La Argentina posee una menor proporción respecto del Producto Bruto Interno (PBI) de déficit total a comparación del promedio de las economías emergentes y de ingresos medios; y una “presión fiscal2 menor que las principales potencias, según se desprende del nuevo informe de monitoreo fiscal que el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó hoy en el marco de las reuniones anuales del organismo y del Banco Mundial
El FMI estima que el déficit total del país (primario y financiero) será de 3,5% del PBI para este año y de 3,3% en 2023, con una reducción frente al 4,3% de 2021.
Dicha cifra es menor al promedio de todos los países emergentes y de ingresos medios previsto para este año (6,2%), al igual que la media en los países latinoamericanos (4,2%) y la de los países emergentes que forman parte del G20 (7,3%) .
El porcentaje también es menor frente al promedio de economías avanzadas (3,8%) donde países como Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido e Italia poseen un déficit proyectado de entre 4% y 5,7%.
Respecto del déficit primario (que excluye los intereses de la deuda pública), se prevé que el mismo se reduzca del pico de 6,2% de 2020 (año en el cual países como Estados Unidos llegaron a déficits de hasta 14,5%) y del 2,5% del año pasado, a 1,9% para este año, 1,4% en 2023, 0,5% en 2024 para, finalmente, registrar un superávit primario de 0,5% en 2025, el cual el FMI estima que llegará al 2% en 2027.
Dichas cifras son incluso más bajas de las metas comprometidas por el Gobierno con el FMI en el programa firmado en marzo último, el cual estipula un déficit primario de 2,5% en 2022, 1,9% en 2023, 0,9% para 2024 y 0% para 2025.
Al igual que en el caso del déficit total, el déficit primario previsto para este año y el próximo es menor que el promedio de las economías emergentes (4,3% para 2022 y 3,3% para 2023) y de las economías avanzadas (2,4% y 2,3%).
Por otro lado, el FMI también difundió estimaciones respecto de la recaudación (también conocida como “presión fiscal”) y al gasto público.
Se espera que la recaudación del país caiga de 33,5% del PBI en 2021 a 33% este año, número que se reducirá a 32,3% en 2023, para luego repuntar nuevamente.
Dicha proporción es superior al promedio de todos los emergentes para este año (25,1%), pero es similar a los países emergentes europeos (33,6%) y latinoamericanos (27,9%), al igual que Estados Unidos (33,4%) y Brasil (31,8%).
En tanto, es menor que el promedio de las economías avanzadas que llega al 37,4%, y al de la Eurozona, el cual promedia 46,9% con países como España, Italia, Alemania y Francia llegando al 44%, 48,6%, 46,4% y 53,3%, respectivamente.
Por su parte, el FMI estima este año un gasto publico del 36,6% del PBI para Argentina (1,3 puntos menos que en 2022) y del 35,6% en 2023.
La cifra, en este caso, es ligeramente mayor al promedio de los emergentes de este año (31,2%) y menor al de las economías avanzadas (41%, alcanzando el 50,7% en la Eurozona).
Por último, la deuda bruta del país, según el FMI, será de 76% del PBI este año, cifra menor al 102,8% de 2020 y al 80,9% de 2021, al igual que la registrada en 2018 (85,2%) y 2019 (88,8%) durante los últimos dos años de la administración de Mauricio Macri.
En el informe, el FMI recalcó que “la mayoría de los gobiernos se encuentra enfrentando una mayor presión en sus finanzas públicas, ya afectadas por la pandemia”.
La suba de la inflación, la debilidad de las divisas y el salto en las tasas de interés llevó a una escalada del endeudamiento cuyo promedio mundial se estima que será del 91% del PBI, 7,5 puntos más que los niveles pre-pandemia.
Esto afecta especialmente a los países de bajos ingresos donde el 60% se encuentra en situaciones de “sobreendeudamiento”.
Esta situación delicada en materia fiscal se vio agravada por las medidas que diversos gobiernos tuvieron que realizar frente a la suba de los precios alimenticios y energéticos, como recortes de impuestos, transferencia de recursos y subsidios.
El FMI, frente a este marco, recomendó que la asistencia sea segmentada hacia los más vulnerables, por ejemplo, a través de descuentos para el uso básico en las facturas de servicios públicos familias de bajos o medianos ingresos.
Al mismo tiempo, desaconsejó que los gobiernos “limiten los aumentos de precios mediante controles de precios, subsidios o recortes de impuestos”, ya que los mismos “terminan siendo costosos y, en definitiva, inefectivos”.
