra normativa complementaria.

El antecedente inmediato es la transformación del sistema que hasta comienzos de 2026 estaba organizado alrededor del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). La creación de la OSFA abrió una nueva etapa institucional, pero también dejó planteado un problema central: la reorganización administrativa deberá convivir con las necesidades concretas de los afiliados y con la situación financiera del sistema.

Desde una perspectiva de gestión pública, el decreto fija ahora una hoja de ruta más precisa: una conducción con jerarquías definidas, una Gerencia General con funciones específicas, dos niveles de estructura operativa y cargos incorporados al esquema de funciones ejecutivas. El resultado de esa arquitectura, sin embargo, se medirá menos por el organigrama que por su capacidad para mejorar la atención y hacer más eficiente el uso de los recursos de la obra social.

La cuestión de fondo será, entonces, si la nueva estructura logra resolver los problemas que llevaron al Gobierno a reformular el sistema. La OSFA queda con una organización institucional más definida; el próximo desafío será demostrar que esa mayor capacidad administrativa se traduce en una cobertura sanitaria más previsible y sostenible para sus afiliados.

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La Comisión Federal de Impuestos reformó su procedimiento y excluyó al contribuyente como parte de las actuaciones

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La Comisión Federal de Impuestos (CFI) aprobó una reforma integral de su Ordenanza Procesal que modifica las reglas para la intervención de contribuyentes y asociaciones de contribuyentes en los procedimientos ante el organismo. La nueva normativa fue aprobada por amplia mayoría, entrará en vigencia el 18 de agosto de 2026 y reemplaza íntegramente el régimen procesal que estaba vigente desde el texto ordenado en 2004.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 287/2026, publicada este martes 25 de agosto en el Boletín Oficial de la República Argentina, aunque la propia norma establece que la nueva Ordenanza Procesal comenzó a regir el 18 de agosto. La reforma busca actualizar un esquema que llevaba más de dos décadas de vigencia y adaptar el funcionamiento de la CFI a criterios de informalidad, sencillez, celeridad y eficiencia en los procedimientos contemplados por el artículo 11, incisos d) y e), de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos 23.548.

El punto de mayor impacto institucional fue, sin embargo, la definición sobre el lugar que ocuparán los contribuyentes en estos procedimientos. La Comisión de Reforma de la Ordenanza Procesal había elaborado dos proyectos alternativos que coincidían en prácticamente todo el nuevo régimen, pero diferían en una cuestión central: mantener al contribuyente como parte del procedimiento, como establecía la ordenanza anterior, o reconocerlo únicamente como denunciante.

El Plenario de Representantes terminó inclinándose por esta última alternativa. En la reunión celebrada el 14 de agosto de 2026 participaron 19 jurisdicciones, mientras que seis estuvieron ausentes. La propuesta que excluye al contribuyente de la condición de parte obtuvo 18 votos afirmativos y solamente el voto negativo de la representación de la Nación, que dejó expresamente asentada su posición contraria a esa exclusión.

Así, bajo el nuevo régimen, los contribuyentes y las asociaciones de contribuyentes reconocidas podrán formular denuncias en el marco de las competencias atribuidas a la Comisión Federal de Impuestos, pero ya no revestirán la condición de parte en esas actuaciones. La modificación constituye el principal cambio de criterio respecto de la Ordenanza Procesal anterior y redefine la relación procesal entre quienes denuncian una eventual afectación al régimen de coparticipación y el organismo federal encargado de intervenir en esas controversias.

La reforma no surgió de una decisión aislada. El proceso comenzó en abril de 2025, cuando el Plenario de Representantes dispuso avanzar progresivamente en la revisión de los reglamentos de la Comisión Federal de Impuestos. Posteriormente, en noviembre de 2025 y febrero de 2026, se resolvió constituir un grupo de trabajo específico para revisar la Ordenanza Procesal y elaborar una propuesta integral de actualización.

Ese trabajo derivó en la creación de la Comisión de Reforma de la Ordenanza Procesal, que revisó las disposiciones existentes y elaboró alternativas para adecuar el funcionamiento del organismo. El objetivo declarado fue construir un procedimiento más sencillo, rápido y eficiente para las actuaciones comprendidas en las competencias que la Ley 23.548 asigna a la Comisión Federal de Impuestos.

