La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el recurso de “per saltum” presentado por el Gobierno nacional para que el máximo tribunal interviniera de manera directa en la disputa judicial por la reforma laboral. De esta manera, la causa continuará su trámite en las instancias judiciales inferiores.
El recurso había sido presentado por la Procuración del Tesoro luego de que distintos fallos judiciales, como los del fuero laboral, pusieran en discusión la validez de varios artículos centrales de la denominada Ley de Modernización Laboral.
El Ejecutivo buscaba que la Corte acelerara la definición sobre la constitucionalidad de la norma y dejara sin efecto las cautelares que habían frenado parte de su aplicación. Una de esas cautelares fue impulsada por la CGT.
Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que no estaban dadas las condiciones excepcionales que exige la figura del per saltum, prevista únicamente para casos de “notoria gravedad institucional” y urgencia extrema, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
En una resolución breve, el tribunal declaró “inadmisible” la presentación oficial y evitó pronunciarse sobre el fondo de la reforma.
El fallo representó un revés judicial para la Casa Rosada en la pelea por la vigencia total del texto que tuvo sanción en sesiones extraordinarias. De todos modos, la discusión continuará en el fuero contencioso administrativo, tal como solicitó el cuerpo de abogados que representan los intereses del Estado.
En ese sentido, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó el martes al juez laboral Raúl Horacio Ojeda, que aceptó la presentación de la CGT, que remita el expediente en un plazo de 24 horas hacia el fuero. Además, dejó asentado que la discusión sobre la competencia “se encuentra definitivamente resuelta”
El Ministerio de Capital Humano informó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno nacional en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
Según el comunicado oficial la presentación se realizó en el marco de la causa “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986” (CAF 039475/2025), relacionada con una medida cautelar sobre la Ley N° 27.775.
La cartera indicó que el recurso fue presentado contra la sentencia del 31 de marzo de la Sala III de la Cámara y que incluyó el pedido de efecto suspensivo, que fue concedido por el tribunal.
De acuerdo con el texto difundido por el Ministerio de Capital Humano, la decisión judicial implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida de manera definitiva.
El comunicado recordó además que mediante el Decreto N° 759/25 se promulgó la Ley N° 27.775, cuya ejecución quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento, debido a que su aplicación “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”.
Por último, el Gobierno nacional ratificó “su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender”, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y de asignación eficiente de los recursos del Estado
El próximo 29 de junio se llevará adelante una nueva jornada del programa “Jueces en la Escuela” en el Instituto Madre de la Misericordia de Posadas, una iniciativa que continúa consolidándose en Misiones como un puente entre el Poder Judicial y la comunidad educativa.
La actividad estará a cargo del juez Juan Manuel Lezcano y abordará temas de enorme actualidad para los jóvenes: abuso, acoso, derechos de niños, niñas y adolescentes, violencia digital y resolución pacífica de conflictos.
El programa, impulsado por el Poder Judicial de Misiones, busca acercar la Justicia a las escuelas secundarias mediante charlas de prevención, concientización y formación ciudadana. Desde su creación, alcanzó a más de cien instituciones educativas de toda la provincia y se transformó en una herramienta clave para trabajar junto a estudiantes, docentes y familias.
En un contexto donde los adolescentes enfrentan nuevas formas de violencia y vulnerabilidad, estas jornadas adquieren una relevancia cada vez mayor. El bullying, el grooming, el ciberacoso, la violencia digital, la difusión de imágenes íntimas y los conflictos en redes sociales forman parte de problemáticas que afectan cotidianamente a miles de jóvenes y generan consecuencias emocionales, psicológicas y sociales profundas.
A ello se suman situaciones de violencia familiar, consumo problemático, aislamiento social y dificultades para resolver conflictos de manera pacífica, fenómenos que interpelan no solo a las familias y a las escuelas, sino también a las instituciones del Estado.
Frente a esta realidad, el compromiso de jueces y funcionarios judiciales de ingresar a las aulas tiene un fuerte valor institucional y humano. No se trata únicamente de explicar cómo funciona la Justicia, sino de escuchar a los adolescentes, brindar herramientas de prevención y promover el conocimiento de sus derechos y obligaciones.
Las charlas buscan generar confianza para que los jóvenes puedan identificar situaciones de abuso o violencia, pedir ayuda y comprender que el acceso a la Justicia también forma parte de la construcción de ciudadanía.
El programa “Jueces en la Escuela” pone además el foco en la educación emocional, el respeto, la empatía y el diálogo como mecanismos fundamentales para prevenir la violencia y fortalecer la convivencia escolar.
