En conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y a 50 años del golpe cívico militar de 1976, este viernes 27, se rindió homenaje en el Salón de Acuerdos del Edificio de Tribunales a Leopoldo María López Forastier, quien fuera ministro del STJ y detenido entre 1976 y 1981.
Los ministros del Superior Tribunal de Justicia misionero Roberto Rubén Uset, Cristian Marcelo Benítez, Juan Manuel Díaz y Valeria Fiore Cáceres, acompañaron a la presidente del STJ, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, para hacer entrega a Carolina López Forastier, hija del ex ministro, una placa recordatoria en reconocimiento a su trayectoria y en memoria de quienes padecieron la interrupción del orden constitucional, haciendo hincapié en la figura de Leopoldo, quien fuera el único ministro detenido durante la dictadura cívica militar.
En la ocasión, Juan Carlos Aguilar, biógrafo oficial del magistrado hizo entrega para la biblioteca del STJ un ejemplar que narra la historia de Leopoldo María López Forastier como “un apasionante militante del Constitucionalismo Social emblema de los Derechos Humanos en Misiones”. Acompañó, además, este encuentro Luciana Valenzuela.
Reseña Histórica:
El 24 de marzo de 1976 se abría en la Argentina, una de las etapas más oscuras y sangrientas de su historia. Esa madrugada, las Fuerzas Armadas dieron un golpe cívico-militar con el que derrocaron al entonces gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón y de esa manera, instauraron la dictadura, que se extendería hasta el año 1983.
El Superior Tribunal de Justicia de Misiones no fue ajeno a los embates del esquema represivo, Leopoldo María López Forastier, miembro del Superior Tribunal de Justicia, fue detenido ilegalmente esa madrugada, según obra en los decretos desclasificados (Decreto S 17/1976), firmados por el ex dictador Jorge Rafael Videla en 1976, en los que se ordenaba la detención ilegal de decenas de personas.
En el Poder Judicial, haciéndose eco al pedido de familiares y en honor a su propia misión de reconocer y proteger los Derechos Humanos, se procedió a dejar la evidencia de su obrar en sus bases de datos, mediante el cierre de su legajo personal y la entrega de copia representativa a su hija Carolina.
Al mismo tiempo que se incluyó, en el legajo de López Forastier la leyenda: «fue detenido el 24 de marzo de 1976», información que hasta el momento no se había consignado y que resulta importante y pertinente para su familia y para el Poder Judicial de Misiones.
En marzo del 2018, durante la presidencia de Froilán Zarza, se colocó en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales una placa en reconocimiento a todos los ministros del STJ que vieron interrumpida su gestión judicial y el orden constitucional.
Lionel Messi avanzó con una demanda judicial en Estados Unidos contra empresas y vendedores vinculados a la comercialización de productos falsificados con su nombre e imagen. La presentación, radicada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, apunta directamente al uso indebido de marca en plataformas de comercio electrónico —entre ellas, operaciones asociadas a ventas desde China— y marca un nuevo capítulo en la defensa legal de su identidad comercial. El dato no es menor: en un contexto de expansión del e-commerce global, el caso abre una tensión sobre quién controla el valor económico de las figuras públicas en mercados digitales desregulados.
Una ofensiva legal en el corazón del comercio digital
Según informó el comunicador Sebastián Maril en su red de X (ex Twitter), la demanda fue presentada por una estructura empresarial vinculada a Messi —identificada como Messi Brand— contra individuos y compañías que operan bajo múltiples identidades comerciales. El eje del planteo es claro: se denuncia la falsificación de productos, la infracción de marca registrada y el uso no autorizado de la imagen del jugador.
🛑Messi se enojó con los chinos que venden productos en Temu y les metió una demanda por uso indebido de marca y falsificación de merchandising. pic.twitter.com/Lzonhy7P3c
El expediente menciona la utilización de plataformas digitales para vender merchandising apócrifo, un esquema habitual en el comercio electrónico global, donde la trazabilidad de los vendedores resulta difusa y muchas veces fragmentada en distintas jurisdicciones.
El movimiento judicial se inscribe en un patrón creciente: figuras globales que trasladan la defensa de su marca al ámbito internacional, en tribunales donde pueden obtener medidas cautelares más efectivas, como bloqueos de cuentas, embargos de fondos o restricciones de ventas.
Marca, negocio y control: lo que está en juego
La decisión de judicializar el uso de su imagen no responde solo a una cuestión simbólica. La marca Messi es, en sí misma, un activo económico de escala global. El uso indebido en productos falsificados no solo afecta ingresos directos, sino también el posicionamiento y la calidad asociada a su nombre.