Desde una perspectiva de funcionamiento institucional, uno de los cambios relevantes es la incorporación de herramientas vinculadas con la digitalización de las actuaciones. La resolución dispone la creación y apertura de un Libro Digital Permanente de Domicilios Electrónicos, destinado a registrar y mantener actualizados los domicilios electrónicos constituidos conforme a las nuevas disposiciones.

La medida apunta a dotar de mayor previsibilidad al sistema de notificaciones y a reducir las fricciones administrativas asociadas a las comunicaciones dentro de los procedimientos. En términos prácticos, la digitalización del domicilio procesal constituye una pieza necesaria para que la nueva Ordenanza Procesal pueda operar bajo parámetros de mayor celeridad y trazabilidad.

La reforma también establece una nueva lógica de procedimiento que, según los fundamentos de la resolución, procura evitar formalidades innecesarias y favorecer mecanismos de actuación más ágiles. El desafío será que esa simplificación no se traduzca en una reducción de las posibilidades de participación efectiva de quienes planteen denuncias ante la Comisión, particularmente después de que el Plenario resolviera retirarles la condición de parte.

La controversia sobre este punto quedó explícitamente registrada en la propia resolución. La representación de la Nación sostuvo que no correspondía excluir al contribuyente de las actuaciones como parte, mientras que las restantes jurisdicciones presentes respaldaron el criterio finalmente aprobado. La diferencia no impidió alcanzar la mayoría necesaria para aprobar la reforma integral.

La nueva Ordenanza Procesal sustituye en su totalidad al texto ordenado mediante la Resolución de Plenario de Representantes 91/2004. De esta manera, la Comisión Federal de Impuestos actualiza el marco procedimental con el que tramitará las cuestiones vinculadas al régimen de coparticipación federal y abre una nueva etapa institucional después de más de veinte años de vigencia de la normativa anterior.

Para los contribuyentes, el cambio más significativo será la transformación de su posición dentro de estos procedimientos: podrán acudir ante la Comisión en calidad de denunciantes, pero no tendrán el carácter de parte. Para el organismo, en tanto, la reforma busca ordenar y agilizar la tramitación mediante reglas actualizadas, procedimientos simplificados y un esquema de notificaciones electrónicas permanente.

El nuevo régimen plantea así una tensión que será relevante seguir en su aplicación concreta: mientras la CFI apuesta a procedimientos más ágiles y digitalizados, la exclusión del contribuyente como parte introduce un cambio sustancial en sus posibilidades de intervención formal dentro de las actuaciones. La forma en que esa nueva arquitectura procesal funcione en casos concretos será uno de los principales indicadores para evaluar si la reforma consigue el equilibrio buscado entre eficiencia administrativa y participación de los actores afectados.

Anexo 1 Resolución 287/2026 by CristianMilciades

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Río Negro se hará cargo de la gestión e inversiones en rutas nacionales en su jurisdicción

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A través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno nacional firmó convenios con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, con el objetivo de que la provincia pueda avanzar en la transferencia del Tren del Valle y de las rutas nacionales 22 y 151.

Según la Agencia Noticias Argentinas, el acuerdo sobre el Tren del Valle establece que, cuando esté en vigencia el convenio, la provincia de Río Negro tomará las decisiones al hacerse cargo de la operación integral del servicio que une la ciudad de Neuquén capital con Plottier. De esta manera, garantizará la continuidad y las inversiones necesarias para el sostenimiento del servicio.

Además, el convenio establece un marco para que la provincia patagónica de Río Negro se haga cargo de la gestión integral de aproximadamente 508 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151.

En relación con estas vías de comunicación, el mismo incluye obras, conservación, mantenimiento, servicios al usuario y control operativo. Sobre cómo se hará la transferencia, manifestaron que la misma no se hará de manera automática y aseguraron que se concretará en tramos mediante convenios específicos.

En tal sentido, la provincia financiará las intervenciones y definirá su plan de obras. Por su lado, Vialidad Nacional conservará la jurisdicción nacional y la supervisión técnica.

contratos nacionales que actualmente están en curso y contempla una eventual concesión mediante el cobro de peajes, en el marco del Decreto 253/2026.

