JUDICIALES

El contratista de Adorni aportó nuevas pruebas ante la Justicia y ratificó pagos en efectivo

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El contratista Matías Tabar se presentó este viernes de manera espontánea ante la Justicia para ampliar su declaración en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En su comparecencia, el empresario aportó nueva documentación y detalles sobre las obras realizadas en una propiedad del funcionario, en un intento por reforzar su testimonio previo.

Según trascendió, Tabar entregó facturas, remitos y capturas de pantalla de conversaciones, todos elementos vinculados a las tareas de refacción ejecutadas en una vivienda ubicada en el country Indio Qua. Además, ratificó el monto total de la obra —estimado en USD 245.000— y aseguró que los pagos se realizaron en dólares y en efectivo.

Ampliación de la declaración judicial

La presentación del contratista se produjo en el marco de una investigación que busca determinar si existió un crecimiento patrimonial incompatible por parte de Adorni. En este contexto, la nueva documentación aportada por Tabar apunta a justificar los gastos asociados a la obra y explicar el origen y circuito de los pagos.

De acuerdo con su testimonio, el contratista actuó como intermediario entre el funcionario y otros actores vinculados a la ejecución de los trabajos. En ese sentido, precisó que el presupuesto inicial de su intervención fue de USD 94.000, cifra que correspondía a una primera etapa de la obra y que fue abonada mediante un anticipo en efectivo.

“El presupuesto es de 94.000 dólares. Eso me lo pagó con un anticipo. Yo era el intermediario entre Manuel y el administrador. Esa sumatoria terminó en los 245.000 dólares”, explicó Tabar, en referencia al monto final declarado.

Pagos en dólares y contexto económico

Uno de los puntos centrales de la investigación gira en torno a la modalidad de pago. Tabar confirmó que recibió dinero en efectivo y en moneda extranjera, aunque sostuvo que se trataba de una práctica habitual en el sector de la construcción en el contexto económico de los últimos años.

“Está declarado que fue en dólares billete, porque el contexto de hace dos años era bastante distinto al de ahora. Es la única forma que el constructor trata de resguardar”, afirmó.

El contratista también buscó relativizar las interpretaciones sobre la operatoria financiera, al señalar que los montos totales incluyen distintos rubros y proveedores, y no corresponden en su totalidad a honorarios propios. Según detalló, su retribución profesional fue de aproximadamente USD 20.000, mientras que el resto del dinero se destinó a materiales, mano de obra y servicios asociados a la obra.

“Una cosa es lo que me paga a mí, otra es lo que declaro que termina costando la obra. En ningún momento vinieron ni bolsos de dólares ni cajas de zapatos llenas de dólares”, añadió, en referencia a versiones que circulaban sobre el caso.

Conversaciones y detalles de la obra

En su presentación, Tabar también incorporó capturas de pantalla de chats que mantenía con Adorni, con quien, según indicó, tenía contacto frecuente durante el desarrollo de los trabajos.

“Teníamos conversaciones siempre, dos o tres veces por semana. La obra se terminó en ese tiempo y se siguieron haciendo un montón de cosas: arreglos, pintura, carpintería”, explicó.

El contratista destacó que el presupuesto inicial fue ampliándose a medida que se incorporaban nuevas tareas y modificaciones sobre el proyecto original, un proceso que calificó como habitual en el rubro de la construcción.

“Yo le pasé un presupuesto, él lo aceptó, empezamos a trabajar y se empezaron a pedir nuevas cosas que terminaron desembocando en el total de la obra”, señaló.

Defensa pública del jefe de Gabinete

Horas antes de presentarse ante la Justicia, Tabar brindó declaraciones públicas en las que manifestó su respaldo a Adorni y expresó confianza en que el funcionario podrá justificar su situación patrimonial.

“Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo”, afirmó en una entrevista.

En la misma línea, el empresario relativizó las acusaciones y cuestionó la interpretación pública del caso: “Parece que los únicos que evadimos fuimos Manuel y yo”, ironizó, al referirse a la discusión sobre los pagos en efectivo.

