La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó hoy la resolución que avala que el derecho al medio ambiente sano sea reconocido a nivel mundial y “se convierta en garante de un planeta sano, seguro y resiliente dándole, de este modo, carácter de derecho humano universal”.
La resolución reiteró que “todos los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos incluido este nuevo derecho”, reportó la ONU desde su página web.
La resolución fue aprobada por 161 votos a favor, 8 abstenciones (China, Rusia, Bielorrusia, Camboya, Irán, Kirguistán, Siria y Etiopía) y ningún voto en contra.
Al respecto, el presidente del Consejo de Derechos Humanos, el embajador argentino ante la ONU en Ginebra, Federico Villegas, destacó en diálogo telefónico con Télam que la aprobación de la Asamblea General “es muy importante”, y subrayó que uno de los más importantes roles del Consejo “el desarrollo progresivo de nuevos estándares y normas de derechos humanos”.
“El Consejo, luego de 20 años de discusiones sobre los temas de medio ambiente que sólo se veían desde el punto de vista ambiental, social, económico o científico, aprobó una resolución que declaró por primera vez que el medio ambiente, sano, limpio y sostenible es un derecho humano, y nombró un relator especial” en esta materia.
El funcionario aclaró que “el Consejo es el órgano principal, pero sólo tiene 47 estados miembros. Lo importante es que pasó a la Asamblea General” de la ONU y que “ahora fue ratificada aquella decisión histórica” del año pasado “por una abrumadora mayoría -162 votos de los 193 países- y, por lo tanto, es toda la organización de Naciones Unidas la que acepta esta nueva dimensión y perspectiva sobre los temas ambientales a partir de los derechos humanos”.
“Argentina participó activamente el año pasado en la negociación en el Consejo y también aquí en la Asamblea General”, subrayó.
El texto, presentado originalmente por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza el pasado mes de junio, y copatrocinado ahora por más de 100 países, señala que el derecho a un medio ambiente sano está relacionado con el derecho internacional existente y afirma que su promoción requiere la plena aplicación de los acuerdos medioambientales multilaterales.
También reconoce que “el impacto del cambio climático, la gestión y el uso insostenible de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra y el agua, la gestión inadecuada de los productos químicos y los residuos, y la consiguiente pérdida de biodiversidad interfieren en el disfrute de este derecho”.
Y agregaron que “los daños ambientales tienen implicaciones negativas para el disfrute efectivo de todos los derechos humanos”.
La resolución, basada en un texto similar adoptado el año pasado por el Consejo de Derechos Humanos, pide a los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano para todos.
Tras conocerse la noticia, el secretario general de la ONU, António Guterres, se congratuló de la adopción de esta “resolución histórica” y dijo que este hito demuestra que los Estados miembros pueden unirse en la lucha colectiva contra la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
“La resolución ayudará a reducir las injusticias medioambientales, a cerrar las brechas de protección y a empoderar a las personas, especialmente a las que se encuentran en situaciones vulnerables, como los defensores de los derechos humanos medioambientales, los niños, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas”, dijo a través de un comunicado.
Y agregó que la resolución también ayudará a los Estados a acelerar el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de medio ambiente y derechos humanos.
“La comunidad internacional ha dado un reconocimiento universal a este derecho y nos ha acercado a hacerlo realidad para todos”, afirmó.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, también celebró la decisión de la Asamblea y se hizo eco del llamamiento del Secretario General para que se tomen medidas urgentes para aplicarla.
“Hoy es un momento histórico, pero no basta con afirmar nuestro derecho a un medio ambiente sano. La resolución de la Asamblea General es muy clara: los Estados deben cumplir sus compromisos internacionales e intensificar sus esfuerzos para hacerlo realidad. Todos sufriremos efectos mucho peores de las crisis ambientales, si no trabajamos juntos para evitarlas colectivamente ahora”, dijo.
La resolución “hace hincapié en el apuntalamiento de las obligaciones legales de actuar (en favor del medio ambiente), en lugar de permitir que sea simplemente una política discrecional. También es más eficaz, legítima y sostenible”, añadió.
El relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd, aseguró que la decisión de la Asamblea cambiará la naturaleza misma del derecho internacional de los derechos humanos.
“Los gobiernos prometieron limpiar el medio ambiente y hacer frente a la emergencia climática durante décadas, pero tener un derecho a un medio ambiente sano cambia la perspectiva de la gente, que pasa de ‘mendigar’ a exigir a los gobiernos que actúen”, declaró Boyd.
En 1972, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo, que terminó con su propia declaración histórica, fue la primera en situar las cuestiones medioambientales en el primer plano de las preocupaciones internacionales y marcó el inicio de un diálogo entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo sobre la relación entre el crecimiento económico, la contaminación del aire, el agua y los océanos, y el bienestar de las personas en el planeta.
Los Estados miembros de la ONU declararon, entonces, que las personas tienen un derecho fundamental a “un medio ambiente de una calidad que permita una vida digna y de bienestar”, y pidieron acciones concretas y el reconocimiento de este derecho.
El pasado mes de octubre, tras décadas de trabajo de naciones en primera línea del cambio climático, como el archipiélago de las Maldivas, así como de más de 1000 organizaciones de la sociedad civil, el Consejo de Derechos Humanos reconoció finalmente este derecho y pidió a la Asamblea General de la ONU que hiciera lo mismo.
