JUDICIALES

Untitled SLC cumple 15 años: la boutique legal que creó un modelo de asesoramiento patrimonial con escala internacional

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 En un escenario internacional marcado por transformaciones regulatorias, mayor transparencia fiscal y creciente complejidad en la gestión de patrimonios, la firma UNTITLED Strategic Legal Consulting (UNTITLED SLC) cumple 15 años de trayectoria consolidándose como un actor que marca tendencia en el asesoramiento patrimonial internacional. 

Fundada en 2011 por el abogado Martín Litwak bajo el nombre Litwak & Partners, la firma comenzó como una boutique especializada en fiscalidad internacional en Montevideo. Con el correr de los años, evolucionó hacia un modelo de consultoría patrimonial integral, que hoy tiene presencia en distintas jurisdicciones estratégicas, entre las que se incluyen Uruguay, Estados Unidos, España y las Islas Vírgenes Británicas. 

Actualmente, UNTITLED cuenta con un equipo de más de 40 profesionales y asesora a empresarios, familias de alto patrimonio, fondos de inversión, así como a artistas y deportistas profesionales en América Latina, Estados Unidos y Europa. 

Un cambio de modelo en la industria 

Uno de los hitos en la evolución de la firma fue su transformación hacia un esquema de Legal Family Office, un modelo innovador y adaptado a las necesidades actuales, que integra asesoramiento legal, fiscal y patrimonial bajo una misma estrategia. 

Este enfoque responde a una tendencia creciente a nivel global: la necesidad de coordinar estructuras patrimoniales cada vez más complejas en múltiples jurisdicciones, en un contexto de mayor regulación e intercambio de información entre países. “El mundo cambió significativamente en estos últimos 15 años. Hoy, las decisiones patrimoniales requieren mucho más análisis, coordinación y visión de largo plazo. Nuestro rol es acompañar a las familias y empresarios en ese proceso, con una mirada estratégica y sostenible en el tiempo”, señala Martín Litwak, fundador y CEO de UNTITLED. 

Crecimiento en un entorno desafiante 

El desarrollo de UNTITLED se dio en paralelo a un contexto global atravesado por crisis económicas, cambios políticos y transformaciones en los sistemas fiscales internacionales. 

En este escenario, la firma apostó por la especialización, evitando convertirse en un estudio jurídico generalista y enfocándose exclusivamente en planificación patrimonial, fiscalidad internacional y gobernanza familiar.

A su vez, en los últimos años impulsó nuevas unidades de negocio como: 

● EVOLVE, orientada a artistas y deportistas profesionales 

● UNTITLED Sherpa, enfocada en familias con patrimonios complejos 

La mirada puesta en el futuro 

De cara a los próximos años, UNTITLED proyecta continuar expandiendo su presencia internacional, fortalecer su equipo multidisciplinario y profundizar su posicionamiento como asesor estratégico en planificación patrimonial global. 

En un contexto donde las reglas cambian con mayor velocidad y la presión fiscal continúa en aumento, la firma considera que la anticipación y la planificación seguirán siendo factores clave para la preservación y crecimiento del patrimonio.

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Juicio por YPF: la Justicia de EE.UU. falló a favor de la Argentina

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La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina y revirtió la condena que obligaba al país a pagar más de US$16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012. La decisión, conocida en las últimas horas, modifica el escenario de uno de los juicios más sensibles para las cuentas públicas y abre un nuevo capítulo en una disputa que lleva más de una década. ¿Se trata de un cierre definitivo o de un respiro estratégico antes de una instancia mayor?

El tribunal revisor avaló que YPF fue correctamente exculpada en el proceso de estatización y dejó sin efecto el fallo de primera instancia de 2023, que había sido adverso al Estado argentino. Aun así, el expediente no está cerrado: las partes aún pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Un giro judicial en una causa de alto impacto fiscal

El caso se remonta a 2015, cuando se inició el litigio por la forma en que se llevó adelante la expropiación de la petrolera durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2023, la jueza de primera instancia había determinado que la Argentina violó el estatuto de la compañía en ese proceso y ordenó el pago de una indemnización superior a los US$16.000 millones.

Ese fallo colocó al país frente a una contingencia fiscal de magnitud, con implicancias directas sobre la sostenibilidad financiera y la negociación externa. La decisión de la Cámara de Apelaciones introduce ahora un cambio sustancial: desactiva, al menos por el momento, esa obligación de pago y valida el encuadre jurídico de la estatización.

En términos institucionales, el pronunciamiento no solo revisa la interpretación del estatuto de YPF, sino que también redefine el alcance de la responsabilidad estatal en procesos de nacionalización bajo legislación extranjera.