Un caso en desarrollo

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios. La presentación de Tabar se suma a otros elementos incorporados en el expediente, en el que los investigadores buscan determinar la correspondencia entre los ingresos declarados y los gastos realizados en la propiedad.

El eje del caso está puesto en el origen de los fondos utilizados para financiar las obras y en la legalidad de las transacciones efectuadas, en particular aquellas realizadas en efectivo y en moneda extranjera.

Hasta el momento, desde el entorno del funcionario han sostenido que todas las operaciones pueden ser justificadas y que no existe irregularidad en su patrimonio.

Impacto político y judicial

El avance de la investigación ha generado repercusiones en el ámbito político, en un contexto donde otros casos vinculados a la transparencia y la gestión pública también ponen bajo presión al oficialismo.

La ampliación de la declaración del contratista representa un nuevo capítulo en el expediente y podría ser clave para el análisis judicial, ya que aporta documentación concreta sobre la ejecución y financiación de las obras.

En las próximas semanas, se espera que la Justicia evalúe el material presentado y determine si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba o eventuales imputaciones formales.

Mientras tanto, el caso continúa bajo seguimiento tanto en el plano judicial como político, en una investigación que combina aspectos técnicos de la actividad constructiva con cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de fondos privados por parte de un alto funcionario del Gobierno

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El Senado activó pliegos judiciales y avanzó con la candidatura de Ruth Ponce de León para el Tribunal Federal de Posadas

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El Senado avanzó este martes con el tratamiento de cerca de 80 pliegos judiciales impulsados por el Gobierno nacional, en una negociación política que involucró al oficialismo y a sectores dialoguistas del PRO, la UCR y bloques provinciales. Entre las postulaciones incluidas aparece la de la misionera Ruth María Ponce de León, propuesta para ocupar el cargo de jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.

La movida representa uno de los acuerdos institucionales más amplios que logró hasta ahora La Libertad Avanza en la Cámara alta en materia judicial. El oficialismo obtuvo dictámenes favorables en la Comisión de Acuerdos luego de incorporar decenas de cargos reclamados por provincias y fueros federales del interior del país.

El pliego de Ponce de León quedó así habilitado para avanzar hacia la etapa de acuerdos legislativos, dentro de un paquete que incluye jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas para distintas jurisdicciones federales.

La negociación política se aceleró luego de que el Gobierno enviara alrededor de cincuenta nuevos pliegos vinculados a juzgados federales del interior. Esa decisión permitió que bloques opositores dialoguistas acompañaran los despachos que estaban pendientes desde audiencias anteriores.

En la práctica, el oficialismo logró consolidar una mayoría circunstancial para avanzar con designaciones estratégicas en la estructura judicial federal, un terreno históricamente sensible por su impacto institucional y político.

Dentro de ese esquema también se destacó la audiencia pública de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su exposición concentró parte de la atención política de la jornada y funcionó como señal de acercamiento entre sectores del oficialismo y el entramado judicial federal.

Qué implica el avance del pliego para Misiones

La postulación de Ruth María Ponce de León se vincula directamente con el Tribunal Oral Federal de Posadas, órgano clave en causas federales vinculadas a narcotráfico, delitos económicos y criminalidad compleja en la región.

Aunque el texto base no detalla vacantes específicas ni tiempos de cobertura, el avance del pliego aparece en un contexto donde el Gobierno busca acelerar nombramientos en tribunales federales estratégicos del interior.

Para Misiones y el NEA, el movimiento tiene peso institucional porque los tribunales federales cumplen un rol central en una región atravesada por dinámicas fronterizas, comercio internacional y delitos transnacionales.

La inclusión de cargos para Chaco, Corrientes, Formosa, Salta y Misiones también refleja una lógica de distribución territorial en la negociación parlamentaria, un reclamo que sectores dialoguistas venían sosteniendo frente a la concentración de designaciones en Buenos Aires.

La Justicia federal volvió al centro de la negociación política

El tratamiento conjunto de más de 80 pliegos exhibe un dato político relevante: aun con minoría parlamentaria, el oficialismo consiguió articular acuerdos para intervenir en la conformación del mapa judicial federal.