En ese sentido, la demanda busca ordenar un terreno donde la expansión del comercio digital ha facilitado la proliferación de productos ilegítimos. Plataformas con alcance internacional permiten que vendedores operen desde distintos países, muchas veces por fuera de controles efectivos.
El caso también expone un punto de fricción entre regulación y mercado: mientras el comercio electrónico crece, la capacidad de los Estados y de los propios titulares de marcas para hacer cumplir derechos se vuelve más compleja.
El gobernador Hugo Passalacqua acompañó la puesta en funciones del Juzgado de Paz de la localidad de Santa Rita, que depende administrativamente del municipio de Alba Posse. La nueva dependencia se encuentra en el Centro Cívico de la localidad, en un predio contiguo al edificio municipal. La apertura incorpora un espacio destinado a la atención de trámites y gestiones vinculadas a la justicia de cercanía.
La actividad comenzó con el corte de cintas y el descubrimiento de una placa inaugural. A continuación, se llevó a cabo el acto formal con las palabras de las autoridades, seguido de una recorrida por las instalaciones. En el marco de la jornada, se formalizó la puesta en funciones de la mediadora Macarena Inés Zappani y se firmó un convenio entre el Centro Judicial de Mediación (CEJUME) y el intendente local. De esta manera, el centro cívico tendrá como eje la capacitación de mediadores comunitarios.
Vale resaltar que la sede cuenta con una jueza titular designada recientemente, se trata de Sabrina Boher, oriunda de Alba Posse, cuya designación fue formalizada en febrero por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori.
Por una mayor cooperación entre los tres poderes
En su intervención, el gobernador sostuvo que “en Misiones siempre hemos sabido tratarnos bien, respetuosamente y teniendo honestas diferencias entre los Poderes del Estado, que yo las tengo con ella por la Constitución”. En ese marco, señaló la necesidad de coordinación permanente entre los distintos niveles y expresó que “la sociedad necesita que los poderes del Estado, más el municipio, estén todo el día trabajando en forma coordinada y juntitos”. También destacó el trabajo de la titular del STJ, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, y del Poder Judicial que “tiene la facilidad de ADN, de familia, de tener esa capacidad de cercanía con la gente y con los problemas”.
En ese sentido, agregó “tenemos que mostrarnos cada vez más cerquita de la gente, y cerca no es solamente estar cerca, también es sentir lo que siente la comunidad”. Asimismo, vinculó la función pública con una vocación de servicio y afirmó que “tener la oportunidad de que las instituciones o el voto popular te pongan en un lugar para ayudar a la gente, es una bendición”.
Del mismo modo, convocó a la convivencia social y expresó que “amaos los unos a los otros. Por eso le pido a la comunidad que no se peleen. Estén en paz. Conversen. Dialoguen”. En esa línea, planteó que el contexto actual requiere actitudes solidarias y remarcó que “hay que poner buena cara y ayudar al otro”. Finalmente, calificó la jornada institucional como “un gran día para el pueblo. Es un gran día para el pueblo de Misiones, en donde por fortuna, hoy podemos mostrar que estamos juntos”.
Por su parte, la presidenta del STJ señaló que “es nuestra idea como Poder Judicial ir a los lugares a tomar el juramento a sus nuevos magistrados para que esté la familia y para que el pueblo conozca la cara de sus jueces”. En relación con las acciones preventivas, indicó que “nosotros entramos cuando hay un daño y no queremos que haya daño”, y remarcó que la presencia institucional busca evitar conflictos antes de que se judicialicen. Inclusive, resaltó que la comuna ya cuente con un facilitador o mediador comunitario, un puesto que se proyecta incorporar en todos los municipios.
La funcionaria también adelantó la instalación de nuevos dispositivos en la zona e informó que “vamos a poner próximamente un centro de acceso a la justicia, que será del Ministerio Público”, lo que ampliará la cobertura institucional en la región. En ese marco, recalcó que vivimos “en una provincia donde se conversa, donde se charla, donde se evitan los conflictos”.
Por su parte, el intendente de Alba Posse, Lucas Gerhardt, valoró “la satisfacción que le da al municipio tener el juzgado en Santa Rita es para agilizar todos los trámites. Es fundamental tener juzgado acá, debido al contexto económico y social que venimos llevando. Acá la justicia es para todos los habitantes del municipio de Alba Posse, y las puertas van a estar abiertas todos los días”.
