mié. Sep 9th, 2026

JUDICIALES

Misiones lleva al debate iberoamericano el desafío de humanizar la Justicia ante la era algorítmica

By Redacción Economis 3 semanas ago
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El ministro del Superior Tribunal de Justicia Juan Manuel Díaz, participó de la apertura del XXIII Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Dr. Guillermo Cabanellas”, que se desarrolló en Asunción bajo el lema “Trabajo digital y Seguridad Social en la era algorítmica: humanizando la innovación”.

El encuentro reunió a magistrados, funcionarios, especialistas y referentes del Derecho Laboral y de la Seguridad Social de distintos países de Iberoamérica con el objetivo de reflexionar sobre los profundos cambios que atraviesa el mundo del trabajo a partir de la incorporación de nuevas tecnologías.

Durante la jornada inaugural Juan Manuel Díaz compartió el espacio con la ministra de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Carolina Llanes; el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Carlos Ramiro Contreras Valenzuela; y la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Paraguay, Mónica Recalde De Giacomi; junto a destacados especialistas de la región.

El Congreso propuso abordar los efectos de la transformación digital sobre los derechos laborales y de la seguridad social, así como los desafíos que estas nuevas realidades plantean para la jurisprudencia y los sistemas judiciales, especialmente frente a escenarios cada vez más complejos y transfronterizos.

El ministro Díaz destacó la importancia de generar espacios de intercambio entre los países iberoamericanos para compartir experiencias y construir respuestas jurídicas capaces de acompañar las transformaciones tecnológicas sin perder de vista la dimensión humana del trabajo. Para Díaz, el desafío que representa la incorporación de la Inteligencia Artificial en el ámbito judicial y la necesidad de avanzar en su utilización debe ser de manera responsable, procurando que la innovación tecnológica contribuya a una Justicia más eficiente sin dejar de garantizar los derechos y las personas como centro de la actividad jurisdiccional.

Juan Manuel Díaz agradeció especialmente la invitación y la cálida recepción de las presidentas de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay, Rocío Penayo, y del Instituto de Seguridad Social del Paraguay, Lorena Segovia.

La participación en este tipo de encuentros reafirma el compromiso del Superior Tribunal de Justicia de Misiones con el intercambio académico e institucional y con la construcción de una Justicia preparada para responder a los desafíos que plantea la transformación digital.

A continuación el programa del Congreso que se lleva a cabo los días 19, 20 y 21 de agosto de 2026 en Asunción (Paraguay)

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La Corte Suprema toma el caso Insfrán y vuelve a poner límites a la reelección en Formosa

By Redacción Economis 3 semanas ago
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria en la causa que cuestiona la reforma constitucional de Formosa y, con ella, la posibilidad de que Gildo Insfrán vuelva a postularse como gobernador en 2027. El máximo tribunal asumió así el control directo de una controversia que excede la disputa electoral provincial: pone nuevamente bajo análisis los límites constitucionales a la permanencia en el poder y el principio de alternancia republicana.

La demanda fue promovida por la Confederación Frente Amplio Formoseño, cuyos apoderados, Agostina Villaggi y Rodolfo Basques, solicitaron que se declare inconstitucional la Cláusula Transitoria Cuarta de la Constitución provincial. La norma fue incorporada durante la última reforma constitucional y establece que el mandato del gobernador y del vicegobernador que se encontraban en funciones al momento de la sanción debe computarse como su “primer mandato”.

La consecuencia política de esa disposición es determinante. Aunque la nueva Constitución limita a una sola reelección los mandatos de gobernador y vicegobernador, el mecanismo transitorio permite que Insfrán considere como primer mandato el actual y quede habilitado para competir nuevamente en 2027, en busca de un nuevo período que se extendería hasta 2031. El mismo criterio alcanzaría a Eber Solís, actual vicegobernador, quien podría aspirar nuevamente a uno de los dos principales cargos ejecutivos provinciales.

La Corte, integrada en esta resolución por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dispuso correr traslado de la demanda a la Provincia de Formosa por 60 días. La decisión no implica todavía un pronunciamiento sobre la validez de la cláusula cuestionada, pero abre formalmente el proceso que deberá determinar si la reforma provincial logró adecuarse al orden constitucional nacional o si, por el contrario, creó una vía para eludir los límites establecidos por el propio tribunal.

