El concepto de responsabilidad política ha cobrado protagonismo en la teoría contemporánea y el ámbito público. Hannah Arendt esboza algunas ideas sobre el tema que permiten diferenciarla de la responsabilidad moral y otras acepciones comunes.
En su obra “Responsabilidad personal bajo la dictadura” afirma que la responsabilidad política es aquella que se tiene “ante el mundo”.
Básicamente, Arendt sostiene que reconocernos como personas nos enlaza con el resto del mundo y nos obliga a comprender los compromisos que debiéramos mantener por el sólo hecho de ser tales. Estas obligaciones no son otras que el cuidado de nuestros pares, del espacio común y la conservación del mundo en el que deseamos vivir. Dicha conciencia de humanidad aparece como única garantía frente a cualquier tipo de atropello contra la dignidad y la integridad de las personas.
Así, recuperando la idea de “cuestión pública” como referencia y guía para la construcción colectiva, Arendt describe una nueva noción sobre la responsabilidad que nos obliga moral y políticamente “con respecto a los otros”. La responsabilidad política exige resguardar a la comunidad de toda acción que atente contra los más básicos valores humanos y hacernos cargo de aquello que sucede en el mundo, inclusive del pasado más doloroso que nos precede. Supone la pertenencia a una comunidad y nos interpela a asumir la culpa por cualquier crimen perpetrado contra la humanidad, por el sólo hecho de formar parte de ella.
Lo dicho anteriormente no hace más que enriquecer su estricta apelación a la reflexión y el pensamiento como parámetros acerca del mal y la responsabilidad. Ya que la posibilidad de comprender la historia y los defectos de quienes nos preceden forman parte de aquello que nos constituye y permite obrar como legisladores morales.
Dicho en otras palabras, el ejercicio de la propia conciencia acerca del bien y el mal no es tal sin la narración y el recuerdo de la humanidad toda. De allí que cualquier principio que aspire a guiar de antemano las decisiones, no hace otra cosa que fragmentar la responsabilidad humana o impedir dicha comprensión.
La responsabilidad política supone así asumirnos parte de los atentados contra la humanidad, y se trata, en definitiva, de una carga de la que sólo puede escaparse abandonando la comunidad.
La posibilidad de resistir o contradecir lo que sucede en el mundo, lleva a un segundo rasgo que Arendt atribuye a la responsabilidad política: siempre supone una cuota de poder. Esta referencia pone en evidencia la distancia del argumento con las actuales concepciones sobre la responsabilidad política. Con ello, piensa en la responsabilidad que nos exige ejercer algún tipo de cuidado sobre el prójimo.
Cuando observamos la realidad, no caben dudas de que hace falta recuperar el idealismo político, de origen humanista, para afrontar la brutal destrucción de principios que la mala praxis política ha propinado a valores como la excelencia, la capacidad, el mérito, el respeto, la ética, el compromiso y la responsabilidad. Esta práctica de destrucción refleja el tremendo vacío que anida en los cerebros de muchos dirigentes actuales.
En este contexto, resulta imperioso acudir a los tratados morales de Séneca, lo que nos permitirá darnos cuenta de lo importante que es que la clase dirigente demuestre cuán formada está en el campo de los valores.
Debemos decir que en gran parte de la dirigencia política, se practica el vivir “light” y no el “vir fortis”, que nos plantea Séneca, para conducirnos a abrazar el compromiso con la responsabilidad y la solidaridad. Estos valores son altamente necesarios para recuperar la fidelidad con uno mismo, y el fomento de la vocación de servicio permanente, para hacer una sociedad más justa, más solidaria y más sana.
La primera responsabilidad, para cambiar la situación de vacío moral y ético con el que se enfrenta el sistema político, es que la actual “partidocracia” de paso nuevamente a la democracia, en donde sean los mejores hombres y mujeres los dignos representantes de la sociedad. Este new deal está exclusivamente en manos de la dirigencia política, que tiene la obligación de elevar la vara moral para dotar de una mayor calidad a la política.
Mientras continúe este imparable proceso de degradación, la desafección de los ciudadanos hacia los políticos y la política irá creciendo día a día hasta que se provoque un auténtico estallido social de consecuencias impredecibles.
Se trata, como diría Séneca, de recuperar la moral y la ética en el ejercicio de la política.
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A la altura de las demandas de la sociedad
El pasado martes ingresó a la mesa de entrada del Poder Legislativo un proyecto de resolución con la finalidad de expulsar de la Cámara de Representantes al diputado puertista Germán Kiczka. El bloque Renovador fundamenta la expulsión en la seriedad de las acusaciones que pesan sobre el legislador del partido Activar.
