JUDICIALES

Milei designa a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia

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El presidente Javier Milei decidió reemplazar a Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia y nombrar en su lugar a Juan Bautista Mahiques, hasta ahora fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El anuncio se concretó con una foto en la Quinta de Olivos junto al funcionario saliente y terminó de materializar una salida que, según trascendió, estaba acordada desde octubre pasado y tenía como horizonte marzo de este año.

La decisión marca el fin de uno de los últimos integrantes del primer Gabinete de Milei y abre una nueva etapa en una cartera estratégica para la relación entre el Gobierno y el sistema judicial. ¿Se trata de un simple recambio por desgaste o de un movimiento más profundo para consolidar influencia institucional en un área sensible?

De fiscal porteño a ministro nacional

Mahiques llega al Ministerio tras ejercer desde finales de 2019 la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, es decir, como jefe de los fiscales porteños. También preside desde 2022 la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) y fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri.

Su perfil combina gestión técnica y pertenencia a lo que en el ámbito judicial se denomina “familia judicial”. Su padre, Carlos “Coco” Mahiques, integra la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. El Presidente envió recientemente su pliego a la comisión de Acuerdos del Senado para renovar su cargo antes de que cumpla 75 años en noviembre, un gesto interpretado como señal de cercanía política.

El entorno familiar también incluye a Ignacio Mahiques, fiscal porteño y adjunto en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner, y a Esteban Mahiques, actual director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería e integrante previo del Tribunal de Disciplina de la AFA.

El desplazamiento de Cúneo Libarona responde a un acuerdo previo con los hermanos Milei para permanecer en funciones hasta marzo. El propio ministro saliente admitía en privado el desgaste de la gestión y su intención de dejar el cargo.

Impacto político y equilibrio institucional

El Ministerio de Justicia no solo gestiona políticas públicas; actúa como bisagra entre el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura y el Congreso en materia de reformas judiciales. El ingreso de un fiscal con trayectoria en el ámbito porteño y vínculos consolidados dentro del sistema judicial puede redefinir esa interlocución.

En términos de poder, el movimiento fortalece el ala técnica con anclaje en tribunales y fiscalías. También envía una señal hacia el Senado, donde se tramitan pliegos y designaciones clave. La renovación del cargo de Carlos Mahiques en Casación y la llegada de su hijo al Ministerio configuran un esquema que consolida una red de relaciones institucionales.

Para el Gobierno, el recambio puede servir para ordenar una agenda judicial que incluye reformas pendientes y debates sensibles. Para la oposición, abre interrogantes sobre concentración de influencia y alineamientos dentro del Poder Judicial.

Un nuevo ciclo en Justicia

El cambio ocurre en un momento en que el Ejecutivo necesita estabilidad política y coordinación con el Congreso para avanzar en iniciativas estructurales. La figura del ministro de Justicia es central en ese engranaje.

Habrá que observar cómo Mahiques gestiona la transición, qué señales envía hacia magistrados y fiscales federales y cómo articula con el Parlamento en eventuales proyectos de reforma. También será relevante el tono que adopte la relación con el Consejo de la Magistratura.

La salida de uno de los últimos integrantes del Gabinete original de Milei cierra una etapa. El desembarco de Mahiques abre otra, con un perfil más anclado en la estructura judicial. El alcance real de ese movimiento dependerá de las decisiones que se tomen en las próximas semanas y de cómo se reconfigure el equilibrio entre el Gobierno y el sistema de justicia.

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Comenzó el juicio por el ARA San Juan: cuatro exjefes de la Armada enfrentan cargos por la muerte de 44 tripulantes

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Este martes comenzó en Río Gallegos el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017. El debate, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, busca determinar responsabilidades penales por la muerte de los 44 tripulantes y coloca bajo escrutinio a cuatro exjefes de la Armada Argentina.

En el banquillo están Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. Las penas previstas van de uno a cinco años de prisión.

El inicio del juicio no solo reactiva una causa judicial largamente esperada por las familias. También reabre un capítulo institucional sensible: el funcionamiento de la cadena de mando militar, los controles internos del Estado y la responsabilidad política sobre el material estratégico de defensa. La pregunta de fondo es si el hundimiento fue una fatalidad técnica o la consecuencia de decisiones evitables.

Acusación, pruebas y secreto militar

Durante la primera audiencia se leyó el requerimiento de elevación a juicio formulado por la Fiscalía. Luego, el tribunal abrió la instancia para planteos preliminares de las partes antes de avanzar con la producción de prueba.

El proceso contará con más de 100 testigos, material fílmico encriptado del hallazgo del submarino por parte del buque Ocean Infinity, documentación bajo secreto militar y el testimonio de un experto de la firma alemana Thyssen-Krupp, fabricante de la nave.

Uno de los puntos críticos será la definición del Ministerio de Defensa sobre el levantamiento del secreto militar. Sin esa decisión, planos y fotografías técnicas del submarino no podrán exhibirse públicamente. El alcance de esa autorización impactará directamente en la transparencia del debate y en la posibilidad de reconstruir técnicamente lo ocurrido.