La estrategia incluyó habilitar nombramientos en distintas provincias y fueros, una señal orientada a contener demandas de gobernadores, senadores provinciales y sectores judiciales que reclamaban cobertura de vacantes.

En paralelo, el debate volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre los mecanismos de selección de magistrados y el nivel de discrecionalidad en los concursos judiciales. Durante la audiencia, Emilio Rosatti sostuvo que existen distintos proyectos para modificar el sistema y “bajar la discrecionalidad” en las designaciones.

Aunque los dictámenes ya fueron habilitados en comisión, el proceso aún depende de futuras sesiones del Senado para convertir las postulaciones en designaciones efectivas.

La próxima etapa será observar si el oficialismo logra sostener la misma mayoría circunstancial en el recinto y cómo impacta esa negociación en otras discusiones legislativas abiertas entre el Gobierno y la oposición dialoguista.

En el caso de Misiones, la evolución del pliego de Ruth María Ponce de León quedará ligada a esa dinámica política nacional, en un escenario donde la Justicia federal continúa siendo uno de los espacios de mayor sensibilidad institucional y de disputa de poder.

El listado completo de los nuevos pliegos judiciales:

Ana María Busleiman para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.

Sebastián Pedro Ruiz para juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Fernando Gabriel Alcaraz para fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza.

Maximiliano Alberto Leandro Callizo para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 de la Capital Federal.

Sergio Alejandro Echegaray para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44 de la Capital Federal.

Juan Manuel Cabral para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K.

Albertina Anatonia Caron para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.

Pedro Manuel Crespo para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal.

Sebastián Rodrigo Ghersi para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 de la Capital Federal.

Patricio Nicolás Sabadini para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco.

Santiago José Martín para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Buenos Aires.

Santiago French para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Amanda Espino para defensora pública oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7.

Evangelina María Lasala para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

José María Abram Luján para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 110 de la Capital Federal.

Pilar Fernández Escarguel para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 de la Capital Federal.

Hugo Daniel Froy para fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres, Corrientes.

Juan Tomás Rodríguez Ponte para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Buenos Aires.

Santiago Villagrán para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.

Paula Vanesa Romeo para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal.

Julio César di Giorgio para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal.

Juan Carlos Riccardini para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y N° 9 de la Capital Federal.

Ángel Roger Luna Roldán para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

María Virginia Ise para vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.

Juan Marcelo Burella Acevedo para fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.

Ruth María Ponce de León para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, Misiones.

Pablo Roberto Toledo para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.

Claudio Fabián Loguarro para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III.

Diego Fernando Manauta para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala V.

Diego Javier Tula para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II.

Marina Edith Pisacco para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI.

María Claudia Jueguen para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X.

Víctor Arturo Pesino para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VIII.

Leopoldo Jorge Rago Gallo para juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.

Matilde Evangelina Ballerini para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B.

Pedro Mariano Rebollo para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Natalia Cecilia Crede para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 3.

María Ángeles Ramos para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 4.

Santiago Roldán para fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N° 2.

Gustavo Alejandro Roque Cultraro para juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 10 de la Capital Federal.

Bernardo María Rodríguez Palma para juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Buenos Aires.

Fernando Carlos Damián Pascual para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 41 de la Capital Federal.

Mariana Salduna para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25 de la Capital Federal.

Vanesa Silvana Alfaro para jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.

Bárbara Rastellino para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 27 de la Capital Federal.

Javier Rodrigo Pereyra para juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal.

Agustín Raúl Rubiero para vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D.

Alicia Isabel Braghini para vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.

Florencia Inés Córdoba para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 66 de la Capital Federal.

Lucila Califano para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 9 de la Capital Federal.

Hernán Enrique Figueroa para defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N° 2.

Germán Luis Artola para defensor público oficial adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 11.

Nuria Saba Sardañons para defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 15.

José Nicolás Celestino Chumbita para defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.

Sofía Beatriz del Milagro Martín para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Santiago del Estero.