La iniciativa impulsada por los diputados renovadores destaca que el comportamiento de Kiczka no sólo refleja una absoluta falta de respeto hacia el orden jurídico y las instituciones, sino que también mina la confianza pública en la capacidad de la Cámara de Representantes para proteger los principios de dignidad y justicia.
La gravedad de las acusaciones que pesan sobre la mano derecha Pedro Puerta y su conducta evasiva, —que incluyó la desobediencia a citaciones judiciales, manipulación de hechos e incluso su situación de prófugo de la justicia con pedido de captura internacional durante seis días hasta que finalmente fue detenido— han impulsado a los legisladores a considerar esta drástica medida, inédita en la historia política de la provincia.
La Constitución de la Provincia de Misiones en su artículo 90 otorga al Poder Legislativo la facultad de sancionar a sus miembros por mala conducta con medidas que pueden incluir la expulsión, siempre que se cuente con el respaldo de dos tercios de los votos.
En un contexto en donde la conmoción invade no sólo a la sociedad misionera sino a toda la sociedad argentina, la Cámara de Representantes se encuentra frente a la necesidad de preservar la integridad institucional y la confianza pública en las instituciones.
En la sesión del jueves pasado, el proyecto de resolución tomó estado parlamentario y fue girado de inmediato a la Comisión Investigadora que se conformó a los fines de analizar las conductas del diputado imputado en la causa judicial.
El día viernes, la Comisión emitió dictamen unánime a favor de la expulsión de Kiczka. La diputada Anazul Centeno, que se desempeña como presidente de dicha Comisión hizo alusión al proyecto y expreso de forma tajante que “el lugar de estos delincuentes es la cárcel” y no la Cámara de Representantes.
En honor a los hechos, la Renovación actuó de forma determinante usando la totalidad de sus diputados para impulsar un proyecto de resolución, que confirma la inmediata expulsión del legislador acusado de uno de los delitos más aberrantes que pueden existir contra la condición humana y en particular contra los niños y niñas.
La firmeza del bloque de diputados del Frente Renovador a la hora de actuar no deja lugar a dudas que desde la política se debe dar el ejemplo y castigar con la mayor rigurosidad este tipos de comportamientos de sociópatas que empañan y oscurecen la noble misión de servir y procurar el bienestar del pueblo misionero.
Un caso trágico que no se debe repetir
El Ing. Carlos Rovira brindó un agudo análisis del caso que, tristemente, puso a Misiones en el centro de la escena a nivel nacional e internacional.
El Conductor de la Renovación aseveró que la distribución de material de abuso sexual infantil “representa un grave flagelo social imperdonable que debe ser condenado con toda la fuerza de las instituciones, que Misiones las tiene funcionando con excelencia”. Por otra parte, resaltó que el Frente Renovador de la Concordia “promovió, sin dilación y sin dudas, la expulsión y el corte definitivo de la representatividad de este diputado y del partido político que lo sustentó, considerando también que deben caber penas para el Frente Electoral o la Alianza que lo validó”. En la misma línea, resaltó que “es claro que no han cumplido la tarea de ser los primeros filtros de antecedentes a la hora de confeccionar su oferta electoral.”
Rovira hizo especial énfasis en la figura de los sociópatas, y lo vinculó al caso que sacudió a la sociedad misionera. Son personas que “disimulan con astucia su comportamiento y cuentan con afinidad en su núcleo íntimo, afinidad en sus costumbres, sus modos de vida”. Y agregó: “que constituyen una suerte de asociación para el engaño, la manipulación, la estafa moral y política, escondiendo sus vicios y sus crímenes”.
Frente a este escenario, Rovira destacó que desde la Cámara de Diputados se ha promovido la primera Fiscalía para perseguir este tipo de delitos, junto al endurecimiento de penas y la debida corresponsabilidad política de los partidos y frentes que incorporan a estos sujetos a la actividad, como correctivo.
El aberrante hecho que involucra a Germán Kiczka genera una profunda herida en la sociedad que debe cicatrizar. En este difícil contexto, la ciudadanía espera respuestas rápidas, contundentes y ejemplares. Desde la Renovación se ha demostrado el firme interés en una pronta resolución del caso, y una clara predisposición a rediscutir los términos y condiciones que hacen a la representatividad política. Es un deber ineludible de los espacios políticos, evaluar los perfiles y antecedentes de quienes forman parte de su oferta electoral. Asimismo, es inadmisible someter a la voluntad popular a indignos representantes del pueblo que no están a la altura de semejante investidura. Por acción u omisión, es responsabilidad exclusiva de las agrupaciones políticas este tipo de situaciones que dejan una marca en la sociedad, erosionan la confianza y socavan los cimientos de la democracia. En este tiempo, es de vital importancia que la dirigencia, eleve la vara moral para dotar de una mayor calidad a la política.