El antecedente inmediato es especialmente relevante. En diciembre de 2024, la Corte Suprema había declarado inconstitucional el artículo 132 de la Constitución formoseña, que permitía la reelección indefinida del gobernador. En aquella oportunidad, el tribunal sostuvo que una permanencia sin límites podía otorgar a quien ejerciera el poder ventajas incompatibles con una competencia electoral equilibrada.

El argumento de fondo de la oposición ahora vuelve a apoyarse en ese precedente. Villaggi y Basques sostienen que la nueva cláusula transitoria no constituye una solución al problema señalado por la Corte, sino una forma de sortearlo mediante una nueva ingeniería constitucional. Según el planteo, al contabilizar el mandato vigente como el primero, la reforma permite que las actuales autoridades dispongan de una nueva oportunidad electoral que, en los hechos, prolongaría su permanencia en el poder.

La discusión jurídica se apoya además en los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional y en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El eje del planteo no es solamente si una provincia puede establecer sus propias reglas electorales, sino hasta dónde llega su autonomía cuando esas reglas entran en tensión con los principios republicanos que integran el orden constitucional federal.

Ese punto convierte al expediente en algo más que una controversia sobre la candidatura de un gobernador. La cuestión de fondo es quién fija los límites de la autonomía provincial cuando una reforma constitucional local redefine las condiciones de acceso y permanencia en el poder. La respuesta de la Corte podría establecer un criterio con efectos que trasciendan a Formosa y funcionen como referencia para futuras reformas constitucionales y disputas sobre reelecciones en otras provincias.

El caso también vuelve a colocar en primer plano una tensión histórica del federalismo argentino. Las provincias tienen autonomía para organizar sus instituciones, elegir a sus autoridades y establecer sus sistemas electorales, pero esa autonomía no es absoluta: debe ejercerse dentro de los principios, derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional.

Para el sistema político formoseño, el proceso adquiere una dimensión inmediata. La eventual candidatura de Insfrán para 2027 queda ahora vinculada a una definición judicial que podría condicionar el escenario electoral provincial antes de que se formalicen las candidaturas. Para la oposición, la intervención de la Corte representa la posibilidad de que el máximo tribunal vuelva a revisar una fórmula que, a su criterio, contradice el espíritu de su fallo anterior. Para la provincia, en cambio, el proceso reabre el debate sobre el alcance de su poder constituyente y su autonomía institucional.

La instancia que comienza ahora tendrá, por lo tanto, una doble dimensión. En el corto plazo, deberá resolver si la cláusula transitoria que permite computar el mandato vigente como primero es compatible con la Constitución Nacional. En una perspectiva más amplia, la Corte tendrá la oportunidad de precisar hasta dónde puede llegar una reforma constitucional provincial cuando sus efectos pueden modificar las condiciones de alternancia en el poder.

El resultado será relevante para Formosa, pero también para el federalismo argentino. En definitiva, el expediente vuelve a poner frente al máximo tribunal una pregunta central para cualquier democracia constitucional: cómo garantizar que la voluntad popular se exprese libremente sin que las reglas diseñadas para organizar una elección terminen convirtiéndose en instrumentos para hacer indefinida la permanencia de quienes ya gobiernan.

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Declaró Cerimedo: afirmó que con Beller tenía un “vínculo de amistad” y negó participación en el ataque

By Redacción Economis 3 semanas ago
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Fernando Cerimedo declaró en Bolivia este jueves tras haber sido imputado por “tentativa de femicidio” en la causa que investiga el ataque de sicarios contra su ex pareja, Nadia Beller, con quien aseguró que tenía “una relación de amistad”.

Tras haberse negado dos veces a hablar, este jueves el ex consultor político de Javier Milei prestó declaración en forma voluntaria ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y contó que conoció a la abogada de 33 años en octubre de 2025 mediante un amigo en común.

Indicó que la relación empezó de forma amistosa y que luego la mujer se mudó a su departamento en La Paz, la capital del país andino. “Tuvimos una relación más de amistad, con ética y respeto”, reiteró.

Que dijo sobre el ataque a Beller

El actual colaborador del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo que vio a Beller por última vez el 17 de agosto y que ella le dijo que iría al hotel Viru Viru donde fue atacada por sicarios.

Añadió que al día siguiente tomó un vuelo rumbo a La Paz a primera hora de la mañana por lo que negó haber tenido algún tipo de participación en el ataque.