Maximiliano Eduardo Nicolás para defensor público de menores e incapaces ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 4.

María Laura Irastorza para defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.

María Esther Pinos para defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa.

Ana Clarisa Galán Muñoz para defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.

Maximiliano Abel Chávez, Andrea Cristina Di Gregorio, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Di Lena y Fernando Gabriel Saraboso, conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

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La Corte Suprema analizó con jueces federales la implementación del sistema acusatorio

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El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, mantuvo este miércoles una reunión con integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales para analizar distintos temas vinculados al funcionamiento del Poder Judicial.

Según informó en un comunicado, el encuentro se realizó en el Salón Gorostiaga del Palacio de Justicia y contó con la participación de la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero.

Durante la reunión, las autoridades dialogaron sobre los desafíos en la implementación del sistema acusatorio en las distintas jurisdicciones, la cobertura de vacantes, cuestiones de infraestructura, mejoras en la obra social y la situación financiera del Poder Judicial.

La delegación de magistrados estuvo encabezada por Javier Leal Ibarra, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, y contó con representantes de distintos tribunales federales del país, entre ellos la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y cámaras federales de apelaciones de Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Mar del Plata.

Por parte del Consejo de la Magistratura expusieron el administrador general, Alexis Varady; la responsable del departamento de Coordinación Técnica, Silvina Montoya; y el director general de Tecnología, Hernán Rondinella. También participaron funcionarios de la Corte Suprema vinculados a la obra social, asistencia judicial e infraestructura.

El encuentro formó parte de las reuniones periódicas entre autoridades judiciales para evaluar el funcionamiento del sistema federal y coordinar políticas de gestión en los distintos tribunales del país.

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Luciana Geuna le ganó a Javier Milei y la película de espías terminó en papelón

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Para repasar, el conflicto había explotado el 19 de abril de 2026, cuando en el programa “¿Y mañana qué?” de TN se emitió un informe realizado por Nacho Salerno utilizando lentes inteligentes con cámara incorporada para mostrar cómo trabaja un periodista acreditado dentro de Casa Rosada. El material incluía imágenes de circulación interna, sectores comunes y recorridos habituales dentro del edificio presidencial.

La reacción del Gobierno fue bastante desproporcionada, incluso para lo dramático que suele ser el gobierno de Javier Milei. La Casa Militar presentó una denuncia penal hablando de “revelación culposa de secretos políticos y militares”, “espionaje ilegal” y “vulneración de la seguridad nacional”, como si Salerno hubiera bajado colgado del techo a lo Tom Cruise y no mostrando un pasillo vacío con olor a café.

La denuncia fue presentada el 22 de abril por el jefe de Casa Militar, Sebastián Ibáñez, ante el juzgado federal de Ariel Lijo, arguyendo que el informe podía exponer detalles logísticos sensibles de la seguridad presidencial, sobre todo cuando, a nivel internacional, hay tensiones entre Irán y aliados estratégicos de Argentina como Estados Unidos e Israel.

Qué resolvió la Justicia sobre Luciana Geuna y la denuncia de Casa Militar

Pero cuando Pollicita analizó el material completo, el castillo de naipes se cayó. En su dictamen, el fiscal sostuvo que, si bien se incumplieron las normas internas de acreditación, lo que pasó no era ni de cerca espionaje.

Más allá de la modalidad clandestina empleada, de la falta de autorización para llevar adelante la actividad y de la consecuente sanción administrativa que ello acarreó, el contenido difundido no reviste la entidad requerida por los tipos penales en trato. Más allá de la modalidad clandestina empleada, de la falta de autorización para llevar adelante la actividad y de la consecuente sanción administrativa que ello acarreó, el contenido difundido no reviste la entidad requerida por los tipos penales en trato.

Pollicita además añadió: “Las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público”. Y remató con otro párrafo que dejó expuesto el relato oficinal: “No se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos ni compatibles con la inspección de despachos”.