Las advertencias previas y la hipótesis fiscal

La acusación sostiene que existieron múltiples alertas internas sobre deficiencias en el mantenimiento del submarino que no fueron atendidas por la cadena de mando.

Entre los puntos señalados figuran tareas pendientes tras la reparación de “media vida”, advertencias de la SIGEN por emanaciones de fluidos de baterías, falta de ingreso a dique seco pese a haber superado los plazos recomendados y problemas en válvulas, periscopios y sistemas de propulsión.

También se mencionan reportes de ingreso de agua de mar al compartimiento de baterías, cartuchos de purificación de aire vencidos y fallas en interruptores críticos.

Para la Fiscalía y la querella, el submarino no se encontraba en condiciones óptimas de navegación. La hipótesis central indica que un fallo en una válvula permitió el ingreso de agua al sector de baterías, lo que habría generado un incendio inicial, seguido de explosión e implosión a más de 900 metros de profundidad.

La última comunicación oficial del ARA San Juan fue el 15 de noviembre de 2017 a las 7.20, cuando reportó un desperfecto eléctrico y principio de incendio. Un año después, el 16 de noviembre de 2018, los restos fueron hallados a unos 500 kilómetros de la costa de Santa Cruz.

Correlación institucional y memoria pública

El juicio se extenderá, en principio, hasta principios de julio, con audiencias de lunes a jueves, semana por medio. El tribunal prevé escuchar entre seis y ocho testigos por jornada.

En términos institucionales, el proceso delimita responsabilidades individuales dentro de la estructura militar, pero también proyecta efectos sobre el Ministerio de Defensa y el sistema de control estatal. La causa por presunto espionaje ilegal a familiares, que fue cerrada por la Corte Suprema, quedó fuera de este debate, lo que acota el foco exclusivamente a la cadena de mando operativa.

Para las familias, representadas entre otros por Luis Tagliapietra, el juicio representa una instancia de verdad judicial tras años de reclamos. Para el Estado, implica rendir cuentas sobre la gestión de recursos estratégicos y protocolos de seguridad.

Un proceso que excede lo penal

Más allá de las posibles condenas —de uno a cinco años de prisión—, el juicio interpela el modo en que se toman decisiones en estructuras jerárquicas cerradas y cómo se gestionan advertencias técnicas dentro del ámbito militar.

Si el tribunal acredita que existieron omisiones determinantes, el fallo podría marcar un precedente sobre responsabilidad en la conducción de fuerzas armadas. Si, en cambio, las pruebas no logran establecer nexo causal suficiente, el caso dejará abierta la discusión sobre límites probatorios en tragedias complejas.

A más de ocho años del hundimiento, el debate oral coloca nuevamente en el centro una de las mayores tragedias navales del país. El veredicto se conocería a mediados de julio, pero el impacto institucional dependerá de cómo el tribunal logre reconstruir la cadena de decisiones que precedió al último mensaje emitido desde el submarino.

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Marval lanzó un hub de contenidos disponibles de consulta sobre la reforma laboral

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Marval O’Farrell Mairal presentó hoy su hub de contenidos sobre la reforma laboral, que pone a disposición de medios y empresas, un espacio que concentra análisis, novedades y recursos para interpretar el nuevo marco legal, medir efectos y anticipar decisiones a medida que avanza su implementación. “El sistema laboral argentino sigue siendo un sistema protectorio, con leyes que procuran balancear la relación entre empleador y empleado, sin embargo en la reforma hay modificaciones sustanciales a tono y en línea con lo que está pasando en el mundo”, destacó Rodrigo Sola Torino, socio del Estudio y aclaró: “La Ley sancionada aplica para relaciones laborales ya existentes”.

La reforma introduce cambios con impacto directo en la gestión diaria de las organizaciones. El Hub está pensado como una fuente de consulta rápida para periodistas y como un punto de referencia para empleadores y equipos de RR.HH. que necesitan transformar el texto normativo en criterios de gestión, compliance y administración de riesgos. 

Entre los contenidos del Hub se incluyen:

  • Lecturas técnicas y análisis sobre los ejes centrales de la reforma. 
  • Actualizaciones a medida que se consolidan criterios de aplicación. 
  • Recursos para dimensionar impacto, identificar riesgos y definir próximos pasos con criterio. 

Enrique Stile repasó los contenidos de la nueva normativa, aprobada por el Senado de la Nación el viernes. “Uno de los aspectos más interesantes es que se eliminó la ley de Teletrabajo, no la modalidad en sí, que podrá continuar realizándose”, destacó.

En tanto, su colega Guillermo Osorio, planteó: “La Ley de Modernización Laboral es un cambio paradigmático total de las relaciones colectivas en Argentina y puede tener realmente cambios profundos en el mercado. Intenta modificar distorsiones y desviaciones que tenía el sistema de convenios colectivos de trabajo, algunas de ellas eran extorsivas para los empleadores. Se imponen por ejemplo topes a las contribuciones en favor de las asociaciones de empresarios y trabajadores y eso es importante porque hay empresas que estaban aportando hasta el 6% de la masa salarial”.