En tiempos donde las redes sociales amplifican conflictos y exponen a los adolescentes a riesgos permanentes, la presencia activa del Poder Judicial dentro de las escuelas representa una señal clara de cercanía institucional y compromiso con la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
La educación, la prevención y el diálogo siguen siendo herramientas fundamentales para construir una sociedad más segura, consciente y respetuosa.
En el marco de un incidente dentro de un proceso de exclusión de tutela sindical, un juez declaró la nulidad de la contestación de demanda y de distintos pliegos probatorios, al advertir que las firmas del patrocinado habían sido insertadas como imágenes y no correspondían a documentos firmados de puño y letra y luego digitalizados conforme la normativa vigente. Además, aplicó una multa de $100.000 por temeridad y malicia al abogado que subió el escrito.
La decisión fue apelada por el letrado patrocinante, quien sostuvo que la falta de firma ológrafa constituía una irregularidad subsanable y no un vicio que tornara inexistente el acto procesal. Asimismo, cuestionó la imposición de la multa, alegando ausencia de intención maliciosa.
La Cámara Federal de Posadas, integrada por los jueces Fabián Gustavo Cardozo, Mirta Delia Tyden y Mario Osvaldo Boldu, resolvió confirmar la decisión de primera instancia que declaró la nulidad de diversas presentaciones procesales por carecer de firma válida, al tiempo que convalidó, con reducción, la multa impuesta al abogado patrocinante en los términos del artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
“Que, resulta ajustado a derecho que el método utilizado por el demandado no puede ser asimilable a la firma digital o la firma electrónica, puesto que carece de las características que requieren ambos medios de suscripción de documentos; en efecto, las presentaciones no cumplen con las disposiciones del punto I. 5) del anexo II de la Acordada 31/20 de la CSJN, pues la firma hace a la esencia del acto y su ausencia da a lugar a tener por no presentado el escrito debido a que lo torna ineficaz como tal. En un todo de conformidad a como lo resolviera el a quo.”, entendieron los magistrados.
Al analizar el planteo, la Cámara centró su razonamiento en el valor jurídico de la firma dentro del proceso judicial, particularmente en el contexto de las presentaciones electrónicas. En ese sentido, se recordó que la normativa vigente, en especial las Acordadas 4/2020 y 31/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exige que los escritos presentados por abogados patrocinantes cuenten con la previa firma ológrafa del cliente, la cual debe ser escaneada e incorporada al sistema digital. El tribunal destacó que la firma no constituye un mero requisito formal, sino que representa la manifestación de voluntad del litigante, siendo el medio a través del cual se exterioriza su intención de promover o sostener una pretensión en juicio.
En este marco, los jueces consideraron que la práctica de insertar firmas como imágenes digitales, mediante su copia o reproducción mecánica, no satisface las exigencias legales, ya que no permite garantizar la autenticidad ni la autoría del acto. La Cámara sostuvo que este tipo de firmas carece de los elementos gráficos propios de la escritura manuscrita, tales como la presión, continuidad y espontaneidad del trazo, lo que impide considerarlas como una suscripción válida en los términos exigidos por el ordenamiento procesal, todo ello en autos “INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS c/ FALCÓN, HÉCTOR RAMÓN s/ EXCLUSIÓN DE TUTELA SINDICAL”.
“Finalmente, entendemos que no existen dudas respecto a que está probado que la multa es procedente puesto que atento a su función moralizadora, se procura sancionar a quien actuó con afirmaciones temerarias (firma inserta escaneada), sabedor de su falta de razón, por lo que cabe su confirmatoria.”, culminaron.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni,gastó alrededor de 14 millones de pesos para renovar los muebles del departamento que posee en el barrio porteño de Caballito;este dato emergió de la declaración que prestó, el lunes pasado, el contratista Matías Tabar, quien remodeló la casa que tiene el funcionario en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.
La investigación judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo y complicado capítulo. El contratista declaró ante la Justicia que recibió $14 millones en efectivo y sin factura por trabajos de carpintería realizados en el departamento que el funcionario comparte con su esposa, Bettina Angeletti.
La declaración fue incorporada al expediente por presunto enriquecimiento ilícito que llevan adelante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan la evolución patrimonial del matrimonio y el origen de distintos movimientos económicos registrados en los últimos años.
El testigo es Matías Tabar, el contratista que aseguró haber coordinado trabajos, no solo en su casa en Indio Cuá, sino también vinculados a la fabricación e instalación de muebles para el departamento de Caballito donde reside Adorni.
Con este nuevo dato, queda claro que Adorni prefiere realizar sus transacciones en efectivo, es decir, en negro y evadiendo impuestos.