Repercusiones políticas: alivio para el Gobierno y disputa por la narrativa

El fallo tuvo una inmediata lectura política. El presidente Javier Milei celebró públicamente la decisión y la presentó como una victoria de su administración en el frente internacional. El mensaje no fue neutro: incluyó cuestionamientos directos a la gestión que impulsó la expropiación, en un intento de reconfigurar la narrativa sobre el origen del conflicto.

En ese marco, el resultado fortalece al oficialismo en dos planos. Por un lado, le permite mostrar capacidad de gestión en un litigio de alto impacto económico. Por otro, le otorga margen discursivo para insistir en la crítica a decisiones previas que derivaron en el juicio.

Al mismo tiempo, la resolución condiciona a sectores de la oposición vinculados al proceso de estatización, que quedan expuestos en la discusión pública sobre las consecuencias legales de aquella decisión.

Desde el punto de vista económico, evitar un pago de esa magnitud implica despejar una presión significativa sobre las reservas y sobre cualquier esquema de negociación financiera futura.

La cronología de los hechos

El origen de la causa judicial por la nacionalización de la petrolera YPF tiene origen en la redacción del estatuto de la empresa cuando en 1993 bajo el gobierno de Carlos Menem se dispuso su privatización.

1993 — PRIVATIZACIÓN

Se incluye la cláusula OPA en el estatuto social de la compañía para proteger a los accionistas minoritarios ante cambios de control.

2008-2011 — ENTRADA DE PETERSEN

El Grupo Petersen adquiere el 25% de las acciones de YPF mediante préstamos otorgados por Repsol y un consorcio de bancos.

ABRIL 2012- NACIONALIZACIÓN

El Congreso argentino expropia el 51% a Repsol. Las empresas Petersen entran en default al no recibir dividendos para pagar sus deudas.

2015 — INICIO DE DEMANDA

Burford Capital compra los derechos de quiebra de Petersen e inicia el juicio en Nueva York contra el Estado e YPF.

2023 — CONDENA INICIAL

La jueza Loretta Preska dicta sentencia por US$ 16.100 millones contra Argentina, eximiendo de responsabilidad a la petrolera.

MARZO 2026 — ANULACIÓN

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revoca la condena principal y ordena la revisión total del proceso judicial.

Un escenario abierto: la última palabra aún no está dicha

A pesar del giro favorable, el proceso judicial está lejos de concluir. La posibilidad de que el caso escale a la Corte Suprema de Estados Unidos mantiene abierta la incertidumbre y obliga al Gobierno a sostener la estrategia legal.

El foco ahora se traslada a la próxima instancia: si las partes deciden avanzar, el litigio podría prolongarse y volver a poner en discusión los fundamentos del fallo. En paralelo, el impacto político interno seguirá en evolución, especialmente en la disputa por la interpretación de la estatización y sus consecuencias.

Por lo pronto, la decisión de Nueva York redefine el tablero, pero no lo cierra. El juicio por YPF sigue siendo, más que un expediente judicial, un frente donde se cruzan política, economía y estrategia de poder.

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Realizaron un reconocimiento a Leopoldo López Forastier a 50 años del golpe cívico militar

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En conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y a 50 años del golpe cívico militar de 1976, este viernes 27, se rindió homenaje en el Salón de Acuerdos del Edificio de Tribunales a Leopoldo María López Forastier, quien fuera ministro del STJ y detenido entre 1976 y 1981.

Los ministros del Superior Tribunal de Justicia misionero Roberto Rubén Uset, Cristian Marcelo Benítez, Juan Manuel Díaz y Valeria Fiore Cáceres, acompañaron a la presidente del STJ, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, para hacer entrega a Carolina López Forastier, hija del ex ministro, una placa recordatoria en reconocimiento a su trayectoria y en memoria de quienes padecieron la interrupción del orden constitucional, haciendo hincapié en la figura de Leopoldo, quien fuera el único ministro detenido durante la dictadura cívica militar.

En la ocasión, Juan Carlos Aguilar, biógrafo oficial del magistrado hizo entrega para la biblioteca del STJ un ejemplar que narra la historia de Leopoldo María López Forastier como “un apasionante militante del Constitucionalismo Social emblema de los Derechos Humanos en Misiones”. Acompañó, además, este encuentro Luciana Valenzuela.

Reseña Histórica:

El 24 de marzo de 1976 se abría en la Argentina, una de las etapas más oscuras y sangrientas de su historia. Esa madrugada, las Fuerzas Armadas dieron un golpe cívico-militar con el que derrocaron al entonces gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón y de esa manera, instauraron la dictadura, que se extendería hasta el año 1983.