Además, destacó, “Se invierte la relación entre sindicato de empresa y de actividad, privilegiando ahora al primero, con lo cual veremos un desplazamiento de la representación sindical desde los gremios de actividad a los de empresa, ya que a partir de ahora prevalecerán los convenios colectivos por compañía”.

Finalmente, el socio José María Llano planteó: “En materia procesal, vemos el traspaso de la Justicia nacional a la de la Ciudad”, En ese sentido, precisó: “Todos aquellos juicios nuevos iniciados tras la firma del primer acuerdo de transferencia de recursos, se iniciarán en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires”. Sin embargo, advirtió, “El proceso será largo”.

Además, señaló: “En materia de actualizaciones la Ley ratifica el criterio del Decreto del Ejecutivo y de la mayoría de las Cámaras que lo aplican, dando mayor previsibilidad a los empleadores”.

Acceso al Content Hub: https://www.marval.com/contenthub/nueva-ley-de-modernizacion-laboral-2

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Ocho años después, comienza el juicio por el ARA San Juan y cuatro ex jefes navales llegan al banquillo

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A ocho años del hundimiento del submarino ARA San Juan, que provocó la muerte de 44 tripulantes en 2017, este lunes comienza el juicio oral y público contra cuatro ex altos mandos de la Armada. El proceso, a cargo del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, abre una etapa clave en una de las tragedias institucionales más profundas de los últimos años.

Los imputados enfrentan cargos por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. El inicio del debate no solo busca determinar responsabilidades penales. También pone en discusión la cadena de decisiones y controles dentro de la estructura militar.

La pregunta que atraviesa el proceso es si el juicio logrará cerrar una herida abierta desde 2017 o si volverá a exponer tensiones en torno al funcionamiento y control civil de las Fuerzas Armadas.

Cuatro ex altos mandos ante la Justicia federal

Serán juzgados el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval, Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el ex jefe del Departamento de Operaciones, Hugo Miguel Correa.

El eje del proceso judicial se centra en determinar si existieron omisiones o decisiones que comprometieron la seguridad del submarino en la misión que terminó en tragedia. La figura de estrago culposo agravado por el resultado de muerte implica analizar si la conducta atribuida tuvo incidencia directa en el desenlace fatal.

El juicio oral permitirá revisar actuaciones administrativas, órdenes operativas y responsabilidades jerárquicas. En términos institucionales, el debate expone cómo funciona la cadena de mando en operaciones navales y qué controles internos se activan ante situaciones de riesgo.

Dos misioneros entre las 44 víctimas

Entre las 44 personas que perdieron la vida se encontraban la teniente de Navío Eliana María Krawczyk y el cabo Jorge Isabelino Ortiz, ambos oriundos de Misiones.

Krawczyk, de 34 años, era jefa de operaciones del submarino y la única mujer a bordo. Había integrado la promoción 137 de la Escuela Naval Militar. El puerto de Posadas lleva su nombre como homenaje.

Ortiz, nacido en mayo de 1985 en Posadas, era cabo principal y maquinista. Se desempeñaba en el sector eléctrico y de motores del submarino. Llevaba doce años en la Armada al momento del hundimiento. En Garupá se inauguró un mural en su honor.

En Misiones, el juicio se sigue con atención. No se trata solo de un proceso penal, sino de una instancia que involucra memoria colectiva y reconocimiento institucional.

Impacto político e institucional

El inicio del juicio reactiva un expediente que atravesó gobiernos y debates públicos sobre transparencia, control militar y responsabilidades jerárquicas. La investigación judicial llega en un contexto donde la relación entre poder civil y fuerzas armadas continúa bajo observación política.

El proceso puede tener efectos más allá de las condenas o absoluciones. La revisión pública de procedimientos internos y decisiones operativas puede derivar en reformas administrativas o en mayores exigencias de supervisión.

Al mismo tiempo, el juicio coloca a la Justicia federal en el centro de un caso emblemático. La duración del debate y la solidez probatoria serán determinantes para su impacto institucional.

Un proceso que reabre preguntas

Ocho años después del hundimiento, el inicio del juicio marca un punto de inflexión procesal. La etapa oral permitirá escuchar a imputados, testigos y peritos, y confrontar versiones bajo el escrutinio público.

El desafío será sostener un debate técnico en un caso atravesado por fuerte carga emocional y social. Para las familias de las víctimas, el juicio representa una instancia de búsqueda de verdad. Para la estructura militar, implica someter su cadena de mando al análisis judicial.

El proceso recién comienza. Las audiencias, las pruebas y las decisiones del tribunal irán delineando si esta etapa logra ofrecer respuestas concluyentes o si, como ocurrió durante años, las preguntas volverán a ocupar el centro de la escena.

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La CGT pide en Tribunales que declaren inconstitucional la reforma laboral

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La CGT presentó este lunes en Tribunales un recurso pidiendo que se declare “inconstitucional” la ley de reforma laboral, que recibió sanción definitiva el viernes último en el Senado, mediante escritos que presentó ante el fuero Laboral y ante el Contencioso Administrativo.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT.

Sola (Seguros), junto a los otros dos cosecretarios generales, Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros), presentó su reclamo pese a que la norma aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo. 

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