La Justicia pidió archivar la denuncia contra Luciana Geuna y Nacho Salerno por considerar que no hubo espionaje y que solo se filmaron espacios públicos de Casa Rosada. Foto: Urgente24

El dato más incómodo para el Gobierno es que el fiscal recordó que muchas de esas imágenes ya están disponibles públicamente en Google Maps, YouTube, visitas guiadas y hasta en contenidos oficiales de Casa Rosada. O sea, después de días instalando Watergate, la causa terminó pareciendo más a alguien descubriendo tarde internet.

La fiscalía también aclaró algo importante: el Derecho Penal tiene que ser la última herramienta del Estado y no un garrote para disciplinar periodistas. Por eso Pollicita pidió directamente la desestimación de la causa y el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.

La guerra de Javier Milei en X que le terminó saliendo al revés

Si el expediente judicial ya era delicado para el oficialismo, en redes sociales se agravó más el cuadro político. Porque Javier Milei respaldó institucionalmente la denuncia y convirtió el caso en una cruzada personal contra Geuna, Salerno y buena parte del periodismo acreditado.

Desde su cuenta de X compartió posteos donde trató a los periodistas de “basuras repugnantes”, “delincuentes” y “basura mentirosa”. Incluso difundió montajes donde Geuna aparecía presa. Uno de los mensajes más virales del Presidente decía: “Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes.”

Sin embargo, al saberse la resolución, X (ex Twitter) se llenó de comentarios compartiendo la noticia, e incluso celebrando esto como un “golpe al Gobierno”.

  • “REVÉS JUDICIAL PARA LA PAREJA MILEI”
  • “El fiscal de la causa desestimó la denuncia… Chupala Milei”.
  • “El fiscal Pollicita desestimó… TAMBIÉN FUE UN VERSO LO DE PERIODISTAS QUE ESPIABAN PARA LOS RUSOS.”
  • “LUCIANA GEUNA SOBRESEIDA!!! … Trompada en los dientes al Presidente. El que las hace las paga.”

Recordemos también que la Casa Rosada se olvidó de la democracia y tomó medidas inéditas, como la suspensión de acreditaciones, el cierre temporal de la sala de prensa, al eliminación de huellas biométricas y restricciones específicas para TN y El Trece. Todo eso por un informe que para la Justicia no tenía relevancia penal.

Al final, todo quedó como una especie de remake de Minority Report, pero con funcionarios viendo conspiraciones en corredores vacíos y una causa judicial que, después de tanta espuma, quedó más flaca que el presupuesto universitario.

Fuente Urgente24

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Avanza el abordaje de procedimientos en la elaboración del anteproyecto del Código Procesal Penal de la provincia

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La Comisión encargada del Análisis y Elaboración del anteproyecto de Código Procesal Penal para Misiones, encabezada por el procurador Carlos Giménez recibió al ministro del Superior Tribunal de Justicia, Enlace del Fuero Penal, Juan Manuel Díaz.

En este encuentro interdisciplinario entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Colegio de Abogados, el ministro Díaz presentó propuestas para integrarlas al nuevo Código Procesal Penal que se encuentra en estudio y elaboración.

Esta sexta jornada tuvo como objetivo acordar los procedimientos especiales y diferenciados por tipo de caso para poder construir un espacio de intercambio y formación destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos actores del sistema judicial.

También estuvieron presentes el fiscal del Tribunal Penal N°1, Antonio Vladimir Glinka y el Presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Antonio López Forastier.

El Ministro del STJ se refirió a estas jornadas como “un proceso de carácter participativo en donde cada uno de los actores tiene la posibilidad de poder transmitir su idea, su visión y su trayectoria”.

El proceso se organiza en diez sesiones de trabajo con una duración de 90 minutos por eje temático abordado, la Estructura General del Proceso comenzará con el desarrollo de una Sesión inicial, siete Sesiones donde se abordarán los 7 libros del Código (1 libro por sesión), posteriormente la novena Sesión destinada a la Revisión integral del Anteproyecto y la última Sesión para el cierre y aprobación del mismo.  

Estuvieron presentes magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Misiones, del Ministerio Público y Abogados de la matrícula, designados para la elaboración de este Anteproyecto.

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