Manuel Adorni está complicado
Según relató ante la Justicia, su participación no estuvo relacionada con la remodelación integral realizada en la propiedad a mediados de 2025, sino específicamente con tareas de carpintería y mobiliario.
Tabar explicó que fue convocado para contactar al mismo carpintero que ya había trabajado anteriormente en otra propiedad del matrimonio.
De acuerdo con su declaración, los trabajos se realizaron principalmente en el living y los dormitorios del inmueble. Entre los muebles encargados mencionó una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa para comedor diario, un vajillero, un rack para televisión, una consola, un espejo y otros elementos de mobiliario.
El contratista sostuvo además que esos encargos fueron realizados en diciembre y que los pagos se concretaron o terminaron de abonarse entre enero y febrero de este año.
El punto más delicado de su exposición fue otro: afirmó que la totalidad de los $14 millones fueron entregados en efectivo y sin emisión de factura.
A raíz de esa declaración, Lijo ordenó peritar el teléfono celular del contratista. La medida apunta a revisar conversaciones mantenidas con Adorni, Angeletti y distintos proveedores para intentar verificar montos, fechas y modalidades de pago mencionadas en el expediente.
Pero la causa no se detiene ahí. En las últimas horas también declaró Leandro Miano, otro nombre que aparece en operaciones inmobiliarias bajo análisis judicial.
Miano llegó temprano a Comodoro Py y permaneció cerca de dos horas en los tribunales federales. Se retiró sin hacer declaraciones públicas.
El empresario mantiene vínculos comerciales con Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas acreedoras involucradas en otra de las operaciones investigadas.
Ambos están ligados a la firma TSJ Group, empresa desde donde se habría gestionado la compraventa de un semipiso ubicado sobre la calle Miró al 500.
Según trascendió, durante su declaración Miano ratificó la existencia de una deuda de 65.000 dólares que Adorni todavía mantendría pendiente por una inversión previa destinada a modernizar ese inmueble antes de concretar la compra.
Siempre de acuerdo a lo expuesto ante la Justicia, ese dinero habría sido aportado junto a Feijoo para poner en valor eldepartamento antes de que fuera adquirido por unos 230.000 dólares.
Miano también aseguró que quien llevó adelante las gestiones vinculadas a esa operación fue su socio.
Los testimonios incorporados al expediente señalan además que el jefe de Gabinete habría acordado devolver esos 65.000 dólares sin plazo determinado, sin intereses y sin documentación formal que respaldara la operación.
La investigación ya analiza otros movimientos económicos considerados sensibles por la fiscalía.
Según los números incorporados al expediente judicial, el matrimonio Adorni-Angeletti habría realizado gastos cercanos a los 365.000 dólares en propiedades durante los últimos dos años y medio.
En paralelo, también aparecen deudas superiores a los 335.000 dólares, la mayoría con vencimientos previstos para noviembre próximo.
El eje central de la causa apunta a determinar si el funcionario y su esposa cuentan con ingresos declarados suficientes para justificar el volumen de gastos, inversiones y compromisos económicos detectados en la investigación.
En ese contexto, todavía resta la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al año 2025 ante la Oficina Anticorrupción. El plazo legal vence el próximo 31 de julio.
Como una de las medidas más recientes, Lijo también ordenó levantar el secreto fiscal de Adorni y Angeletti ante ARBA para profundizar el análisis sobre su situación tributaria y patrimonial.
Milei salió al cruce de versiones sobre la salida de Adorni
Con una situación judicial sobre presunto enriquecimiento ilícito que suma novedades semana a semana, Manuel Adorni, el jefe de Gabenete, sigue contando con el total respaldo de Javier Milei. El Presidente, este miércoles, volvió a ratificarlo en el cargo y dar por tierra versiones de recambio en el área que coordina ministerios, con muchas críticas al periodismo.
A través de su red social predilecta, X, el jefe de Estado se hizo eco de una versión que dio cuenta que Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, pidió que el canciller Pablo Quirno ocupe el puesto del ministro coordinador.
Milei respondió: “Otra pelotudez atómica de las basuras inmundas (95) que se llaman periodistas”, dijo en primer término. Luego, remarcó desde la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos: “He pasado un montón de horas con TOTO y Pablo en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así.Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil”.
También el economista compartió distintos posteos de la diputada nacional Lilia Lemoine, que en medio de la difusión de las novedades de la causa de Adorni salió en defensa del ex vocero presidencial y criticó que los medios buscan que de un paso al costado.
“Desde el primer día que levantaron la denuncia de tu colega Pagano ya tenían una meta: hacer que Adorni RENUNCIE. ¿Después que sigue? ¿Bajate Javier?”, le preguntó al periodista Esteban Trebucq.