Al respecto, el Gobierno va a continuar con su plan para fomentar la inversión privada y habilitar a los estados provinciales a realizar las concesiones de rutas nacionales en los tramos que estas atraviesan sus territorios.

¿Quiénes formaron parte de la actividad?

En representación del gobierno nacional, de la actividad participaron también el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; el secretario de Transporte, Mariano Plencovich; el subsecretario de Transporte Ferroviario, Martín Ferreiro; el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Sebastián Giorgetti; y el gerente general de INVAP, Darío Giussi.

Por el lado de la provincia de Río Negro dijeron presentes el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren; la secretaria de Energía, Andrea Confini; el presidente de Vialidad Provincial, Raúl Grün; el presidente del Tren Patagónico, Roberto López; y el director ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, Martín Camiña.

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Ruta 14: alertan por baches y deterioro entre Misiones y Paso de los Libres

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La Ruta Nacional 14, uno de los principales corredores del Mercosur y una vía estratégica para la conexión del Nordeste argentino con Brasil, vuelve a quedar bajo la lupa por el estado de distintos tramos de su calzada. Un recorrido de aproximadamente 300 kilómetros realizado entre San José, Misiones, y Paso de los Libres, Corrientes, permitió registrar baches, huellas, reparaciones irregulares y sectores con señalización deficiente.

La situación adquiere relevancia por el volumen y la diversidad del tránsito que soporta este corredor. Camiones, ómnibus, vehículos particulares y turistas utilizan diariamente la denominada Ruta del Mercosur, que concentra parte del flujo comercial y turístico entre Misiones, Corrientes y los pasos fronterizos hacia Brasil.

Los principales reclamos provienen de quienes recorren la ruta de manera habitual. Camioneros y motociclistas advierten que los pozos y las deformaciones de la calzada obligan a disminuir la velocidad o realizar maniobras repentinas para evitarlos. El problema se intensifica durante la noche y cuando aparecen condiciones meteorológicas que reducen la visibilidad.

Para los transportistas, el riesgo no está únicamente en el deterioro de la carpeta asfáltica. También preocupa la necesidad de cambiar de trayectoria de manera imprevista frente a un bache, especialmente cuando circulan vehículos pesados. Una maniobra evasiva puede generar situaciones de peligro para quienes transitan en sentido contrario o se desplazan detrás.

Reparaciones que no resuelven el problema

Otro de los cuestionamientos está relacionado con algunas intervenciones realizadas sobre la calzada. Los usuarios describen reparaciones que consideran insuficientes y que, en determinados sectores, generan desniveles respecto del resto de la superficie.

El mantenimiento adquiere así una dimensión que excede la comodidad de circulación. En una ruta utilizada como corredor logístico, las condiciones de transitabilidad inciden sobre la velocidad promedio, los tiempos de viaje, los costos operativos y la seguridad de quienes trasladan mercadería.

El impacto también alcanza al turismo. Trabajadores del sector señalaron que las dificultades para circular pueden extender los tiempos de viaje y complicar el cumplimiento de horarios previstos para traslados hacia hoteles y destinos turísticos. En una región donde la conectividad terrestre es un componente central de la actividad, el estado de la infraestructura termina formando parte de la experiencia del visitante.

Señalización y visibilidad, otro punto crítico

La falta de señalización visible en algunos sectores suma otra dificultad. Durante la noche, con lluvia o niebla, la identificación de obstáculos y cambios en la calzada se vuelve más compleja, aumentando la necesidad de contar con demarcación y cartelería en condiciones adecuadas.

Las estaciones de servicio ubicadas a lo largo del corredor también aparecen como puntos donde se concentra el reclamo de los usuarios. Según testimonios recogidos durante el recorrido, las quejas por el estado de la Ruta 14 son frecuentes entre camioneros argentinos y brasileños y turistas que utilizan el corredor.

El tramo entre Gobernador Virasoro y Paso de los Libres fue señalado particularmente como un sector donde resulta necesario extremar las precauciones. La advertencia adquiere peso por tratarse de un corredor que concentra tránsito de larga distancia y conecta con uno de los principales pasos fronterizos del país.