“El día domingo, nos vimos, me dijo que iba al hotel (Viru Viru, donde sucedió el ataque). El lunes se quedó en el hotel y yo me fui a La Paz en el vuelo de las 06:00“, relató.

Este jueves la Justicia de Bolivia decidirá si Cerimedo continúa preso o queda en libertad. La fiscal, tal como informó Noticias Argentinas, pidió 6 meses de prisión preventiva en la cárcel de Palmasola, la más grande de la nación latinoamericana. Agencia NA

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Quién es la candidata que posteó fotos de un cumpleaños nazi y quedó bajo investigación en Oberá

By Alejandro Spivak 3 semanas ago
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Se trata de Melisa Gusman, excandidata a Defensora del Pueblo adjunta de Oberá, por el festejo de cumpleaños con símbolos nazis.

La regional Misiones de la DAIA se presentó como querellante contra Melisa Gusman, ex candidata a Defensora del Pueblo adjunta de Oberá, por la publicación de imágenes de un cumpleaños con símbolos nazis y la participación de un menor que realizó el saludo característico del nazismo.

La regional Misiones de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se presentó como querellante contra Melisa Gusman, la mujer que publicó en sus redes sociales imágenes de un festejo de cumpleaños realizado en la ciudad de Oberá, donde se exhibieron símbolos vinculados al nazismo.

La presentación de la entidad se suma a las denuncias realizadas ante la Seccional I de la Policía de la Provincia, con asiento en Oberá, según informó el portal obereño Noticias de Acá. Además, el Juzgado de Instrucción Dos de esa ciudad tomó intervención formal en el caso.

El menor presente en el cumpleaños donde había decoraciones con simbología nazi.

El menor presente en el cumpleaños donde había decoraciones con simbología nazi.

El episodio tomó estado público luego de que Gusman difundiera en su cuenta de Facebook fotografías correspondientes al cumpleaños número 44 de su pareja, identificado como “Nito”. En una de las imágenes se observa una torta de crema bañada en chocolate que tenía representada una esvástica nazi.

Asimismo, según surge de las imágenes difundidas, en el festejo también participó un niño de cinco años, quien realizó el denominado saludo hitleriano, con el brazo extendido.

Denuncias y avance de la investigación

A partir de la difusión de las imágenes, se realizaron distintas presentaciones ante las autoridades. Una de ellas fue efectuada por el padre del menor, exmarido de Gusman.

El hombre, de 56 años, advirtió a los efectivos policiales sobre la presencia de su hijo en las fotografías que habían sido difundidas a través de las redes sociales. De acuerdo con lo informado, esa denuncia se sumó a otras realizadas de manera paralela a partir de la publicación.

A partir de esas presentaciones, las autoridades judiciales de Oberá comenzaron a instruir las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.

En ese contexto, la intervención del Juzgado de Instrucción Dos de Oberá formalizó el inicio de las actuaciones judiciales vinculadas con la exposición de los símbolos nazis y la participación del menor en las imágenes difundidas.

Qué establece la Ley 23.592

La Ley Nacional 23.592, conocida como Ley de Actos Discriminatorios, contempla sanciones para determinadas conductas vinculadas con la propaganda basada en ideas o teorías de superioridad racial o de un grupo de personas por motivos relacionados con su religión, origen étnico o color.

La normativa establece penas de un mes a tres años de prisión para quienes participen en una organización o realicen propaganda sustentada en ese tipo de ideas, siempre que las conductas encuadren en los supuestos previstos por la ley.

En este caso, la investigación deberá determinar las circunstancias en las que fueron tomadas y difundidas las imágenes, además de establecer las responsabilidades e implicancias que pudieran derivarse de la exposición de símbolos vinculados con el régimen nazi.

La causa también deberá establecer el contexto en el que se produjo el festejo y la participación del menor de edad en las imágenes que posteriormente fueron publicadas en redes sociales.

Quién es Melisa Gusman

Melisa Gusman es psicopedagoga y el año pasado se presentó como candidata a Defensora del Pueblo adjunta de Oberá por el partido “Por la Vida y los Valores”.

Durante esa candidatura, su principal lema fue: “Voy a defender los derechos humanos”.

Ahora, su nombre quedó vinculado a una investigación judicial iniciada a partir de la difusión de las imágenes del cumpleaños y de las posteriores denuncias realizadas ante la Policía de Misiones.

La DAIA Misiones, en tanto, decidió presentarse como querellante en la causa, mientras que la Justicia de Oberá lleva adelante las primeras actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.