El Superior Tribunal de Justicia de Misiones no fue ajeno a los embates del esquema represivo, Leopoldo María López Forastier, miembro del Superior Tribunal de Justicia, fue detenido ilegalmente esa madrugada, según obra en los decretos desclasificados (Decreto S 17/1976), firmados por el ex dictador Jorge Rafael Videla en 1976, en los que se ordenaba la detención ilegal de decenas de personas.

En el Poder Judicial, haciéndose eco al pedido de familiares y en honor a su propia misión de reconocer y proteger los Derechos Humanos, se procedió a dejar la evidencia de su obrar en sus bases de datos, mediante el cierre de su legajo personal y la entrega de copia representativa a su hija Carolina.

Al mismo tiempo que se incluyó, en el legajo de López Forastier la leyenda: «fue detenido el 24 de marzo de 1976», información que hasta el momento no se había consignado y que resulta importante y pertinente para su familia y para el Poder Judicial de Misiones.

En marzo del 2018, durante la presidencia de Froilán Zarza, se colocó en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Tribunales una placa en reconocimiento a todos los ministros del STJ que vieron interrumpida su gestión judicial y el orden constitucional.

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Demanda por marca: Messi judicializa el uso indebido de su imagen y apunta contra ventas online desde China

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Lionel Messi avanzó con una demanda judicial en Estados Unidos contra empresas y vendedores vinculados a la comercialización de productos falsificados con su nombre e imagen. La presentación, radicada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, apunta directamente al uso indebido de marca en plataformas de comercio electrónico —entre ellas, operaciones asociadas a ventas desde China— y marca un nuevo capítulo en la defensa legal de su identidad comercial. El dato no es menor: en un contexto de expansión del e-commerce global, el caso abre una tensión sobre quién controla el valor económico de las figuras públicas en mercados digitales desregulados.

Una ofensiva legal en el corazón del comercio digital

Según informó el comunicador Sebastián Maril en su red de X (ex Twitter), la demanda fue presentada por una estructura empresarial vinculada a Messi —identificada como Messi Brand— contra individuos y compañías que operan bajo múltiples identidades comerciales. El eje del planteo es claro: se denuncia la falsificación de productos, la infracción de marca registrada y el uso no autorizado de la imagen del jugador.

El expediente menciona la utilización de plataformas digitales para vender merchandising apócrifo, un esquema habitual en el comercio electrónico global, donde la trazabilidad de los vendedores resulta difusa y muchas veces fragmentada en distintas jurisdicciones.

El movimiento judicial se inscribe en un patrón creciente: figuras globales que trasladan la defensa de su marca al ámbito internacional, en tribunales donde pueden obtener medidas cautelares más efectivas, como bloqueos de cuentas, embargos de fondos o restricciones de ventas.

Marca, negocio y control: lo que está en juego

La decisión de judicializar el uso de su imagen no responde solo a una cuestión simbólica. La marca Messi es, en sí misma, un activo económico de escala global. El uso indebido en productos falsificados no solo afecta ingresos directos, sino también el posicionamiento y la calidad asociada a su nombre.

En ese sentido, la demanda busca ordenar un terreno donde la expansión del comercio digital ha facilitado la proliferación de productos ilegítimos. Plataformas con alcance internacional permiten que vendedores operen desde distintos países, muchas veces por fuera de controles efectivos.

El caso también expone un punto de fricción entre regulación y mercado: mientras el comercio electrónico crece, la capacidad de los Estados y de los propios titulares de marcas para hacer cumplir derechos se vuelve más compleja.

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Comienza a funcionar el Juzgado de Paz en Santa Rita

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El gobernador Hugo Passalacqua acompañó la puesta en funciones del Juzgado de Paz de la localidad de Santa Rita, que depende administrativamente del municipio de Alba Posse. La nueva dependencia se encuentra en el Centro Cívico de la localidad, en un predio contiguo al edificio municipal. La apertura incorpora un espacio destinado a la atención de trámites y gestiones vinculadas a la justicia de cercanía.

La actividad comenzó con el corte de cintas y el descubrimiento de una placa inaugural. A continuación, se llevó a cabo el acto formal con las palabras de las autoridades, seguido de una recorrida por las instalaciones. En el marco de la jornada, se formalizó la puesta en funciones de la mediadora Macarena Inés Zappani y se firmó un convenio entre el Centro Judicial de Mediación (CEJUME) y el intendente local. De esta manera, el centro cívico tendrá como eje la capacitación de mediadores comunitarios.

Vale resaltar que la sede cuenta con una jueza titular designada recientemente, se trata de Sabrina Boher, oriunda de Alba Posse, cuya designación fue formalizada en febrero por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori.