Finalmente, la jueza de paz designada, Sabrina Boher, señaló que la puesta en marcha del juzgado responde a una demanda sostenida en el tiempo, con el objetivo de acercar el servicio judicial a la población. En ese marco expresó que “para mí es un sueño cumplido, un objetivo cumplido, de poder brindar el acceso a la justicia estando frente a un juzgado de paz para todos los ciudadanos de nuestro municipio”.
Asimismo, detalló que el juzgado orienta a los vecinos en trámites que exceden su competencia directa y afirmó que “le podemos brindar esas herramientas para facilitar esas cuestiones”. En esa línea, definió el rol del organismo como una instancia inicial de orientación y acceso y señaló que se trata de “la justicia más cercana a la gente”. Al mismo tiempo, indicó que el objetivo es reducir traslados y simplificar procedimientos para quienes requieren asistencia judicial.
En el evento también estuvieron presentes autoridades del Poder Judicial, fuerzas de seguridad y familias de la localidad.
Funciones y alcance del servicio judicial
El Juzgado de Paz permite canalizar conflictos cotidianos y realizar distintas gestiones administrativas. Entre los servicios disponibles se encuentran certificaciones, autorizaciones de viaje para menores, mediaciones y actuaciones judiciales simples. Estas funciones forman parte del primer nivel de acceso a la justicia para la comunidad.
La incorporación de esta dependencia amplía la presencia institucional en una zona alejada de cabeceras departamentales y con características de frontera. La instalación del juzgado en el Centro Cívico permite integrar servicios en un mismo espacio. De esta manera, el municipio cuenta con representación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el ámbito local.
En la actividad estuvieron presentes la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, y el intendente de Alba Posse, Lucas Gerhardt. También participaron otras autoridades del Poder Judicial.
El empresario Mauricio Novelli, involucrado en la criptoestafa Libra que promocionó desde sus redes el presidente Javier Milei, solicitó este jueves invalidar el análisis técnico de su teléfono celular al denunciar que hubo “accesos indebidos” y “fallas graves”.
Asimismo, exigió formalmente una auditoría externa para evitar filtraciones, como, aduce que ocurrió en el informe que realizaron sobre su dispositivo.
El pedido de nulidad del peritaje fue presentado por su abogado Daniel Rubinovich, quien desestimó el analisis que llevó a cabo la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
La presentación
La sospecha por parte de la defensa se apoya en una resolución administrativa (PER 171/2026), que, aparentemente, confirmó “accesos indebidos” por parte de personal: se presume que un agente ingresó a archivos específicos, los duplicó y los guardó en su computadora sin justificación alguna.
Según el escrito presentado por Rubinovich “la integridad, autenticidad y trazabilidad” de todo el material que debía ser peritado “quedó comprometido”, por lo que el abogado defensor indicó falta de rigurosidad ante los resguardos de las evidencias.
Por otra parte, el análisis realizado por la DATIP se hizo sobre 812 gigas que, según el empresario, debían estar bajo “controles estrictos que no se cumplieron”, sin embargo, hubo una irrpución de su vida privada porque hicieron “una exploración general”, lo que derivó en este pedido de nulidad total ante la Justicia.
La defensa de Novelli, en el texto presentado, sostuvo que agregaron chats y archivos sin ningún tipo de relación con el objeto de la investigación y, por ese motivo, terminaron sumando más páginas por fuera de lo necesario. Además, el empresario ratificó que el material es inválido legalmente y que no es útil para las averiguaciones del caso
La Corte Suprema de Justicia planteó una reforma para la selección de candidatos a jueves federales y nacionales para que sea analizado por el Consejo de la Magistratura.
El proyecto normativo para la selección de jueces cuenta únicamente con la firma de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El texto no incluye la del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
Los cambios que se establecen tienen la intención de fijar un límite al margen de acción política en el criterio de selección y reducir el impacto de la coyuntura política sobre los procesos de selección.
La reforma impulsada busca acotar el margen de arbitrariedad política en las ternas para magistrados, justo cuando el Consejo de la Magistratura atraviesa una reconfiguración de fuerzas con un protagonismo creciente de La Libertad Avanza.
Bajo este nuevo esquema, la clave de la selección se trasladará a la elaboración de los exámenes, la rigurosidad de los puntajes y la administración técnica de los concursos.
Los jueves elevaron este reglamento al Plenario del Consejo de la Magistratura para para su análisis y ya se notificó de la iniciativa a las Cámaras nacionales y federales de todo el territorio, así como a las Cortes Supremas provinciales.
No obstante, para que el nuevo reglamento entre en vigencia, el cuerpo deberá alcanzar mayorías agravadas durante la votación definitiva.