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La defensa de Cerimedo sostiene que fue un “autoatentado”, mientras la Justicia boliviana avanza sobre la investigación

By Redacción Economis 3 semanas ago
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La causa por el ataque a tiros contra Nadia Beller en Santa Cruz de la Sierra sumó este miércoles una nueva controversia, luego de que la defensa de Fernando Cerimedo planteara públicamente que el episodio pudo haber sido un “autoatentado” y rechazara cualquier responsabilidad de su representado. La hipótesis, formulada por la abogada del asesor político, deberá ser contrastada con la evidencia que reúna la investigación judicial en Bolivia.

“Creemos que ha sido un autoatentado”, sostuvo la defensora durante una entrevista televisiva, al cuestionar el relato de Beller y afirmar que “no hay ni una sola prueba” que vincule a Cerimedo con el ataque. La letrada también aseguró que su cliente “no tiene idea de quién pudo haberla atacado” y sostuvo que el episodio habría sido organizado con anticipación con el objetivo de generar inestabilidad política.

La acusación adquiere una dimensión política por el vínculo de Cerimedo con el escenario electoral boliviano. El asesor, que tuvo relación con La Libertad Avanza en Argentina, mantiene actualmente un vínculo cercano con Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia. Beller, por su parte, señaló a Cerimedo como presunto autor intelectual del ataque luego de ser baleada por dos hombres que, según su denuncia, vestían uniformes de una empresa de delivery.

La investigación judicial busca determinar qué ocurrió efectivamente y quiénes participaron del ataque. La fiscal Yolanda Aguilera ordenó peritar el teléfono celular y la computadora que estaban en poder de Cerimedo cuando fue detenido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra. El acusado habría entregado voluntariamente las claves necesarias para acceder a los dispositivos, por lo que el análisis del contenido digital puede convertirse en una pieza relevante para establecer comunicaciones, movimientos y eventuales vínculos con el episodio.

La Fiscalía de Santa Cruz también anticipó que solicitará hasta 180 días de prisión preventiva para Cerimedo, acusado de presunta participación en el intento de femicidio. La decisión final quedará en manos de un juez, que deberá evaluar tanto los elementos reunidos por los investigadores como los argumentos de la defensa.

Mientras la causa avanza, el estado de salud de Beller también incorporó nuevos elementos al expediente. La mujer, de 33 años, permanece internada en una clínica de Santa Cruz de la Sierra luego de recibir múltiples impactos de bala. El parte médico consignó heridas en la mama derecha, el brazo derecho, el cuello y el hombro izquierdo, además de una fractura expuesta y conminuta del húmero derecho.

Beller debió ser sometida a una intervención quirúrgica para tratar la fractura y también se le extrajeron dos esquirlas de proyectil. Los estudios médicos detectaron además un cuerpo extraño en la región infraclavicular derecha y otra herida compatible con un proyectil en la zona supraclavicular izquierda. De acuerdo con el parte difundido, se encontraba lúcida, estable desde el punto de vista hemodinámico y sin signos de insuficiencia respiratoria.

El informe médico confirmó además que Beller cursa un embarazo inicial de entre cuatro y seis semanas. La evaluación ginecológica y una ecografía abdominal no detectaron lesiones en órganos intraabdominales ni presencia de líquido libre.

La defensa también intentó relativizar la relación entre Cerimedo y Beller y rechazó las acusaciones de violencia previa. La abogada sostuvo que no se trataba de una pareja formal y cuestionó el valor probatorio de fotografías y conversaciones que eventualmente pudieran incorporarse al expediente. Esos elementos, al igual que los dispositivos electrónicos secuestrados, deberán ser sometidos al análisis judicial correspondiente.

El caso quedó así atravesado por dos dimensiones que deberán avanzar por carriles diferentes: la investigación penal sobre el ataque y sus responsables y la disputa política alrededor de las acusaciones formuladas por las partes. Por ahora, la hipótesis del “autoatentado” pertenece al planteo de la defensa y no constituye una conclusión de la investigación.

El desafío para la Justicia boliviana será reconstruir la secuencia del ataque a partir de evidencia verificable: peritajes balísticos, registros de cámaras, análisis de comunicaciones, información de los dispositivos electrónicos y testimonios. En una causa con implicancias políticas y una víctima gravemente herida, la trazabilidad de esas pruebas será determinante para separar las hipótesis de los hechos acreditados.

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