Por una mayor cooperación entre los tres poderes

En su intervención, el gobernador sostuvo que “en Misiones siempre hemos sabido tratarnos bien, respetuosamente y teniendo honestas diferencias entre los Poderes del Estado, que yo las tengo con ella por la Constitución”. En ese marco, señaló la necesidad de coordinación permanente entre los distintos niveles y expresó que “la sociedad necesita que los poderes del Estado, más el municipio, estén todo el día trabajando en forma coordinada y juntitos”. También destacó el trabajo de la titular del STJ, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, y del Poder Judicial que “tiene la facilidad de ADN, de familia, de tener esa capacidad de cercanía con la gente y con los problemas”.

En ese sentido, agregó “tenemos que mostrarnos cada vez más cerquita de la gente, y cerca no es solamente estar cerca, también es sentir lo que siente la comunidad”. Asimismo, vinculó la función pública con una vocación de servicio y afirmó que “tener la oportunidad de que las instituciones o el voto popular te pongan en un lugar para ayudar a la gente, es una bendición”.

Del mismo modo, convocó a la convivencia social y expresó que “amaos los unos a los otros. Por eso le pido a la comunidad que no se peleen. Estén en paz. Conversen. Dialoguen”. En esa línea, planteó que el contexto actual requiere actitudes solidarias y remarcó que “hay que poner buena cara y ayudar al otro”. Finalmente, calificó la jornada institucional como “un gran día para el pueblo. Es un gran día para el pueblo de Misiones, en donde por fortuna, hoy podemos mostrar que estamos juntos”.

Por su parte, la presidenta del STJ señaló que “es nuestra idea como Poder Judicial ir a los lugares a tomar el juramento a sus nuevos magistrados para que esté la familia y para que el pueblo conozca la cara de sus jueces”. En relación con las acciones preventivas, indicó que “nosotros entramos cuando hay un daño y no queremos que haya daño”, y remarcó que la presencia institucional busca evitar conflictos antes de que se judicialicen. Inclusive, resaltó que la comuna ya cuente con un facilitador o mediador comunitario, un puesto que se proyecta incorporar en todos los municipios.

La funcionaria también adelantó la instalación de nuevos dispositivos en la zona e informó que “vamos a poner próximamente un centro de acceso a la justicia, que será del Ministerio Público”, lo que ampliará la cobertura institucional en la región. En ese marco, recalcó que vivimos “en una provincia donde se conversa, donde se charla, donde se evitan los conflictos”.

Por su parte, el intendente de Alba Posse, Lucas Gerhardt, valoró “la satisfacción que le da al municipio tener el juzgado en Santa Rita es para agilizar todos los trámites. Es fundamental tener juzgado acá, debido al contexto económico y social que venimos llevando. Acá la justicia es para todos los habitantes del municipio de Alba Posse, y las puertas van a estar abiertas todos los días”.

Finalmente, la jueza de paz designada, Sabrina Boher, señaló que la puesta en marcha del juzgado responde a una demanda sostenida en el tiempo, con el objetivo de acercar el servicio judicial a la población. En ese marco expresó que “para mí es un sueño cumplido, un objetivo cumplido, de poder brindar el acceso a la justicia estando frente a un juzgado de paz para todos los ciudadanos de nuestro municipio”.

Asimismo, detalló que el juzgado orienta a los vecinos en trámites que exceden su competencia directa y afirmó que “le podemos brindar esas herramientas para facilitar esas cuestiones”. En esa línea, definió el rol del organismo como una instancia inicial de orientación y acceso y señaló que se trata de “la justicia más cercana a la gente”. Al mismo tiempo, indicó que el objetivo es reducir traslados y simplificar procedimientos para quienes requieren asistencia judicial.

En el evento también estuvieron presentes autoridades del Poder Judicial, fuerzas de seguridad y familias de la localidad.

Funciones y alcance del servicio judicial

El Juzgado de Paz permite canalizar conflictos cotidianos y realizar distintas gestiones administrativas. Entre los servicios disponibles se encuentran certificaciones, autorizaciones de viaje para menores, mediaciones y actuaciones judiciales simples. Estas funciones forman parte del primer nivel de acceso a la justicia para la comunidad.

La incorporación de esta dependencia amplía la presencia institucional en una zona alejada de cabeceras departamentales y con características de frontera. La instalación del juzgado en el Centro Cívico permite integrar servicios en un mismo espacio. De esta manera, el municipio cuenta con representación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el ámbito local.

En la actividad estuvieron presentes la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, y el intendente de Alba Posse, Lucas Gerhardt. También participaron otras autoridades del Poder Judicial.

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