La Ruta Nacional 14 no es solamente una vía de circulación provincial. Forma parte de una infraestructura estratégica para el comercio, el turismo y la integración del Nordeste con Brasil. Por eso, el problema del deterioro no debería medirse únicamente en términos de baches o kilómetros de calzada: también involucra seguridad vial, competitividad logística, tiempos de viaje y conectividad regional.

La solución requiere recuperar una lógica de mantenimiento preventivo y señalización sostenida que permita anticiparse al deterioro antes de que se transforme en un problema de seguridad. Para Misiones y Corrientes, sostener en condiciones este corredor significa preservar una de las principales puertas terrestres del Mercosur y reducir los costos que recaen diariamente sobre quienes lo utilizan.

Con información de Corrientes Hoy

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El Gobierno aprobó un plan nacional para el Trastorno del Espectro Autista

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El Gobierno nacional aprobó el Plan Nacional del Trastorno del Espectro Autista (TEA), una estrategia que busca ordenar y fortalecer la respuesta del sistema de salud frente a una condición del neurodesarrollo que requiere abordajes sostenidos, interdisciplinarios y adaptados a las distintas etapas de la vida. La medida fue formalizada mediante la Resolución 1115/2026 del Ministerio de Salud, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El nuevo plan quedará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y tendrá como eje central mejorar de manera continua la calidad de la atención destinada a las personas con TEA y sus familias. La política apunta, particularmente, a fortalecer la detección y el diagnóstico temprano, la intervención oportuna, el acceso a tratamientos adecuados, la rehabilitación y la continuidad de los cuidados.

La decisión se apoya en la Ley 27.043, que declaró de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con Trastornos del Espectro Autista, y en su decreto reglamentario. El Ministerio de Salud plantea que el TEA debe ser comprendido desde una perspectiva de neurodesarrollo, considerando las trayectorias evolutivas de cada persona y evitando reducir la atención a una única instancia diagnóstica o terapéutica.

En términos de política sanitaria, el principal cambio no pasa por la creación de una nueva prestación aislada, sino por la búsqueda de una referencia técnica nacional que permita articular criterios entre las distintas jurisdicciones, organismos públicos y privados y los actores vinculados con la atención de la salud mental. El desafío es convertir esa referencia común en una red capaz de detectar antes, intervenir de manera adecuada y evitar interrupciones en los tratamientos.

La resolución también faculta a la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental a elaborar normas complementarias, guías, pautas, directrices y recomendaciones para implementar el plan. Ese componente resulta relevante porque permite traducir los objetivos generales en herramientas concretas para equipos sanitarios y jurisdicciones, con criterios comunes para la atención.

El Gobierno encuadra la iniciativa dentro del Programa Nacional de Formación en Salud Mental, aprobado en 2025, particularmente en sus ejes de rectoría e interdisciplinariedad. La estrategia contempla fortalecer la capacitación continua y la actualización técnica de profesionales de distintas disciplinas, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario en todo el territorio.

Desde una perspectiva de soluciones, el punto crítico estará en la capacidad de la política para reducir las brechas entre el reconocimiento normativo del TEA y el acceso efectivo a una atención adecuada. El diagnóstico temprano pierde impacto si no está acompañado por equipos capacitados, tratamientos disponibles y mecanismos de referencia y contrarreferencia que permitan sostener los cuidados a lo largo del tiempo.

La resolución establece además que la aprobación del Plan Nacional del TEA no implica una erogación presupuestaria adicional para el Ministerio de Salud. Por eso, su impacto concreto dependerá en buena medida de la articulación con las jurisdicciones, de la utilización de las estructuras sanitarias existentes y de la capacidad de transformar los lineamientos nacionales en prestaciones efectivamente accesibles para las familias.

El objetivo declarado es avanzar hacia un modelo de atención que no termine con el diagnóstico, sino que permita acompañar las diferentes necesidades que puedan surgir durante la trayectoria de vida. En ese sentido, el Plan Nacional del TEA busca instalar una lógica de detección temprana, intervención oportuna, formación profesional y continuidad de cuidados como pilares de una política sanitaria federal.

Anexo 1 Resolución 1115/2026 Min de Salud by CristianMilciades

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